«Hoy en día, ya no se trata de una lucha de clases entre el capital y el trabajo, sino de una economía que sirve a la vida o a la muerte». Esta afirmación de Gustavo Petro fue el eje central de una conferencia celebrada en Colombia sobre «La economía para la vida», organizada conjuntamente por la Internacional Progresista, el Gobierno colombiano y varios centros de estudios locales. La frase, citada por muchos participantes, capta una realidad de la crisis planetaria.
El cambio climático, la deuda externa, el extractivismo, la destrucción ecológica, el hambre y la guerra nos obligan a preguntarnos qué tipo de economía se está organizando y para quién. Pero también revela un peligro presente en gran parte del discurso progresista contemporáneo: la sustitución de la economía política por un lenguaje moral.
Una «economía para la vida» es un eslogan convincente. Sin embargo, a menos que se vincule a los intereses concretos de los trabajadores, a la distribución de la renta y el poder, y a las estructuras del capitalismo global, corre el riesgo de volverse demasiado vaga para orientar las políticas. El neoliberalismo no ha sido una guerra abstracta contra la vida en general. Ha sido, más concretamente, un régimen favorable al capital, como señala David Harvey en su clásico libro sobre el tema. Ha debilitado a la clase trabajadora, ha disciplinado a la periferia, ha restringido el margen de maniobra de las políticas públicas y reorganizado la economía global en torno a las exigencias de la acumulación de capital. Una alternativa seria no puede ser simplemente una economía para la vida en abstracto. Debe ser una economía organizada en torno a los trabajadores.
El bienestar no es una abstracción moral. Es la mejora concreta de las condiciones de vida de la mayoría, y la mayoría son trabajadores. Esto es especialmente importante porque la ideología neoliberal ha intentado sistemáticamente borrar a los trabajadores como categoría política. Bajo el neoliberalismo, no hay trabajadores; todo el mundo es, o potencialmente puede convertirse en, un empresario. Es un mundo de mercado, con consumidores y empresarios, y sin relaciones de poder. La economía política progresista debe rechazar esa narrativa. El sujeto central de un orden económico alternativo no es el consumidor ni el empresario, sino el trabajador.
Esto es importante porque el diagnóstico dominante sobre la situación actual suele ser incorrecto, y además exagera la debilidad del capital. Al menos desde la crisis financiera mundial de 2008, la opinión dominante ha sido que el capitalismo neoliberal está en crisis. Existe una crisis social y medioambiental que, en muchos sentidos, se ha convertido en una crisis de legitimidad política, y el orden neoliberal ha sufrido sacudidas. Pero el sistema se ha adaptado a las nuevas circunstancias notablemente bien, y los cimientos del régimen neoliberal siguen siendo sorprendentemente resistentes.
Los mercados laborales siguen estando disciplinados, los sindicatos son débiles y el crecimiento salarial es lento. La desigualdad sigue siendo elevada. La política fiscal sigue limitada por reglas macroeconómicas, a menudo implementadas por gobiernos progresistas. Los bancos centrales siguen siendo independientes y se preocupan principalmente por la inflación y el rescate de los inversores. Los gobiernos progresistas, incluso cuando son elegidos, a menudo se ven obligados a operar dentro de los límites institucionales creados por los gobiernos neoliberales.
En ese sentido, el neoliberalismo no está fracasando. Está haciendo gran parte de lo que se diseñó para hacer. Ha creado condiciones favorables para la acumulación de capital y ha mantenido a los trabajadores a raya. El aumento de la desigualdad, a menudo citado como un signo de la crisis del orden neoliberal, no es necesariamente un signo del colapso del neoliberalismo. Es, en muchos aspectos, una prueba de su éxito. Lo mismo puede decirse de la degradación medioambiental o de la crisis de la democracia.
Otro malentendido frecuente es la comparación entre el momento actual y la crisis de la década de 1970. La crisis de la década de 1970 fue la del capitalismo regulado de la posguerra, o lo que a menudo se denomina el consenso keynesiano. Se caracterizó por un intenso conflicto distributivo, basado en dos pilares que ya no existen: el poder de negociación de los sindicatos y la capacidad de los países productores de petróleo, a través de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), para influir en los precios mundiales. Cabe señalar que Estados Unidos también era un importador neto de energía en aquella época. Hoy en día, las condiciones son diametralmente opuestas. Los sindicatos están debilitados. El poder geopolítico relativo de la OPEP se ha evaporado. Estados Unidos es ahora un importante productor de energía y un exportador neto.
No se trata del colapso del capitalismo neoliberal en el sentido en que la década de 1970 marcó el agotamiento del orden de posguerra. Se trata de las tensiones de una sociedad capitalista global —lo que Branko Milanović llamaría «el capitalismo como único sistema»— que ya ha disciplinado a los trabajadores y a gran parte de la periferia. Pero precisamente porque el neoliberalismo logró reorganizar la economía mundial, también creó las condiciones para el debilitamiento de algunas de sus propias estructuras económicas.
Desmontar los mitos
El auge de China representa un cambio en el orden mundial. China es fundamental en cualquier análisis serio del nuevo orden mundial que ha surgido en este siglo. China se ha convertido en el gran centro productivo manufacturero del mundo. Esto no fue un accidente ni se trató simplemente de un milagro nacional chino. Fue facilitado por la estrategia geopolítica y económica de Estados Unidos. Primero a través de la apertura de Richard Nixon a China en la década de 1970, luego mediante la concesión por parte de Bill Clinton de relaciones comerciales normales permanentes y la adhesión de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC). El resultado es lo que se ha denominado «China 2.0».
El primer impacto de China consistió en la exportación de productos manufacturados de bajo coste que devastó el empleo en el sector manufacturero en la mayoría de los países avanzados y en gran parte de la periferia del mundo capitalista. El segundo es más profundo. China ya no es simplemente un ensamblador de bajos salarios de bienes de consumo simples. Ahora se está adentrando agresivamente en la fabricación de alta tecnología y alto valor, incluyendo vehículos eléctricos, baterías, paneles solares y más. China forma parte, en muchos sentidos, del centro, al igual que sus homólogos y rivales en Europa, Japón y Estados Unidos.
Esto también exige cuestionar los mitos sobre las economías capitalistas avanzadas. Uno de los más persistentes es que las economías avanzadas, especialmente Estados Unidos, abandonaron la política industrial y solo la han redescubierto recientemente. El redescubrimiento de la política industrial ha sido promocionado por Jake Sullivan, miembro de la administración Biden, como parte del llamado Nuevo Consenso de Washington, y, más recientemente, por el Banco Mundial. Pero esto es en gran medida falso.
Estados Unidos lleva mucho tiempo practicando la política industrial a través del complejo militar-industrial; Fred Block lo denominó un «Estado desarrollista oculto» que siempre proporcionó apoyo estratégico a tecnologías clave. Lo que cambió no fue la existencia de la intervención estatal, sino la narrativa ideológica. Se trataba de mercados libres para la periferia y política industrial para el centro. El auge de China ha obligado a Estados Unidos y a Europa a ser más explícitos sobre lo que hacen y siempre han hecho. Han dado un puntapié a la escalera, como sugirió Ha-Joon Chang, una y otra vez.
Sin embargo, y lo que es más importante, esta transformación en la producción no ha ido acompañada de una transformación equivalente en materia monetaria. La hegemonía del dólar permanece intacta. El auge de China ha cambiado la geografía de la fabricación mundial, pero no ha desplazado la arquitectura financiera y militar centrada en Estados Unidos. La geografía del dinero ha sido más estable de lo que a menudo se cree.
Este es el punto crucial que pasan por alto la mayoría de los análisis sobre el nuevo orden mundial multipolar. No se trata de una simple transición de la hegemonía estadounidense a la china. Es un proceso más contradictorio, en el que el poder productivo se ha desplazado significativamente hacia China, mientras que el poder monetario y militar sigue organizado en torno a Estados Unidos. Pero el capitalismo neoliberal sigue al mando.
Esto es particularmente importante para América Latina. La región se encuentra ahora insertada en la economía mundial en una posición periférica dual. Comercialmente, está cada vez más vinculada a China, a menudo a través de las exportaciones de materias primas y las importaciones de productos manufacturados. Sin embargo, financiera y geopolíticamente, sigue subordinada al sistema del dólar y, en última instancia, al poder de Estados Unidos, o a la «Doctrina Donroe» [un juego de palabras entre Donald Trump y la Doctrina Monroe], como se la ha rebautizado. Los gobiernos progresistas latinoamericanos se enfrentan, por tanto, a un mundo en el que China ofrece mercados, principalmente para sus materias primas; crédito, a menudo con condiciones duras; inversión en infraestructura, con muchas condiciones; y productos manufacturados, pero no desarrollo.
Esta distinción es esencial. El Sur Global no es lo mismo que la periferia de Raúl Prebisch. El término «Sur Global» a menudo oculta más de lo que revela. Sugiere una unidad de intereses que no existe. China, Brasil, Colombia, México, India y Sudáfrica no ocupan la misma posición en la economía mundial. Tampoco debemos dar por sentado que unos lazos más profundos con China generen automáticamente desarrollo.
China tiene una estrategia nacional, como debe ser. No tiene interés en promover el desarrollo en América Latina, ni en el resto del Sur Global, por lo demás. Eso significa que el desarrollo debe concebirse desde la propia periferia. Debe orientarse hacia los trabajadores, reduciendo las vulnerabilidades sociales mediante la promoción de la capacidad productiva interna, y la vulnerabilidad externa mediante la protección de la autonomía política. La integración Sur-Sur puede crear oportunidades, pero no es una panacea ni un sustituto de una estrategia nacional de desarrollo.
Reglas fiscales y austeridad
Desde el punto de vista de la estrategia de desarrollo, es crucial distinguir entre lo que ha funcionado en la práctica y lo que prescribe la ortodoxia. Lo que ha funcionado en los países en desarrollo no ha sido la austeridad fiscal, la liberalización financiera total ni la estricta independencia del banco central. Lo que ha funcionado, cuando ha funcionado, son políticas que reducen la vulnerabilidad externa y amplían el crecimiento interno, al tiempo que reducen la desigualdad.
Algunas de estas se aplicaron durante la Marea Rosa en la región, es cierto que en condiciones externas más favorables, antes de la crisis financiera de 2008. Evitar la deuda en moneda extranjera, acumular reservas internacionales, mantener tipos de cambio nominales relativamente estables dentro de regímenes flexibles; aumentar los salarios mínimos reales; apoyar programas de transferencias para los pobres; utilizar bancos públicos para promover las capacidades tecnológicas nacionales; y promover la política industrial, en particular mediante políticas de contratación pública. Los controles de capital pueden ayudar en algunas circunstancias, aunque su eficacia depende de las condiciones institucionales y su utilidad es limitada en un mundo en el que el emisor de la moneda global promueve la apertura financiera y la desregulación.
Pero esto también significa que la batalla política central es contra las reglas fiscales y la austeridad. La cuestión no es simplemente si los bancos centrales deben ser independientes o si los tipos de interés deben ser algo más altos o más bajos. Esas cuestiones son importantes, especialmente en las economías periféricas sometidas a las presiones de la hegemonía del dólar y la política monetaria estadounidense. Cabe señalar que China mantiene grandes cantidades de reservas en dólares y no ha liberalizado completamente su cuenta de capital. Pero la restricción más profunda son los marcos fiscales autoimpuestos que impiden a los gobiernos utilizar el presupuesto del Estado como instrumento de desarrollo.
Las reglas fiscales se presentan a menudo como mecanismos neutrales para la credibilidad y la estabilidad. En la práctica, limitan la capacidad de los gobiernos elegidos para expandir la demanda, sostener el empleo, invertir en infraestructura y transformar la estructura productiva. La política fiscal no es meramente una herramienta para la estabilización a corto plazo. Puede crear capacidad productiva interna. Puede sostener el pleno empleo y, lo que es más importante, puede crear empleos de buena calidad, apoyar a los productores nacionales y promover nuevas tecnologías.
El gasto público puede moldear los mercados y dirigir los recursos hacia necesidades sociales que el capital privado no satisfará por sí solo. La política fiscal es la base del Estado emprendedor de Mariana Mazzucato. Una estrategia de desarrollo seria requiere que la política fiscal se utilice no solo para compensar a los pobres, sino para construir los cimientos productivos y tecnológicos de una sociedad más igualitaria.
En la periferia, los bancos centrales no operan en un vacío. Sus decisiones están limitadas por el entorno financiero global, especialmente por la política monetaria de EE. UU. Las tasas de interés más altas en Estados Unidos ejercen presión sobre los países en desarrollo para que mantengan tasas relativamente altas con el fin de estabilizar los tipos de cambio, evitar la fuga de capitales y contener la desviación, que puede ser tanto inflacionaria como contractiva. Pero precisamente por esta razón, la política fiscal cobra aún más importancia. Si la política monetaria está parcialmente limitada por la hegemonía del dólar, entonces la lucha por el espacio de la política interna debe centrarse en liberar a la política fiscal de las reglas que reproducen la austeridad.
La inversión pública es fundamental. No hay estrategia de desarrollo seria sin ella. Tampoco hay transición ecológica seria sin ella. La idea de que los mercados reorganizarán espontáneamente la producción en torno a las necesidades sociales y ecológicas es una de las grandes ilusiones del ecologismo liberal. El desarrollo ecológico requiere planificación, coordinación y un Estado dispuesto a disciplinar al capital.
La autonomía política no es un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar un fin. Es deseable porque crea el espacio para políticas que pueden aumentar directamente el poder de la clase trabajadora. Un Estado comprometido con el pleno empleo, los puestos de trabajo de calidad, el aumento de los salarios y unos servicios públicos más sólidos puede mejorar fundamentalmente la vida de la mayoría. Estas condiciones proporcionan no solo seguridad material, sino también un mayor poder de negociación para los trabajadores, lo que les da una voz más fuerte en sus lugares de trabajo y en la sociedad en su conjunto. Por supuesto, este potencial no puede materializarse únicamente mediante políticas impuestas desde arriba. Requiere una organización sostenida desde abajo para garantizar que los beneficios se compartan ampliamente y que los logros sean políticamente duraderos.
Ideología frente a análisis
La coyuntura geopolítica actual puede brindar una oportunidad para tal estrategia. Si bien el auge de China no crea un sistema económico alternativo como lo hizo en su día la Unión Soviética, la transformación del orden mundial puede dar a los países periféricos, y a los trabajadores de las economías avanzadas, un mayor margen de maniobra. Este margen, sin embargo, debe utilizarse estratégicamente para reducir la dependencia externa y fortalecer la capacidad productiva nacional.
Aun así, es importante reconocer los límites de este enfoque. Fortalecer a la clase trabajadora no resolverá todos los problemas, ya que persistirán los retos medioambientales fundamentales, especialmente cuando los intereses materiales de los trabajadores del centro y de la periferia divergen, incluso si se derrota al neoliberalismo.
Esto nos lleva de vuelta a la frase de Petro. Una economía al servicio de la vida no puede construirse solo con un llamamiento moral. Requiere enfrentarse al capital y reconstruir el poder del trabajo. Requiere comprender la jerarquía de la economía mundial. Requiere reconocer que el neoliberalismo no ha sido derrotado, que la analogía con la década de 1970 es engañosa, que el auge de China es real pero parcial, y que la hegemonía del dólar sigue siendo fundamental.
El gran peligro para la izquierda es sustituir el análisis por la ideología. Es posible estar de acuerdo con muchos de los objetivos de la agenda de la «economía para la vida» —mejores condiciones de vida, bienes públicos, sostenibilidad ecológica, seguridad alimentaria, paz y dignidad humana, por nombrar los más importantes— sin estar de acuerdo con el diagnóstico que a veces la acompaña.
El problema no es que el eslogan sea erróneo, sino que puede ocultar el conflicto central entre el capital y el trabajo. Carece de un núcleo analítico adecuado basado en la comprensión del conflicto distributivo y geopolítico. Enumera objetivos éticos deseables, pero no explica los mecanismos a través de los cuales el capitalismo produce desigualdad, destrucción ecológica, subordinación financiera y austeridad. La tarea, por lo tanto, no es elegir entre la urgencia moral y la economía política. Es conectarlas.
