No es posible aún pronosticar los resultados de las elecciones presidenciales de 2026 en Brasil. A ese respecto, reina una gran incertidumbre, y ello por al menos cinco razones: a) aunque la contienda esté confinada a sólo dos candidatos, todavía nos separan de los comicios más de seis meses y las encuestas disponibles no arrojan datos suficientes ante un empate técnico dentro de los límites del margen de error, en un contexto en que los altos índices de rechazo tanto de Lula como de Flávio Bolsonaro se han mantenido por encima del 45 %, lo que indica que, probablemente, las elecciones se decidan por un pequeño porcentaje, inferior al 10 % de la población; b) la posibilidad de que variables claves, como la evolución de la inflación impulsada por el precio de los derivados del petróleo, debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, puedan afectar negativamente a todas las expectativas económicas; c) Flávio Bolsonaro ha consolidado su liderazgo al frente de la oposición y con ello ha relegado a Tarcísio de Freitas a las elecciones de São Paulo, pero aún no están definidas todas las candidaturas, ni a la presidencia y la vicepresidencia, ni a gobernadores estatales, ni tampoco la configuración de las coaliciones, lo cual reviste gran importancia, a pesar del papel central de las redes sociales, debido al lugar clave que todavía ocupa el acceso a los medios de comunicación de masas, como la radio y la televisión; d) las repercusiones de la nueva situación internacional, precipitada por la ofensiva liderada por Estados Unidos contra Venezuela, Irán y Cuba, siguen siendo muy graves, al extremo de haber alterado desfavorablemente la correlación de fuerzas, si bien aún está por definirse la forma final que adopte ese cambio, todo ello agravado por el peligro de que Trump intente manipular la campaña electoral en Brasil, tal como ocurriera en recientes procesos electorales de países vecinos, como Ecuador, Chile y, sobre todo, Argentina; e) están por definirse las líneas de la campaña, tanto de Lula como de Flávio Bolsonaro, pero dado que es previsible una pugna política implacable, serán aciertos y errores los que inclinen la balanza.
Se observa en este momento una paradoja política. Una paradoja es una contradicción contraria a la intuición. Los indicadores económicos históricamente más importantes son positivos, lo que debería situar a Lula en posición ventajosa para la reelección. Sin embargo, no es así. La inflación se mantiene por debajo del 5 % anual, el desempleo por debajo del 6 % y la media de ingresos ha aumentado de forma ininterrumpida, hasta alcanzar en marzo de 2026 la cifra récord de 3.652,00 reales, esto último en virtud de tangibles aumentos del salario mínimo. Se ha incrementado el consumo familiar, aunque no se puede descartar que el endeudamiento también haya alcanzado niveles sin precedentes, afectando a 90 millones de personas con un historial crediticio negativo.
Cuando la economía no alcanza
Todo ello, sin embargo, parece indicar que, por sí sola, la situación económica no basta para explicar la dinámica electoral. El peso material de la lucha por la supervivencia en la experiencia social de decenas de millones de personas ya no es el mismo. Todo indica que, a pesar de que la vida se ha hecho un poco más fácil, esa mejora no es suficiente para garantizar la reelección de Lula. El país ha cambiado mucho en los últimos diez años y se mueve en sintonía con la dinámica internacional. La implantación social, política, cultural e ideológica de la extrema derecha es innegable. La realidad es que, a pesar de la condena de Bolsonaro por el intento de golpe de Estado y de las grandes movilizaciones de 2025, sobre todo las del 21 de septiembre y el 14 de diciembre contra la amnistía, el país sigue fracturado y el desenlace de las elecciones presidenciales sigue siendo impredecible.
En las últimas cuatro décadas, desde los años ochenta, la correlación de fuerzas sociales ha cambiado cuatro veces en Brasil. La cuestión decisiva, en última instancia, que condiciona la contienda electoral es que necesitamos un cambio de rumbo que deje atrás la situación defensiva iniciada en 2015-2016. En los años ochenta, en la fase final de la lucha contra la dictadura, se consolidó un bloque social que aglutinó y movilizó a la clase trabajadora urbana, arrastrando consigo a la mayoría pobre del país, luego de que un largo segmento de la clase media se desplazara hacia la oposición y se produjera una escisión en el seno de la clase dominante.
El liderazgo político de ese bloque lo compartieron varias fuerzas, bajo la hegemonía de una facción liberal que hallaba expresión, sobre todo, en el Movimiento Democrático Brasileño (MDB) de Ulysses Guimarães, Franco Montoro y Tancredo Neves, pero con la participación del Partido de los Trabjadores (PT), la Central Única de Trabajadores (CUT) y Leonel Brizola, lo cual quedó confirmado por la presencia de Lula en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 1989. En los años noventa, la fuerza de la ola de movilización popular decayó gradualmente, pero así y todo fue capaz de derrocar a Fernando Collor de Mello en el juicio político de 1992.
Las derrotas, no obstante, son derrotas y la hegemonía pasó a un bloque que aglutinó a la burguesía, conquistó a la masa de la clase media, atrajo a una parte de los trabajadores acomodados, arrastró a las masas populares y —tras la reducción de la inflación favorecida por el apoyo de Estados Unidos a la renegociación del perfil de la deuda externa a largo plazo— garantizó la estabilidad de los dos mandatos de Fernando Henrique Cardoso y el liderazgo del Patido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB).
En la primera década del nuevo siglo se creó una nueva situación y volvió a evolucionar la correlación de fuerzas, esta vez favorablemente. La lucha por el poder se decidió en el terreno electoral, a la vez que se consolidaba el régimen democrático-electoral, y la clase dominante aceptó la victoria de Lula. Se fue forjando de ese modo un nuevo bloque social hegemónico en apoyo del gobierno de coalición liderado por el PT, que atrajo a una facción de la burguesía que apostaba por el fortalecimiento del mercado interno y que se vio alentada por un cambio favorable a la exportación de materias primas en las relaciones de intercambio en el mercado mundial y por la acumulación de reservas de divisas por valor de más de 250.000 millones de dólares, con el apoyo de la clase trabajadora y el arrastre de los más pobres y menos instruidos que se habían convertido en partidarios de Lula.
Sin embargo, la etapa de la globalización, que había elevado a China a la posición de segunda potencia mundial, se vio golpeada por la brutal crisis de 2008. Si bien se superó por medio de una estrategia inusual, la flexibilización monetaria o Quantitative Easing —combatir el exceso de liquidez con más liquidez—, la crisis sumió a las economías de la Tríada o bien en el estancamiento, como ocurrió en Estados Unidos, o bien en la recesión, como en el caso de Europa y Japón.
Un país donde la derecha ya no es un accidente
En Brasil, la correlación de fuerzas sociales estaba ya deteriorándose con la derrota del impulso progresista inicial de la ola de junio de 2013, pero fue a partir de 2015-2016 que llegó el momento de la prueba de fuego y fuimos derrotados por medio del golpe institucional que derrocara al gobierno de Dilma Rousseff. Desde entonces, una facción de la clase dominante ha girado hacia la extrema derecha, una inmensa mayoría de la clase media propietaria se ha radicalizado, arrastrando al menos a la mitad —dependiendo de la región— de las capas medias de trabajadores, y su influencia se ha extendido a sectores populares liderados por las iglesias neopentecostales.
La hegemonía de ese bloque social se tradujo en la victoria del bolsonarismo en 2018. Esa hegemonía está hoy en disputa, pero aún no ha sido derrotada. Lula ganó en 2022 por un estrechísimo margen. De no ser por la catástrofe sanitaria de la pandemia, habríamos salido una vez más derrotados. Lo más grave es que quedó demostrado en el laboratorio de la historia, a partir del desenlace de las elecciones de 2014, que no hay consenso en el capitalismo brasileño sobre la preservación de un régimen democrático-electoral, por cuanto una facción no acepta la alternancia en el poder, ni siquiera con un gobierno de izquierda moderada.
El país avanzó en los años ochenta porque derrotó a la dictadura, aunque sin derrocarla; retrocedió en los noventa porque, a pesar de la estabilización monetaria, inició un proceso de desnacionalización y desindustrialización; volvió a avanzar en la primera década del nuevo siglo, porque redujo la miseria casi biológica de millones de personas desnutridas condenadas al hambre y, desde 2016, se ha sumido en el «infierno» de una dramática fractura social que por poco no desembocó en un golpe liderado por neofascistas. En cuatro décadas, hemos perdido veinte años.
2026 deberá ser el año de una victoria electoral que sea, al mismo tiempo, una victoria social y política de fondo. Nada es más importante que derrotar a la extrema derecha. Ello será posible sólo con la reelección de Lula. No es probable que se produzca una ola de movilización social de los trabajadores, por lo que necesitamos un nuevo bloque social para conquistar la hegemonía política. La batalla se dará en el terreno electoral y la campaña electoral ya ha comenzado. Cualquier subestimación es peligrosa. El bolsonarismo está preparado para una lucha feroz, implacable, deshonesta y demagógica. La tercera vía impulsada por Gilberto Kassab ya ha sido derrotada. Ronaldo Caiado será la línea auxiliar de Flávio Bolsonaro. El factor Trump debe tomarse en serio. Se trata de un enemigo muy poderoso. No es momento ni para el «ya ganó», ni para el derrotismo, sino para el máximo realismo marxista.
¿Cuál debería ser la línea de la campaña de Lula? La campaña no se decidirá por una comparación entre el saldo de la gestión de Lula y el de la gestión de Bolsonaro. No bastará con demostrar con estadísticas la superioridad del gobierno de Lula, como podemos comprobar hoy con el empate técnico estable, a lo largo de muchos meses, entre índices de aprobación y rechazo. Tampoco parece prometedora la mera comparación entre las biografías, como hemos aprendido desde 2018. No bastará con mirar atrás. El pueblo siente un gran respeto personal por Lula, pero también hay cansancio y cierto malestar social.
Lula debería reinventarse una vez más. Pero esta vez no por medio de una Carta a los brasileños como la de Antonio Palocci. O la campaña adopta un perfil de izquierda y se compromete con un cambio favorable en las condiciones de vida o nos enfrentaremos a dificultades insuperables. Ello pasa por la denuncia del bolsonarismo como cómplice de Trump, pero no basta. Lula debería convertirse, desde ya, en el portavoz diario en las redes en favor de la abolición de la semana laboral de seis días, del impuesto sobre las grandes fortunas —previsto en la Constitución desde hace casi cuarenta años pero que nunca se ha reglamentado—, del transporte público gratuito, y más. Lula puede negociar la concertación de un Frente Amplio, pero no debería ceder en la línea de campaña con un giro hacia el centro.
De lo cual se desprende que será ineludible librar la lucha política e ideológica entre valores y visiones del mundo, nosotros contra ellos, los intereses de los trabajadores y de la gente pobre contra los dueños de la riqueza, la solidaridad contra la codicia y los privilegios, la justicia contra la injusticia, la defensa de las mujeres contra la violencia de la «machosfera», de la negritud contra el racismo, de las personas LGBT contra la homofobia, de la población indígena y de la Amazonía contra la minería y los latifundios de la agroindustria, de la transición energética contra el calentamiento global, de los derechos democráticos contra el golpismo, de la honestidad contra la orgía corrupta del Banco Master, de la inteligencia policial contra el «todo vale» militar de la invasión de las comunidades, y así sucesivamente.
