Los resultados de las elecciones presidenciales de El Salvador eran previsibles dado su actual panorama político. El 4 de febrero de 2024, el actual presidente Nayib Bukele fue reelegido con casi el 83% de los votos, a pesar de numerosas irregularidades. La mayor irregularidad de todas es el hecho de que, según la Constitución de El Salvador, los gobernantes no pueden optar a un segundo mandato consecutivo. Sin embargo, mediante una serie de cortinas de humo y espejismos para sofocar cualquier protesta potencial, Bukele se postuló de todos modos, burlando las normas democráticas en favor de planteos de mano dura. El medio independiente salvadoreño El Faro llegó a proclamar el fin de la democracia en el país tras el desmantelamiento del poder judicial por parte de Bukele, lo que allanó el camino para su candidatura en 2021.

La última victoria de Bukele fue analizada por muchos como una señal del agotamiento de los salvadoreños con el statu quo anterior. Como sostuve en otras ocasiones, tras décadas de dominio de las maras, los votantes estaban dispuestos a aceptar graves violaciones de los derechos humanos y el encarcelamiento indefinido de algunos salvadoreños a cambio de una mayor seguridad para las masas. Los votos a favor de Bukele confirmaron la voluntad de los salvadoreños de mantener el estado de excepción, una forma de gobierno de emergencia que está vigente desde el 27 de marzo de 2022. La suspensión de muchos derechos bajo el estado de excepción fue parte del significativo retroceso democrático de El Salvador y del creciente autoritarismo.

Otras medidas antidemocráticas incluyen el fraude en las elecciones legislativas y la manipulación para reducir drásticamente el número de municipios con el fin de consolidar el poder del partido Nuevas Ideas. La mayor preocupación, sin embargo, es la práctica de las detenciones arbitrarias e indefinidas, que Bukele anunció como prueba de un Estado fuerte que rompe el control de las conocidas maras de El Salvador. Pero la historia es más complicada de lo que su gobierno quiere hacer creer.

Estado de excepción

En febrero de 2024, más de 75.000 personas se encuentran detenidas en El Salvador en virtud del estado de excepción. Cuando se combinan con las aproximadamente 30.000 personas ya oficialmente encarceladas allí, el número total asciende a cerca del 2 por ciento de toda la población salvadoreña. Esto convierte a El Salvador en el país del mundo con la mayor tasa per cápita de detenidos.

Los peligros a los que se enfrentan las personas encarceladas en El Salvador son enormes. Los detenidos se exponen a riesgos derivados de la desnutrición, la falta de materiales básicos de higiene, la falta de acceso a medicamentos críticos o atención médica y a la tortura. Bajo el estado de excepción, existe un bloqueo total de las comunicaciones de quienes se encuentran dentro de las prisiones, lo que significa que no hay visitas familiares, llamadas telefónicas ni correo. Un pequeño número de trabajadores de derechos humanos y agencias de noticias han compartido historias que documentan las atroces condiciones en las prisiones, pero se hizo poco para frenar los abusos.

A principios de 2024, llevé a cabo una investigación en El Salvador sobre diversos aspectos del retroceso democrático y el estado de excepción. Un entrevistado, organizador comunitario de cerca de San Salvador que pidió no ser identificado por motivos de seguridad, contó que la madre de un detenido como integrante de una mara, fue también arrestada y torturada por la policía. La policía le mostró imágenes de la madre siendo torturada al hijo detenido y en una ocasión grabó un vídeo y se lo envió a otro funcionario de prisiones que custodiaba al hijo, para obligarlo a nombrar a más miembros de su banda, a cambio de liberar a la madre. La madre fue finalmente asesinada en prisión y su cuerpo no fue entregado durante varios días. La familia celebró un funeral con el ataúd abierto para protestar por las torturas infligidas por agentes del Estado: a la madre le faltaba un ojo, que había sido golpeado como con una porra.

Las mujeres familiares de niños y hombres implicados en maras se convirtieron en daños colaterales bajo el estado de excepción. Una entrevistada cerca de Apopa comentó que había visto cómo detenían y encarcelaban a abuelas, madres y novias de antiguos pandilleros. Al salir de la cárcel, además, a menudo pierden sus trabajos por el riesgo que implica contratar a alguien con antecedentes penales. Estas personas no sólo pueden volver a ser encarceladas en cualquier momento en virtud del estado de excepción, sino que los empleadores también pueden ser detenidos por haberlas contratado, ya que la policía argumenta que también están implicados en actividades de las maras.

Otro entrevistado, que regentea un taller mecánico en San Salvador, dio testimonio de ello. Él emplea a jóvenes que antes formaban parte de las maras, lo que les proporciona unos ingresos muy necesarios mientras planean una nueva vida lejos de las fuentes ilícitas de ingresos. Con la mirada fija en el suelo de tierra, rodeado de repuestos de automóviles, relató su detención y encarcelamiento de una semana, a inicios del estado de excepción. «Sólo me dejaron salir por la gracia de Dios y de mis hijos, que fueron a suplicar mi liberación. Ahora básicamente ya no salgo de la tienda ni de casa, por miedo a que me detengan». Me cuenta que su empleado más leal, un hombre cuyo hermano fue asesinado por la policía años antes, también fue detenido cuando comenzó el estado de excepción y nadie ha vuelto a saber de él.

Para cualquier persona que quiera dejar atrás la vida de las maras, ahora hay un nuevo obstáculo: encontrar una segunda oportunidad en el contexto de un estado de excepción que suspende los derechos constitucionales. Un organizador comunitario con el que hablé comentó que «hay muchos niños pequeños que terminan siendo criados por un tío problemático o un primo alcohólico, porque ambos padres están en la cárcel. Muchas de las personas encerradas son padres, y no hay ninguna red de seguridad para los niños».

Es difícil exagerar el daño económico que sufren las comunidades de clase trabajadora en este escenario. La hija mayor de una familia tuvo que buscarse un novio mayor para poder sobrevivir. El acompañamiento es una estrategia de supervivencia cada vez más habitual para niñas y mujeres en El Salvador, junto con formas más flagrantes de trabajo sexual.

Cuando hablé con activistas del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), una mujer cuya pareja está encarcelada contó que un hombre seguía intentando obligarla a acostarse con él, diciéndole: «Sé que ahora no tienes dinero ni nadie que te proteja». Mientras tanto, su hija adolescente tuvo que luchar en dos ocasiones contra intentos de secuestro por parte de agentes de policía uniformados, que en algunos casos estuvieron pidiendo rescates para devolver a personas a sus familias tras secuestrarlas o detenerlas para cubrir cuotas de detenciones. En ambos escenarios, policías y soldados ampliaron el uso de la violencia entre la población civil. Las mujeres y las niñas, en particular, son extremadamente vulnerables a estas formas de violencia estatal.

Seguridad sin derechos

Entonces, ¿están más seguros los salvadoreños bajo el estado de excepción? Depende de a quién se pregunte. En general, los trabajadores del transporte afirman sentir menos miedo a la extorsión por cruzar territorios de bandas rivales en el transcurso de su jornada. Las clases media y alta también dicen sentirse más seguras, ya que están más aisladas de la violencia depredadora de la policía y el ejército que sus homólogos de la clase trabajadora.

Los salvadoreños de clase trabajadora también pueden alegrarse de su nueva seguridad, hasta que ellos mismos se ven afectados. Una trabajadora de una ONG en San Salvador relató cómo la mujer que hace años vendía tortillas en su barrio estuvo eufórica durante el primer mes del estado de excepción. «Ya no tengo que pagar 25 centavos a las bandas cada vez que quiero cruzar una calle. Puedo llevarme ese dinero a casa», se jactaba tras las primeras semanas de detenciones masivas en 2022. Pero varias semanas después, susurró a su cliente: «¿Sabes a qué organización de derechos humanos puedo dirigirme para pedir ayuda? Detuvieron a mi nieto y no sé qué hacer. Es inocente».

El plan de seguridad de Bukele para El Salvador puede haberse ganado a la opinión pública gracias a un monopolio casi total de los medios de comunicación. Pero para la gente que vive con lo justo, los beneficios tangibles son mucho menos claros. Se cambió a un agresor por otro.

¿Seguridad a qué precio?

En la breve obra de ficción de Ursula Le Guin de 1973 «Los que se alejan de Omelas», el precio de un mayor bienestar social lo paga una persona miserable: un niño encerrado fuera de la vista y privado de todos sus derechos, que apenas sobrevive. El niño es torturado en privado, pero los habitantes de Omelas saben lo que está ocurriendo en su nombre. Los habitantes habituales de Omelas, que disfrutan de la música y las fiestas de su encantadora vida, son cómplices de la tortura del niño al aceptarla como el precio que alguien debe pagar para mantener la felicidad de la mayoría.

La seguridad de algunos en El Salvador la pagan los detenidos bajo el estado de excepción y sus familias y comunidades. Sólo un puñado de inconformistas están dispuestos, como lo plantea Le Guin, a alejarse de Omelas, señalando su disidencia. Muchos trabajadores de derechos humanos y miembros de la comunidad con los que hablé dijeron que permanecían callados, bien por aprecio a las políticas de Bukele, bien por miedo a ser ellos mismos denunciados por manifestar su oposición.

¿Qué precio es demasiado alto para pagar por la seguridad personal? En Omelas, la tortura de una persona garantiza el bienestar de muchas. En El Salvador, los votantes condenan a prisión al 2% de la población —mientras renuncian a sus derechos humanos y constitucionales comunes— a cambio de un futuro incierto.