El artículo a continuación forma parte de la serie Situación latinoamericana y elecciones Argentina 2025, una colaboración entre Revista Jacobin y la Fundación Rosa Luxemburgo. (Aquí la segunda parte de la nota)
Introducción
En un artículo anterior señalamos las condiciones de posibilidad del ascenso de Milei al gobierno argentino e hicimos una caracterización provisoria de su estrategia política. Planteamos que su victoria electoral condensó un proceso de disolución de las relaciones de fuerza entre las clases posterior a la revuelta popular de diciembre de 2001. En primer lugar, expresó la desmovilización obrera y la crisis del voto peronista como momento político de la desagregación e individualización de la acción social de trabajadoras y trabajadores. En segundo lugar, fue resultado de la crisis del eje que estructuró el sistema político desde 2003, kirchnerismo-antikirchnerismo; del agotamiento del primero y el fracaso del segundo. En tercer lugar, dio carnadura a un proceso de ultraderechización de masas que se inició con la movilización y radicalización de la base social de la derecha política y se extendió hasta los sectores populares. En ese proceso de ultraderechización cumplió un papel central la demanda de orden que articuló un conjunto muy diverso de otras demandas, en un contexto en que la crisis prolongada y la alta inflación terminaron por erosionar la sociabilidad cotidiana. Finalmente, la pandemia agudizó todas esas tendencias dando lugar a un verdadero proceso de desocialización. La estrategia política de Milei, planteábamos, tiene como núcleo la reintegración de la sociedad a través de la mediación estatal autoritaria.
En este artículo, que se publica en dos partes, nos proponemos nos proponemos hacer un balance del primer bienio del gobierno de Milei y presentar un análisis de las elecciones provinciales y legislativa nacional de 2025.
El primer año de Milei en el gobierno: el blitzkrieg ultraderechista contra la clase obrera
Durante los primeros meses, el gobierno de Milei desplegó una rápida y profunda ofensiva contra los trabajadores. A los pocos días de asumir, decretó la elevación del tipo de cambio oficial, que pasó de $366,45 el 12 de diciembre a 799,95 el 13 de diciembre, un aumento del 118,3% y, apalancado en la aceleración inicial de la inflación, llevó a cabo un ajuste fiscal inédito basado en la licuación de jubilaciones y de salarios de los trabajadores del Estado.
Para tener una aproximación a la magnitud del ajuste fiscal, mientras en 2023 el déficit primario fue del 2,9% del PBI, en 2024 el resultado primario fue un superávit del 1,4% (Fuente: Ministerio de Economía, cuenta ahorro-inversión-financiamiento, base devengada), y para dar cuenta de la velocidad del ajuste basta comparar el déficit primario de noviembre de 2023 (0,1% del PBI del cuarto trimestre de 2023) con el superávit primario de enero de 2024 (0,5% del PBI del primer trimestre de 2024) (Fuente: Ministerio de Economía, esquema ahorro-inversión, base caja). La consecuencia inmediata fue una aguda recesión que provocó suspensiones y, en menor medida, despidos en el sector privado. Y que produjo una fuerte caída del salario real de registrados y no registrados, en particular, en el sector público. El salario real del sector privado registrado cayó un 12,1% entre noviembre de 2023 y marzo de 2024 y desde abril inició un proceso de recomposición. El salario real del sector público cayó 21,5% entre noviembre de 2023 y abril de 2024. El salario del sector público nunca recuperó los niveles previos a la caída posdevaluación, el del sector privado luego de recuperar niveles similares a los de noviembre de 2023 en noviembre de 2024, inició un nuevo sendero descendente. (Fuente: elaboración propia en base a los índices de salario y precios al consumidor del INDEC). La caída de los ingresos reales y la continuidad del ajuste fiscal se desarrolló a través de la eliminación de subsidios a la energía y el transporte que incrementaron fuertemente sus precios. Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, el aumento del capítulo de la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC) «Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles» fue de 248,2% y el de «transporte» de 137,8%, la variación del IPC en el mismo período fue de 117,8%.
El 20 de diciembre de 2023, diez días después de la asunción del nuevo gobierno, se daba a conocer el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23. El DNU derogaba o modificaba alrededor de 300 leyes y decretos. Su propósito era la supresión de una serie de instrumentos de regulación estatal. Entre ellos, la Ley de Abastecimiento, la Ley de Tierras (que limitaba la propiedad extranjera), la Ley de Producción Pública de Medicamentos, la Ley de Transporte Aerocomercial, entre muchas otras. Una serie de derogaciones y modificaciones afectaban especialmente al conjunto de los trabajadores asalariados o a grupos de ellos, como la desregulación de los precios de las empresas privadas de salud y, sobre todo, la desregulación del mercado de alquileres de viviendas, que impactó en las condiciones de vida de la mayoría de los asalariados. El DNU tenía también un capítulo de reforma laboral. Sin embargo, ese capítulo, de gran relevancia para el gobierno y las asociaciones empresarias, fue declarado inconstitucional por la Justicia laboral. Una semana después, el 27 de diciembre de 2023, el gobierno enviaba para su tratamiento en el Congreso Nacional la llamada «Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos», conocida como «Ley ómnibus», ya que tenía en su versión original 664 artículos. Finalmente, después de idas y vueltas entre el gobierno y la llamada «oposición dialoguista», conformada, en lo esencial, por rupturas de lo que había sido Juntos por el Cambio (JxC), se aprobó una versión de 238 artículos. A pesar de su reducción, la Ley Bases incluyó la modificación o creación de normas de importancia económica y laboral.
Se creó el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) que promueve la inversión en actividades de extracción y procesamiento de recursos naturales mediante incentivos fiscales y cambiarios. El capítulo de reforma del Estado habilita una serie de privatizaciones (Intercargo, Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, Agua y Saneamientos Argentinos S.A, entre ellas) aunque tras una serie de negociaciones se excluyeron algunas de las empresas públicas más importantes del país, como YPF, Banco Nación y Aerolíneas Argentinas, entre otras. Pero la iniciativa también le permitía al gobierno eliminar o reestructurar una amplia lista de organismos descentralizados de la Administración Pública Nacional (APN) y, como condición para hacerlo, se modificó la Ley de Empleo Público, limitando la estabilidad laboral de los empleados estatales y permitiendo el pase a disponibilidad y, finalmente, el despido en casos de reestructuración y supresión de las funciones desempeñadas.
A su vez, ciertos aspectos de la reforma laboral incluida en el DNU 70/23 fueron incorporadas a la Ley Bases, como la extensión del período de prueba —a seis meses en grandes empresas y de hasta ocho o doce meses en empresas de menor tamaño—, pasado el cual el trabajador puede ser despedido sin indemnización; la legalización de formas de encubrimiento de la relación de dependencia a través de contratos de locación de servicio y la creación de la figura de «trabajador independiente con colaboradores» en establecimientos de hasta cuatro trabajadores, que elimina cualquier obligación laboral del empleador; la remoción de límites para la tercerización laboral, ya que cada trabajador será dependiente del empleador que registre la relación laboral, aunque desarrolle sus tareas en otro establecimiento; la posibilidad de creación, mediante convenio colectivo, de un fondo de cese laboral, constituido con aportes del empleador y del asalariado, en reemplazo del régimen de indemnización por despido; la eliminación de multas por empleo no registrado; la inclusión como motivo de despido por justa causa de una serie de acciones de reclamo colectivo (afectar la libertad de trabajo mediante actos intimidatorios, bloquear el acceso de personas y/o bienes al establecimiento laboral; ocasionar daños a personas o cosas propiedad de la empresa, etc.) (Campos, Campos y Soul, 2025).
Producto del congelamiento de la planta de empleados públicos, de las renuncias y jubilaciones, de la cesación de contratos y de los pases a disponibilidad seguidos de despidos la dotación de la APN se redujo entre noviembre de 2023 y diciembre de 2024 en 41.492 empleados, un 12,1% del total. En julio de 2025, último dato disponible, la reducción alcanzaba los 55.696 trabajadores (14.204 empleados menos que en diciembre de 2024) y el porcentaje de caída del empleo público de la APN respecto de 2023 era del 16,2%. (Fuente: INDEC).
El despliegue de esa ofensiva se hizo en el marco de una estrategia política que tiende a radicalizar tendencias autoritarias, muchas de ellas preexistentes. Las idas y vueltas de la Ley Bases fueron el resultado de la orientación maximalista de Milei, lo que en ocasiones lo llevó al conflicto con la élite política tradicional (legisladores, gobernadores, etc.), a la que sólo les propuso las opciones de subordinación o confrontación. Ese es el contexto del uso de los DNU durante su primer año de gestión. Para tener una referencia, Milei emitió 57 DNU entre diciembre de 2023 y enero de 2025, mientras que Cristina Fernández de Kirchner a lo largo de todo su primer mandato sólo dictó 32 y 46 durante el segundo; en sus cuatro años de gobierno Macri emitió 66 y Alberto Fernández 178, aunque ello incluye el período de pandemia, en que el Congreso funcionó irregularmente (Fuente: Observatorio de decretos sujetos a control legislativo, Universidad Austral).
Las políticas del Ministerio de Seguridad limitaron la protesta callejera. El denominado «Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación» le permite a las fuerzas de seguridad intervenir sin orden judicial frente a la interrupción parcial o total de la circulación. La definición del objeto es muy amplia: «impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías de circulación», de modo que el desplazamiento de personas en el marco de una marcha de protesta o la concentración frente a un edificio de gobierno con fines de manifestación pública pueden ser definidos como interrupción de la circulación y ser disueltos. La actuación del Ministerio encabezado por Patricia Bullrich ha tendido a ser restrictiva y apeló usualmente a la represión policial, excepto en casos de manifestaciones de protesta de gran masividad (ver abajo). Se ha desplegado también una ofensiva política y judicial contra dirigentes de los movimientos sociales (MS) y el maximalismo del gobierno ha sido acompañado de un discurso inédito para un presidente en Argentina, al menos desde 1983, que tiende a naturalizar el macartismo, la misoginia, la lgtbfobia, etc.; además de incentivar el hostigamiento y la persecución política en redes e instituciones públicas y a reivindicar el accionar represivo de las fuerzas de seguridad, en los límites de la apología de la violación del estado de derecho. Algunas de estas dimensiones estuvieron presentes durante el gobierno de Macri, pero no configuraron una acción sistemática como sucede con el gobierno de LLA.
La estrategia de Milei tiende —objetivamente, de modo más o menos consciente— a la ruptura institucional, aunque no parecen darse las condiciones para ello. Las Fuerzas Armadas (FFAA) son un actor débil de la política argentina desde el fin de la dictadura militar en 1983 y el apoyo a Milei no parece traducirse, al menos por ahora, en movilización y organización abiertamente anti institucional o golpista, como si se ha manifestado en el ataque de partidarios de Donald Trump al Capitolio estadounidense, en enero de 2021, o en el asalto de bolsonaristas al Palacio de Planalto, en enero de 2023 en Brasil. Sin embargo, los procesos de construcción de una sociedad autoritaria son graduales. La radicalización de tendencias autoritarias presentes en la sociedad y la política argentinas y la articulación de un discurso de odio no deben ser subestimados.
La respuesta popular a la ofensiva de la ultraderecha
La respuesta popular a la rápida y profunda ofensiva del gobierno tuvo un carácter bifronte. Si observamos la lucha en las calles desde el 20 de diciembre de 2023 se observa un ciclo de grandes movilizaciones populares.
El 20 de diciembre de 2023, a días de la asunción de Milei, se desarrolló, en la tarde, la primera pulseada entre movimientos sociales de izquierda, que llamaron a movilizarse a Plaza de mayo, y el Gobierno nacional, que buscó aplicar el protocolo «antipiquetes» para restringir la libertad de movilización. Pero, además, la estrategia represiva fue acompañada de amenazas a los beneficiarios de planes sociales: desde los medios de comunicación y desde parlantes en las estaciones de trenes se les advertía que perderían la asistencia social si participaban de las protestas. A la noche, durante y después de la Cadena Nacional en la que el Presidente Milei presentó el contenido del DNU 70/23, se produjeron cacerolazos en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense que culminaron en una movilización al Congreso Nacional. Una semana después, el 27 de diciembre, la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos Centrales de Trabajadores Argetinos (CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores) se movilizaban al Palacio de Tribunales para presentar una demanda de inconstitucionalidad contra el capítulo laboral del DNU 70/23 que, como señalamos antes, luego tendría una respuesta positiva en la Justicia laboral. La movilización fue masiva y se generaron algunos incidentes por la pretensión del Ministerio de Seguridad de aplicar el protocolo antipiquetes, obligando, por ejemplo, a las columnas sindicales a caminar por la vereda. El 24 de enero se realizó una movilización obrera multitudinaria a Plaza Congreso contra la política del gobierno de Milei y el primer paro general, de 12 horas de duración, ambos convocados por todas las centrales sindicales.
El 8 de marzo se producía la primera movilización del feminismo desde la asunción del nuevo gobierno. Tras la disolución del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, del ataque al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo(INADI) y de la escenificación de un discurso misógino y antifeminista el escenario de la movilización masiva volvía a ser la Plaza Congreso. Unos días más tarde, el 24 de marzo se volvía a realizar la marcha de conmemoración del golpe de Estado de 1976 por memoria, verdad y justicia. Esta se desarrolló frente a un discurso de Milei que desde la campaña electoral había reivindicado la acción de las FFAA durante la dictadura, negado la existencia de un plan sistemático de exterminio de personas y cuestionado el número de desaparecidos. Casi un mes después, el 23 de abril, se producía la movilización más grande contra el gobierno y, probablemente, una de las más grandes desde el retorno a la democracia. Se trató de la marcha en defensa de la Universidad Pública frente al fuerte ajuste del presupuesto universitario. A diferencia de las anteriores, que concentraban manifestantes opositores, la movilización universitaria concitó apoyos entre votantes del gobierno.
El 1° de mayo la CGT realizaba una marcha por el día del trabajo, a la que adherían las dos CTA y el conjunto de los movimientos sociales, hacia el Monumento al Trabajo, en el sur de la ciudad de Buenos Aires. La marcha volvió a reunir a decenas de miles de manifestantes y culminó con la convocatoria a un nuevo paro general, en este caso de 24 horas, el 9 de mayo. La movilización del 1 de mayo y el paro del 9 fueron parte del plan de lucha contra el DNU 70/23 y contra la sanción de la Ley Bases, que estaba en pleno debate parlamentario. El 12 de junio el debate en el Senado fue el escenario de una nueva movilización frente al congreso nacional. Esta vez, solo convocó el sector más duro de la CGT —representado por el moyanismo— las CTA y los MS. La decisión de la mayoría de la CGT – los llamados «gordos» e «independientes» – de no movilizar señala un giro en la dinámica de la protesta y una pérdida de unidad de las centrales y MS. Desde las 14 se desataría la represión, con enfrentamientos que se prolongarían hasta entrada la noche, cuando en varios puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se desarrollaron cacerolazos y una nueva movilización a la Plaza Congreso. La Ley Bases fue finalmente sancionada el 27 de junio de 2024 por la Cámara de Diputados.
La dinámica de la movilización durante el ciclo de lucha de calles desde el 20 de diciembre de 2023 se caracterizó, con excepción de los cacerolazos —que tuvieron masividad decreciente— por grandes marchas y concentraciones convocadas de manera unificada por las centrales sindicales, las organizaciones de DDHH, las autoridades de las universidades nacionales, etc. Incluso el movimiento feminista, que se caracteriza por la ausencia de centralización organizativa —la que es suplida por mecanismos de coordinación en asambleas, etc.— tuvo su gran movilización el 8 de marzo cuando se generaron condiciones de centralización de la convocatoria similares a las otras, como sucede con el 24 de marzo en el caso de las organizaciones de DDHH.
Ahora bien, la contracara de esa «movilización por arriba» fue la profundización de la «desmovilización por abajo» expresada en las tendencias del conflicto laboral. El año 2024, según los datos de conflicto laboral de la Secretaría (ex Ministerio) de Trabajo, fue el punto más bajo de la serie iniciada en 2006. Ese año se registraron 614 conflictos con paro, una caída respecto de los 646 de 2023, el anterior punto más bajo de la serie. A su vez, si observamos los conflictos según el nivel de agregación, se evidencia la caída de su número en los niveles más desagregados de rama de producción local y lugar de trabajo, la cantidad de conflictos con paro en el lugar de trabajo es también la más baja de la serie (Fuente: Secretaría de Trabajo, Empleo y -Seguridad Social).
Esa profundización de la desmovilización por abajo se desarrollaba en el marco de una ofensiva brutal contra las condiciones de trabajo y salariales. A su vez, la movilización por arriba se mostró impotente para lograr un retroceso del gobierno y forzar la derrota de sus principales medidas en el Congreso. El proceso que condujo a la aprobación de la Ley Bases constituyó la realización en el terreno del enfrentamiento social y político de los cambios en las relaciones de fuerza que se desplegaran con la desmovilización obrera y popular desde 2018 y que tuvieron su expresión política en el triunfo de Javier Milei.
Esto no significa que el conflicto desapareciera, pero en la segunda mitad de 2024 se entraba en otra fase política. Especialmente, los últimos meses del año serían el escenario de un relativo impasse en el blitzkrieg ultraderechista y del comienzo de una nueva dinámica del conflicto, todavía incipiente, que se desplegaría en 2025.
Del blitzkrieg al intento de consolidar las posiciones conquistadas
Tras la fuerte devaluación inicial del peso el gobierno aplicó un esquema de crawling peg con un aumento del 2% del tipo de cambio cada mes, que se reduciría al 1% mensual desde enero de 2025. En un contexto de aceleración inflacionaria ello equivalió a establecer un sendero de revaluación del peso. La desaceleración del aumento de precios se apoyó en la caída del salario real y en esa reevaluación del peso en un contexto de fuerte restricción monetaria y ajuste fiscal. Después de la aceleración inflacionaria en diciembre de 2023, debida al aumento del tipo de cambio, el ritmo inflacionario tendría una tendencia descendente: del 25,5% en diciembre de 2023 al 2,4% en noviembre de 2024. La inflación del último año del gobierno del Frente de Todos (FdT) tuvo un piso del 6% mensual (en enero y junio de 2023) y picos de más del 12% (en agosto, septiembre y noviembre), eso en un año recesivo. En el segundo trimestre de 2024 se veían las primeras señales de reactivación, las que se confirmarían en el último trimestre del año, que arrojó crecimiento anual. Tras la sanción de la Ley Bases, el gobierno parecía confirmar su victoria electoral de la segunda vuelta y encaminarse a la consolidación política.
Ese es el contexto en el que el gobierno decidió, en los últimos meses del año 2024, desacelerar la velocidad de la ofensiva capitalista. Ello se evidencia en casi todas las variables. El Gobierno parece haber buscado consolidar las posiciones conquistadas y avanzar más lentamente, sin producir cambios radicales como los que marcaron sus primeros meses. En primer lugar, se apoyó en el control de cambios para, como ya señalamos, hacer del tipo de cambio bajo un ancla para el descenso de la inflación. Entre el 1° de diciembre de 2023 y el 31 de marzo de 2025 el tipo de cambio oficial aumentó un 197,4% mientras que la inflación acumulada entre noviembre de 2023 y marzo de 2025 fue del 196,6%. La evolución de los salarios reales del sector privado registrado también apunta a una recomposición controlada, que consolida los ya bajos niveles del final del gobierno del FDT. En el caso de los salarios del sector público se consolidó la pérdida salarial producida con la megadevaluacion del peso en diciembre, que fue el techo de su recuperación posterior (Fuente: elaboración propia en base a INDEC). Ya vimos antes que el ritmo de los despidos en el sector público también se redujo, el grueso se produjo durante 2024. Ello señala el lento avance del proceso de reestructuración que facultaba la Ley Bases. Lo mismo puede decirse de las privatizaciones, solo se avanzó en la privatización total de IMPSA, una empresa provincial que, en realidad, volvía al sector privado después de su estatización en 2021, a raíz del inicio de un proceso de quiebra en el año 2015. Pero donde fue más evidente el freno de mano fue en el llamado «proceso de reformas estructurales»: no hubo reforma previsional ni reforma tributaria y el avance, no menor, por cierto, de la reforma laboral con la Ley Bases —reforma negociada con la CGT— fue el último paso (hasta los borradores de un nuevo proyecto de reforma laboral que circularon en las últimas semanas).
La nueva fisonomía del conflicto social: menos conflictos laborales, mayor autonomía de los actores y legitimidad de las demandas
Arriba señalamos la caída del conflicto laboral en 2023, medido según el número de conflictos con paros, que registra la Secretaría de Trabajo. Si observamos la evolución mensual, esa tendencia continuó a lo largo de todo 2024 y del primer semestre de 2025. Es decir, que las tendencias del conflicto laboral muestran una continuidad en el proceso de desmovilización obrera. Al mismo tiempo, luego de la aprobación de la Ley Bases, la CGT entró en un impasse relativo que se prolongó, al menos, hasta la convocatoria a un nuevo paro general el 10 de abril de 2025. Pero esto tampoco fue el inicio de un plan de lucha, como ocurriera entre el 27 de diciembre de 2023 y la sanción de la Ley Bases. Durante ese período, la CGT, con excepción del paro del 10 de abril de 2025 y la marcha al monumento al trabajo 20 días más tarde, se limitó a adherir a convocatorias realizadas por otros sectores, como la marcha anual de los movimientos sociales desde la básilica de San Cayetano hasta Plaza de Mayo del 7 de agosto de 2024 y 2025, las marchas contra los vetos a las leyes de financiamiento universitario o de movilidad jubilatoria, ocasiones en las cuales, además, la CGT participó con columnas reducidas debido a la ausencia de movilización de las bases (no hubo ni paros ni cese de actividades para promover la movilización en los lugares de trabajo). Dada la centralidad que había tenido la CGT en las grandes concentraciones y marchas de protesta durante el primer semestre de 2024, el cambio en el comportamiento de la central de trabajadores tuvo un marcado impacto en la fisonomía y la dinámica de la protesta social en los dos semestres posteriores.
A lo largo del segundo semestre de 2024 y, sobre todo, desde los primeros meses de 2025 se desarrollaron un conjunto de protestas que tuvieron dos características: fuertes elementos de autoorganización y una gran legitimidad de sus demandas.
El 2 de octubre de 2024 se llevó a cabo una nueva Marcha Federal Universitaria convocada, como la primera del 23 de abril, por rectores y gremios docentes, no-docentes y estudiantiles. El objeto de la marcha era el rechazo al veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y, aunque se desarrollaba en todo el país, su epicentro fue la Plaza Congreso, donde se le reclamaba a los legisladores que insistieran en la ley (algo que, finalmente, no ocurriría). Aunque la marcha fue masiva, tuvo una asistencia algo inferior a la del 23 de abril. Sin embargo, fue acompañada, tanto antes como después, por un proceso de tomas, asambleas estudiantiles y clases públicas de los docentes, que le dieron un tono de autorganización, a diferencia de la primera, mucho más centralizada en su organización y desarrollo. Este hecho fue especialmente marcado en la semana posterior al 15 de octubre, cuando se llevó a cabo un proceso de tomas, asambleas y clases públicas como respuesta a la confirmación legislativa del veto presidencial.
El 23 de enero de 2025, en su discurso en el foro de Davos, Javier Milei profirió expresiones homofóbicas que provocaron la respuesta de la comunidad LGTBI. La dinámica de la protesta se caracterizó por la autorganización y la masividad. El sábado 25 de enero se desarrollaba a instancias de distintas organizaciones de la comunidad LGTBI una asamblea masiva en el Parque Lezama de la Ciudad de Buenos Aires, desde la que se convocó a una marcha antifascista y antiracista para el siguiente sábado, 1° de febrero. La marcha volvió a exhibir la asistencia multitudinaria de las movilizaciones del primer semestre de 2024.
Desde enero de 2024, las marchas de jubilados de los miércoles a Plaza Congreso fueron adquiriendo regularidad y atención de los medios y la política. Se constituyeron en un punto de referencia de la protesta contra el experimento de ultraderecha. Los miércoles 19 y 26 de febrero y 3 de marzo de 2025 se desplegaron tres represiones policiales consecutivas contra los jubilados movilizados. No era la primera vez que las fuerzas policiales aplicaban el protocolo antipiquetes y reprimían esas marchas, pero la virulencia de estas represiones generó una escalada en la respuesta popular. El 3 de marzo se autoconvocaban hinchas del club de fútbol Chacarita juniors, en respuesta a las imágenes de represión del 26 de febrero a un jubilado hincha del club. El 13 de marzo hinchas de fútbol de diferentes clubes de primera división y del ascenso se autoconvocaban en apoyo a los jubilados y contra la represión policial. La respuesta fue una operación represiva en gran escala que llevó a enfrentamientos y detenciones en inmediaciones de la Plaza Congreso. Entre los afectados por la represión, resultó herido de gravedad el fotoperiodista Pablo Grillo, que estuvo al borde de la muerte. A la noche, se produjeron cacerolazos de repudio en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires.
En abril de 2024 comenzó un conflicto en el Hospital Garrahan —hospital nacional de pediatría— por motivos salariales y presupuestarios, que se extendería en el tiempo y que abarcaría al conjunto del personal: médicos y médicas residentes, personal médico de planta, enfermeras y enfermeros y personal administrativo. El conflicto escalaría desde el mes de agosto de 2024 y durante el año 2025, especialmente desde mayo, adquiriría centralidad en el tratamiento de los medios. El conflicto se caracterizó por la yuxtaposición y articulación de medidas y demandas a través de sindicatos (como la rama salud de la Asociación de Trabajadores del Estado, que agremia a parte del personal no médico) y de formas de autoroganización de médicos residentes, médicos de planta, trabajadores no médicos, enfermeros y enfermeras. También por la apelación a un amplio repertorio de protestas: paros, abrazos simbólicos, marchas y concentraciones, festivales, ruidazos, vigilias, etc.
Por último, también por abril de 2024, comenzaría el conflicto en torno a los recursos destinados a personas con discapacidad. El conflicto, al igual que en el caso del Hospital Garrahan, articuló un conjunto variado de organizaciones y demandas: contra la baja de pensiones por invalidez (las personas afectadas debían volver a validar su condición de personas con discapacidad para seguir cobrando sus pensiones); por la desactualización de los montos de las pensiones; por el congelamiento de los aranceles a los prestadores, que ponía en riesgo la continuidad de los tratamientos a las personas con discapacidad; etc. También se observa en su desarrollo formas de autoorganización de familiares de personas con discapacidad, de trabajadores del sector, de prestadores privados, etc. El conflicto escaló desde mayo de 2025 —se realizaron marchas masivas al Congreso de la Nación hasta el mes de septiembre— cuando adquiriría importancia mediática y recibiría atención política.
La mayoría de estos conflictos darían lugar a derrotas parlamentarias del Gobierno. El Congreso Nacional aprobó durante 2025 las leyes de Movilidad Jubilatoria y de Emergencia en Discapacidad, ambas el 10 de julio de 2025, y también las leyes de Emergencia en Salud Pediátrica y de Financiamiento Universitario, ambas el 22 de agosto de 2025. Todas estas leyes impulsaban la satisfacción, al menos parcial, de las demandas de recomposición del financiamiento y de los ingresos en las distintas áreas afectadas. El Presidente de la Nación volvió a ejercer su derecho a veto, como hiciera en 2024. Pero esta vez solo lograría sostenerlo con la Ley de Movilidad Jubilatoria. El Congreso insistió en el el proyecto de discapacidad (el 4 de septiembre de 2025) y en las iniciativas pediátrica y universitaria (el 2 de octubre de 2025), que finalmente fueron promulgadas. Pero hasta el día de hoy sólo se aplicaron parcialmente las dos primeras mientras que las otras continúan «suspendidas».
En el desarrollo de estas protestas y de las demandas formuladas el Gobierno enfrentó un límite a sus políticas. Lo encontró en una serie de temas que parecen haberse convertido, a lo largo de un proceso que atraviesa distintos momentos desde la restauración democrática de 1983, en núcleos sólidos de legitimidad política: educación pública (universidades nacionales), salud pública (Hospital Garrahan), protección de los más vulnerables (jubilados, personas con discapacidad), derechos de las disidencias sexuales (rechazo al discurso homofóbico del gobierno). Pero también se observó ese límite en las dificultades para avanzar en las conquistas del movimiento LGTBI (matrimonio igualitario, ley de identidad de género), del movimiento feminista (reconocimiento legal de la figura del femicidio, legalización de la interrupción voluntaria del embarazo) y del movimiento de DDHH (continuidad de los juicios y sostenimiento de las condenas a los militares genocidas). Los núcleos de resistencia y de legitimidad de las demandas y la centralidad del Congreso Nacional como lugar de referencia de las protestas —en lugar de la Plaza de Mayo, lugar histórico de las movilizaciones populares— señalan el desplazamiento del conflicto hacia la defensa de conquistas democráticas frente a un gobierno de ultraderecha.
Los límites económicos
Como decíamos arriba, el gobierno, desde los últimos meses de 2024, puso freno al avance en las «reformas económicas». En particular, mantuvo el control de cambios como medio para abaratar el dólar y de esa manera reducir la inflación, en combinación con la contención salarial y el equilibrio fiscal. Sin embargo, durante los primeros meses de 2025 volvería la tensión cambiaria. Durante los meses de febrero y marzo y los primeros días de abril se produjo un alza de los dólares financieros y un incremento de la brecha con el dólar oficial. Entre el 2 de enero y el 8 de abril el dólar del Mercado Electrónico de Pagos (MEP) subió un 18,4% y la brecha con el tipo de cambio oficial pasó del 12,5% al 27,9%. En consecuencia, se produjo una aceleración de la inflación, especialmente durante el mes de marzo. La variación mensual del IPC subió del 2,2% en enero al 3,7% en marzo. Ese es el contexto en el que el Gobierno decidió ir a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que incluyó, como una de sus condiciones principales, la modificación del régimen cambiario.
El acuerdo era por un total de 20 mil millones de dólares, de los cuales ingresarían inmediatamente en las reservas 12 mil millones. El Gobierno debía salir parcialmente del control de cambios. En primer lugar, se liberaba el acceso al mercado cambiario oficial para personas humanas. En segundo lugar, se establecía un cronograma para liberar, de manera gradual, la remisión de utilidades de las empresas extranjeras y el acceso al mercado oficial de las empresas. Las firmas extranjeras y locales podrían acceder libremente para los flujos del ejercicio 2025, pero solo desde 2026 se liberarían los stocks acumulados de ejercicios anteriores. En tercer lugar, se flexibilizaban los plazos para el acceso a dólares para importaciones de bienes finales, insumos de producción y bienes de capital. El dólar flotaría libremente entre bandas, con un piso de 1000 y un techo de 1400 pesos, que se ampliarían en 1% mensual. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) solo podría defender la cotización del dólar cuando el valor perforara el techo o el piso de la banda. Entre esos valores solo podría intervenir para acumular reservas. La salida parcial del cepo cambiario se produjo el 14 de abril.
El gobierno decidió y comunicó que no compraría dólares si el valor del dólar no tocaba el piso de la banda, e intentó generar expectativas de que eso es lo que ocurriría. El tipo de cambio oficial llegó a situarse debajo de los 1100 pesos durante el mes de abril, pero se mantuvo lejos del piso. La decisión del gobierno de no comprar (esto es, de no acumular reservas) buscaba no alimentar la demanda para mantener el tipo de cambio bajo, factor esencial de su estrategia antiinflacionaria. Ahora bien, la fuerte oferta de dólares se explicaba en gran medida porque el primer semestre en Argentina presenta características excepcionales por el ingreso de dólares provenientes de exportaciones del complejo agroindustrial. Dicho fenómeno se vincula con los resultados de la cosecha gruesa, cuyo flujo principal se desarrolla entre los meses de marzo y junio. Entre mayo y junio se desplegó una tendencia al alza del tipo de cambio oficial, lejos de los extremos de las bandas, mientras se cerraba la brecha con el dólar MEP. La contracara de ese sendero suave, pero persistente, es que el BCRA no acumuló reservas genuinas y su incremento se explica centralmente por la deuda con el FMI más otros acuerdos con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y REPO con la banca privada.
Desde fines de julio, coincidente con el período de menor ingreso de dólares por exportaciones, comenzaba un aumento persistente del tipo de cambio. En esa tendencia incidieron también el clima electoral —como veremos más adelante se encadenaron una serie de elecciones provinciales, en particular la elección del 7 de septiembre en la Provincia de Buenos— y la política oficial de tasas de interés. El 10 de junio el Gobierno anunció que a principios de julio dejaría de fijar la tasa de interés de referencia, lo cual hacía a través de la colocación a plazos cortísimos de las llamadas Letras de Financiamiento del Tesoro (LEFI). Como resultado, en la semana del 8 de julio, cuando dejó de emitirlas, se desplomaron las tasas de interés, debido a la incapacidad de los bancos de colocar esos pesos en préstamos al consumo y a la inversión en el sector privado. En consecuencia, aumentó la presión sobre el tipo de cambio y el gobierno debió volver a intervenir, pero con el resultado de una fortísima suba de tasas que las llevó —en las últimas dos semanas de julio— a niveles muy superiores a los que tuvieran antes de eliminar las LEFI.
No obstante, la cuestión de fondo, que explicaba el empeoramiento de la situación cambiaria y financiera, era la continuidad de las condiciones que esterilizaron cualquier intento de alimentar el crédito al sector privado reduciendo las tasas de interés desde 2012: la debilidad de la inversión como determinación profunda de la larga fase de estancamiento y tendencia a la crisis. Bajo esas condiciones, todo intento en ese sentido derivó invariablemente en mayor presión sobre el tipo de cambio.
En el segundo trimestre de 2025 —último dato disponible— el nivel del PBI era muy cercano al del segundo trimestre de 2017 (índice 100 en 2017 y 99,7 en 2025). Lo mismo ocurre con el consumo total (101,6 en el segundo trimestre de 2025 vs. 100 en 2017) y con la tasa de inversión (19% del PBI en el segundo trimestre de 2017 y 19,1 en el mismo trimestre de 2025). En el mismo sentido, los datos del índice desestacionalizado del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) del INDEC muestran que el crecimiento económico se detuvo en febrero de 2025, siendo el crecimiento anual del primer y segundo trimestre del PBI un efecto estadístico, por los bajos niveles de los mismos trimestres del año anterior. Los datos del EMAE difundidos en los últimos días no cambian sustancialmente este diagnóstico. En definitiva, en la medida que la recuperación económica acercó el PBI al techo de la fase de estancamiento y tendencia a la crisis, el crecimiento se detuvo y comenzaron las presiones cambiarias, el trade off entre tasa de interés y tipo de cambio, etc. Es decir, lo que muestra este recorrido es la continuidad de las causas profundas del estancamiento económico y las crisis recurrentes desde 2012.
Tras la derrota en la provincia de Buenos Aires en las elecciones provinciales del 7 de septiembre de 2025 las presiones cambiarias se profundizaron y fue necesario el salvataje de Estados Unidos para contener la corrida.
Los límites políticos que enfrentó el oficialismo ante un conflicto social que es la retaguardia tras la derrota y desmovilización obreras y los límites económicos que evidencian un proceso de reestructuración todavía trunco apuntan a que el inicio de 2025 puso al Gobierno frente a un período de quiebre: la consolidación política de su victoria de 2023 y de las conquistas de la ofensiva durante 2024 es un proceso abierto.
Referencias
Campos, J., Campos, L. y Soul, J. (2025). Reforma laboral: un museo de grandes novedades. Buenos Aires: Fundación Rosa Luxemburgo.
