Después de más de una década de censura y cultura de la cancelación impulsadas por los liberales, la segunda victoria electoral de Donald Trump, según sus propias palabras, debía «salvar la libertad de expresión en Estados Unidos». Así, en su primer día de gestión firmó una orden ejecutiva para «poner fin a toda censura gubernamental», algo «intolerable en una sociedad libre». Pero, en realidad el ascenso de Trump a la presidencia desplegó una drástica represión generalizada contra todo tipo de discurso protegido por la Primera Enmienda y un aumento de la supresión gubernamental de ciertos puntos de vista.
Tendemos a asociar esto con el activismo propalestino, y no hay duda de que es el área que sufrió las acciones gubernamentales más agresivas, que apuntan a enfriar el discurso político. La administración Trump se arrogó, sin precedentes, el derecho a revocar unilateralmente el estatus legal de los residentes permanentes y deportarlos, basándose únicamente en sus críticas a la política exterior estadounidense. Así canceló cientos de visados por este motivo y está buscando en los historiales de redes sociales de los solicitantes de visa cualquier atisbo de discurso pro-palestino. Esto cuenta con la ayuda de instituciones privadas, como universidades y empresas, que en ocasiones colaboraron con los agentes federales para la detención de sospechosos o reprimieron ellas mismas el discurso propalestino. Se trata de un ataque escandaloso a la libertad de expresión, y la administración Trump ni siquiera finge lo contrario.
Pero esto apenas toca la superficie del problema. Al titular de un visado, un científico francés que asistía a una conferencia, se le prohibió la entrada en Estados Unidos y se lo envió de vuelta a Francia, pero no porque dijera algo a favor de Palestina. En este caso,m las autoridades revisaron su teléfono y encontraron mensajes privados que había enviado y que eran críticos con las políticas científicas de Trump.
El presidente, en su primer día en la Casa Blanca, había firmado una orden para mantener fuera del país a cualquier persona con «actitudes hostiles hacia los ciudadanos [estadounidenses], la cultura, el gobierno, las instituciones o los principios fundacionales». Siguiendo esa línea, la Administración acaba de suspenderle el visado a un expresidente de Costa Rica que recientemente criticó a Trump. El mensaje es claro: cualquier crítica al presidente de Estados Unidos hará que te prohíban la entrada al país. Esto constituye una brusca desviación de la tradición política estadounidense, que protege con vehemencia, e incluso celebra, el derecho del pueblo a criticar a quién se encuentre en el poder.
Tampoco se trata sólo de los extranjeros. Poco antes de lo que estaba planeado como una protesta masiva no violenta contra las políticas de Trump en la capital estadounidense, programada para este sábado 5 de abril, la Casa Blanca emitió una orden ejecutiva para, entre otras cosas, «desplegar una presencia más robusta» de las fuerzas del orden federales y locales en Washington DC y aplicar más estrictamente las leyes contra «disturbios y manifestaciones no permitidas, ruido o invasión de propiedad privada».
Junto con una disposición que facilita la portación oculta de armas de fuego en el distrito, la orden crea claramente una atmósfera más intimidatoria y potencialmente peligrosa para cualquiera que planee marchar ese día. Por supuesto, la administración niega que la orden tenga algo que ver con la manifestación. Pero si la Casa Blanca de Joe Biden hubiera hecho lo mismo una semana antes de una gran marcha organizada contra los mandatos de vacunación y otras políticas pandémicas, la derecha no habría tenido ninguna duda sobre lo que se estaba tratando de hacer.
Mientras tanto, como informó por primera vez Ken Klippenstein, un documento del FBI recientemente obtenido sugiere que la agencia está vigilando las redes sociales de los estadounidenses, buscando expresiones de hostilidad hacia los ejecutivos corporativos. El documento enumera seis ejemplos de lo que el FBI describe como «actores solitarios, no afiliados a grupos ideológicos específicos», que estaban «utilizando las redes sociales para intimidar a empleados de alto perfil», todos ellos mensajes en las redes sociales que ciertamente utilizaban una retórica exaltada, pero que estaban lejos de ser amenazas reales y sustanciales, mensajes como «Le dispararé al director general de Con Edison antes de pagar la factura de la luz» y «Los directores generales corruptos deberían empezar a ver las noticias».
El problema para la oficina no es sólo que el propio documento afirme que estos mensajes «a menudo no llegan a ser perseguidos por la justicia federal», sino que este tipo de retórica no es infrecuente hoy en día en Estados Unidos gracias a la rabia popular ante un sistema sanitario terriblemente injusto. Cuando el consejero delegado de UnitedHealthcare (UHC), Brian Thompson, fue asesinado el año pasado, miles de estadounidenses frustrados compartieron su comprensión, aprobación e incluso diversión ante el terrible crimen en plataformas como Instagram, Twitter y Reddit —con publicaciones que obtuvieron muchos miles de «me gusta» o reacciones emoji de risa—, así como en las secciones de comentarios de medios conservadores como Daily Mail, Wall Street Journal, Fox News y New York Post. Poco después del crimen, yo mismo vi ondear una bandera de Luigi Mangione en el balcón de una casa.
La cuestión es que, por desagradable y descortés que esto pueda ser, si el FBI considera que este tipo de conversación es una amenaza real para la seguridad pública, esto conducirá a una vigilancia gubernamental todavía a mayor escala para una franja masiva de estadounidenses de a pie, o incluso a intentos de encarcelamiento por estos dichos. Recordemos que apenas un mes después de la elección de Trump y del «cambio de vibración» que trajo consigo, una madre de tres hijos de Florida fue acusada, tras el aviso del FBI, del delito de amenaza de tiroteo masivo o acto terrorista por decirle a la compañía de seguros de salud que le negaba su solicitud las palabras que el asesino del CEO de UHC grabó en sus casquillos de bala. (Esos cargos fueron luego retirados, tras desatar una protesta).
Esta actitud se está contagiando a la guerra de la administración Trump frente al vandalismo contra Tesla, la empresa automovilística propiedad del megadonante del presidente y ahora ajustador oficial Elon Musk. No hace falta decir que el vandalismo y los incendios provocados no son discursos legítimos, pero ya se encuentran catalogados como delitos, lo que plantea la cuestión de por qué ahora serían procesados como «terrorismo doméstico», como amenazaron hacer el presidente, su director del FBI, y el fiscal general, o, como la policía de DC ya está haciendo al investigar tales incidentes como crímenes de odio.
Ya estamos viendo cómo esas acusaciones van más allá del vandalismo real para abarcar simplemente el discurso y el activismo contra la empresa y su multimillonario propietario. Un profesor de Boston que abogaba por piquetes no violentos en los concesionarios de Tesla de todo el país fue tachado de terrorista y acusado de fomentar la violencia. La diputada Marjorie Taylor Greene pidió una investigación criminal sobre una «ONG de tendencia demócrata» y otras instituciones críticas con Musk, como Indivisible y Democratic Socialists of America, a las que acusa de «estar implicadas en los recientes ataques a Tesla». ¿Cuánto tiempo pasará antes de que cualquier otra persona crítica con Musk sea acusada sin fundamento de lo mismo?
La censura tecnológica continúa
La elección de Trump ni siquiera le puso fin a la censura de expresión específicamente online, con la que aseguró haber terminado. A pesar de prometer un «retorno a ese compromiso fundamental con la libertad de expresión» a principios del año, la empresa matriz de Facebook e Instagram, Meta, parece que simplemente cambió los objetivos de su supresión del discurso, iniciando el mandato de Trump con una censura para las publicaciones y cuentas de varios proveedores de píldoras abortivas, así como a publicaciones pro-LGBTQ que más tarde dijo que fueron eliminadas debido a un «error técnico.» La Electronic Frontier Foundation (EFF), un organismo de vigilancia de los derechos digitales, crítico con la censura tecnológica, advertió que la supresión de contenidos online relacionados con el aborto «parece ir en aumento» y se está produciendo en casi todas las plataformas de medios sociales.
Un hombre que anunció que iba a crear una serie de tarjetas satíricas con el lema «El CEO más buscado» —por cierto, uno de los ejemplos exactos citados por el FBI en su vigilancia de las publicaciones en línea contra las empresas— fue expulsado simultáneamente de varias plataformas, poco después de que el New York Post calificara su idea de «perturbadora» y de ser entrevistado por agentes de policía en la puerta de su casa. Como señaló la EFF, las mismas plataformas que vetaron al hombre permitieron la promoción o venta del mismo tipo de naipes de «Los más buscados» cuando se trata de Hamás o de figuras implicadas en polémicas relacionadas con la pandemia, así que no es el concepto, sino el mensaje político específico lo que se considera censurable. Esto se suma a las muchas otras cuentas censuradas por publicar contenidos incluso vagamente positivos sobre el asesino del CEO de UHC.
Más recientemente, la cuenta de Instagram de Columbia University Apartheid Divest, una coalición de grupos de estudiantes pro Palestina que protestan por un alto el fuego y por la desinversión universitaria en Israel, fue bloqueada, supuestamente por violar las directrices de la comunidad. En Twitter/X, la plataforma del autoproclamado «absolutista de la libertad de expresión» Musk, se siguen encontrando quejas y más quejas sobre cuentas no relacionadas con Palestina que fueron suspendidas por razones poco claras.
A veces, esas cuentas se suspenden por agravios personales y mezquinos del propietario de Twitter/X, como cuando acusó a un usuario por denunciar a miembros de su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) de cometer un delito, tras lo que su cuenta fue suspendida. En otro caso, una periodista que había desmentido en Internet una teoría poco favorecedora para Musk, también fue, desconcertantemente, expulsada del sitio y su historia bloqueada. Esto no es del todo sorprendente, ya que el año pasado la plataforma reveló que había suspendido más de cinco millones de cuentas en la primera mitad del año, más de cuatro veces por encima del promedio previo a la gestión Musk.
Mientras tanto, la autocensura es moneda corriente. El alcalde de Washington DC ordenó retirar el mural Black Lives Matter pintado en una calle de la ciudad hace cinco años, para evitar posibles injerencias del Gobierno federal de Trump. La Fuerza Aérea y la Marina están advirtiéndole a las tropas que no critiquen al presidente o a sus funcionarios en caso de que sean procesados por delitos militares como «desacato contra funcionarios».
Los principales periódicos llevaron adelante cambios radicales en su política editorial que obligan a «una pausa» en la cobertura del presidente o a prohibir los puntos de vista críticos con el «libre mercado» en la sección de opinión. Se están eliminando programas, contratos y puestos de trabajo enteros por utilizar determinadas palabras y términos que, personalmente, despiertan la sensibilidad del presidente y sus aliados, desde «equidad» y «género» hasta «agua potable» y «salud mental», prohibiéndole de hecho partes enteras de la lengua inglesa a empleados federales, contratistas y organizaciones que podrían solicitar financiación federal.
Eso sí, estos son solo unos pocos casos que se han hecho públicos, sin siquiera incluir acciones como las amenazas de persecución federal contra grupos ecologistas, las órdenes ejecutivas dirigidas a bufetes de abogados relacionados con los oponentes políticos de Trump o las demandas privadas del presidente contra empresas de medios de comunicación. Eso significa que probablemente hay muchos, muchos más ejemplos en los que personas e instituciones decidieron en privado y sin estridencias guardar silencio sobre ciertos temas para evitar un escándalo.
Peor que Biden
No faltaron políticas que amenazaron la libertad de expresión bajo el gobierno de Biden, ya fuera por el uso excesivo de cargos de terrorismo contra manifestantes o la implicación del gobierno en las políticas de censura de las empresas de redes sociales, hasta el punto de intentar prohibir toda una plataforma por el contenido político que transmitía. Pero todo eso parece ahora como casi moderado.
En apenas tres meses, la administración Trump creó una atmósfera en la que extranjeros, inmigrantes e incluso ciudadanos estadounidenses tienen que vigilar lo que dicen y hacen, sobre todo cuando se trata de criticar y protestar contra el gobierno o sus aliados políticos, pero también simplemente por el tipo de lenguaje que utilizan. La retórica política exagerada contra las fechorías empresariales puede hacer que te vigile el FBI o que te visite la policía, mientras que la censura tecnológica sigue más vigente que nunca. Y algunos se sienten tan intimidados que la autocensura en una variedad de temas es rampante.
Si la administración Biden hubiera hecho algo de esto, se habría considerado, correctamente, como un ataque alarmante y antiamericano contra la Primera Enmienda y habría llevado a un ejército de comentaristas a poner el grito en el cielo. Ahora que ocurre bajo un presidente republicano, muchas de esas mismas voces callan. Es suficiente para hacernos sospechar que ni la nueva administración ni los «guerreros de la libertad de expresión» aliados con ella estuvieron nunca realmente tan comprometidos con la libertad de expresión, excepto para utilizarla como garrote partidista.
