El artículo que sigue es resultado del trabajo de la cohorte 2025 del Diploma Superior en Mutaciones de la dominación en el capitalismo contemporáneo organizado por CLACSO y Revista Jacobin. Ya está abierta la inscripción a la edición 2026 del Diploma, ¡no te la pierdas!
La coyuntura política puertorriqueña actual se sitúa en el marco de una mutación más amplia del capitalismo global. Como señala Perry Anderson en el artículo «¿Cambio de régimen en Occidente?» el término «cambio de régimen» no alude originalmente a derrocamientos violento ni a intervenciones militares, como indica el sentido que fue adquiriendo en la jerga geopolítica reciente, sino a reconfiguraciones estructurales del orden político-económico en tiempos de paz, particularmente en el marco de la cooperación internacional y la regulación capitalista. Esta definición establece el punto de partida para intentar responder la interrogante acerca de cómo se reconfigura el neoliberalismo ante el desafío de la imposibilidad de lograr un consenso social que viabilice su perpetuación.
La crisis financiera global del 2008 constituye un punto de inflexión decisivo. Aunque fue comparada inicialmente con el colapso de 1929, sus consecuencias no condujeron a una ruptura del orden neoliberal, sino a su reafirmación bajo nuevas modalidades mediante rescates masivos al capital financiero, expansión sin precedentes de la deuda soberana, austeridad fiscal selectiva y una transferencia sistemática de costos hacia las mayorías sociales. De este modo la crisis reveló la resiliencia del neoliberalismo, incluso en condiciones de descrédito ideológico y malestar social generalizado. Esta experiencia desencadenó dinámicas de inestabilidad, el ascenso de discursos autoritarios de derechas y una creciente desconexión entre representación política y condiciones materiales de subsistencia.
Anderson subraya que, a diferencia de las grandes revueltas del siglo XX, los movimientos contemporáneos carecen en gran medida de ideologías sistemáticas y de proyectos coherentes de transformación, lo que limita su capacidad de disputar el orden existente. El neoliberalismo persiste por ausencia de alternativas articuladas, apoyándose en dispositivos institucionales, financieros y culturales que le permiten sobrevivir sin hegemonía plena.
Es precisamente aquí donde el análisis de Anderson en «Idées-forces» resulta esclarecedor. Allí insiste en el papel histórico de las ideas como fuerzas activas, especialmente en momentos de crisis. Las grandes transformaciones históricas, desde las revoluciones del Atlántico hasta el ascenso del neoliberalismo, no se explican únicamente por intereses económicos, sino por la capacidad de ciertas ideas de articular sentidos comunes, identidades y horizontes de posibilidad. Sin embargo, el presente se caracteriza por la paradoja de que el neoliberalismo como ideología dominante carece de entusiasmo popular, mientras que las resistencias no cuentan con una formulación sistemática capaz de disputar su lugar.
Esta paradoja ha sido nombrada por Ranajit Guha como dominación sin hegemonía, para definir específicamente un régimen de poder que no logra asentarse sobre el consentimiento social y que recurre principalmente a estrategias de coerción:
El Estado colonial en el sur de Asia era esencialmente diferente del Estado burgués metropolitano que lo había engendrado. La diferencia consistía en el hecho de que el Estado metropolitano tenía un carácter hegemónico, con una pretensión de dominio basado en una relación de poder en la que el momento de persuasión superaba al de coerción, mientras que el Estado colonial no era hegemónico, la persuasión era superada por la coerción en su estructura de dominación. De hecho, hemos argumentado que la originalidad del Estado colonial del sur de Asia radica precisamente en esta diferencia: una paradoja histórica, fue una autocracia establecida y sostenida en Oriente por la principal democracia del mundo occidental. Y como no era hegemónico, no era posible que ese Estado asimilara la sociedad civil de los colonizados. Hemos definido el carácter del Estado colonial, por lo tanto, como una dominación sin hegemonía.
La relación colonial de Puerto Rico con Estados Unidos
Guha caracteriza a la dominación sin hegemonía como una forma de poder colonial asentada principalmente en la coerción, ya que los colonizados no llegaban a consentir voluntariamente su subordinación. Aplicada a Puerto Rico, esta idea ayuda a matizar la comprensión de la relación colonial con los Estados Unidos. Históricamente, el dominio de EE.UU. en la isla sí ha contado con un alto grado de hegemonía, esto es, de consentimiento social a lo largo de gran parte de su historia moderna. Tanto el Estado Libre Asociado (ELA) como la vía anexionista han sido promovidos por los dos partidos dominantes, el Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD) dentro de un consenso amplio sobre la integración subordinada a EE.UU. Esta hegemonía colonial se reforzó mediante la cooptación de élites y la neutralización de disidencias mediante, por ejemplo, la Ley 53 de 1948 («Ley de la Mordaza»), que criminalizó la lucha por la independencia y cercenó derechos fundamentales de expresión y de reunión, desplegándose importantes campañas de miedo para atajar la militancia nacionalista e independentista. Así, durante décadas la dominación estadounidense contó con un respaldo social bastante generalizado.
No obstante, en la última década ese equilibrio se ha erosionado. Desde 2016, Puerto Rico se encuentra formalmente sometido a un régimen de tutela fiscal impuesto por el Congreso estadounidense mediante la Ley PROMESA (por las siglas en inglés de Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act). Esta legislación fue aprobada con el objetivo de atender la crisis de deuda pública, que superaba los 70 millones de dólares, y garantizar el pago a los acreedores. PROMESA creó la Junta de Supervisión Fiscal, un organismo no electo compuesto por siete miembros designados por el presidente y el Congreso de Estados Unidos, con poderes extraordinarios sobre el gobierno de Puerto Rico. Entre sus facultades centrales se encuentra la aprobación de presupuestos, planes fiscales plurianuales, reformas estructurales, reestructuraciones de deuda bajo el Título III (análogo a un proceso de quiebra) y la anulación de legislación aprobada por la Asamblea Legislativa local si esta se considera incompatible con los objetivos fiscales. En la práctica, la Junta suspendió principios básicos de autogobierno y subordinó la política pública a criterios estrictamente financieros.
Desde entonces, las políticas impulsadas por PROMESA han incluido reducciones importantes al gasto público, reformas laborales regresivas, recortes severos al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, reducción de pensiones, privatización de servicios esenciales (como energía y transporte) y reconfiguración del aparato estatal para priorizar el pago de la deuda y la atracción de capital externo. Todo ello en un contexto de crisis social profunda a partir del azote de los huracanes Irma y María de 2017, que pusieron en evidencia la incapacidad del gobierno local de manejar la realidad de la crisis climática. El desastre político provocó oleadas de emigración masiva, más una creciente precarización laboral y el debilitamiento sistemático de los derechos sociales.
Lo que vemos es que la crisis neoliberal y la bancarrota fiscal (2015-2016) han minado la legitimidad del dominio colonial. Con la imposición de la Junta de Control Fiscal, el poder colonial ahora se ejerce con considerablemente menos consenso popular. Este órgano tecnocrático funge como un instrumento jurídico-coercitivo que tutela las finanzas públicas puertorriqueñas. Ahora, la dominación ya no depende de un amplio consentimiento político, y se ejerce mediante medidas fiscales coercitivas.
Por ello, el concepto guhaniano de «dominación sin hegemonía» resulta útil para describir esta mutación contemporánea del régimen colonial puertorriqueño. Históricamente hubo hegemonía eficaz (consenso colonial capitalista reforzado por bipartidismo e ideología), pero en la etapa actual el poder se sostiene sobre todo mediante dispositivos coercitivos, legales y tecnocráticos sin sustentarse ya en un respaldo generalizado de la sociedad. En suma, la noción de dominación sin hegemonía, lejos de ser incongruente, identifica con precisión este giro del colonialismo en Puerto Rico.
Para nuestro análisis, la Junta de Control Fiscal es la manifestación de la coerción institucional legalizada. Su autoridad emana directamente del poder colonial y del sistema financiero global. Como expresión de la crisis del neoliberalismo, es la radicalización de unos mecanismos excepcionales que desplazan el conflicto político fuera del ámbito democrático. La combinación de desposesión acelerada, neutralización de la deliberación política y suspensión de la soberanía popular constituye un ejemplo de la dominación sin hegemonía que mantiene un orden social mediante control técnico, jurídico y financiero.
Un momento decisivo de resistencia fue el «Verano del 19», con una movilización masiva y sostenida que, entre el 13 y el 24 de julio de 2019, culminó con la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares. El detonante inmediato fue la filtración, el 13 de julio de 2019, de un chat privado de Telegram de 889 páginas en el que Rosselló y once funcionarios y asesores cercanos expresaban comentarios misóginos, homofóbicos, clasistas, y burlas hacia víctimas del huracán María, así como referencias explícitas a la manipulación de medios y opositores políticos. Sin embargo, la magnitud de la protesta no puede explicarse únicamente por el escándalo moral. El chat actuó como catalizador de un malestar acumulado por años de austeridad, corrupción, gestión negligente post-María y subordinación a la Junta de Control Fiscal. Durante casi dos semanas, en un archipiélago de poco más de tres millones de habitantes, cientos de miles de personas ocuparon el espacio público mediante marchas diarias, paros parciales, concentraciones frente a La Fortaleza (la residencia del gobernador) y expresiones creativas de protesta que incluyeron a sindicatos, organizaciones feministas, artistas, comunidades LGBTQ+, sectores religiosos, estudiantes y una amplia franja no organizada de la población. El lema «Ricky renuncia y llévate la Junta» condensó una demanda inmediata, pero las consignas y discursos en las calles apuntaban a una impugnación más amplia. Y, si bien «Ricky» renunció; la Junta se quedó.
A pesar de su masividad, el «Verano del 19» también evidenció los límites estructurales de la protesta en un contexto de dominación sin hegemonía. La renuncia del gobernador, un hecho sin precedentes en la historia política de Puerto Rico, no se tradujo en una transformación del régimen fiscal ni en una impugnación efectiva de PROMESA o de la Junta de Control Fiscal. La sucesión gubernamental se resolvió dentro del marco constitucional existente y el aparato de tutela permaneció intacto. El «Verano del 19» puede entenderse, pues, como una ruptura episódica del orden, significativa en términos simbólicos y de politización social, pero incapaz de reconfigurar estructuras fundamentales de poder económico y colonial.
Entonces, resulta clave esta historia reciente para comprender por qué, en Puerto Rico, las disputas políticas tienden a desplazarse hacia el terreno ideológico y cultural. Al quedar clausurada o severamente restringida la posibilidad de disputar democráticamente el modelo económico colonial reforzado por PROMESA y la Junta, el conflicto se rearticula en torno a estrategias de control (legislativo, judicial y de enemigos internos). La tutela fiscal reconfigura el campo político, creando las condiciones para que el discurso anticomunista, al estilo del macartismo de la Guerra Fía, o el autoritarismo moral y la estigmatización de las alternativas políticas funcionen como mecanismos de control e intervención política modeladora para un orden neoliberal-colonial en crisis de hegemonía.
Es necesario considerar, además, cómo la crisis ecológica adquiere una centralidad estratégica. Desde la perspectiva ecosocialista de Michael Löwy, el capitalismo contemporáneo ha transformado la crisis ambiental en una amenaza civilizatoria, resultado directo de una lógica de acumulación ilimitada incompatible con los límites biofísicos del planeta. En territorios coloniales como Puerto Rico, esta lógica se intensifica y se vuelve más agresiva o ecocida bajo la crisis del neoliberalismo. Se acentúan ahora al unísono funciones coloniales como la de servir como instalación militar para el imperialismo, como territorio importante de exploración económica para empresas foráneas o como fuente de mano de obra migrante para la metrópoli. Las fuerzas acaparadoras del neoliberalismo en crisis emplean todas las estrategias disponibles para perpetuar un poderío que ya no cuenta con la conformidad de una mayoría.
Asimismo, como ha demostrado Nuria Alabao en su libro Las guerras de género: La política sexual de las derechas radicales (2025), esas guerras culturales, y en particular las de género, se han convertido en herramientas centrales de gobierno en contextos de neoliberalismo agotado. Cuando el sistema ya no puede garantizar bienestar ni movilidad social, desplaza el conflicto hacia lo moral, identitario y cultural, construyendo enemigos internos que canalizan el malestar social y bloquean la emergencia de alternativas políticas. La producción del enemigo interno y la moralización del conflicto social han sido rasgos constitutivos de los fascismos y otros regímenes totalitarios, en tanto mecanismos para desactivar antagonismos de clase, recomponer jerarquías sociales y legitimar formas autoritarias de poder en contextos de crisis estructural.
Acumulación por desposesión, extractivismo y ecocidio
La dimensión material y territorial de la dominación sin hegemonía se manifiesta claramente en el caso del Proyecto Esencia, un megaproyecto residencial y turístico en el municipio de Cabo Rojo, que ha sido denunciado por su impacto devastador en bosques y comunidades locales. Es un ejemplo del acaparamiento de tierras, despojo comunitario y ecocidio bajo las lógicas del capitalismo neoliberal.
En El nuevo imperialismo (2004), David Harvey define la acumulación por desposesión como la continuada reproducción de la «acumulación originaria» en la era neoliberal. Es decir, no solo en los albores del capitalismo hubo cercamiento de bienes comunes y expropiación violenta de poblaciones, como describió Marx, sino que el capitalismo contemporáneo recurre constantemente a métodos extraeconómicos como privatizaciones, desalojos, endeudamiento, especulación financiera y land grabbing para abrir nuevas fronteras de lucro. En Puerto Rico, tras la quiebra fiscal de 2016 y los estragos políticos del huracán María, se han creado condiciones propicias para una nueva ola de desposesión: terrenos costeros vendidos a inversionistas externos, activos públicos privatizados a precio de saldo, leyes de exención contributiva que incentivan la llegada de capital foráneo, por ejemplo, la conocida Ley 60, y el desplazamiento de comunidades locales. Presentado y defendido por sus proponentes mediante la retórica neoliberal del «desarrollo económico», Esencia realmente ejemplifica una de las formas en que se manifiesta el dominio sin hegemonía del neoliberalismo colonial en crisis.
La crítica contemporánea enfatiza que tales megaproyectos ecocidas son expresiones características del capitalismo neoliberal en crisis. Löwy advierte que el neoliberalismo global, impulsado por organismos como el FMI o el Banco Mundial, está comprometido con la industria fósil y el ecocidio como parte integral de su funcionamiento. El orden neoliberal vigente continúa recurriendo a la explotación intensiva de la naturaleza, aun cuando ello agrave la emergencia climática. Löwy señala que el capitalismo, en su afán de garantizar la tasa de ganancia a cualquier costo, puede adaptarse a las formas más bárbaras de dominación y destrucción, como la esclavitud del pasado o el autoritarismo neofascista actual, y que no vacila en devastar la naturaleza si con ello protege sus intereses. Para el caso que nos ocupa, esto implica que la devastación ambiental forma parte de un patrón sistémico donde el capital busca nuevas áreas de acumulación (turismo de lujo, bienes raíces) apropiándose de tierras protegidas, costas y recursos, aún a costa de la sostenibilidad ecológica y la supervivencia de las comunidades locales.
Ahora bien, ¿qué hace de este modelo de acumulación un ejemplo de dominio sin hegemonía? En Puerto Rico, la condición colonial facilita que estas decisiones se impongan sin el consentimiento de la población y en contra del bien común. El gobierno local, subordinado a una Junta de Control Fiscal federal, prioriza pactar con desarrolladores y cumplir mandatos de austeridad antes que responder a las necesidades ciudadanas o ambientales. Las comunidades luchan por ser escuchadas mediante protestas, vistas públicas e investigaciones ambientales, pero son marginadas o criminalizadas por los procesos de decisión cerrados que favorecen al gran capital. La dominación sin hegemonía se evidencia en la falta de consenso social en torno a proyectos extractivos. Frente a una oposición amplia y documentada a la iniciativa, las autoridades avanzan mediante prácticas autoritarias antidemocráticas, decretos express, leyes especiales y el uso eventual de la fuerza pública para neutralizar la resistencia (por ejemplo, con desalojos policíacos de manifestantes ambientalistas, criminalización de activistas, etc.). En suma, el despojo territorial en Puerto Rico opera hoy mediante la combinación de la lógica neoliberal (mercado, inversión privada) con la lógica colonial (imposición antidemocrática), resultando en una forma particularmente cruda de acumulación por desposesión.
En este análisis es crucial integrar también una perspectiva de género y colonialidad en la crítica del despojo y el ecocidio. En sus estudios sobre acumulación originaria, Silvia Federici demostró que la transición al capitalismo implicó no solo la expropiación de tierras comunales, sino también la subyugación violenta de las mujeres vía la caza de brujas, el control de la reproducción y la destrucción de saberes femeninos para disciplinar la fuerza de trabajo y apropiarse del trabajo no remunerado de cuidado. Al igual que Harvey, la autora advierte que la acumulación primitiva es una fase permanente del capitalismo y que nuevas «cacerías de brujas» se manifiestan hoy en diversas violencias contra las mujeres, especialmente en zonas del Sur Global, íntimamente ligadas a proyectos de globalización neoliberal. Por ejemplo, documenta cómo en varias regiones de África y Asia han resurgido acusaciones de brujería contra mujeres ancianas o independientes, instigadas por sectas fundamentalistas financiadas externamente, con el fin de expulsarlas de sus tierras comunitarias y así expandir la frontera agrícola o minera para empresas multinacionales. Este patrón en el que la violencia patriarcal se entrelaza con el despojo económico sugiere que el ecocidio capitalista y el patriarcado operan de forma orgánicamente articulada.
En La potencia feminista: o el deseo de cambiarlo todo (2019), Verónica Gago retoma esta línea al plantear una «crítica feminista al despojo extractivista». En este sentido, sostiene que el actual modelo extractivista en América Latina (desde la megaminería y el agronegocio hasta la especulación inmobiliaria urbana) conlleva violencias específicas contra las mujeres, y vincula esta realidad con la hipótesis federiciana de una nueva cacería de brujas contemporánea:
La guerra contra las mujeres (brujas, curanderas, madres solteras, y todas aquellas catalogadas de heréticas por sus modos de vida), como la ha caracterizado Federici, es así el momento «originario» que se repite en cada nueva fase de «acumulación originaria» del capital: es decir, aquello que se despliega sobre el campo social ante un tiempo extremo de inestabilidad de las relaciones de mando-obediencia y de explotación.
En efecto, los conflictos socioambientales suelen ir acompañados por un aumento de la violencia de género en las comunidades afectadas, y no es casual que muchas de las principales luchas contra proyectos extractivos estén lideradas por mujeres, quienes se autodenominan defensoras del territorio y del cuerpo. Gago formula la potente idea-fuerza de «cuerpo-territorio», para indicar que en las cosmologías indígenas y la praxis feminista comunitaria el cuerpo (especialmente el cuerpo femenino) y la tierra son entendidos como ámbitos imbricados y a la vez objeto de despojo por el capitalismo colonial. Defender el territorio implica defender los cuerpos (y viceversa) de la agresión extractivista. Por tanto, cuando analizamos un proyecto como Esencia, no solo debemos ver la dimensión económico-ecológica, como la apropiación de 534 cuerdas de terreno costero y la destrucción de manglares, por ejemplo, sino también preguntarnos: ¿quiénes son desplazados y violentados con esta operación? Las respuestas suelen revelar que son las poblaciones en condición de vulnerabilidad las que cargan con el costo social y ecológico del «desarrollo» elitista. Esto conecta la crítica del ecocidio con la justicia social y de género y nos permite reconocer que la devastación ambiental en Puerto Rico profundiza desigualdades existentes de clase, raciales y género.
La dominación sin hegemonía en el ámbito económico-ecológico se manifiesta en Puerto Rico como una gobernanza neoliberal autoritaria de los recursos. Mientras la retórica oficial exalta las virtudes del libre mercado y la inversión (hegemonía neoliberal clásica), en la práctica el estado interviene activamente (autoritarismo) para garantizar las condiciones de rentabilidad a los capitales privados: certifica procesos de permiso ambiental de forma expedita pese a objeciones científicas, ignora la consulta ciudadana, reprime la oposición local y enmarca cualquier protesta como irracional o contraria al progreso. Esta articulación de extractivismo neoliberal y colonialismo produce ecocidios que, como argumenta Löwy, agravan la crisis civilizatoria global y requieren una respuesta desde la convergencia de luchas anticapitalistas.
Las guerras de género y el dominio sin hegemonía en Puerto Rico
En Puerto Rico, las llamadas «guerras de género» y la ofensiva contra los derechos sexuales y reproductivos, así como contra las diversidades sexo-genéricas, se insertan en una oleada transnacional reaccionaria, particularmente evidente en Estados Unidos, Europa y América Latina, donde las derechas radicales utilizan las cuestiones de género y sexualidad como campo de batalla político para reconstruir autoridad moral y apuntalar proyectos autoritarios. Los casos concretos en Puerto Rico incluyen la imposición de políticas antiaborto más restrictivas, intentos de eliminar la perspectiva de género del currículo educativo, discursos de líderes fundamentalistas contra la comunidad LGBTQ+ y esfuerzos legislativos por limitar derechos de las personas trans, entre otros. Para comprender estos hechos, me apoyo principalmente en el concepto de «guerras de género» desarrollado por Alabao, que las define como un subconjunto específico de las guerras culturales, centrado en disputas morales en torno al género y la sexualidad. Son conflictos, explica la autora, donde diversos actores (iglesias, partidos, organizaciones «pro-vida», etc.) compiten por influir en normas, políticas y sentidos comunes relativos a la identidad de género, los roles sexuales, el aborto, el matrimonio igualitario, la educación sexual, etcétera:
En un momento histórico de colapso de los grandes relatos —y de las viejas formas de organización de la cultura y la opinión asociados a la vieja estructura de clases— que sostenía el armazón de las democracias liberales, las guerras de valores son funcionales a suerte de reencantamiento de la política.
Las guerras de género buscan frenar o revertir derechos concretos (por ejemplo, impedir la aprobación de leyes de equidad de género o restringir el acceso al aborto) y también son instrumentos para disputar el poder político y el control social más amplio, funcionando como «estrategia de poder» de las derechas radicales. En efecto, como explica Alabao, la defensa ruidosa del «orden de género tradicional» sirve para apuntalar el régimen de desigualdad existente reforzando jerarquías de género y sexualidad que son base de las estructuras de poder, a la vez que provee una bandera movilizadora capaz de aglutinar alianzas entre sectores diversos (religiosos, militares, grupos conservadores). Se trata de temas óptimos para encender pasiones sociales en momentos de desafección política, pues la sexualidad permite «construir fantasmas, condensar miedos y canalizar inseguridades», en un sentido político reaccionario. En pocas palabras, cuestiones como el aborto o los derechos LGBTQ+ se utilizan tácticamente para generar pánicos morales que desvíen la atención de crisis estructurales («un mundo que se desmorona») y ofrecerle un sentimiento de identidad comunitaria basado en el odio o la superioridad moral a personas afectadas por la precariedad.
Dicho de otro modo, las guerras de género son altamente funcionales a la dominación sin hegemonía pues proveen una narrativa de orden moral en medio del caos socioeconómico neoliberal. Cuando la promesa de prosperidad material del neoliberalismo ya no convence debido a la pobreza, la desigualdad o el colapso ecológico, las derechas llenan ese vacío con una promesa de orden moral. Esto les permite ejercer un control social basado en la autoridad cultural más que en consensos materiales, persiguiendo disidentes (feministas, personas LGBTQ+) como chivos expiatorios de los males sociales. En Puerto Rico, la influencia de la derecha religiosa fundamentalista ha sido notoria en la política: campañas contra la enseñanza de perspectiva de género, políticas antiaborto, bloqueos a proyectos pro derechos trans, etcétera, con el apoyo de sectores del Partido Nuevo Progresista, del partido Proyecto Dignidad y otras figuras conservadoras.
La categoría de «pánico moral» resulta esclarecedora para entender la mecánica de estas campañas. Como recupera Alabao de los estudios del sociólogo británico Jeffrey Weeks, un pánico moral ocurre cuando un sector de la sociedad percibe a un fenómeno (por ejemplo, la liberación sexual, el feminismo o el movimiento gay) como una amenaza fundamental a los valores o la integridad social, y se produce una reacción desmedida que ubica a ciertos grupos como «tipos diabólicos» o chivos expiatorios de problemas complejos. En el caso antigénero, las fuerzas reaccionarias construyen narrativas alarmistas, por ejemplo, que la «ideología de género» busca corromper a los niños, destruir la familia o incluso causar un «genocidio» de la humanidad al promover la diversidad sexual, y con ello fabrican víctimas ficticias (los niños inocentes, la familia en peligro, la civilización occidental) para justificar nuevas leyes represivas o restricciones de derechos.
Esta «tecnología del miedo» tiene consecuencias muy reales: mientras los colectivos atacados sufren estigmatización y violencia, la agenda política general gira hacia posiciones derechistas que afectan a toda la población (por ejemplo, censura educativa, erosión de la separación Iglesia-Estado, criminalización del aborto que pone en riesgo la salud pública, etc.). En Puerto Rico, la retórica antigénero ha llegado a equiparar las políticas de equidad con una conspiración comunista o foránea, entroncando con el pánico anticomunista. Como explica Alabao, la resonancia emocional de estos miedos manufacturados tiende puentes con sectores más amplios de la población, permitiéndole a la derecha reclutar apoyo de gente que quizás no comparte su programa económico, pero sí sus valores conservadores.
¿Cómo se relaciona esta ofensiva antigénero con la crisis del neoliberalismo y el orden colonial? Según Alabao, debe entenderse como parte medular del proyecto político reaccionario contemporáneo. La defensa del patriarcado, es decir, de un orden social donde las mujeres y disidencias sexuales permanecen subordinadas, «sirve para apuntalar el actual régimen de desigualdad» en su conjunto. En otras palabras, el patriarcado es funcional al capitalismo neoliberal: refuerza jerarquías autoritarias (en la familia, en la iglesia, en la nación) que acostumbran a la obediencia; reproduce mano de obra barata a través del trabajo de cuidados no pago de las mujeres; y divide a las clases subalternas creando falsos enemigos internos (el movimiento feminista, las minorías sexuales) que distraen de la lucha de clases.
En La revolución en punto cero (2013), Federici ha enfatizado que, de la crisis de reproducción social causada por los recortes y privatizaciones, relacionados con la nueva división internacional del trabajo en el neoliberalismo global, surge un nuevo patriarcado. Al reducir el Estado los servicios sociales, la carga de trabajo reproductivo recae doblemente en las mujeres (quienes deben ser asalariadas precarias y a la vez amas de casa a tiempo completo), generando frustración y sobreexplotación. La respuesta reaccionaria, en vez de aliviar esa carga, promueve un retorno a valores familiares tradicionales que, bajo una supuesta defensa de la mujer «esposa y madre», en realidad profundizan su subordinación, por ejemplo, idealizando la maternidad sacrificada y oponiéndose a derechos que le den autonomía, como el aborto o la contracepción. En El patriarcado del salario. Críticas feministas al marxismo, Federici advierte que las políticas neoliberales y los cercamientos de nuevos bienes comunes (agua, tierra, vivienda) intensifican la explotación de las mujeres, y las campañas ultraconservadoras contra sus derechos son parte de ese «ajuste cultural» para mantenerlas bajo control:
El neoliberalismo es un ataque feroz, en su común denominador, a las formas de reproducción a nivel global; empieza con el extractivismo, la privatización de la tierra, los ajustes estructurales, el ataque al sistema de bienestar, a las pensiones, a los derechos laborales. En este sentido, el proceso de reproducción tiene un papel central. Hemos visto que las luchas más potentes y significativas de los últimos años se han desarrollado no solo en los lugares de trabajo asalariado, que de hecho están en crisis, sino fuera de ellos: luchas por la tierra, contra la destrucción del medio ambiente, contra el extractivismo y la contaminación del agua, contra la deforestación. Y cada vez más, a la cabeza de estas luchas, encontramos mujeres que comprenden que hoy no se puede separar la lucha por una sociedad más justa, sin jerarquías, no capitalista —no fundada sobre la explotación del trabajo humano—, de la lucha por la recuperación de la naturaleza y la lucha antipatriarcal: son una misma lucha que no se puede separar.
En el fondo, se trata de una reacción patriarcal frente a los avances que los movimientos feministas y LGBTQ+ lograron en décadas recientes, avances que estas derechas perciben —no sin razón— como una amenaza a la estructura de poder (porque empoderan a sectores subalternos y erosionan el orden jerárquico tradicional de género en que se apoyan muchas dominaciones).
Por último, retomando las «XIII tesis sobre la catástrofe ecológica y los medios para evitarla» de Löwy, puede observarse que la convergencia entre fascismo y catástrofe ecológica a escala global encuentra en América Latina una versión particular: la fusión entre fundamentalismo religioso y neoliberalismo, que opera como forma de gobernabilidad autoritaria en crisis de legitimidad. Löwy define este fenómeno como «nacional-liberalismo», un proyecto en el que figuras como Donald Trump o Jair Bolsonaro combinan un neoliberalismo brutal con un nacionalismo excluyente y un tradicionalismo religioso extremo. Estas alianzas se forjan sobre una base de enemigos comunes como el feminismo, el marxismo, la ecología política, los derechos LGBTIQ+ y operan como bloques históricos entre sectores del capital (oligarquía financiera, agronegocio, elites tecnológicas) y movimientos religiosos reaccionarios, para restaurar el orden patriarcal y desactivar la crítica social.
En Puerto Rico, esta dinámica tiene resonancias históricas. Ya durante la Guerra Fría, el Estado colonial impulsó valores cristianos conservadores como parte de su dispositivo anticomunista y pedagogía moral para contrarrestar el independentismo de izquierda. Hoy, ese modelo se reactualiza bajo nuevas formas. La senadora Joan Rodríguez Veve, recientemente desafiliada del partido de derecha Proyecto Dignidad, encarna esta convergencia al combinar una defensa intransigente del orden neoliberal (incluyendo la disciplina fiscal impuesta por la Junta de Control) con una agenda moralista que busca criminalizar el aborto, eliminar la perspectiva de género de las escuelas y restringir derechos de las personas trans. Desde el Senado, ha promovido legislaciones antiaborto y ha posicionado a la «ideología de género» como una amenaza civilizatoria.
Este discurso es sostenido por sectores evangélicos fundamentalistas, católicos conservadores y actores mediáticos que articulan la idea de «valores puertorriqueños» como bastión frente al «progresismo extranjero». Como en otros contextos latinoamericanos, el orden colonial-neoliberal se presenta entonces como un orden moral, que sustituye el conflicto estructural por una cruzada identitaria. Así, se desplaza el debate sobre justicia económica, desigualdad o soberanía, y se activa una política del miedo en torno a enemigos internos construidos —feministas, ambientalistas, militantes queer— que permiten legitimar, en nombre de la familia o de Dios, un régimen de desposesión y control. En resumen, la ofensiva antigénero en Puerto Rico es parte integral de las mutaciones de la dominación en la crisis del neoliberalismo. Las guerras de género proveen a las clases dominantes y sus aliados fundamentalistas un arsenal discursivo para reforzar el patriarcado y fracturar la solidaridad social, a la vez que distraen de las causas reales del malestar (la desigualdad, la deuda, el ecocidio, la precariedad).
La lógica de la acumulación por desposesión ecocida del capitalismo neoliberal-colonial y la reacción patriarcal antigénero constituyen ejemplos del dominio sin hegemonía que caracteriza las dinámicas del poder colonial en las últimas dos décadas en Puerto Rico. Estas formas de dominio sin hegemonía configuran una estrategia multidimensional en que la coerción (material y simbólica) suple las carencias de consenso. La retórica del miedo (ya sea al comunismo o a la «ideología de género») legitima la represión y distrae del despojo y la crisis socioecológica, factores que a su vez exacerban tensiones que luego se canalizan mediante chivos expiatorios culturales. La reafirmación del patriarcado va de la mano con la restauración autoritaria de un «orden» ante el caos económico. Todo ello ocurre bajo la sombra del colonialismo, que añade camadas de impunidad y poder externo a estos procesos.
Frente a este escenario de dominación sin hegemonía, lo que está en juego es la posibilidad misma de articular un proyecto político capaz de disputar el poder en condiciones profundamente adversas. En Puerto Rico, la fragmentación de las fuerzas sociales (incluido el movimiento feminista), la debilidad de las organizaciones sindicales y la cooptación institucional de muchas iniciativas comunitarias han limitado la capacidad de convertir el malestar en fuerza transformadora. Las impugnaciones a la crisis, aunque presentes, tienden a quedar aisladas, dispersas o rápidamente absorbidas por el régimen colonial-neoliberal. Por eso, más allá del diagnóstico, el momento exige una tarea estratégica. Es preciso construir espacios amplios de articulación política que puedan nombrar la crisis desde abajo, generar horizontes colectivos y disputar institucionalmente, sin subordinación ni purismos sectarios, el rumbo del país. La ausencia de hegemonía en el bloque dominante no garantiza el cambio, pero abre una oportunidad histórica. Si no se ocupa ese vacío con una propuesta emancipadora, será llenado por nuevas formas de autoritarismo, caridad neoliberal o teología reaccionaria. Pensar una salida ecosocial, democrática y descolonizadora requiere hoy más lucidez crítica, organización, voluntad estratégica y coraje político para imaginar otra forma de país desde las ruinas del consenso colonial.
