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El 16 de enero marca el 30 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, que acabó con la sangrienta guerra civil entre la dictadura militar salvadoreña, respaldada por Estados Unidos, y la insurgencia guerrillera del FMLN.

30 años de paz y violencia en El Salvador

El 16 de enero de 2022 se cumplen treinta años de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron un fin a la guerra civil en El Salvador. Jacobin conversó con Nidia Díaz, dirigenta del FMLN y firmante de los Acuerdos, sobre el significado del aniversario en un país que vive retrocesos autoritarios.

 

ENTREVISTA POR

Hilary Goodfriend[1]Estudiante de doctorado en estudios latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y editora colaboradora de Jacobin y Jacobin América Latina.

El 16 de enero de 2022 se cumplen treinta años de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin negociado a la guerra civil en El Salvador. El conflicto de doce años entre la dictadura militar, respaldada por Estados Unidos, y la insurgencia guerrillera dejó 75000 muertos y 8000 desaparecidos, con cientos de miles más desplazados. En 1993, el informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas atribuyó a más de 85% de esa violencia a las fuerzas del Estado y sus cuerpos paramilitares.

Sin llegar a modificar las estructuras desiguales y dependientes de la acumulación, los Acuerdos de Paz abrieron un nuevo escenario de lucha política pacífica en El Salvador. Desmilitarizaron al Estado salvadoreño, estableciendo las bases constitucionales para una infraestructura democrática burguesa, y ampararon la desmovilización del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y su conversión en un partido político legal que, casi veinte años después, llegó a gobernar al país a lo largo de dos períodos (2009-2019).

Hoy esas conquistas democráticas están en retroceso. El populista autoritario Nayib Bukele se convirtió en el primer presidente de posguerra que no conmemora el aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, los cuales despreció como «una farsa». En cambio, propone una visión que pretende pintar tanto la guerra como la paz como una conspiración entre dos facciones corruptas y elitistas iguales. A lo largo de sus dos años y medio en el poder, Bukele se ha dedicado a la remilitarización del Estado, la anulación de la separación de poderes y la criminalización de la oposición, resucitando así a los espectros más oscuros de la dictadura.

El 16 de enero de 1992, Nidia Díaz estuvo entre los diez representantes del FMLN que firmaron los Acuerdos en el Castillo de Chapultepec, en México. Díaz, alias de guerra que fue adoptada permanentemente por María Marta Valladares, representaba el Partido Revolucionario de Trabajadores Centroamericanos (PRTC), una de las cinco organizaciones político-militares que conformaron al Frente. Para esa fecha, ya era conocida por su testimonio Nunca estuve sola, sobre su captura, detención, y tortura por parte del Estado.

Díaz llegaría a ser candidata a la vicepresidencia con el FMLN en 1999. Fungió como diputada del FMLN en el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y la Asamblea Legislativa de El Salvador, donde fue la jefa de fracción del FMLN de 2018-2021. En entrevista con Jacobin, reflexiona sobre la guerra y el proceso de negociación, los logros y límites de los Acuerdos y sus reversos actuales.


 

HG

Para hablar de la paz, me parece necesario hablar primero de la guerra: ¿por qué, en ese momento histórico, se decidió tomar las armas en El Salvador?  

 

ND

¿Por qué nos confrontamos los salvadoreños y salvadoreñas, siendo hijos de la misma patria? Las causas son de origen estructural, acumuladas por dos siglos (por poner un punto de partida). Particularmente, desde el año 32 del siglo veinte, cuando se dio un hito histórico que culminó con una insurrección del pueblo, aplastada por la dictadura que se instaló durante sesenta años. Esa insurrección fracasó, pero a partir de un aplastamiento militar, una masacre de más de 32000 campesinos indígenas. Fue un momento en que la gente deambulaba, no tenía trabajo. Era una depresión mundial que tenía un impacto nacional. Había exclusión, había marginación. La riqueza estaba concentrada en la tierra, en pocas manos. La oligarquía veía cómo hacer que su poder se mantuviera.

Pasaron diez años. La Huelga de Brazos Caídos [de 1944] derrotó al dictador, pero siguieron las formas de dominación dictatoriales. Hubo esfuerzos para que la izquierda se legalizara en la década del sesenta y no fructificaron. También el contexto internacional influyó: la Revolución cubana, los procesos de lucha armados en Colombia. Comenzó cierto el replanteamiento, entre la izquierda, de la vía: cómo lograr llegar al poder. Ya no solo era la vía legal, de participación en elecciones, sino que también podía ser la vía armada. Hay un gran debate en el seno del Partido Comunista que había pasado grandes luchas, batallas legales y también desde la clandestinidad. Todo el debate era la construcción de un partido, la revolución, y las formas de lucha: estrategia y táctica.

A finales del primer quinquenio de los años setenta, estaban las cinco organizaciones que formarían el FMLN cinco años después. Toda esa lucha era conspirativa, era guerrillera, pero estaba más enfocada potenciar el desarrollo de la lucha social y la organización popular, porque realmente no queríamos ir a una guerra, sino a una lucha social política. Se combinaban las formas de lucha.

El agotamiento de la lucha política se fue evidenciando con el robo de las elecciones de 1972 y19‘77. Las masacres comenzaron. La gente buscó la opción de la Unión Nacional Opositora, que era una alianza entre las fuerzas socialdemócratas, demócratas cristianas y el instrumento legal del Partido Comunista: así se expresaba la izquierda. Había una recomposición de los sectores de poder para detener el avance popular; ya a esa altura estaban implementándose como escuadrones de la muerte. En el año 77, para imponer a otro dictador que perdió las elecciones masivamente, el General Humberto Romero, hicieron una gran masacre. Establecieron después toque de queda, estado de sitio. Esa masacre fue condenada por el mundo entero, inclusive por Monseñor Romero, que acababa de ser nombrado arzobispo de San Salvador y todo el mundo creía que era conservador. Días después, asesinan al padre Rutilio Grande, que luego sería beatificado

En ese tiempo, Carter gobernaba en Estados Unidos. En 1979 suspendió la ayuda a El Salvador por ser un país violador de los derechos humanos. El 15 de octubre se da el ultimo golpe de Estado en El Salvador para deponer la dictadura. Se propone una junta cívica-militar revolucionaria, y entran varias personas de izquierda al gobierno, pero ya a finales de diciembre empiezan a salirse de la junta. Van volviendo los militares tradicionales.

La segunda junta se compromete con el genocidio. Ese año [1980] se funda la Coordinadora Revolucionaria de Masas (CRM), y el 22 de enero la reprimen, hay una masacre. Días después, asesinan al dirigente de la juventud demócrata cristiana. El 24 de marzo asesinan a San Romero, que se había convertido no solo en «la voz de los sin voz», sino también un gestor de paz, porque tenía una capacidad de interlocución con diversos sectores y buscaba una salida política a esa gran confrontación que venía. 

El 18 de abril se funda el Frente Democrático Revolucionario (FDR), que es una alianza entre social demócratas, demócratas cristianas, la expresión política del partido comunista, la CRM… una gran alianza, un frente amplio contra la dictadura. Paralelamente, se da el proceso de unificación del FMLN. Ya hay más dialogo entre las cinco organizaciones, que pugnaban entre sí por ser la vanguardia del proceso. Estaban convencidas de que una por si misma no iba a jalonear. Tenía que haber unidad de las fuerzas revolucionarias. El 10 de octubre se funda el Frente Farabundo Martí. Inmediatamente, entra en una alianza estratégica con el FDR, que impulsa un programa de gobierno revolucionario y crea la comisión política-diplomática para buscar la salida política a ese conflicto.

Lamentablemente, la elección en Estados Unidos la gana Reagan, y restaura la ayuda militar inmediatamente. La oligarquía en ese momento asesina los dirigentes del Frente Democrático Revolucionario como un símbolo que no quiere nada de dialogo, de gestión de paz. Se va creando un clima más de confrontación. Eso nos condujo, el 10 de enero del año 1981, a hacer un esfuerzo grande insurreccional. Aunque había debate que si era una guerra popular prolongada, nosotros éramos luchadores sociales, y estábamos convencidos de que eso se iba a resolver pronto. Pero nos equivocamos, porque el imperialismo se involucró directamente para que no le pasara como en Vietnam. Como vieron a la región centroamericana como su patio trasero, actuaron pronto. 

El primer proyecto contrainsurgente fue el aplastamiento total de esa insurrección. Pero no fue así: nosotros nos replegamos, nos organizamos, resistimos y empezamos a avanzar. Es así que, cuando mucha gente creía que el Frente ya no tenía capacidad de nada, resurge con unas acciones. Es la comunidad internacional la que, en agosto de 1981, con la Declaración franco-mexicana, reconoce al FMLN como una fuerza representativa de la lucha del pueblo y legitima las causas que originaron la guerra civil: la exclusión política, la marginación económica social, la desigualdad, y la injerencia norteamericana. Cuatro proyectos contrainsurgentes fracasaron de Estados Unidos, que llegó a comprometer $2 millones diarios a finales de la guerra.


 

HG

¿Cómo fue que, después de plantear la toma de poder a través de la derrota militar de la dictadura, se llegó a una clausura negociada del conflicto?

 

ND

Todo dependía de la correlación de fuerzas. Al derrotar cuatro proyectos contrainsurgentes, teníamos en el centro un programa revolucionario que lograr: el Gobierno Democrático Revolucionario. En el año 84 cambiamos a un Gobierno Provisional de Amplia Participación. En el año 89 ya no esperábamos estar en el poder para hacer unas elecciones libres, así que hicimos la propuesta de participación electoral en medio de la guerra. Pero la guerra se prolongaba, y el factor que le hacía prolongarse fue la intervención norteamericana. Si ellos hubieran quitado la ayuda y no hubieran salvado a ese ejército, nosotros los hubiéramos derrotado militarmente, porque en el año 83, barrimos con todas las posiciones de las defensas civiles, los grupos paramilitares. Así que sí, nos ilusionamos, pero la realidad era otra cosa. 

Mucha gente dice, «¿por qué negociaron y no tomaron el poder?». Pues, en la medida que se prolongaba, la gente ya no quería la guerra. La guerra es un estado de excepción que destruye la vida humana. Hay un gran costo social. Llegamos a tener 80 mil muertos, 8 mil desaparecidos, muchos exiliados. Las familias se desintegraron, tuvimos muchísimos presos políticos. Entonces nosotros aprovechamos la situación en la que nos presentaron como dos partes iguales para negociar una salida política. 

Pero yo quiero decirle que, si no hubiéramos dado la lucha armada hasta el último día, no hubiéramos obligado a la oligarquía y al ejercito a reformarse, a ceder. Porque hasta una coma fue peleada con balas. Y por eso, esa lucha de liberación nacional tiene un alto costo de sangre. Nunca fue una farsa para nadita, sino que fue entre el Estado salvadoreño y la fuerza representativa de un pueblo.

Una vez se dio la Declaración franco-mexicana, enviamos una carta a la Asamblea General de la ONU que fue leída por Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, donde ofrecíamos el dialogo [el 4 de octubre de 1981]. Pero el primer diálogo no fue hasta el año’84. Había una crisis del proyecto contrainsurgente; los Estados Unidos se replanteaban la ayuda, que en ese momento era un poquito mas de un millón diario. Había entrenado a todos los batallones; tenían legalizado, inmoralmente, 55 asesores [militares] permanentes, pero en la vida real eran como 300. Uno de ellos fue un americano que participó en mi captura: Félix Rodríguez, cubano-americano. En este contexto, [el presidente] Duarte ofrece el diálogo.

El 15 de octubre del año 84, en La Palma, se da el primer dialogo, con la intermediación de la Iglesia católica y todo el cuerpo diplomático. Duarte propone que nosotros dejáramos las armas y que nos acojamos a la nueva constitución de 1983. Nosotros decimos que no —porque estuve en ese primer dialogo también—, que no habíamos ido a hablar de las armas, habíamos ido a discutir las causas que originaron la guerra, y no podíamos acogernos a esa constitución porque daba poder supremo a los militares y no había vigencia de los derechos y libertades. Ahí quedó la reunión. El próximo mes se da el segundo diálogo en Ayagualo; el Frente propone una reforma constitucional de desmilitarizar al país, y Duarte lo rechaza en diez minutos. Se rompe el diálogo.

Tres años después, se vuelve a hacer otro diálogo: Esquipulas II. Querían que para dialogar depusiéramos las armas. No aceptamos. Hasta que ellos accedieron, y Duarte acepta dialogar con nosotros armados. En medio de esas reuniones, asesinan al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador. El Frente rompe el dialogo, y dice que no podemos estar dialogando mientras están matando al pueblo. Ahí se terminaron los tres diálogos con Duarte. 

Se vuelve a restablecer el dialogo en el año 89, ya con Cristiani como presidente. El primer diálogo fue sin intermediario, solo fueron las dos delegaciones frente a frente. Quedamos de ir a dialogar en octubre en Costa Rica. Ahí ya había vuelto la Iglesia católica y observadores de la ONU y la OEA, pero el Ejército no se sentó en la mesa. Desde la delegación que integró Cristiani en septiembre de 89 hasta la firma de la paz, llegaba el General Vargas, pero se sentaba atrás. No podía estar en la misma mesa de los insurgentes. 

A nivel mundial, teníamos una gran presión de los socialdemócratas para que firmáramos gratis el acuerdo, porque ya el muro de Berlín se caía, ya todo estaba perdido en el mundo socialista, etc. Ahí se creía la tesis de que nuestro problema era un conflicto Este-Oeste, pero teníamos problemas estructurales diferentes, y dijimos no, pero vamos a ir a otro diálogo. La oligarquía y la derecha decían que había que cesar el fuego primero para dialogar. Nosotros dijimos no, pero que íbamos a otro dialogo. 

Programamos uno para noviembre, pero el 30 de octubre ellos ponen una bomba en la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños (FENASTRAS) [y matan a nueve sindicalistas, entre ellos la dirigente Febe Elizabeth Velásquez]. Nosotros rompimos el dialogo, y preparamos un esfuerzo ofensivo para cambiar la correlación de fuerzas. En ese momento, estábamos buscando tensionar toda nuestra fuerza para cambiar el curso de la historia. Fue así como ese 11 de noviembre de 1989 lanzamos una gran ofensiva que se llamó «Febe Elizabeth Vive. Hasta el tope y punto». Respondieron con represión: tomaron la opción de bombardear la periferia de la ciudad, mataron a los jesuitas, mataron a muchos. 

Cuatro meses después se recompuso la correlación, y se abrió la posibilidad de una negociación real con la intervención ya de las Naciones Unidas como tercero. Negociamos del 4 de abril del año 90 a enero de 92, prácticamente 2 años.


 

HG

¿Puede comentar sobre los contenidos de los Acuerdos, sus alcances y sus límites?

 

ND

Se estableció un formato de la negociación de igualdad de condiciones de las partes, para empezar, con cuatro objetivos: superar al conflicto armado con acuerdos políticos que pusieran fin a las causas que originaron la guerra civil; que esos acuerdos iban a permitir el impulso a la democratización del país y la plena vigencia de los derechos humanos; y en base a eso, la convivencia democrática y la reunificación de la sociedad. 

Sobre eso, se estableció posteriormente la agenda de diez puntos: la desmilitarización del país; los derechos humanos; el sistema judicial; el sistema electoral; las reformas constitucionales; el problema económico-social… eso abarcaba toda la sociedad, esos seis acuerdos. Los otros eran la separación de las fuerzas militares; el proceso de desmovilización del FMLN; el proceso de reducción y depuración del ejercito; y la conversión del FMLN en un partido político. El otro era la verificación y la observación electoral, y el calendario, la programación.

 

Díaz firmando los Acuerdos de Paz en 1992.

 

El Frente pactó que por cada 20% de cumplimiento de acuerdos políticos, iba a haber un 20% de desmovilización de guerrilleros que se insertaba a la vida productiva, política o a la Policía Nacional Civil. Nuestra negociación fue en guerra, no en un tiempo de paz. Procuramos que todos los acuerdos tuvieran un respaldo constitucional, que involucraran la parte política. No logramos la correlación de fuerzas para hacer reformas económicas constitucionales. 

Estábamos reformando una constitución contrainsurgente y del Estado burgués, no estábamos haciendo una nueva constitución. Pero todos esos acuerdos iban en una dirección de un Estado social de derecho constitucional, democrático. Ya la constitución tenía aspectos de derechos importantísimos, que venían del año 50. Incluso, en el orden económico-social estaba establecido que la propiedad privada se respetaba siempre y cuando tuviera una función social, y se reconocían cuatro formas de propiedad. 

Los puntos económicos que quisimos involucrar eran: la reducción de la propiedad privada de 245 hectáreas a 100 hectáreas; el derecho humano a la alimentación y el derecho humano al agua como bienes públicos; el derecho a la huelga para los trabajadores del Estado y la libertad de sindicalización campesina, pero esos los perdimos. Sí hicimos un acuerdo para ir democratizando un poquito la economía, relacionado a la creación de un Foro económico social para discutir temas como los salarios, las pensiones, la legalización de tierras urbanas; la tierra que era del Estado se debería dar a los campesinos, y que a todos los combatientes y personas que vivieron en zonas conflictivas se les diera tierra y un crédito.

Se resistía la oligarquía y los militares a las reformas. Después de la firma de la Paz, hubo dos transiciones: la transición democrática de los Acuerdos de Paz, incluyente el respeto a la participación, a las libertades, juegos electorales limpios —iba a ganar el programa o proyecto que más lograba hegemonía en el pueblo, pero ya no más fraude, y nunca la militarización de los centros de votación—, el fortalecimiento a la instituciones, la independencia de los poderes, el sistema de pesos y contrapesos, etc. Y la otra parte: la transición neoliberal económica, que volvió más pobre al pobre y más rico al rico. 

Cuando el Frente gana las elecciones, 18 años después, encontramos un país tremendamente desigual, viviendo de las remesas, donde ya no sembramos granos básicos, todo lo importamos. Un país con una gran violencia, porque un déficit de los Acuerdos de Paz fue no haber practicado una cultura de paz. Lo que vino es una cultura de violencia. Al no cumplirse las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, la impunidad siguió, la justicia no se depuró como debía ser, y aquí entró el narco trafico, las ventas de armas. Vinieron las maras de Estados Unidos. Cuando nosotros llegamos al gobierno —que no era lo mismo que tomar el poder— encontramos todo eso.


 

HG

El gobierno de Nayib Bukele desconoce los Acuerdos de Paz. Se ha caracterizado por su consolidación autoritaria, y a la vez por sus altas tasas de favorabilidad popular. ¿A su juicio, en qué se parece el momento actual en El Salvador al período autoritario previo al conflicto armado, y cuales son las diferencias que destacaría?

 

ND

Para empezar, la diferencia principal es el sistema económico-social, en el sentido de que ahora la oligarquía no basa su riqueza en la tierra, sino que especula financieramente y un poco el comercio. Pero oligarquía sigue siendo. También, el nivel grande de remesas que hay, que sostiene la economía de consumo. Pero en la forma del régimen de dominación, es cierto que no están los militares sentados, pero el poder tiene la forma autoritaria cuando controla el poder político un grupo económico (uno que está y otro que va surgiendo).

Entonces, ¿cómo lo comparamos con el pasado? ¿Cuales fueron las causas de la exclusión política? La centralización del poder. Controlaban a Asamblea, el gobierno, el órgano judicial etc., y desde ahí los intereses prevalecían, sin importar el respeto a los derechos, las libertades, la institucionalidad. No había independencia de poderes, ni los pesos y contrapesos, el sistema de libertades y derechos políticos y civiles. Antes, por ejemplo, aquel que criticaba lo desaparecían, lo mataban. Hasta tener una estampa de San Romero era ya un delito. Se criminalizaba toda forma de lucha social pacífica. El ambiente de persecución era real. 

Ahora, comparándolo con este tiempo, el régimen ha empezado a querer controlar el pensamiento de la gente. Aquel que se opone o critica ya lo ve como enemigo, no como adversario político, sino que lo quiere destruir. En los Acuerdos de Paz está prohibido tener presos políticos. Entonces utiliza lawfare, la guerra judicial; utiliza el órgano judicial para levantar procesos contra políticos por cualquier cosita, aunque no este justificado o tipificado en el código penal. Ha usurpado al órgano judicial, cuando el Acuerdo de Paz garantizaba la independencia.

Lo que pasó el primero de mayo [de 2021]: una violación flagrante al Acuerdo de Paz, un rompimiento. A esta altura, quitaron a una jueza por no admitir a una demanda caprichosa, o quitaron al juez que llevaba el caso del Mozote. Lo que pasó el 9 de febrero [de 2020], que el presidente quería obligar a que los diputados [a votar]. Utilizar el Ejercito como lo hizo y como lo hace, cuando ya no tiene que tener esas funciones, es grave. También rompe al Acuerdo de Paz cuando quiere duplicar el Ejercito, cuando ahí quedó pactado que un Ejercito en paz se debe ir disminuyendo, no aumentando, y que no tiene que meterse en funciones de seguridad pública. 

No le importa violar a esa constitución y esas reformas. Después, empieza a justificar que no cree en ellas, eso es un pacto entre corruptos, que solo sirvió para que se enriquecieran. Trata de justificar los robos que hace. Por ejemplo, las funciones del Instituto de Acceso a Información Pública las cambió; el Tribunal de Ética Gubernamental lo limpió. En el fondo, busca obtener recursos para facilitar la acumulación de su grupo de poder. 

Todas estas leyes que rigen las nuevas instituciones producto de los Acuerdos de Paz fueron hechos en COPAZ, la Comisión Nacional de la Paz. No fueron antojadizas. En COPAZ estaba el FMLN y el gobierno, como partes, y estaba de observador la iglesia católica y la ONU y los partidos que estaban en la Asamblea en aquel momento. Todas las leyes —la ley de la Policía Nacional Civil, del Ejercito, del Tribunal Suprema Electoral, de la Procuraduría de Derechos Humanos, etc.— fueron hechas en esa COPAZ y llevadas al congreso. Hubo un proceso de debate. Ahora viene Bukele y dice «No estoy de acuerdo con esas competencias y atribuciones», y quiso anular a la constitución y las leyes. Está desmontando el proceso democrático, aquello que permitió incluso su elección.

Vemos la persecución de la Iglesia hoy, los periodistas. Quiere proscribir los partidos de oposición real, al FMLN como la izquierda en este país, y también al instrumento que ha tenido la oligarquía hasta ahorita. Hoy la nueva derecha está recomponiendo en [el partido de Bukele] Nuevas Ideas. Su reelección pasa por encima la constitución que de alguna u otra forma han permitido que el sistema funcione. «¿Cual sistema?», me pueden decir. El sistema capitalista, pues sí. Pero es lo que te permite por ahora luchar.

El problema fundamental es para qué querés el poder. ¿Y el poder para qué lo quiere Bukele? Estamos ante una situación de violación flagrante de la institucionalidad y las leyes, que no buscan una democracia más revolucionaria, más transparente, más participativa, más justa, sino el hacerse más rico, tener más poder sobre la población. Siempre el Frente ha luchado por una democracia más transparente, más participativa. Estamos por el referéndum, por ejemplo, pero con el propósito no de centralizar el poder, sino realmente democratizar al país. Lo que ellos presentan en su propuesta de reforma constitucional es más centralización de poder, en función de intereses económicos.


 

HG

Algunos observadores han querido clasificar a Bukele como un actor contrahegemónico, especialmente por su discurso aparentemente antimperialista en sus disputas con el gobierno de Biden. ¿Cómo lo caracterizarías?

 

ND

Él tiene una contradicción secundaria contra el poder hegemónico. Trump toleró que no cumpliera con dos de los requisitos del Plan Alianza para la Prosperidad del Triangulo Norte. De los cinco ejes del plan —prosperidad, seguridad, migración, transparencia, e institucionalidad—, dos no le cumplía a Trump, pero no le importaba. Hoy, frente a las exigencias a que rinda cuentas, a que no viole permanentemente la institucionalidad, dice «Me quieren mandar». 

Aquí está la contradicción, pero tiene un limite. Estados Unidos nunca va a hacer un gran bloqueo a El Salvador como lo hace a Cuba, pero sí le está poniendo atención, por la presión misma que tiene la administración de sectores más progresistas. Tiene un electorado a que cumplir, así como Trump. Pero yo nunca he visto una contradicción central o principal entre Estados Unidos y Bukele. 

Al principio, Bukele se presentó como un hombre de izquierda. Pero ¿qué vimos en la política exterior? Rompió las relaciones con Republica Saharaui, no permitió que se establezca la embajada palestina, rompió las relaciones con Venezuela, quitó los programas de Cuba. De aquel embajador que mandó Trump, él se veía como un compadre. Él es conservador. Cuando, antes de tomar posesión, fue a Israel, al muro, se colocó por Jerusalén y no por Belén, siendo hijo de palestinos.

Esa deslegitimación y desconocimiento a la lucha de un pueblo, diciendo que es una farsa, y el desconocimiento a las reformas constitucionales e instituciones creadas por los Acuerdos de Paz y esa legalidad que las respalda, es para justificar su robo al Estado y su régimen autoritario y mesiánico. Dice que es el enviado de Dios, que es el hombre más cool, etc., pero no tiene en el fondo un rumbo más democrático, de justicia social, de derechos. No quiere que nada le cuestione, ni que existan instituciones con competencia para cuestionar o investigar, como la Procuraduría de Derechos Humanos, la Corte de Cuentas, la Procuraduría General… están neutralizadas, porque si dicen algo, los quitan. 

El miedo es lo que él quiere sembrar, para que no se luche. Es una forma neutralizar a la izquierda, a toda una lucha. Pero vivimos un momento también en que la gente ha ido cuestionando. La gente va a salir a las calles a defender los Acuerdos de Paz. Va a salir a expresarse, como lo hicieron el 7 de septiembre, cuando apareció el Bitcoin, el 15 de septiembre, el 17 de octubre, el 12 de diciembre, y ahora el 16 [de enero]. Más sectores democráticos se van uniendo. Bukele tiene una capacidad increíble de manipulación, de comunicación hacia el pueblo. Pero mucha población está comprendiendo, la gente está cansada. 

Lo que hay que defender es la historia, la memoria histórica. Hoy está destruyendo los monumentos. No reconoce la lucha de liberación, ni los acuerdos entre el Estado y el FMLN como fuerza representativa que fue reconocido por la comunidad internacional. No respeta la memoria de los héroes y heroínas, los ve como criminales, tanto muertos como en vida. Si el pueblo no tiene memoria histórica, por la ausencia de un programa real de memoria histórica, y el Frente no pudo lograr una cultura hegemónica en el pueblo, hoy tenemos esta situación.

Notas

Notas
1 Estudiante de doctorado en estudios latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y editora colaboradora de Jacobin y Jacobin América Latina.
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