Con 40 años de edad, el millonario presidente millennial de El Salvador ha buscado proyectar una imagen internacional como un joven e irreverente disrupter al estilo de Silicon Valley. Nayib Bukele captó los titulares al tomarse una selfie durante su primer discurso en la ONU; luego, invitó a la controversia global al convertir a su país en el único en el mundo de hacer del Bitcoin una moneda de curso legal.
Pero bajo esa fachada superficial de techbro, el gobierno de Bukele tiene un carácter profundamente autoritario. El presidente, que ha gozado de altos niveles de favorabilidad a pesar de su consolidación inconstitucional en el poder ejecutivo, ahora enfrenta a un creciente movimiento de oposición en medio de una crisis económica y política cada vez más intensa.
Autoritarismo techbro
Nayib Bukele hizo campaña como un luchador posideológico contra la corrupción de una clase política decadente. Su imágen juvenil y rebelde, junto con los recursos formidables de su familia y su experticia con los medios digitales, le ayudó a derrocar al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), partido de izquierda de la exinsurgencia desmovilizada, el cual había gobernado entre 2009-2019. Bukele, quien alcanzó la fama como alcalde del FMLN, pronto traicionó a su ex partido y se aprovechó de la campaña de desestabilización impulsada por la derecha oligárquica en contra de la izquierda gobernante para beneficiarse en las urnas.
A pesar de designar tanto al partido tradicional de la izquierda como de la derecha como sus enemigos, Bukele armó una coalición compuesta por los oportunistas más detestables de ambos polos de la política salvadoreña. En el poder, convirtió al gobierno salvadoreño en una agencia publicitaria, abandonando a los restos de la política social del FMLN a las manos corruptos y negligentes de su gabinete mientras las finanzas públicas se descontrolaban.
Para consolidarse y mantenerse en el gobierno, Bukele ha destruido las conquistas de los Acuerdos de Paz, que proporcionaron un fin negociado a la guerra civil de doce años. Ha fomentado la remilitarización de la política salvadoreña y, por extensión, la repolitización de las Fuerzas Armadas, efectivamente aboliendo la separación de poderes y criminalizando al disenso.
Los hechos dramáticos del 9 de febrero de 2020, cuando el presidente invadió a la legislatura con el Ejército para exigir la aprobación de un préstamo para la seguridad pública, resultaron ser un preludio de los autogolpes que vendrían. El 1 de mayo de 2020, horas después de que la nueva mayoría calificada parlamentaria del partido del presidente, Nuevas Ideas, se juramentara, los diputados destituyeron al Fiscal General y los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, reemplazándolos con partidarios del régimen.
El nuevo Fiscal cerró la incipiente Comisión contra la corrupción —entidad respaldada por la OEA e instalada como promesa de campaña de Bukele mismo— y lanzó una operación de persecución política que hasta la fecha tiene a más de una docena de exfuncionarios del FMLN encarcelados. El 1 de septiembre, la nueva Sala de lo Constitucional ejecutó una purga del resto del órgano judicial, ordenando la jubilación obligatoria de todos los jueces mayores de sesenta años. Unos días después, desafiaron la prohibición constitucional para autorizar la reelección del presidente.
La profundamente impopular Ley Bitcoin apareció tras estos graves atentados contra el orden democrático salvadoreño, un orden frágil y limitado pero conquistado con mucho sacrificio por parte del pueblo organizado. En este contexto, resultó ser la gota que rebalsó el vaso, provocando protestas masivas que amenazan a la base popular que le presta legitimidad a la presidencia de Bukele.
La apuesta del Bitcoin
La propuesta de Bitcoin de Bukele fue recibida de manera inmediata con un enorme rechazo en El Salvador, donde los traumas de la dolarización de la economía en 2001 siguen frescos en la memoria popular. La ley, de apenas tres páginas, fue presentada y aprobada en cuestión de horas por el partido oficial, pocos días después de que el presidente sorprendiera al país con el anuncio (en inglés) en una conferencia en Miami en junio.
Las encuestas confirman una desaprobación mayoritaria de la medida, así como la confusión e ignorancia generalizada respeto la mecánica de la criptomoneda. Frente al incremento de la ansiedad pública en vísperas de la implementación de la ley, el presidente aseguró que el uso de Bitcoin no sería obligatorio. La legislación misma, empero, incluye un mandato de que «todo agente económico» acepte las transacciones de Bitcoin, y que obligaciones existentes que se expresan en dólares se puedan pagar con la criptomoneda.
La iniciativa ha dejado perplejos a observadores tanto locales como internacionales. En la interpretación más generosa, la «bitcoinización» pareciera un esfuerzo desubicado por aplicar una solución tecnológica para los problemas profundamente estructurales de la economía salvadoreña. La gestión improvisada e irresponsable de Bukele, en el contexto ya desfavorable de la pandemia, ha conducido al país a la crisis económica más grave en décadas.
Los diputados de Bukele, desesperados por financiamiento pero renuentes de implementar una reforma fiscal progresiva, incrementaron la deuda pública hasta superar el 90% del PIB. Pero el anuncio de la Ley Bitcoin solo impulsó más inestabilidad, poniendo en peligro las negociaciones con el FMI y provocando el derrumbe de la calificación de crédito del país.
La apuesta se ha presentada como una medida para atraer a inversión extranjera, una escalada de «Surf City», el ejercicio de marketing de Bukele para las playas del occidente. En el mejor de los casos, empero, amenaza de inundar a la costa salvadoreña con una marea de estafadores e insoportables influencers digitales. Más grave aun, la adopción del Bitcoin promete el ingreso masivo de organizaciones criminales buscando lavar sus ingresos ilícitos.
La Ley Bitcoin de Bukele también representa un peligro ecológico. En 2017, tras una batalla de años que se cobró la vida de múltiples defensores del agua, El Salvador se convirtió en el primer y único país en el mundo de prohibir la minería metálica. Ahora, el presidente ha ofrecido canalizar los limitados recursos nacionales geotérmicos hacía la minería de Bitcoin, lo cual pronto obligaría al país a importar energía basada en hidrocarburos para cubrir la demanda nacional.
No obstante, el discurso oficial para el público salvadoreño se centra en promover al Bitcoin como medio de remesa, esas transferencias salariales realizadas por migrantes trabajadores en Estados Unidos para sus familiares en El Salvador. Mientras la economía salvadoreña continúa en declive, las remesas han llegado a representar la principal fuente de divisas para el país, alcanzando casi el 25% del PIB en 2020. Bukele apela a que los migrantes envíen sus remesas por la aplicación contratada por el Estado, el «Chivo wallet», para eludir las comisiones abusivas cobradas por servicios como Western Union.
El problema, empero, es que Bitcoin carece de la estabilidad del dólar. De hecho, varios economistas han señalado que esta criptomoneda volátil es mejor concebida como un criptoactivo: bueno para la especulación e inversión, malo para las transacciones cotidianas, medidas de precio o ahorros. Para las familias salvadoreñas de la clase trabajadora, que dependen de las remesas para llegar a fin de mes, el recibir solo una fracción del valor de los fondos enviados es un riesgo que no pueden tomar. Lejos de ser una herramienta para emancipar la economía salvadoreña de su dependencia extranjera, la bitcoinización solo ofrece nuevas formas de subordinación y vulnerabilidad externa.
Estos temores se han confirmado a lo largo de la implementación caótica de la infraestructura oficial para el Bitcoin. Días antes, la policía detuvo de manera arbitraria a Mario Gómez, un crítico destacado de la política de Bitcoin y personaje del Twitter salvadoreño, acción que provocó denuncias internacionales. El 7 de septiembre, el lanzamiento de la aplicación Chivo reveló un sistema plagado por problemas técnicos. El mismo día, el precio de Bitcoin cayó de manera precipitada, un dip del cual todavía no se ha recuperado. Al mismo tiempo, San Salvador vivió su primera marcha masiva y multisectorial contra el gobierno. Bajo la consigna «No al Bitcoin», la movilización incluyó a jueces recién destituidos por la Corte Suprema de Bukele, quienes condenaron al ataque del gobierno contra la Constitución.
Sin embargo, la marcha del 7 de septiembre solo fue un ensayo. El 15 de septiembre, mientras Bukele preparaba su ceremonia oficial para el Bicentenario centroamericano, fueron miles las personas que salieron a las calles para rechazar al autoritarismo del gobierno. Desde múltiples puntos de partida, los manifestantes convergieron en la Plaza Morazán del Centro Histórico de San Salvador, la cual resultó muy pequeño para la multitud. Organizaciones feministas, grupos estudiantiles, veteranos de guerra, sindicatos y comités del FMLN se juntaron con gremios profesionales y políticos de la derecha en las calles para denunciar al presidente.
Con esperanzas de desestabilizar y deslegitimar a las protestas, Bukele retiró a la Policía de las calles e infiltró la marcha con provocadores. Estos, empero, fueron identificados y aislados de manera inmediata por los organizadores. La demostración de fuerza del movimiento opacó al acto protocolario del presidente. En su discurso grabado esa noche, Bukele calificó a los manifestantes como vándalos, financiados por actores internacionales. Nunca pronunció la palabra «Bitcoin».
La izquierda
Bukele ha defendido las prácticas antidemocráticas de su gobierno al citar su apoyo popular persistente. En el fondo de su populismo autoritario, empero, reside un proyecto profundamente antipopular, un ejercicio del poder unilateral, desde arriba, al servicio de una minoría élite. El movimiento de protesta emergente marca un punto de inflexión, representando el primer desafío masivo al reino del presidente.
También marca un nuevo momento para la atribulada izquierda salvadoreña. Las movilizaciones recientes fueron notablemente diversas, con participación de todo el espectro político y una significativa asistencia espontánea de salvadoreños sin afiliación organizacional. No obstante, esa diversidad no debería de opacar al papel clave de la izquierda en organizar las acciones.
Los colectivos que convocaron las marchas del 7 y 15 de septiembre, algunos de los cuales tienen vínculos directos con el FMLN y otros claramente se oponen al partido, demostraron niveles de madurez esperanzadores a la hora de coordinar las acciones e impulsar la participación. Estos esfuerzos recurrieron a la vasta experiencia de las viejas generaciones militantes, junto a la creatividad y energía de los organizadores más jóvenes.
Tras sucesivas derrotas electorales, el FMLN se encuentra atormentado por conflicto interno. Divisiones ideológicas y estratégicas, suprimidas por años, por fin están encontrando una expresión abierta, y se ha abierto un cisma entre los flancos de derecha e izquierda del partido. Aún así, la fuerza del partido en la coalición opositora emergente es innegable. La campaña viral que hizo el FMLN contra el Bitcoin y su representación notable en las movilizaciones recientes sirvieron como recordatorio de que, aún en su momento más débil, su alcance territorial, sus recursos y su capacidad organizativa permanecen sin rivales en la izquierda salvadoreña.
Mientras la consolidación autoritaria de Bukele se intensifica, los movimientos populares están forjando un frente opositor amplio en contra del gobierno. Estas organizaciones surgen de una fuerte tradición de lucha en contra de regímenes represivos. Sin alcanzar siquiera la mitad de su período de cinco años, la luna de miel de Bukele se acabó.
