Este 20 de mayo se cumplió un nuevo aniversario del nacimiento de la República de Cuba de 1902 y la isla lo atraviesa bajo la amenaza más grave de las últimas décadas. Dos días antes del aniversario, el 18 de mayo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense dictó una nueva oleada de sanciones contra la dirección política y militar del país. Las medidas implican «el bloqueo de bienes y activos bajo jurisdicción estadounidense» y prohíben toda transacción financiera con ciudadanos o entidades de ese país. La lista nominal alcanza al presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y a los ministros de Energía, Justicia y Comunicaciones. Asimismo, las restricciones se extienden a la Dirección General de Inteligencia, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional Revolucionaria y a varios altos mandos del Ejército. Todo este despliegue punitivo se aplica al amparo de la Orden Ejecutiva 14404, firmada por Donald Trump este primero de mayo, en la que cataloga a Cuba como una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.
Las sanciones financieras son el correlato visible de un asedio más profundo. Desde el secuestro de Nicolás Maduro en enero, Washington bloqueó el suministro de crudo venezolano que sostenía buena parte de la generación eléctrica cubana y amenazó con represalias a cualquier país que le venda combustible a la isla. Luego Trump declaró que Cuba era «la siguiente» y deslizó la posibilidad de «tomar el control» del país, incluso insinuando que podría enviar un portaviones al Caribe. Sobre ese trasfondo apareció un informe del portal Axios que le atribuye a La Habana la compra de trescientos drones a Rusia e Irán con la intención de emplearlos contra bases estadounidenses. El propio funcionario citado por ese medio describió la versión como un posible pretexto para una intervención militar. La maquinaria de fabricación de un casus belli ya está en marcha, y la inminente acusación judicial contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996 forma parte del mismo libreto y de un episodio más de su política inhumana y perversa.
El aniversario de una soberanía intervenida
La fecha condensa el sentido de lo que está en juego. El 20 de mayo de 1902 concluyó la primera ocupación militar estadounidense y nació una república formalmente independiente bajo la presidencia de Tomás Estrada Palma. Esa independencia llegó mutilada de origen por la Enmienda Platt, el apéndice constitucional redactado en Washington que le reservaba a Estados Unidos el derecho de intervenir en la isla cuando lo estimara conveniente. El entramado legal del bloqueo cumple hoy esa misma función con herramientas financieras y alcance extraterritorial. Cuando el Tesoro estadounidense sanciona al ministro de Energía o persigue a los buques que transportan combustible, ejerce el viejo derecho de veto colonial sobre las decisiones soberanas del pueblo cubano. La soberanía conquistada en 1959 sigue siendo el agravio que el imperio se propone castigar. Desde ese entonces el pueblo cubano se convirtió en sujeto político artífice de su destino. Esa condición de sujeto político se ha ejercido cada día frente al bloqueo, tomando decisiones colectivas que priorizan la vida, la salud y la educación. La experiencia cubana demuestra que incluso bajo asedio se puede construir un modelo solidario, participativo y humano, sin sometimiento a potencias extranjeras. Por eso, la existencia misma de Cuba es la prueba viva de que otro mundo y otra manera de hacer las cosas no solo son posibles, sino que ya están en marcha.
La anatomía del estrangulamiento
Los grandes medios hegemónicos atribuyen las penurias cotidianas de la isla a una supuesta ineficacia congénita del socialismo y en que la causa de tales desventuras ha estado siempre en la ineficiente gestión del gobierno cubano y no en las sanciones de Washington. Las cifras del Estado cubano describen otra cosa. Entre marzo de 2024 y febrero de 2025, los daños materiales generados por el bloqueo crecieron un 49 por ciento y alcanzaron los 7.556 millones de dólares en un solo año, casi 2.500 millones más que en el período anterior. A precios corrientes, el perjuicio acumulado supera los 170.000 millones de dólares y, medido contra el valor del oro para neutralizar las oscilaciones del dólar, ronda los 2,1 billones de la divisa estadounidense. Ninguna economía resiste una agresión semejante sin fracturarse. Según los cálculos oficiales, de no existir el bloqueo el Producto Interno Bruto cubano hubiera crecido un 9,2 por ciento en el último año.
La aritmética del cerco se vuelve elocuente al traducirla a derechos concretos. Sesenta días de bloqueo equivalen al combustible necesario para cubrir la demanda eléctrica de todo el país durante un año. Catorce horas bastarían para comprar la insulina de cada paciente diabético de la isla. Dieciséis días financiarían el cuadro básico nacional de medicamentos. El sabotaje opera también en lo cotidiano. En el último año, cuarenta bancos extranjeros se negaron a operar con entidades cubanas y rechazaron alrededor de ciento cuarenta transferencias, mientras numerosos buques de alimentos no logran descargar en puerto cubano. La causa no es la falta de pago por parte de la isla sino el hecho de que el circuito financiero internacional, gobernado desde Washington, rechaza una y otra vez sus transferencias.
La agresión multidimensional
El cerco no se limita a la economía. El sistema de salud pierde acceso a tecnologías y fármacos patentados en Estados Unidos, y la administración de Trump hostiga a la cooperación médica internacional cubana (que le aporta a la isla ingresos legítimos). El impacto que implica la pérdida de fuerza de trabajo calificada, alentada a migrar por la escasez planificada, se estima en más de 2.500 millones de dólares. Se trata de un drenaje demográfico inducido desde el exterior para desestabilizar el tejido social. En las telecomunicaciones el daño golpea a la infraestructura digital, al tiempo que las plataformas corporativas amplifican campañas de guerra psicológica destinadas a erosionar el consenso interno. Las medidas «aperturistas» que en su momento anunciaron administraciones demócratas nunca se materializaron y la permanencia de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo multiplica de manera automática su aislamiento bancario.
El derecho internacional frente al matonismo imperial
Sostener que una isla sin armas de destrucción masiva y sin vocación expansiva representa un peligro para la mayor potencia militar del planeta raya en lo absurdo. El internacionalismo cubano se mide en médicos, maestros y en brigadas de ayuda ante catástrofes. El mismo pueblo que ha denunciado el genocidio que el imperio financia y ejecuta en Palestina, así como el secuestro del presidente Nicolás Maduro.
Presentar a Cuba como amenaza es la coartada para justificar un crimen internacional de agresión contra un Estado soberano. El presidente Miguel Díaz-Canel respondió a las sanciones con un recordatorio elemental: nadie en la dirección del país posee activos bajo jurisdicción estadounidense que se puedan congelar, hasta el punto de que ni siquiera hay pruebas que presentar al respecto. También reivindicó el derecho legítimo de Cuba a defenderse de una arremetida bélica y advirtió que un ataque norteamericano provocaría un baño de sangre de consecuencias incalculables para toda la región.
Ante la posibilidad de una arremetida militar en el Caribe, la izquierda internacional necesita partir de una premisa clara: Cuba tiene el derecho a organizar su defensa nacional por todos los medios a su alcance. La doctrina de la Guerra de Todo el Pueblo es la respuesta de una sociedad que sabe lo que se juega frente a una intervención extranjera. La paz regional se sostiene defendiendo la Carta de las Naciones Unidas y la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, firmada por los gobiernos de la región en 2014.
El castigo sistemático a la sociedad cubana busca provocar un cambio de régimen por la vía del sufrimiento de las mayorías populares. La resistencia del pueblo demuestra una vez más la fuerza de la dignidad colectiva. Cada año, la Asamblea General de la ONU aprueba por amplia mayoría una resolución que condena el bloqueo impuesto por Estados Unidos. Las votaciones registran habitualmente más de 180 votos a favor, dejando a Washington en un aislamiento internacional casi total. Frente a las nuevas sanciones de la OFAC y ante la amenaza de invasión, la tarea de las fuerzas populares del mundo es detener la mano del agresor. Es imperativo exigir el fin inmediato de un cerco genocida que se extiende ya por más de 64 años. La independencia cubana marca la frontera donde se define la posibilidad de un futuro libre de tutela imperial.
Hoy resulta imprescindible sostener la lucha antimperialista como uno de los principios centrales del proceso revolucionario. Las fuerzas populares del planeta tienen la responsabilidad histórica de actuar con firmeza. Este año confirma una escalada de agresiones del gobierno estadounidense contra América Latina. El cerco contra Cuba funciona como el ensayo general de lo que el imperio pretende aplicar a cualquier nación que se atreva a desafiar su hegemonía. José Martí enseñó que la independencia verdadera se afirma en la soberanía de Nuestra América. Ser antimperialista hoy significa defender la dignidad de todos los pueblos. Defender a la isla es defender el derecho de una sociedad a construir su propio destino sin pedir permiso a ninguna potencia. El antimperialismo nos recuerda que la solidaridad es la ternura de los pueblos. Enfrentar los dictados del imperio constituye un deber ético elemental.
