Entrevista de Daniel Finn[2]
La Corte Penal Internacional (CPI) emitió recientemente órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant. Los líderes israelíes están acusados de una lista de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos durante el último año. Para los palestinos, las órdenes de arresto representaron un raro momento de esperanza. Sin embargo, la administración Biden reaccionó con indignación, mientras que el senador republicano Tom Cotton amenazó con invadir los Países Bajos si era necesario para ayudar a Netanyahu y Gallant a evadir la justicia.
Países como el Reino Unido, Francia y Alemania, que son miembros de la CPI, a diferencia de Estados Unidos, buscaron excusas para evitar cumplir con las órdenes de arresto en caso de que Netanyahu y Gallant pongan un pie en sus territorios. John Reynolds, profesor de derecho en la Universidad de Maynooth, habló sobre las órdenes de la CPI y explicó por qué existe una obligación vinculante para todos los estados miembros de la CPI de ejecutarlas.
DF
¿Por qué hubo un retraso de seis meses entre la solicitud inicial de Karim Khan para estas órdenes de arresto y el momento en que finalmente se emitieron? ¿Cómo se compara ese plazo con otros casos, como la orden de arresto contra Vladímir Putin por la invasión de Ucrania?
JR
Parte del retraso se debe al ritmo lento con el que generalmente avanza el derecho internacional; otra parte tiene que ver con los diversos obstáculos políticos y objeciones procesales que suelen surgir en el caso específico de Palestina. Cuando la oficina del fiscal de la CPI solicita órdenes de arresto, esa solicitud pasa a una sala de instrucción compuesta por tres jueces que revisan el material presentado y toman una determinación.
En promedio, este proceso normalmente llevaría un par de meses antes de emitir las órdenes de arresto, aunque las instituciones internacionales de justicia pueden actuar rápidamente cuando existe voluntad para ello. En el caso de la invasión rusa de Ucrania, respondieron de manera rápida y decisiva, incluida la CPI, que emitió órdenes de arresto contra Putin y Maria Lvova-Belova tres semanas después de la solicitud del fiscal. Sin embargo, no es inusual que lleve algo de tiempo el completar los diversos pasos del proceso.
En el caso de Palestina, hubo varios factores en juego. Después de que se solicitó la emisión de órdenes en mayo de 2024 —un retraso ya injustificable en la opinión de muchos—, el gobierno británico le pidió a la CPI que revisara si realmente tenía jurisdicción para proceder con este caso. Aunque la Corte ya había decidido en 2021 que sí la tenía, el desafío británico la obligó a reabrir la cuestión y a aceptar nuevas presentaciones de otros estados miembros y de grupos interesados, lo que retrasó el proceso.
Alemania presentó otra objeción, argumentando que la CPI no debería procesar a líderes israelíes hasta que el propio sistema legal de Israel tuviera la oportunidad de hacerlo, lo cual, tratándose de crímenes de guerra brutales en Gaza, evidentemente no va a ocurrir. Estas intervenciones estatales claramente estaban diseñadas para ralentizar el proceso.
Además, uno de los tres jueces asignados al caso renunció durante el proceso por motivos de salud, lo que hizo necesario nombrar a un nuevo juez. También surgieron denuncias internas en la CPI contra el fiscal Karim Khan por conducta sexual inapropiada en el lugar de trabajo. Actualmente el funcionario está bajo investigación externa por estas acusaciones, aunque insistió en permanecer en su cargo mientras el proceso sigue en curso.
Mientras tanto, los jueces confirmaron las órdenes de arresto. A pesar de todas las limitaciones del derecho internacional y de la propia CPI, este es un avance significativo, no solo en relación con Palestina, sino también respecto a la impunidad absoluta de la que han disfrutado tradicionalmente Israel y otros aliados imperiales de Estados Unidos. Esa impunidad está siendo cuestionada, incluso por instituciones que preferirían no enfrentarse al Estado israelí de ninguna forma.
Es importante subrayar que esto no es algo que haya surgido en los últimos seis meses, desde que se solicitaron las órdenes de arresto. Los palestinos le vienen pidiendo desde 2009 a la CPI que investigue los crímenes israelíes, lo que significa que este proceso lleva gestándose quince años. Durante catorce de esos años, se asumió que la CPI nunca estaría dispuesta a avanzar con una investigación contra los líderes israelíes, debido a las dinámicas neocoloniales que estructuran la corte.
En los círculos de poder occidentales prevalecía una visión racista e imperialista, ampliamente extendida y reflejada en los primeros veinte años de práctica de la CPI, según la cual esta corte estaba diseñada únicamente para perseguir a sospechosos africanos y, más recientemente, a fuerzas rusas o aliadas de Rusia. A pesar de toda la presión sobre la corte para no actuar en el caso de Palestina, después de trece meses de una guerra genocida que Israel está llevando a cabo en Gaza, con atrocidades aterradoras que continúan día tras día, los jueces evidentemente consideraron que las pruebas eran abrumadoras.
Para la mayoría de los cargos presentados contra Netanyahu y Gallant por la oficina del fiscal en mayo, que incluyen varias categorías de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, la CPI declaró con claridad que existen pruebas contundentes y razones para proceder. Los jueces afirmaron que hay motivos razonables para creer que Netanyahu y Gallant son directamente responsables del crimen de guerra de utilizar el hambre como método de guerra contra los palestinos en Gaza y, como «superiores civiles», también son responsables del crimen de guerra de ataques intencionales contra la población civil llevados a cabo por las fuerzas militares israelíes.
El tribunal también los responsabilizó de tres categorías distintas de crímenes de lesa humanidad: el asesinato de civiles palestinos en Gaza; la persecución de los palestinos como grupo; y actos inhumanos, incluyendo la negación de suministros médicos y ataques al sistema de salud.
La corte utilizó un lenguaje muy contundente en su declaración al confirmar que había emitido las órdenes por estos crímenes. Las órdenes mismas están clasificadas como secretas y no son de acceso público, para proteger a los testigos y garantizar el desarrollo de las investigaciones. Sin embargo, en este caso, la corte publicó sus justificaciones y destacó la importancia de hacerlo debido a que estos crímenes están en curso, con el objetivo de que las víctimas comprendan los detalles y la lógica de las decisiones.
La emisión de las órdenes provocó, como era de esperarse, una enorme reacción en contra. Presenciamos un nuevo nivel de hipocresía en el mundo occidental en cuanto a los compromisos liberales con las instituciones internacionales, con muchos líderes occidentales apresurándose a elaborar declaraciones complicadas para distanciarse de las decisiones de la CPI o cuestionarlas.
De manera más abierta y explícita, Estados Unidos y algunos aliados de derecha de Israel en Hungría y otros países calificaron la decisión como indignante, vergonzosa y absurda, tildando a la CPI de «tribunal ilegítimo» y negándose absolutamente a apoyarla. Presentan esto como un ataque contra la «democracia» israelí y otros argumentos similares.
Por otro lado, existe un fuerte respaldo a la decisión por parte de estados periféricos y organizaciones palestinas que trabajaron en este tema y presentaron materiales y solicitudes durante años. Ahora están exigiendo que el tribunal avance con este enjuiciamiento, que amplíe los cargos e incluya crímenes como apartheid, genocidio y exterminio.
También están presionando para que se acuse a un conjunto más amplio de perpetradores israelíes, algo que estaría completamente dentro del alcance de la CPI. En el caso de Ucrania, Putin y Lvova-Belova fueron los dos perpetradores rusos inicialmente nombrados con órdenes de arresto de la CPI. Pero desde entonces, se han emitido órdenes contra cuatro oficiales militares rusos más. La CPI dejó claro que el caso de Palestina es una investigación en curso, lo que abre la puerta a nuevas órdenes contra otras personas y a que se añadan más crímenes a los cargos existentes.
DF
Sería poco realista imaginar que los jueces de la CPI abordaron esto como una cuestión de derecho puro, al margen de consideraciones políticas, sobre todo teniendo en cuenta las amenazas explícitas de represalias por parte de varios políticos prominentes de Estados Unidos. ¿Crees que hubo una sensación entre los jueces de que la legitimidad misma de la corte estaría en peligro si no actuaban?
JR
Es cierto que ha habido una presión creciente en torno a esto durante varios años. Vimos informes sobre los intentos de los servicios de inteligencia israelíes de intimidar al anterior fiscal y a funcionarios de la corte a lo largo del tiempo. Bajo la administración Trump, ya se habían impuesto sanciones a funcionarios de la CPI en relación con las investigaciones (posteriormente «despriorizadas») sobre crímenes de Estados Unidos en Afganistán.
Actualmente, hay miembros del Partido Republicano en el Congreso estadounidense que propusieron lo que llaman la Ley de Contramedidas contra el Tribunal Ilegítimo. Este proyecto afirma explícitamente que «la CPI no tiene legitimidad ni jurisdicción sobre Estados Unidos ni sobre Israel». Según esta legislación propuesta, el personal de la CPI, jueces, testigos o cualquier otra persona que colabore con una investigación de la CPI sobre Estados Unidos, Israel u otros aliados de la OTAN podría ser objeto de sanciones estadounidenses, junto con sus familiares.
Esa presión existe y seguramente se intensificará ahora que se emitieron las órdenes de arresto. Pero en cuanto a por qué la CPI decidió actuar ahora, creo que se trata de una acumulación de pruebas y de presiones que se remonta a los últimos quince años. Y el último año y medio de asalto genocida a Gaza eliminó cualquier pretexto de negación plausible que la CPI pudiera haber utilizado, como decir: «No estamos seguros, no tenemos suficientes pruebas» o «Hay otros casos más serios y urgentes que debemos priorizar».
Esas excusas ya no están disponibles. Por supuesto, habrá presiones en torno a la institución misma y de parte de los estados miembros en cuanto a si cooperan y cómo lo hacen para permitir que los procedimientos avancen. Probablemente habrá amenazas de retirar financiamiento por parte de ciertos estados que contribuyen al presupuesto del tribunal. Pero los jueces insistirán en que deben tomar sus decisiones basándose en las pruebas.
El fiscal pasó los primeros ocho meses de la guerra en Gaza, desde octubre de 2023, diciendo que necesitaba analizar cuidadosamente la situación y reunir pruebas. Era evidente que intentaba evitar involucrarse en el caso. Sin embargo, una vez que solicitó las órdenes de arresto, los jueces tuvieron que abordarlo. Si hubieran rechazado emitir las órdenes, algo que muchos consideraban posible a pesar de todas las pruebas, la mayoría del mundo habría visto esto como otro clavo en el ataúd de la CPI.
DF
¿Qué implicaciones tiene esto en particular para los aliados occidentales de Israel que son signatarios de la CPI, como Reino Unido y Alemania? ¿Se trata de un problema político o es específicamente un problema legal para ellos, frente a estas órdenes de arresto?
JR
Por el momento, es un problema político. Estuvieron tratando de formular declaraciones que les permitan decir que están comprometidos con la independencia de la corte, mientras desafían o socavan su decisión en esta situación.
La declaración inicial del gobierno británico sobre las órdenes de arresto de la CPI dijo muy poco sobre el tribunal o las órdenes mismas, pero sí mucho sobre el derecho de Israel a defenderse, sobre Israel como democracia y sobre el apoyo del primer ministro Keir Starmer a Israel, junto con sus planes de seguir colaborando con Netanyahu. No afirmaron explícitamente que el Reino Unido no cumpliría con los procesos legales de la CPI, pero claramente no brindaron un apoyo contundente.
De manera similar, el gobierno alemán tuvo dificultades para articular una respuesta coherente. Alemania, que presume de ser uno de los mayores defensores de la CPI desde su creación, constantemente se opuso y desafió activamente sus investigaciones en Palestina. Ante las órdenes de arresto, funcionarios alemanes dijeron que estaban examinando las implicaciones de la decisión de la CPI y que, por supuesto, «cumplen con la ley y las normas internacionales», pero que «sería difícil imaginar que realizarían arrestos en base a esto».
Esto podría convertirse en un problema legal concreto para estados como Reino Unido o Alemania si Netanyahu o Gallant viajaran a sus territorios. Todos los estados miembros de la CPI están obligados a ejecutar esas órdenes y transferir a los acusados a La Haya si están bajo su jurisdicción. Tras la emisión de las órdenes, ya se le preguntó a muchos líderes y ministros de relaciones exteriores si arrestarían a Netanyahu si entra en su jurisdicción. Algunos líderes europeos y occidentales dijeron que lo harían. Otros trataron de evitar la pregunta o calificaron el escenario como «hipotético», aunque claramente es una posibilidad plausible. Las declaraciones alemanas, al decir que les cuesta imaginar el arresto de líderes israelíes en su país, son antagonistas tanto hacia la corte como hacia la posición de Alemania como miembro de la CPI y uno de los principales contribuyentes a su presupuesto.
Otros países europeos también se mostraron divididos. En los Países Bajos, sede de la CPI, inicialmente indicaron que cumplirían «al 100 %» con sus obligaciones y ejecutarían las órdenes en su territorio. Sin embargo, una semana después, el primer ministro sugirió que Netanyahu podría visitar los Países Bajos bajo ciertas circunstancias (no definidas) sin ser arrestado.
En Italia, el ministro de Defensa Guido Crosetto dijo que el estado tendría que cumplir con sus obligaciones y arrestar a Netanyahu si entrara en Italia, mientras que el viceprimer ministro Matteo Salvini afirmó que el líder israelí sería bienvenido. Italia luego organizó la cumbre del G7, donde se adoptó una línea común que expresó «dudas» sobre las órdenes de arresto y su «viabilidad». Sin embargo, el comunicado final de los ministros de relaciones exteriores al término de la cumbre del 26 de noviembre evitó cuidadosamente cualquier mención a la CPI o las órdenes, a pesar de incluir un extenso apartado sobre «la situación en Oriente Medio».
Otros líderes europeos de derecha, como el ministro de relaciones exteriores austríaco Alexander Schallenberg, calificaron la decisión de la CPI de «totalmente incomprensible». Viktor Orbán, de Hungría, se alineó con Joe Biden y la administración estadounidense al condenar las órdenes como «vergonzosas y absurdas». Orbán incluso escribió oficialmente a Netanyahu para invitarlo a visitar Hungría, asegurándole que su visita sería segura y que no enfrentaría ninguna amenaza de arresto.
Todo este juego de maniobras y posiciones ambiguas continúa. Sin embargo, existe una obligación definitiva para todos los estados miembros de la CPI de efectuar el arresto si alguien con una orden en su contra visita su territorio. El gobierno francés ahora intenta sugerir lo contrario, argumentando que Netanyahu podría tener derecho a inmunidad como jefe de gobierno en funciones. Esto implicaría un cambio respecto a posiciones anteriores de Francia y a decisiones de la CPI, incluidos los casos de Putin y el expresidente sudanés Omar al-Bashir, que establecieron que no hay inmunidad para jefes de estado o gobierno en una situación como esta.
Ya sucedió que líderes como al-Bashir y Putin viajaron a países amigos sabiendo que no serían arrestados. Sin embargo, incluso con garantías previas, esos viajes no siempre transcurrieron sin incidentes. Si un gobierno extiende una invitación oficial, los tribunales de ese país aún podrían intervenir para implementar las órdenes de arresto.
Esto proyecta una sombra importante sobre Netanyahu y Gallant. Incluso si sienten que pueden viajar libre y despreocupadamente a los Estados Unidos, siempre existe el riesgo de que algo ocurra: que un avión tenga que desviarse o hacer una escala no planificada. Mientras viajen, las órdenes podrían activarse en su contra.
DF
Hay varios casos impulsados por organizaciones de la sociedad civil en países como el Reino Unido y los Países Bajos para presionar a sus gobiernos para que pongan fin a la venta de armas a Israel. ¿Tiene la emisión de estas órdenes de arresto alguna implicación en esos esfuerzos en el ámbito legal doméstico?
JR
Sí, en el sentido de que se suma como otro cuerpo de evidencia proveniente de una institución internacional. Esto refuerza lo que se está desarrollando en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y en otras decisiones, informes y materiales de la ONU. Para el estado en cuestión, resulta así mucho más difícil negar que las armas que vende a Israel están siendo utilizadas en la comisión de crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad.
En la audiencia más reciente en el Tribunal Superior de Londres sobre la exportación de armas británicas, el gobierno admitió que piezas británicas de los F-35 podrían ser utilizadas por Israel para cometer graves violaciones del derecho internacional en Gaza. Justificó esto argumentando que los imperativos estratégicos del programa F-35 y la relación de Reino Unido con el imperialismo estadounidense tenían prioridad. El Reino Unido está de hecho bajo una creciente presión por este caso, intensificada por las órdenes de arresto de la CPI.
Tras la emisión de las ordenes, Al-Haq y la Red de Acción Legal Global (GLAN) presentaron una solicitud de medida cautelar de emergencia para detener todas las exportaciones de armas a Israel a la luz de la decisión de la CPI. En el parlamento británico, el parlamentario escocés Brendan O’Hara cuestionó a Keir Starmer si seguiría autorizando la venta de componentes para los F-35 a un régimen liderado por un hombre buscado por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Starmer respondió, sin reparos, que continuaría haciéndolo. Peor esto da cuenta de una posición cada vez más insostenible si aumentan las presiones políticas y legales.
Ahora existe la confirmación de una sala de la CPI de que hay pruebas significativas de que estos crímenes fueron perpetrados, y hay órdenes de arresto contra dos de los principales líderes del Estado de Israel durante el año pasado. Una vez más, resulta mucho más difícil para el Estado británico, el holandés o cualquier otro decir: «No sabemos si se están perpetrando crímenes de guerra. Eso aún no se determinó».
Es otra capa y otro cuerpo de material legal que las organizaciones que presentan esos casos podrán señalar. No es definitivo en el sentido de que un juez de un tribunal británico o de un tribunal holandés no tomaría la decisión de la orden de arresto de la CPI como el único estándar que utilizaría para tomar la determinación. Muchos de esos casos dependerán en última instancia de las características específicas de la legislación interna bajo la cual se llevan a cabo.
Pero definitivamente es otro punto de referencia que potencialmente tendrá un impacto significativo en esas acciones legales. También alimenta las campañas más amplias de los movimientos sociales en torno a los embargos de armas y energía, interrumpiendo las cadenas de suministro y la logística de armas, municiones o cualquier bien que podría ir a Israel para ser utilizado en la comisión de estos crímenes que ahora están sujetos a procesamiento por parte de la CPI.
DF
Quiero preguntarte cómo podría desarrollarse la situación si Netanyahu y Gallant fuesen efectivamente llevados bajo custodia para enfrentar un juicio en la CPI, algo muy incierto en este momento. Comparando, por ejemplo, con los casos derivados de las guerras en la ex Yugoslavia durante los años 90, ¿cómo operaría ese precedente en relación con un posible juicio en este caso?
En Gaza, a diferencia de otros contextos como Bosnia, donde muchas atrocidades fueron cometidas por fuerzas paramilitares bajo cierta cobertura estatal, las fuerzas regulares del ejército israelí son las únicas operativas, lo que parece simplificar el establecimiento de responsabilidades criminales en la cadena de mando, incluyendo a Netanyahu, Gallant y otros.
JR
Sobre ese último punto, en los juicios por crímenes internacionales hay diferentes modos de atribuir la responsabilidad criminal. En las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant, se les acusa de usar el crimen de guerra de la inanición como método de guerra, así como de crímenes de lesa humanidad tales como asesinato, persecución y actos inhumanos. En todos estos casos, el tribunal señala que existen fundamentos para creer que tienen responsabilidad directa en la comisión de estos crímenes.
Respecto al crimen de guerra de dirigir intencionadamente ataques contra la población civil, el tribunal les atribuye responsabilidad criminal como superiores civiles. Esto se basa en incidentes específicos que investigaron, identificados como ataques dirigidos intencionadamente contra civiles. Como los líderes políticos más altos supervisando la estructura militar, con una línea directa de autoridad a través de generales y comandantes hasta las tropas en Gaza, Netanyahu y Gallant son considerados responsables de estos crímenes.
Si se añaden otros cargos, dependerá de cómo la fiscalía decida presentar las pruebas. Podrían ser cargos adicionales contra Netanyahu y Gallant o cargos contra otros responsables. Pero, como planteaste, a diferencia de los casos de fuerzas paramilitares con vínculos más ambiguos con el Estado, aquí no existe ese nivel extra de distancia.
En cuanto a precedentes comparables, los líderes serbios, por ejemplo, fueron juzgados por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (ICTY, por sus siglas en inglés). Netanyahu y Gallant están lejos de estar en esa posición, y muchos dudan de que lleguen a ser juzgados, aunque hace solo 18 meses muchos también habrían dudado que la emisión de órdenes de arresto contra líderes israelíes. Estamos entrando en un territorio nuevo.
Si fuesen transferidos a La Haya, se enfrentarían a un proceso prolongado. En el caso del presidente serbio Slobodan Milošević, fue acusado de 66 cargos por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio relacionados con Bosnia, Croacia y Kosovo. Su juicio fue tan largo que murió antes de que concluyera. Aunque se había presentado una gran cantidad de pruebas en su contra, nunca fue condenado formalmente hasta su muerte en 2006.
Otros líderes serbios como Ratko Mladić y Radovan Karadžić fueron arrestados y enjuiciados años después, tras pasar un largo período como fugitivos. Una vez más, estos juicios fueron asuntos prolongados e interminables: diez años desde el arresto en 2011 hasta la sentencia final de apelación en 2021 en el caso de Mladić; once años, de 2008 a 2019, en el de Karadžić. Ambos fueron declarados culpables de varios cargos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, así como de un cargo de genocidio por la masacre de Srebrenica. Mladić fue condenado a cadena perpetua y Karadžić recibió una sentencia inicial de cuarenta años, que se aumentó a cadena perpetua en la apelación.
Habría muchas oportunidades para plantear objeciones si los líderes israelíes fueran juzgados, con muchos tecnicismos, mociones preliminares y audiencias en el camino, y pasaría mucho tiempo antes de que se dictara una sentencia definitiva. Eso sin siquiera pensar en la interferencia estatal.
Aunque obviamente esto nunca se puso a prueba, Estados Unidos tiene una ley que autoriza al presidente a usar «todos los medios necesarios» para extraer a funcionarios estadounidenses o aliados de La Haya si son transferidos allí. Esto sigue siendo especulativo (aunque políticos republicanos como Tom Cotton ya amenazaron con invocar esa ley). Sin embargo, seguramente habrá múltiples formas de intervención legal y política para evitar que Netanyahu y Gallant lleguen a La Haya o que cualquier juicio avance.
DF
En este momento, dentro del marco legal internacional, todos están hablando de las órdenes de arresto de la CPI, pero a principios de este año el foco principal estaba puesto en el caso presentado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), acusando a Israel de genocidio. ¿Podrías decirnos si hubo avances significativos en la CIJ y si lo que ocurre allí tiene relevancia para el caso de la CPI, o viceversa?
JR
En el caso de Sudáfrica contra Israel, la CIJ emitió una serie de medidas provisionales en enero, marzo y mayo de 2024, todas ignoradas y violadas por Israel. La última actualización es que el tribunal fijó un plazo para que Sudáfrica presente su memorial completo sobre la responsabilidad de Israel en el genocidio. Esto marcará el inicio de la fase de «fondo» del caso, que implica un conjunto más exhaustivo de presentaciones y audiencias que las órdenes provisionales. Sudáfrica presentó su memorial a finales de octubre, justo dentro del plazo establecido.
Aunque las elecciones en Sudáfrica y la entrada del Congreso Nacional Africano en una coalición con liberales más afines al sionismo complican la situación, el país sigue comprometido con el caso y entregó un memorial de 750 páginas con 4.000 páginas adicionales de anexos y pruebas. Este material no será público hasta mucho más adelante en el proceso, pero incluye argumentos y evidencias sobre la perpetración del genocidio por parte de Israel, su intención, los actos específicos, la incitación pública al genocidio, y la responsabilidad del Estado israelí, según el planteamiento sudafricano.
Israel tiene hasta julio de 2025 para presentar su contramemorial, respondiendo al material presentado por Sudáfrica. Además, en los próximos meses otros estados podrán intervenir en el caso. Hasta ahora, diez estados, en su mayoría del Sur Global, ya intervinieron, y otros indicaron que planean hacerlo. Si Israel sigue participando, tras la presentación de su contramemorial se fijarán fechas para audiencias y argumentaciones.
También habrá una opción para que Israel presente lo que se llaman objeciones preliminares sobre la jurisdicción o admisibilidad del caso, lo que los Estados suelen hacer, aunque sólo sea para retrasar la causa. Antes de pasar a la próxima serie completa de audiencias sobre el fondo del caso, siendo realistas, será como muy pronto el año 2026, lo que obviamente está muy lejos en el contexto de la violencia colonial aniquiladora que ya lleva más de 400 días y que continúa profundizándose cada día, particularmente en el «genocidio dentro del genocidio» que se lleva adelante en el norte de Gaza.
Mientras tanto, el movimiento de solidaridad con Palestina intenta utilizar las órdenes provisionales para promover embargos de armas, sanciones y otras medidas urgentes para detener el genocidio. Pero es en ese plazo más largo en el que trabajará la CIJ.
Algo fue particularmente relevante en el resumen de la decisión de la CPI sobre las órdenes de arresto: cuando se habló del crimen de lesa humanidad de asesinato, el tribunal utilizó específicamente un lenguaje que proviene de la definición de genocidio en la Convención sobre Genocidio. La cámara de la CPI dijo que había motivos para creer que la falta de alimentos, agua, electricidad, combustible y suministros médicos que Israel permite la entrada a Gaza ha creado condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción de parte de la población civil.
Eso corresponde exactamente al lenguaje del artículo 2(c) de la Convención sobre el Genocidio. La CPI afirma que esto ha resultado en la muerte de civiles, incluidos niños, debido a la desnutrición y la deshidratación. Por ahora, la CPI no está investigando el crimen de genocidio en el contexto de Gaza ni en las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant, aunque esto no significa que no pueda o no vaya a añadir esos cargos en el futuro.
Sin embargo, fue muy significativo que utilizara ese lenguaje al referirse al crimen de lesa humanidad de asesinato cometido contra los palestinos en Gaza. Esto es, evidentemente, asesinato a gran escala, lo cual respaldará el argumento de Sudáfrica ante la CIJ. Sudáfrica tendrá que aportar argumentos adicionales sobre cómo puede atribuirse al Estado israelí una intención genocida específica, pero el lenguaje de la CPI podría ser útil para el caso sudafricano.
Parte del lenguaje en la justificación de las órdenes de arresto de la CPI implica claramente que los jueces de la CPI consideran que Israel está actuando en desacato a las medidas provisionales de la CIJ. Muchas de estas órdenes se relacionaban con permitir suficiente acceso humanitario y ayuda en Gaza.
Las órdenes de arresto de la CPI hablan del uso de la hambruna como arma de guerra y de otros actos inhumanos, como la negativa a permitir la entrada de suministros médicos. Como resultado de esa negativa, los médicos en Gaza se han visto obligados a realizar amputaciones, incluso en niños, sin anestesia, sedación segura ni otros medios para gestionar el dolor y el sufrimiento extremos. Todos esos cargos constituyen, en sí mismos, violaciones de lo que Israel fue ordenado a hacer en enero, marzo y mayo de este año.
Aunque la CPI no hará referencia explícita a las órdenes de la CIJ en una declaración como esta, la conexión está implícita. Estas son dos instituciones diferentes: la CPI es un tribunal penal que responsabiliza a individuos, mientras que la CIJ se centra en la responsabilidad de los estados, operando en niveles distintos y con cargas de prueba diferentes. No obstante, siempre habrá un elemento de conversación indirecta entre ellas. Por ejemplo, lo que la CIJ declaró sobre la responsabilidad estatal de Serbia por genocidio en Bosnia se basó, en parte, en lo que el TPIY había determinado en términos de responsabilidad penal individual por genocidio de los perpetradores serbios.
DF
¿Cuáles son las implicaciones de estos procedimientos legales para la idea de un «orden internacional basado en reglas» que fue promovida durante varios años por Estados Unidos y sus aliados? Realmente tienes dos significados para ese término. Uno es el significado que podría parecer implícito en términos del discurso cotidiano: existe un orden internacional basado en reglas que están formalmente codificadas y que se aplican a todos, por lo que se puede comparar a los Estados y otros actores con ese punto de referencia. Pero cuando se trata de casos como este, quizás más que cualquier otra cosa, realmente se hace evidente la idea de que para Estados Unidos, el «orden internacional basado en reglas» en realidad significa «nosotros hacemos las reglas y damos las órdenes».
JR
El «orden internacional basado en reglas» fue esencialmente una invención de la administración Obama para poder dejar de hablar de derecho internacional o justicia internacional. Fue diseñado para gestionar el conflicto económico emergente con China y estaba relacionado con la rivalidad interimperial en el orden económico y geopolítico internacional.
A medida que evolucionaron las cosas en términos de las relaciones de Estados Unidos con China y la guerra rusa en Ucrania, el «orden internacional basado en reglas» básicamente significó, como usted dijo, las reglas con las que Estados Unidos o las potencias occidentales habían decidido que estaban contentos y con las que estaban bien. hacer cumplir. Ese concepto ya es una excepción del propio derecho internacional, que, aunque acosado por sus propios fundamentos coloniales y formas de instrumentalización geopolítica, fue visto como una irritación en el núcleo imperial.
El orden basado en reglas fue diseñado muy específicamente para ese propósito en el contexto del capitalismo y el imperialismo occidentales: dejar de lado ciertas reglas o decisiones con instituciones como la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo, que a Estados Unidos no le gustaban o que eran vistas como demasiado favorable a China, y priorizar y ampliar otras reglas que Estados Unidos prefería y podía utilizar coercitivamente contra sus rivales.
Entonces surgió la pregunta de dónde encaja la CPI en todo esto. Cuando la CPI emitió sus órdenes de arresto contra Putin y otros líderes rusos, hace sólo un año y medio, estaba siendo anunciada como la guardiana del orden internacional basado en reglas, el vehículo a través del cual se haría justicia a los regímenes rebeldes. Todo el mismo amplio espectro de personas que celebraban las órdenes de arresto contra Putin, desde altos representantes políticos estadounidenses hasta figuras de la esfera pública como Garry Kasparov y muchos de los defensores más repugnantes de la «civilización occidental» como Bernard Henri-Lévy. Ahora acusan a la CPI de desfigurar la idea de justicia internacional y sugieren que debería ser abolida o eliminada.
Las mismas perspectivas imperiales y racistas apenas disimuladas también han sido omnipresentes en las líneas editoriales de medios como el Washington Post o el Wall Street Journal cuando escriben abiertamente que la CPI “no es el foro para pedir cuentas a Israel”: está destinada a Rusia, Sudán o Myanmar, pero no para el civilizado Israel. Este tipo de cobertura encuentra eco en los comentarios del senador estadoundense, «aliado de Trump», y abogado Lindsey Graham, quien dijo la parte tranquila en voz alta en Jerusalén el 27 de noviembre: “El Estatuto [de la CPI] no se aplica a Israel, o Estados Unidos, Francia, Alemania o Gran Bretaña, porque no fueron concebidos para venir después de nosotros”.
Graham condenó la amenaza que representan «organismos internacionales que quieren aislar al Estado judío o impedirle defenderse». Denunció la decisión de la orden de arresto de la CPI como «más que escandalosa: pisotea todos los conceptos que aprecio y aprecio como abogado».
Existe esa línea argumental, que abarca desde las fuerzas liberales y socialdemócratas hasta la extrema derecha, afirmando que la CPI está socavando el orden internacional basado en reglas. Obviamente esa posición es absurda cuando se profundiza en ella, pero ese es el modo de discurso político que estamos viendo en torno a esto.
Por otro lado, muchas personas, incluso en el movimiento de solidaridad con Palestina, dirán que ésta es la última oportunidad para que el derecho internacional salve algo de sus propios escombros. Los palestinos se muestran, con razón y profundamente, escépticos sobre la capacidad de la ley y los tribunales para apoyar su liberación, aunque con estas órdenes, como dice Abdaljawad Omar, «hay una grieta en el barniz de la impunidad: una vaga sensación de que la rendición de cuentas, por simbólica o precaria que sea, todavía podría existir (…), es un momento para vislumbrar la posibilidad de ajustar cuentas, por distante o diferida que sea ».
Esta es una decisión tardía de la CPI que debería haberse tomado hace mucho tiempo, pero es un paso significativo, y ahora corresponde a la CPI y a sus miembros darle seguimiento. Si la CPI va a tener algo de valor táctico para los objetivos más amplios de justicia, antisionismo y descolonización, estas órdenes tendrán que presagiar el principio del fin de la impunidad general otorgada al Estado de Israel y a sus líderes durante la guerra. régimen de apartheid y las atrocidades coloniales que han estado imponiendo a los palestinos desde 1948.
[2] Daniel Finn es el editor de artículos de Jacobin. Es el autor de One Man’s Terrorist: A Political History of the IRA.
