«La guerra contra las drogas fracasó». El presidente colombiano Gustavo Petro hizo esta afirmación en su discurso de investidura el 7 de agosto de 2022, marcando una de las prioridades del primer gobierno de izquierdas de la historia de Colombia. Petro pretende darle un giro a la política antidroga de su país, que lidera la producción de cocaína a nivel mundial y fue el aliado más cercano de Estados Unidos en la implacable y violenta lucha contra el narcotráfico. La estrategia militar, según el ex guerrillero reconvertido en presidente, produjo un «genocidio» que le costó la vida a «un millón de latinoamericanos».
Bajo el título «Sembrando vida, desterramos el narcotráfico», el gobierno presentó una hoja de ruta para guiar la política antidroga de Colombia hasta 2033. El nuevo plan comparte algunos objetivos con los anteriores, como erradicar noventa mil hectáreas de cultivos ilegales de hoja de coca y reducir la producción de cocaína en un 43 por ciento. Sin embargo, su enfoque es muy diferente, ya que el objetivo es que sesenta y nueve mil hectáreas sean erradicadas voluntariamente, promoviendo alternativas para los campesinos que cultivan la hoja.
Durante décadas, la lucha de Colombia contra el narcotráfico fue principalmente un asalto a los campesinos que producen coca, una hoja que también se utiliza para fines lícitos como infusiones o incluso fertilizantes. En Bolivia, la coca tiene protección constitucional como patrimonio cultural por su uso tradicional por los pueblos indígenas; mientras que en Colombia fue estigmatizada, como en una famosa campaña que la llamó «la mata que mata». La nueva política distingue entre la hoja y la cocaína elaborada a partir de ella.
«Petro dijo que no va a combatir los pequeños cultivos; va a combatir los cultivos industriales. Y los pequeños cultivos o se sustituyen voluntariamente o se quedan ahí», explica Sandra Borda, politóloga de la Universidad de Los Andes. «Antes se combatían todos los cultivos ilícitos, incluidos los de los pequeños agricultores, y eso creaba graves problemas, enfrentamientos entre las comunidades y el ejército… y nunca tuvo resultados».
En la actualidad, se calcula que 115.000 familias colombianas viven del cultivo de la hoja de coca, y el gobierno quiere que cincuenta mil se dediquen a actividades lícitas, como utilizar la hoja para fines legales o actuar como guardabosques para evitar la deforestación, ya que el cultivo de coca es una de las causas de la destrucción de la Amazonia colombiana.
La estrategia de sustitución de cultivos no es nueva; se incluyó en 2016 en los Acuerdos de Paz entre el Estado y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Pero las áreas de cultivo para la producción de coca no dejaron de crecer, según estimaciones de la ONU, lo que sugiere el fracaso tanto de la sustitución voluntaria como de las erradicaciones forzadas. Siete años después del acuerdo de paz, uno de los líderes de un municipio donde se intentó por primera vez la sustitución de cultivos afirmaba que «los compromisos acordados con el gobierno no se cumplieron: los proyectos productivos nunca llegaron». Ante la falta de alternativas económicas, algunas familias volvieron a cultivar coca y los grupos armados ilegales reaparecieron en el pueblo, explicó el líder comunitario, que pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias.
El fracaso del anterior programa de sustitución de cultivos se debe a la falta de «un enfoque territorial, que tuviera en cuenta las dinámicas de los territorios donde se cultiva coca», dijo Carolina Cepeda, politóloga de la Universidad Javeriana. El plan de Petro, por el contrario, «intenta tejer mecanismos de participación para incorporar el conocimiento de los cocaleros».
Un reto añadido es que «las comunidades campesinas seguirán a merced del orden social impuesto por los grupos armados» que controlan las zonas cocaleras, como explica Ana María Rueda, de la Fundación Ideas para la Paz, en El Espectador. De hecho, algunos participantes en el programa de sustitución de cultivos fueron asesinados por paramilitares o grupos disidentes de las FARC.
Una política integral
La nueva política antidrogas del gobierno Petro no se centra en la represión policial y militar, sino en los cultivos industriales, con el objetivo de infligir pérdidas de entre 55.000 y 86.000 millones de dólares a las finanzas del narcotráfico. Al mismo tiempo, el gobierno mostró su predisposición a negociar con los narcotraficantes, una estrategia que Cepeda considera acertada: «Se demostró que la política de mano dura no funciona; negociar es sin duda una forma más eficaz de abordar el problema».
Buscar acuerdos de desarme con las organizaciones criminales forma parte de la política de «paz total» con la que Petro quiere poner fin a décadas de conflicto armado en Colombia. «Se trata de ofrecer una rebaja de penas y quedarse con parte de sus recursos económicos, siempre y cuando desmantelen la estructura criminal, devuelvan bienes, reparen a las víctimas y asuman su responsabilidad penal», explicó en Ctxt el ministro de Justicia Néstor Osuna.
La represión contra los cocaleros causó numerosas víctimas y también graves daños al medio ambiente y a la salud, especialmente por la fumigación de los cultivos con glifosato, una sustancia clasificada como «probablemente cancerígena» por la Organización Mundial de la Salud. El presidente conservador Iván Duque (2018-2022) compró 263.000 litros del herbicida menos de dos semanas antes de que asumiera Petro, quien se negó a usarlo. «Las políticas anteriores veían estos temas [ambientales] como daños colaterales», señala la politóloga Sandra Borda, mientras que la nueva política es «integral».
El plan de la administración Petro también cambia el enfoque del gobierno hacia los consumidores de drogas. «El consumo problemático debe ser enfrentado con centros de abastecimiento controlados, con apoyo terapéutico y sanitario», dice el ministro Osuna. La socióloga Estefanía Ciro, quien dirigió el área de drogas de la comisión de la verdad sobre el conflicto armado colombiano, dijo en conversación telefónica que la nueva política «promueve la desestigmatización, la protección de los usuarios y la reducción del riesgo», aunque precisa que «es la misma estrategia que se siguió desde [el ex presidente] Juan Manuel Santos, y hasta ahora no hay una inversión [económica] real».
La diplomacia de las drogas y el debate sobre la legalización
Durante décadas, Colombia fue un fiel aliado de Estados Unidos en su guerra contra las drogas. «Con el Plan Colombia, [los ex presidentes Andrés] Pastrana y [Álvaro] Uribe [lograron] recibir dinero para la lucha antidroga y utilizarlo en la lucha antiinsurgente» contra la guerrilla, explica Cepeda.
La administración de Joe Biden no se pronunció públicamente sobre el nuevo enfoque de Colombia en materia de drogas, pero Ciro cree que «la nueva política antidroga cuenta con el pleno apoyo de Estados Unidos. Se basa en el documento de la Comisión del Congreso sobre Política de Drogas en el Hemisferio Occidental, que acuñó el término “política holística” que Gustavo Petro utilizó desde el principio».
El gobierno colombiano también buscó apoyo en toda América Latina y el Caribe. El pasado mes de septiembre reunió a más de treinta países de la región en una conferencia en Cali. El invitado principal fue Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, que comparte con Colombia el trágico récord de decenas de miles de muertos en la guerra contra el narcotráfico. Pero la reunión se vio ensombrecida por las diferencias entre los dos gobiernos: durante su presidencia, López Obrador pasó de prometer negociaciones con los cárteles bajo el lema «Abrazos, no balazos» a una postura mucho más prohibicionista, similar a la de anteriores presidentes mexicanos.
Las alianzas internacionales serán una de las claves del éxito o el fracaso de la nueva política antidrogas colombiana. La otra es la implementación. En palabras de Cepeda, «hay que “darle dientes” a la política de drogas; hay que traducirla en políticas concretas, para que no sea fácil cambiarla para cualquiera que venga dentro de tres años».
Una ausencia notable en la nueva política de drogas colombiana es la legalización. En diciembre pasado, una propuesta para regular el comercio de marihuana, promovida por la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, fue rechazada por quinta vez en el Parlamento, donde el Gobierno no tiene mayoría. Más polémico es el tema de la cocaína: Petro afirmó que si se legalizara, «se acabaría automáticamente la violencia en Colombia», aunque recalcó que esto «no depende de [su] voluntad».
Estefanía Ciro cree que la legalización «es la forma de disminuir los impactos del mercado de la cocaína y el cannabis en términos de violación de los derechos humanos. No va a haber un atisbo de paz mientras no haya una regulación legal bajo principios de justicia social».
