Hace poco más de tres años, los agricultores indios se movilizaron en uno de los mayores movimientos sociales que ha vivido el país en décadas, y asestaron un importante golpe al gobierno de Narendra Modi. Desde principios de este año, han reanudado su campaña de protesta.
En febrero, una organización de sindicatos de agricultores de los estados de Punjab, Haryana y Uttar Pradesh convocó una marcha «Dilli Chalo» a Delhi. Los agricultores se enfrentaron a una dura represión estatal en la frontera entre Punjab y Haryana. Un agricultor de veintitrés años, Shubhakaran Singh, del Punjab, sucumbió a una herida en la cabeza que recibió mientras avanzaba hacia Delhi.
La convocatoria de Dilli Chalo fue encabezada por dos grupos, el Samyukta Kisan Morcha (SKM) (no político) y el Kisan Mazdoor Morcha (KMM). El SKM (no político) es una facción escindida del Samyukta Kisan Morcha (SKM), un frente colectivo de sindicatos de agricultores de todo el país que lideró el movimiento campesino en 2020-21. El 23 de febrero, el propio SKM se unió a la convocatoria de protestas en curso.
A continuación, el SKM hizo otro llamamiento en el que pedía a las organizaciones de agricultores que acudieran al Ramleela Ground de Delhi para celebrar una conferencia. Más de cincuenta mil agricultores de todo el país participaron en la asamblea celebrada el 14 de marzo, que culminó con un llamamiento a la unidad de todas las organizaciones de agricultores. Las organizaciones de agricultores también instaron unánimemente al electorado a derrotar al gobierno de Modi en las próximas elecciones.
Reivindicaciones
Las principales reivindicaciones planteadas por estos sindicatos de agricultores incluyen un precio mínimo de apoyo (PMS) legalmente garantizado para una canasta de cultivos seleccionados, una reducción de los costes de los insumos, la condonación de los préstamos agrícolas y la derogación de la Ley de Electricidad (Enmienda) de 2022. Quieren que el PSM se calcule de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión Swaminathan, la comisión nacional sobre los agricultores.
En 2006, la Comisión Swaminathan recomendó que se pagara a los agricultores el 50% por encima del coste global (C2) como PSM (C2+50). Esta ha sido una de las principales reivindicaciones de los agricultores desde 2006. El C2 incluye los costes imputados de la mano de obra familiar, la renta imputada de la tierra en propiedad y los intereses imputados del capital en propiedad. La Comisión de Costes y Precios Agrícolas (CACP) del gobierno central calcula y publica el C2 cada año en sus Informes de Política de Precios.
Los sindicatos de agricultores iniciaron la anterior ronda de protestas para oponerse a tres leyes agrarias introducidas por el gobierno de Modi. En diciembre de 2021 decidieron suspender las protestas cuando el gobierno indio retiró las leyes agrarias y accedió a debatir las demás demandas del movimiento, incluidos los precios garantizados y la retirada de las causas penales contra los agricultores que protestaban.
Se constituyó un comité para decidir sobre asuntos como la promoción de la agricultura natural de presupuesto cero, cambios científicos en el patrón de cultivos teniendo en cuenta las necesidades cambiantes del país y formas de hacer más eficaz y transparente el MSP. El comité debía incluir representantes del gobierno central y de los gobiernos estatales, así como agricultores, científicos agrícolas y economistas agrarios.
Una nueva ronda de protestas
Sin embargo, los agricultores que han vuelto a protestar sostienen que el comité no ha cumplido en absoluto sus promesas. Badal Saroj, secretario conjunto de All India Kisan Sabha y líder del SKM, identificó algunos problemas centrales en la constitución del comité del MSP. Señaló que los miembros del SKM que deberían haber sido nombrados miembros del comité no lo fueron, mientras que las personas que sí recibieron puestos en el comité habían expresado públicamente su oposición al MSP para los cultivos.
Según Saroj, el gobierno de Modi estaba intentando aplicar las tres leyes agrícolas por la puerta de atrás. En el presupuesto provisional, por ejemplo, había permitido al sector privado participar en actividades posteriores a la cosecha, como el almacenamiento, la transformación, la comercialización y la creación de marcas.
También hay factores subyacentes más profundos tras el descontento de los agricultores indios. En las encuestas realizadas durante la anterior ronda de protestas, los agricultores informaron de que vivían en un estado de crisis perpetua, sin recibir siquiera un precio mínimo por sus productos que cubriera el coste del cultivo y del trabajo humano. Al mismo tiempo, los costes de los fertilizantes, las semillas, los pesticidas y la electricidad han ido en aumento. A duras penas pueden hacer frente a los costes de cultivo, por lo que se ven obligados a pedir prestado a cada paso.
El bajo rendimiento de sus productos les obliga a endeudarse constantemente. La agricultura no ha sido una fuente viable de sustento para los agricultores del país en las dos últimas décadas. Para colmo de males, la compra de productos agrícolas por parte del Estado no ha dejado de disminuir a lo largo de los años. Por ejemplo, la adquisición de trigo por parte del gobierno cayó un 53% en 2022-23 en comparación con el año anterior.
Según una encuesta realizada por la Oficina Nacional de Estadística, la deuda agrícola por hogar aumentó casi un 58% entre 2013 y 2019. El informe señala que más de la mitad de los hogares agrícolas estaban endeudados, con un préstamo promedio pendiente por hogar de 74.121 rupias en 2018. Los ingresos medios por hogar en la India rural son de poco más de 300.000 rupias.
Los suicidios agrícolas en la India han aumentado bruscamente en las últimas dos décadas. Según las cifras recientes publicadas por la Oficina Nacional de Registros de Delitos, casi cincuenta y cuatro mil agricultores y trabajadores agrícolas se suicidaron entre 2018 y 2022. Entre 1995 y 2018, casi cuatrocientos mil agricultores se suicidaron en total.
La agricultura sigue ocupando a una gran parte de la población en la India a falta de mejores opciones. Según el informe de la Encuesta Periódica de la Fuerza Laboral para 2021-22, alrededor del 45,5 por ciento de la fuerza laboral total todavía se dedica a actividades agrícolas y afines, que representaron el 18,3 por ciento del valor añadido bruto de la India para 2022-23. Aunque la contribución de los sectores industrial y de servicios de la India al PIB ha aumentado, estos sectores no han logrado absorber el excedente de mano de obra dedicada a la agricultura.
La creciente fragmentación de las explotaciones agrícolas también ha hecho la vida más difícil a la mayoría de los pequeños agricultores y agricultores marginales. Desde el primer censo agrícola de 1971, el número de explotaciones agrarias en la India se ha más que duplicado, pasando de 71 millones en 1970-71 a 145 millones en 2015-16. El número de explotaciones agrícolas marginales ha aumentado en los últimos años. El número de explotaciones marginales (menos de una hectárea) ha aumentado de treinta y seis millones en 1971 a noventa y tres millones en 2011.
A medida que aumentaba el número de explotaciones, el tamaño medio de las mismas se redujo a menos de la mitad, pasando de 2,28 hectáreas a 1,08 hectáreas entre 1970 y 2016. Al mismo tiempo, el número de trabajadores agrícolas sin tierra aumentó de 106,8 millones en 2001 a 144,3 millones en 2011, mientras que el número de cultivadores disminuyó de 127,3 millones a 118,8 millones durante el mismo período. Por primera vez, el número de jornaleros agrícolas superó al de agricultores.
Una crisis más profunda
Estas tendencias negativas —disminución de la rentabilidad, aumento de los costes de los insumos, falta de oportunidades alternativas, estancamiento de la productividad— son, en última instancia, síntomas de una crisis agraria más profunda. Esa crisis se deriva de una historia de políticas negligentes por parte de los sucesivos gobiernos de la India.
En la raíz del problema está la naturaleza sesgada del desarrollo capitalista emprendido en India inmediatamente después de la independencia y el fracaso de las reformas agrarias en la mayoría de los estados indios, con la excepción de Jammu y Cachemira, Kerala, Bengala Occidental y Tripura. En la mayoría de los estados, la reforma agraria acabó siendo una aspiración teórica que nunca se hizo realidad.
A falta de reformas agrarias igualitarias, los esfuerzos del gobierno por promover el desarrollo agrario acabaron beneficiando de forma desproporcionada a las clases campesinas ricas y terratenientes. Así pues, las desigualdades de clase y de casta aumentaron paralelamente al crecimiento agrícola y al incremento de la productividad.
La revolución verde también acentuó las desigualdades, ya que la propiedad de la tierra, los recursos y el acceso al crédito agrícola permitieron al campesinado rural rico y terrateniente obtener beneficios desproporcionados. Esta trayectoria de desarrollo desigual se tradujo en pobreza masiva, desempleo y una disminución del poder adquisitivo del campesinado rural, lo que, a su vez, provocó un retraso en el crecimiento del mercado interior y frenó el avance de la industrialización.
A principios de la década de 1990, India se encontraba inmersa en una crisis de la balanza de pagos. El gobierno indio respondió aplicando reformas económicas neoliberales, liberalizando el comercio y las finanzas y privatizando empresas públicas. En el sector agrícola, estas reformas se tradujeron en políticas fiscales deflacionistas y en una reducción de la inversión pública destinada a la agricultura, incluidas las infraestructuras rurales, el regadío, las subvenciones agrícolas y la investigación.
La disminución del gasto rural y agrícola también afectó negativamente a la generación de empleo en las zonas rurales. Los recortes en las subvenciones para fertilizantes, combustible y energía dispararon los costes de los insumos agrícolas. La apertura del comercio internacional también coincidió con una caída de los precios internacionales de los cultivos de cereales no alimentarios, como el algodón y las semillas oleaginosas. Al mismo tiempo, se debilitó la protección proporcionada por el gobierno al campesinado en forma de subsidios agrícolas y MSP.
No es de extrañar que esta crisis agraria haya empujado a los agricultores de todas las clases —ricos y pobres, terratenientes y sin tierra— a exigir un cambio en sus circunstancias económicas. A pesar de la naturaleza polifacética de la crisis, los debates en los medios de comunicación indios tienden a centrarse en aspectos periféricos de la cuestión. Una vez más, las páginas de los periódicos nacionales se llenan de discusiones sobre el MSP o la diversificación de la agricultura (por no hablar de los constantes informes sobre los trastornos que los bloqueos de los agricultores han estado causando a la «gente corriente»), mientras que las cuestiones más profundas se pasan por alto.
Las elecciones de 2024
Está previsto que la India celebre elecciones generales en abril y mayo de 2024. Para preparar la campaña, el gobierno de Modi organizó una gran ceremonia en enero de 2024 en la que el propio primer ministro inauguró el templo Ram Mandir en Ayodhya, antiguo emplazamiento de una mezquita que fue demolida por una turba en 1992. El ambiente, cargado de religiosidad, se diseñó para atraer a la mayoría hindú de la India, incluso cuando los problemas centrales de sus vidas —desempleo, hambre, suicidios en las granjas— seguían sin abordarse.
El principal impacto del movimiento de los agricultores ha sido devolver estas cuestiones materiales al primer plano de la discusión. Esta oleada de protestas de los agricultores ha hecho mella una vez más en la imagen de invencibilidad de Modi. Según Badal Saroj, del SKM, el movimiento ha llevado a una consolidación de la oposición política en estados como Bihar, Uttar Pradesh, Rajastán y, en cierta medida, Madhya Pradesh y Chhattisgarh:
Debido a la naturaleza orgánica de la lucha, el movimiento ha llevado la situación más allá del control y las expectativas del gobierno. Las cuestiones que pretendían ocultar han vuelto a los debates cotidianos de la gente.
El bloque de la oposición, que se autodenomina Alianza Nacional para el Desarrollo Inclusivo de la India (INDIA, por sus siglas en inglés), ha respaldado públicamente la demanda de los agricultores de un PSM garantizado por ley al tipo de C2 + 50%. El líder del Congreso Nacional Indio, Rahul Gandhi, hizo la siguiente promesa:
Si el bloque INDIA llega al poder tras las elecciones generales, daremos una garantía legal al MSP. Siempre que los agricultores han pedido algo al Congreso, se les ha dado. Ya se trate de la condonación de préstamos o del MSP, siempre hemos protegido los intereses de los cultivadores y lo seguiremos haciendo en el futuro.
La profundidad de la crisis agraria hace imposible resolverla mediante soluciones rápidas. La perseverancia de los agricultores refleja la atroz situación que han padecido en las últimas décadas. Esto les motivará a seguir movilizándose una y otra vez. A través de su lucha continua, seguirán volviendo a poner en el orden del día los problemas materiales a los que se enfrenta la población de la India, independientemente de quién resulte elegido este año.
