Se suponía que el 4 de febrero sería el día de la coronación de Nayib Bukele. Tras haber amañado con éxito el sistema electoral a su favor, haber suprimido a la oposición política y haberse ganado a gran parte de la población mediante una aparente victoria sobre las tristemente célebres pandillas criminales de El Salvador, el millonario millennial y actual presidente estaba preparado para conseguir fácilmente un segundo mandato —al margen de las prohibiciones constitucionales sobre la reelección— y arrasar en las legislativas con su partido Nuevas Ideas (NI).
Según la mayoría de las encuestas, eso es exactamente lo que ocurrió. Algo menos del 53% de los salvadoreños acudieron a las urnas aquel domingo, y la inmensa mayoría de ellos votaron por Bukele. Gran parte de esos votantes —aunque, al parecer, no tantos como esperaba el presidente— también votaron por el partido de Bukele en las legislativas.
Pero algo salió mal. cuando los integrantes de las juntas receptoras de votos (JRV) empezaron a ingresar sus resultados, la plataforma que registraba los resultados preliminares la noche de las elecciones se bloqueó. Con solo el 70% de los votos presidenciales y el 5% de los resultados legislativos contabilizados, la junta electoral nacional (el Tribunal Supremo Electoral o TSE) declaró fallido el escrutinio preliminar.
El recuento que le siguió fue polémico, y las acusaciones de fraude —ahora todavía más creíbles— aumentaron exponencialmente. Bukele y su partido parecían estar robando unas elecciones que, en la mayoría de los casos, ya habían ganado.
Manipular el sistema
Mucho antes del día de las elecciones, tanto movimientos sociales como analistas habían advertido que el intento de reelección inconstitucional del presidente, junto al creciente autoritarismo y las reformas de última hora, hacían imposible la celebración de unas elecciones libres y justas en El Salvador.
Los comicios del 4 de febrero fueron los primeros desde la guerra civil (1980-1992) que se celebraron bajo un estado de excepción. La suspensión de garantías constitucionales como el debido proceso ha sido renovada por la mayoría legislativa de Bukele cada treinta días desde marzo de 2022, después de que fracasara un pacto secreto del gobierno con los líderes de las pandillas criminales para reducir los homicidios.
Las consiguientes detenciones masivas supusieron un alivio para los sectores populares que padecían el embate de la violencia de las pandillas y la extorsión, incluso cuando en la práctica eran criminalizadas. Con El Salvador ostentando ahora la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, miles de inocentes languidecen en condiciones terribles, privados del derecho a comunicarse con sus familias o contactar a un abogado. Grupos de derechos humanos han confirmado al menos 224 muertes bajo custodia estatal —muchas de ellas por negligencia médica y algunas con signos evidentes de violencia—, y ninguna de las víctimas había sido condenada por delito alguno.
En El Salvador de Bukele, el estado de excepción indefinido es una cómoda tapadera para la persecución y represión de la oposición política, los periodistas y los activistas. El presidente ha desplegado al Ejército para ocupar bastiones históricos de la izquierda y asentamientos rurales que defienden la tierra comunitaria contra los megaproyectos y las industrias extractivas respaldados por el gobierno. Decenas de exmiembros del gabinete, cargos electos y dirigentes del partido de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) —el partido que Bukele utilizó para lanzar su carrera política— están entre las rejas, luchando contra acusaciones de corrupción inventadas o en el exilio.
La represión también sirve para disciplinar a los aliados de Bukele. Tres días después de las elecciones saltó la noticia de la muerte de Alejandro Muyshondt, exasesor de Seguridad Nacional de Bukele, que había sido encarcelado en julio tras lanzar acusaciones públicas de corrupción y narcotráfico contra un legislador de Nuevas Ideas. Su familia alega que fue torturado y asesinado.
Las encuestas previas a las elecciones indicaban que la popularidad de Bukele era firme, pero la reputación de su partido resultó más vulnerable. Los alcaldes de Nuevas Ideas, especialmente, enfrentaban a un creciente descontento, ya que la administración, escasa de dinero, centralizó y racionó la financiación municipal, obligando a despidos y recortes de servicios. Anticipándose a las reacciones, Bukele había intentado protegerse a sí mismo y a sus legisladores separando las elecciones municipales de las presidenciales y legislativas, programando las primeras para el 3 de marzo.
Ansioso por mantener su mayoría calificada parlamentaria, Bukele procedió a suministrar papeletas legislativas a los salvadoreños que votaban en el extranjero (una práctica inaugurada bajo el FMLN, los ejercicios anteriores de voto en el extranjero se habían limitado a las elecciones presidenciales). Bukele hizo de la masiva diáspora de El Salvador un segmento crítico de su base, y dispuso que todos los votos legislativos de los salvadoreños residentes en el extranjero, independientemente de su lugar de nacimiento, se asignaran al populoso departamento de San Salvador, que alberga el mayor número de escaños legislativos. La afluencia de apoyo de la diáspora estaba calculada para contrarrestar cualquier simpatía duradera hacia la oposición en la capital del país.
Pero eso no es todo. En junio, los legisladores de Bukele aprobaron un paquete de reformas electorales que tenían por objetivo erradicar por completo a la oposición. Estas medidas redujeron el número de legisladores de 84 a 60, elevando significativamente el umbral de votos para un solo escaño, al tiempo que cambiaban la fórmula de reparto de escaños de una que beneficiaba a los partidos más pequeños a otra que favorecía a los partidos mayoritarios. A nivel local, se eliminaron el 83% de los municipios, reduciendo su total de 262 a 44. Este cambio en las reglas del juego posibilitó a Bukele centralizar aún más el poder, puesto que prácticamente suprime a los partidos minoritarios del sistema político.
Por si fuera poco, sus legisladores también negaron a los partidos de la oposición la financiación pública de sus campañas (exigida por la ley), asegurándose de que solo Nuevas Ideas dispusiera de recursos para hacer publicidad. En el periodo previo al 4 de febrero, los medios de comunicación se inundaron de mensajes del presidente advirtiendo que, si su partido no obtenía la mayoría cualificada, «La oposición podrá lograr su verdadero y único plan: liberar a los pandilleros y ocuparlos para regresar al poder».
En este terreno de juego dramáticamente desigual, la captura por Bukele de las instituciones públicas autónomas inclinó aún más la balanza a su favor. Después de que su nueva mayoría legislativa sustituyera ilegalmente a los cinco magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en mayo de 2021, los nuevos magistrados reinterpretaron obedientemente los seis artículos diferentes que prohíben la reelección presidencial para autorizar la anticipada candidatura de Bukele a un segundo mandato consecutivo.
En noviembre de 2023, el Tribunal Supremo Electoral, un órgano plural instaurado por los Acuerdos de Paz de Chapultepec de 1992 que pusieron fin a décadas de dictadura militar respaldada por Estados Unidos, votó a favor de aprobar la candidatura. Un único magistrado disidente se abstuvo, alegando amenazas de muerte y temor a ser encarcelado.
La jornada electoral
En sus mejores momentos, la democracia electoral salvadoreña de posguerra ha prosperado gracias a la desconfianza mutua. Los tres partidos más votados en las últimas elecciones presidenciales nombran cada uno a un magistrado del TSE. El día de las elecciones, todas las listas aportan voluntarios para dotar de personal a los centros de votación, garantizando la presencia de representantes de cada partido participante en cada una de las miles de Juntas Receptoras de Votos de todo el país. Los observadores acreditados de cada partido reciben copias oficiales de las actas la noche de las elecciones en cada mesa electoral de los centros de todo el país.
Este sistema cuidadosamente calibrado ya había sufrido importantes reveses antes de Bukele. Tras el ascenso del FMLN a la presidencia en 2009, la derecha tradicional y oligárquica lanzó una campaña para debilitar el papel político de los partidos como medio de socavar a la izquierda gobernante.
Con el apoyo de Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia, dominada por la derecha, trabajó para «despartidizar» la política, prohibiendo a los miembros de los partidos desempeñar una serie de cargos públicos, incluido el personal de las Juntas Receptoras de Votos el día de las elecciones. Introdujeron candidatos políticos independientes, ordenaron la inclusión de fotos individuales en las papeletas de voto y autorizaron a los ciudadanos a dividir sus votos entre candidatos legislativos de varios partidos.
Al final, Bukele desplegó con provecho el nuevo discurso pospartidista contra los partidos de izquierda y de derecha. Pero el daño al sistema político ya estaba hecho.
La ley seguía exigiendo a los partidos políticos que proporcionaran voluntarios para las Juntas Receptoras de Votos, pero les resultaba difícil encontrar simpatizantes no afiliados que trabajaran en las urnas. El conteo de votos, especialmente para la legislatura, se convirtió en una pesadilla. Los agotados trabajadores electorales —muchos de ellos seleccionados ahora por sorteo del TSE de entre un grupo de ciudadanos reacios y desafectos, después de que la prohibición de pertenecer a un partido eliminara a los voluntarios más comprometidos y experimentados— se vieron obligados a lidiar con cálculos enrevesados en una serie de hojas de cálculo hasta altas horas de la madrugada, erosionando la confianza pública en un sistema que había costado mucho conseguir.
Después de que Bukele privara a los partidos de la oposición de fondos para la campaña, estos tuvieron dificultades para movilizar a los trabajadores de las Juntas Receptoras de Votos y a los observadores de los partidos el 4 de febrero. Solo el oficialista Nuevas Ideas consiguió garantizar representación en todas las Juntas Receptoras de Votos. En muchos casos, los voluntarios de las mesas acreditados por la oposición fueron sustituidos a último momento por personal proporcionado por NI. En ausencia de competencia, el ambiente tenso y partidista que había caracterizado las anteriores elecciones salvadoreñas fue sustituido por una calma que, paradójicamente, era sumamente inquietante.
La jornada no estuvo exenta de incidentes. En un centro de votación de San Salvador, el escritor salvadoreño-canadiense Carlos Borja organizó una protesta leyendo en voz alta los seis artículos de la Constitución que prohíben la reelección presidencial. El gesto le valió el encarcelamiento durante tres días. Sin embargo, la mayor parte de las votaciones se desarrollaron con normalidad. A las 17:00, los centros de votación cerraron y los voluntarios de las Juntas Receptoras de Votos empezaron a abrir las urnas, clasificar las papeletas, contar los resultados e introducirlos en el sistema informático suministrado por el TSE, donde aparecerían en tiempo real en el portal de resultados preliminares oficial.
En años anteriores, el TSE dio instrucciones a los centros de votación para que realizaran primero el escrutinio más complicado, el de las papeletas legislativas, y dejaran para el final los votos presidenciales. Este año, las órdenes se invirtieron: Bukele no quería retrasar la noticia de su triunfo.
Tan ansioso estaba por declarar la victoria que, a las 19:00 horas, el presidente acudió a las redes sociales para anunciar que, «según nuestros números», había ganado la reelección con «más del 85%» de los votos, y que su partido se había asegurado 58 de los 60 escaños legislativos. Esta noticia fue recibida con bastante confusión por parte de los voluntarios de Nuevas Ideas en los centros electorales de todo el país, la mayoría de los cuales aún no habían empezado siquiera a revisar las papeletas legislativas.
El conteo de votos había empezado con lentitud. En los centros de votación de todo el país faltaban materiales clave, incluidos las actas oficiales de resultados, y tardaron horas en entregarlos. Sin embargo, una vez que la mayoría de las mesas terminaron de contar sus papeletas presidenciales y empezaron a llegar las legislativas, ocurrió algo extraño.
Quienes refrescaban el portal del TSE encontraban discrepancias imposibles en los datos; a las 10 de la noche, con el 31,49% de los votos presidenciales registrados, el sistema mostraba más papeletas emitidas que votantes con derecho a voto en el país. En los centros de votación, los trabajadores electorales pasaron horas intentando cargar los datos sin éxito. El sistema no funcionaba.
Finalmente, el TSE ordenó a las Juntas Receptoras de Votos que rellenaran a mano sus actas de resultados. Con el 70,25% de los resultados presidenciales registrados y tan solo el 5,06% de los resultados legislativos, el escrutinio preliminar era todo un fracaso.
El recuento
El 5 de febrero, el TSE celebró una conferencia de prensa y anunció que convocaría un recuento completo, papeleta por papeleta, del 30% restante de los votos presidenciales y de todos los votos legislativos. Los magistrados no dieron explicaciones sobre los problemas técnicos ni aceptaron preguntas.
Las alarmas empezaron a saltar esa misma tarde, cuando los delegados del TSE del departamento capitalino de San Salvador informaron que nunca habían recibido las papeletas correspondientes y pidieron a sus superiores que presentaran inmediatamente las urnas. El TSE insistió en que nunca se había roto la cadena de custodia de las papeletas, pero la prensa descubrió que se habían almacenado urnas fuera de las propiedades del TSE, incluido un depósito de las Fuerzas Armadas y almacenes privados. Otros informes sobre papeletas extraviadas encontradas en colegios y urnas entregadas con visibles daños y sellos rotos minaron aún más la confianza en la integridad de los votos que se revisarían en el conteo final.
El escrutinio presidencial final comenzó la noche del 7 de febrero. Para entonces, el TSE había matizado su decisión: el escrutinio presidencial solo revisaría las actas de resultados preliminares. Solo se examinarían las papeletas de las mesas en las que no se hubieran registrado actas.
Pero en la mitad de las mesas de votación fue imposible encontrar las actas originales, por lo que el TSE autorizó que se procediera al conteo basándose en copias. La supresión de los partidos de la oposición en el proceso significó que, a menudo, solo los observadores de los partidos y los organismos gubernamentales habían obtenido copias de las actas, sin dejar ningún medio independiente para verificar las cifras.
El escrutinio presidencial concluyó el 9 de febrero, y Bukele obtuvo el 82,66% de los votos. El FMLN quedó en un distante segundo lugar, con 204.167 votos frente a los 2.701.725 de Nuevas Ideas, seguido del partido derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), con 177.881.
Si bien el escrutinio presidencial fue accidentado y estuvo lleno de irregularidades, la victoria de Bukele era cantada. Los resultados legislativos, en cambio, seguían siendo un misterio. Era vox populi que Nuevas Ideas conseguiría hacerse con la mayoría de los escaños, pero el margen de su triunfo continuaba siendo una incógnita. La ansiada mayoría calificada parlamentaria de Bukele estaba en duda.
El escrutinio legislativo comenzó la noche del 11 de febrero. Fue un caos desde el principio. Una vez más, el TSE se retractó de su decisión de realizar un recuento completo, anunciando esta vez que no se alteraría la clasificación preliminar de las papeletas, lo que significaba que los votos válidos que habían sido descalificados por las mesas de votación dominadas por Nuevas Ideas no podían reconsiderarse, y que los votos nulos que se habían considerado admisibles no podían descartarse. Cuando el escrutinio estaba a punto de comenzar, cuatro de los cinco magistrados suplentes del TSE se desmarcaron de sus colegas, declarando que «ya no estaban en condiciones de aceptar decisiones que no se han emitido conforme a la ley».
Los observadores del partido oficialista y partidarios sin credenciales pulularon por el estadio donde se celebraba el escrutinio, acosando a los representantes de la oposición y a los observadores internacionales y amenazando a los periodistas. Pronto se multiplicaron los informes sobre el escrutinio de montones de papeletas que no mostraban arrugas por haber sido dobladas e introducidas en la estrecha ranura de las urnas del TSE. Otras habían sido marcadas con bolígrafo en lugar de con los crayones negros que el TSE había entregado a los votantes el día de las elecciones. En algunas mesas surgieron discrepancias entre el número de personas que se inscribieron para votar y las papeletas marcadas: mientras había mesas en las que faltaban papeletas, en otras había demasiadas.
El 12 de febrero, el partido ARENA se retiró en señal de protesta, advirtiendo que «el TSE no está proporcionando las condiciones para un proceso transparente». Al día siguiente, el magistrado del TSE Julio Olivo emitió un comunicado en el que exigía a sus colegas que garantizaran la representación equitativa de los observadores de los partidos, admitieran solo a personal acreditado y atendieran las denuncias creíbles de irregularidades en el escrutinio.
El viernes 16 de febrero, cuando el escrutinio se centró en las papeletas de los departamentos más poblados, la Policía rodeó el edificio, en lo que la legisladora del FMLN Anabel Belloso denunció como un claro «acto de intimidación». Al día siguiente, la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) advirtió de que el proceso había sido requisado por intereses partidistas y pidió al TSE que «tomara el control del escrutinio».
Los resultados
Dos semanas después de la jornada electoral, los resultados del TSE, impugnados como están, muestran a Nuevas Ideas con algo menos del 71% de los votos legislativos, obteniendo 54 de los 60 legisladores, una mayoría calificada. ARENA tiene dos escaños; el derechista Partido de Conciliación Nacional (PCN) tiene otros dos, y los dos últimos escaños están divididos entre el derechista Partido Demócrata Cristiano (PDC) y un nuevo partido de oposición de centroderecha llamado Vamos.
Las propias cifras del TSE muestran que el FMLN aumentó su porcentaje de votos con respecto a las elecciones intermedias de 2019 en unos veinte mil votos. Utilizando la fórmula anterior, el partido habría aumentado su cantidad de bancas legislativas de cuatro a cinco. Ahora, por primera vez desde que depusieron las armas, no tendrán ninguna.
Si el voto de la diáspora no se hubiera dirigido a San Salvador, el FMLN se habría asegurado un escaño incluso a pesar del cambio de fórmula. Pero Bukele fue minucioso: la legislatura que tomará posesión el 1º de mayo no tendrá ninguna representación de la izquierda.
Dadas las extraordinarias deficiencias del TSE para garantizar unas elecciones libres y ofrecer resultados fiables, el principal movimiento de oposición de base de El Salvador, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, pidió a la ciudadanía que «rechazara esta farsa electoral» y exigió una nueva convocatoria a elecciones a la espera de que se restablezcan las condiciones democráticas. Los partidos de la oposición han presentado demandas de anulación de los resultados electorales.
Aunque las cifras oficiales no son fiables, de todas maneras revelan una brecha sustancial entre la popularidad del presidente y la de sus legisladores. En el populoso departamento costero de La Libertad, por ejemplo, los partidos de la oposición obtuvieron menos del 19% de los votos presidenciales, pero el 31% de las papeletas legislativas. A pesar de todo el apoyo de Bukele, los votantes salvadoreños no estaban entusiasmados con el régimen de partido único.
Una y otra vez, el presidente ha demostrado desconfiar de su propio electorado, tomando medidas extraordinarias para sustraer su régimen de cualquier control democrático. Estas elecciones parecen confirmar sus sospechas: la tan cacareada popularidad de Bukele es más contingente de lo que él mismo preferiría admitir.
