Otro día, otro caso en el que las alegaciones que utiliza el gobierno israelí para intensificar la matanza masiva en Gaza, con el apoyo de Estados Unidos, resultan ser tan endebles como muchos habían predicho en un principio.
La semana pasada, el Wall Street Journal informó que el Consejo Nacional de Inteligencia de EE.UU. —un grupo de dieciocho expertos en política y analistas que evalúan los problemas urgentes de seguridad nacional para las agencias de inteligencia estadounidenses— tenía «baja confianza» en las afirmaciones israelíes de que alrededor de una docena de empleados del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (URNWA por sus siglas en inglés) habían participado de los ataques del 7 de octubre. Esto significa, según el periódico, que creen que las afirmaciones son «plausibles» pero que no pueden decir nada más que eso porque no las verificaron de forma independiente y sus homólogos israelíes no les mostraron las pruebas subyacentes. Aun así, Washington lo consideró «creíble», aseguró al periódico un funcionario estadounidense anónimo.
Desde el principio había buenas razones para ser escépticos sobre estas afirmaciones, más allá de la propensión del gobierno israelí a promover tonterías dudosas y mentiras descaradas. Ya sabíamos por una filtración que los funcionarios israelíes estaban planeando estas acusaciones exactas hace meses, como parte de un esfuerzo para eliminar a la UNRWA, una agencia que habían odiado durante mucho tiempo. Revelaron estas afirmaciones exactamente el mismo día en que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminó que era plausible que Israel estuviera llevando a cabo un genocidio. Y un alto funcionario israelí admitió que «gran parte de la información de inteligencia es resultado de interrogatorios a militantes», procesos en los que abundan los malos tratos y las torturas sobre los detenidos palestinos.
Pero este informe del Journal es, de hecho, sólo el último caso en que queda claro lo notablemente endebles que son las acusaciones de Israel contra la UNRWA. Pocos días después de que Israel hiciera las acusaciones —y cuando Estados Unidos y otros países ya habían suspendido la financiación de la agencia— el secretario de Estado Antony Blinken admitió que «no hemos tenido la capacidad de investigar [las acusaciones] nosotros mismos, pero son muy, muy creíbles», antes de mencionar que aún estaban por «confirmarse plenamente».
Una semana después, el Canal 4 del Reino Unido tuvo en sus manos un resumen de seis páginas del dossier que Israel había utilizado para hacer sus acusaciones e informó de que «no aporta ninguna prueba que apoye su explosiva nueva afirmación», información respaldada por otros medios que vieron el documento.
A pesar de la falta de pruebas de las acusaciones del gobierno israelí, a pesar de que la ONU despidió inmediatamente a los trabajadores acusados y puso en marcha una investigación y a pesar de que, aunque resultara ser cierto, significaría que sólo era culpable el 0,09% de los trece mil empleados de la UNRWA en Gaza, la administración Biden recortó inmediatamente la financiación estadounidense para la UNRWA.
Estados Unidos era el principal donante de la agencia, ya que aportaba aproximadamente un tercio de su financiación; por lo tanto, el recorte de la ayuda dejaba a la agencia ante un inminente precipicio financiero. Desde entonces, las acusaciones se utilizaron para justificar una disposición en el fallido acuerdo fronterizo de Biden que bloqueaba la ayuda de Estados Unidos a la UNRWA y un posterior proyecto de ley republicano para desfinanciar permanentemente a la agencia.
Pero no fue sólo Estados Unidos. Las acusaciones israelíes, legitimadas por el gobierno estadounidense, sirvieron también de base para que otros ocho países —todos ellos aliados o estrechos colaboradores de Estados Unidos— suspendieran o «revisaran» también su financiación a la UNRWA, que representa aproximadamente el 60% del total de las donaciones prometidas. Más países siguieron su ejemplo en los días siguientes, elevando la cuenta a quince, mientras que la Comisión Europea anunció que decidiría si mantener o no la financiación de la agencia más allá de febrero en función de la investigación interna de la ONU, que finalizaría en marzo.
Aunque la administración Biden trató de restar importancia al recorte, argumentando que ya se había enviado a la agencia toda la ayuda presupuestada excepto 300.000 dólares, la decisión ha tenido un efecto inmediato en la financiación de la agencia. El jefe de la UNRWA Philippe Lazzarini, el jefe de política exterior de la UE Josep Borrell y un portavoz de la ONU afirmaron que la agencia sufriría una importante restricción presupuestaria e incluso tendría que empezar a recortar servicios ya a finales de febrero, y Lazzarini advirtió que sus operaciones humanitarias en Gaza estaban «colapsando».
Sólo en los últimos días, la UNRWA ha tenido que interrumpir las entregas de ayuda al norte de Gaza, mientras que el director de sus operaciones en Líbano ha advertido de que «se detendrían durante marzo», es decir, a finales de esta semana, debido al «grave impacto» de los recientes recortes presupuestarios. Un médico de medicina familiar que trabajaba para una clínica de la UNRWA informó recientemente de que la agencia había rescindido su contrato con él para finales de este mes «probablemente debido a los importantes recortes de financiación recientes», y que esto «se aplica en general a todas las personas empleadas con un salario diario».
Lo indignante de todo esto no es sólo el hecho de que, mucho antes de esta guerra, la UNRWA desempeñaba eficazmente el papel de un gobierno municipal básico y operativo en Gaza, proporcionando servicios básicos como escolarización, atención sanitaria, saneamiento y alimentos a su población empobrecida y desnutrida. Lo cierto es que ninguna otra entidad puede hacer lo que la UNRWA hace en el territorio, y estos recortes han llegado en el momento exacto en que, gracias a las acciones de Israel, el hambre y las enfermedades están explotando allí, razón por la que numerosas voces han condenado los recortes como «castigo colectivo» y por la que un gazatí los definió como una «sentencia de muerte».
Lo que hace todo esto especialmente perverso es que los recortes se iniciaron el mismo día en que la CIJ no sólo dictaminó que la guerra de Israel es plausiblemente un genocidio, sino que declaró que Israel tenía que «adoptar medidas inmediatas y eficaces para permitir la prestación de los servicios básicos y la ayuda humanitaria que se necesitan urgentemente» en Gaza. En lugar de ello, Estados Unidos y una serie de gobiernos amigos decidieron aprovechar la ocasión para hacer exactamente lo contrario y, de paso, empeorar el estado de privación generalizada en la zona.
Mientras tanto, la administración Biden ha seguido enviando ayuda militar a Israel sin ningún reparo, a pesar de que, lejos de tener un 0,09 % de sus representantes acusados de participar en una masacre, todo el aparato estatal y militar de Israel está innegablemente involucrado en una masacre mucho mayor, con muchos de sus altos funcionarios haciendo declaraciones abiertamente genocidas sobre sus intenciones.
Las capas y capas de perversidad, absurdo e hipocresía de esta historia son difíciles de comprender. En otras palabras, es la miniatura perfecta de toda esta guerra y de la política estadounidense respecto de ella.
