A principios de este mes, el ministro de Asuntos Exteriores, David Lammy, calificó en el Parlamento de «intolerable» y «monstruoso» el último ataque de Israel contra Gaza. Tras señalar su evidente dolor —«como amigo de toda la vida de Israel»— por tener que hacer tal declaración, denunció la inutilidad de la estrategia militar para recuperar a los rehenes israelíes y derrotar a Hamás. Condenó al Gobierno de Netanyahu y calificó de «extremista» al ministro de Finanzas israelí de extrema derecha Bezalel Smotrich. Inclinándose hacia el pasillo para sumar énfasis, reprendió a su homóloga conservadora, Priti Patel, por no ser lo suficientemente crítica con Israel. Lammy anunció: «Somos muy claros: lo que está sucediendo es moralmente incorrecto, injustificable y debe terminar».

Cualquiera que haya observado las palabras y acciones del Partido Laborista durante los últimos diecinueve meses, tanto en la oposición como en el Gobierno, probablemente haya experimentado cierta disonancia cognitiva al escuchar estos comentarios. En la circunscripción de Tottenham, donde vivo, Lammy ignoró repetidamente las preocupaciones de los residentes sobre su apoyo a Israel, apareciendo en contadas ocasiones en actos locales muy mediatizados y cancelando muchos otros. La mayor parte del discurso de Lammy en Westminster podría haberse aplicado con precisión al comportamiento de Israel en casi cualquier momento desde que lanzó su brutal y desproporcionada ofensiva en octubre de 2023.

Entonces, ¿por qué este cambio repentino de tono? ¿Cómo es que Lammy —y la jerarquía laborista en general— tardaron tanto en oponerse a la brutalidad israelí, después de casi dos años de condonarla, disculparla y dar bandazos sobre la guerra en Gaza?

Socavando la seriedad

A finales de 2023, Keir Starmer afirmó que Israel tenía derecho a cortarle el suministro de agua y de electricidad a Gaza (aunque más tarde negó que fuera eso lo que quería decir, a pesar de la existencia de pruebas bastante claras que indicaban lo contrario). Desde entonces, la línea del Partido Laborista fue, en su mayor parte, reconocer sistemáticamente el derecho de Israel a defenderse, incluso cuando bombardear a una población cautiva, pulverizar hospitales y escuelas y bloquear la ayuda humanitaria no parecía precisamente una defensa.

El propio Lammy lamentó de forma memorable que, aunque bombardear un campo de refugiados era incorrecto, «podía justificarse legalmente». Además, un año después de lo que organizaciones de derechos humanos, juristas y expertos de la ONU calificaron como genocidio, sugirió que aplicar este término a Gaza «socavaba la gravedad» del crimen, alegando que existía un umbral numérico. No lo hay. En cualquier caso, la cifra oficial de muertos cuando hizo esta afirmación era de 42.000; ahora supera los 53.000 y podría ser más del doble, según un informe reciente de The Economist.

Cabe señalar que la postura verticalista de Lammy sobre Gaza no era ni inevitable ni necesaria y, lo que es más importante, a menudo estaba en total desacuerdo con la opinión de sus bases de izquierda. En este sentido, su comportamiento fue muy similar al de la élite laborista en general. Al mismo tiempo que Lammy esgrimía los argumentos anteriores, el Partido Laborista ignoró la oposición popular al horror en Oriente Medio, desde los cientos de miles de personas que protestaban en solidaridad con los palestinos hasta las encuestas que reflejaban regularmente un amplio apoyo al alto el fuego y al embargo total de armas. También resistió la dimisión de gran parte de sus propios concejales.

Si no se pudo reunir la indignación en la cúpula del partido, mientras la oposición era tan generalizada en todo el movimiento laborista —y mientras Israel bombardeaba hospitales y escuelas en las llamadas «zonas seguras», destruía todas las universidades de Gaza y creaba fosas comunes para los médicos—, ¿por qué ahora es repentinamente apropiado? ¿Cómo cambiaron los cálculos desde que Israel detonó el acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos e instituyó un bloqueo humanitario total?

Las amenazas de los políticos israelíes de «purificar» Gaza se volvieron cada vez más descaradas y desquiciadas, pero hubo mucha retórica genocida desde los primeros días posteriores al 7 de octubre de 2023, como de hecho la hubo antes. Quizás el reciente debate abierto de Israel sobre su objetivo final en Gaza, que es la ocupación permanente y la limpieza étnica de sus habitantes, finalmente haya cruzado una línea. Quizás la advertencia de la ONU de la semana pasada de que 14.000 bebés podrían morir de hambre fue demasiado para soportar. Quizás, al percibir un enfriamiento hacia Israel por parte de varios Estados de la Unión Europea e incluso de Donald Trump, que evitó hacer escala allí durante su gira por Oriente Medio, la dirección del Partido Laborista no quiso quedarse atrás.

Sin duda, el cambio de postura del Gobierno británico está coordinado con sus socios en Europa y en otros lugares. El anuncio de Lammy de que el Reino Unido suspendería sus negociaciones comerciales con Israel fue precedido por rumores similares en la UE. El primer ministro Keir Starmer emitió la semana pasada una declaración conjunta con Canadá y Francia en la que amenazaba a Israel con «medidas concretas» si no ponía fin a su nueva ofensiva y permitía la entrada de ayuda humanitaria. Pero, aunque la condena del comportamiento de Israel puede suponer un punto de inflexión, la falta de medidas concretas para oponerse al genocidio israelí es mucho más significativa. Cualquier respuesta seria incluiría, como mínimo, un embargo total de armas, una presión diplomática masiva y un plan de reasentamiento de los palestinos desplazados.

Pero tal vez haya motivaciones más maquiavélicas detrás de los continuos cambios y ambigüedades en la línea de Lammy sobre Israel. La suspensión de las conversaciones sobre un futuro acuerdo comercial deja intacta la relación comercial actual del Reino Unido con Israel. Como han señalado varios diputados, existe una contradicción lógica entre la nueva repulsa del Gobierno por la devastación de Gaza por parte de Israel y su continuo apoyo material a esas operaciones. Aunque en septiembre de 2024 se suspendieron algunas licencias de exportación de armas, en los tres meses siguientes se vendió más equipo militar que el total aprobado por el Gobierno conservador entre 2020 y 2023. El Reino Unido siguió suministrando el 15 % de los componentes de la flota mundial de aviones de combate F-35 utilizados con efectos letales en Gaza, una posición defendida ante los tribunales solo unos días antes del contundente discurso de Lammy, argumentando esencialmente que esas exportaciones prevalecían sobre el deber de prevenir el genocidio.

El mismo día de la vista ante el Tribunal Superior, la ministra de Defensa Maria Eagle habló en un acto con motivo del Día de la Independencia de Israel —conmemorado por los palestinos como el Día de la Nakba— durante el cual celebró los vuelos de vigilancia sobre Gaza que realizó la Real Fuerza Aérea (RAF, por sus siglas en inglés) en nombre de Israel. El Gobierno sostiene que estos vuelos, que operan desde la base de la RAF en Chipre, se utilizan exclusivamente para obtener información relacionada con la recuperación de los rehenes israelíes, pero rechazó las preguntas parlamentarias sobre su propósito exacto. La ONG Action on Armed Violence informó de al menos 518 vuelos de vigilancia desde diciembre de 2023, incluidos 24 en las dos semanas anteriores al ataque israelí contra el campo de refugiados de Nuseirat en junio de 2024, en el que murieron 274 palestinos.

Bajo los escombros

El vocabulario para describir lo que hemos visto en Gaza se agotó hace tiempo, vaciado de significado bajo tantos escombros. Del mismo modo, los intentos de calificar la actuación del Gobierno como hipocresía o manipulación psicológica son insatisfactorios. En cualquier caso, esas acusaciones perdieron todo el peso que pudieran tener en otra época política. Como se nos dice con frecuencia, nos volvimos apáticos, insensibles o desesperados ante tanta matanza desenfrenada.

Y, sin embargo, el 17 de mayo, medio millón de personas se manifestaron en solidaridad con Palestina. Jóvenes activistas siguen arriesgándose al acoso y la detención al atacar directamente fábricas de armas y otros lugares cómplices. A un nivel más local, miles de personas le reclaman a sus ayuntamientos que pongan fin a las inversiones en empresas israelíes, y con cierto éxito.

En la propia circunscripción de Lammy, el ayuntamiento, liderado por el Partido Laborista, desestimó una campaña local de desinversión dirigida a su fondo de pensiones, que invierte 38 millones de libras en empresas cómplices del genocidio y la ocupación de Israel. En abril, Haringey consiguió su primer concejal verde en unas elecciones parciales que se interpretaron a nivel local como una reprimenda a la postura del Partido Laborista sobre Gaza y su deriva cada vez más hacia la derecha.

Todo esto es insuficiente. Pero el simple hecho de que estas tendencias hayan perdurado durante diecinueve meses de genocidio retransmitido en directo es importante. Es evidente que el Gobierno es mucho más susceptible a la presión de Reform que a la de la izquierda o su propia base. Pero no es totalmente impermeable: es dudoso que hubiera cambiado ni siquiera simbólicamente sin una oleada de oposición desde abajo. Y eso es algo sobre lo que se puede construir.