El 26 de julio, una facción escindida del ejército de Níger derrocó al presidente Mohamed Bazoum, confinándolo en el palacio presidencial. Aunque la infraestructura de telecomunicaciones seguía intacta, un tuit de la oficina del primer ministro afirmaba que Bazoum y su familia gozaban de buena salud, pero que estaban preparados para llamar a la Guardia Nacional al ataque si los soldados sublevados no retrocedían.
En cuarenta y ocho horas, el coronel Amadou Abdramane, rodeado de otros nueve oficiales, tomó el control de las ondas nacionales, declarando que había «puesto fin al régimen que conocen debido al deterioro de la situación de seguridad y a la mala gobernanza». La Unión Africana y la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) condenaron el intento de derrocar a Bazoum, que fue elegido presidente hace dos años en el primer traspaso de poder pacífico y democrático de la nación desde su independencia de Francia en 1960.
Los dirigentes europeos, junto con el jefe de la ONU, António Guterres, condenaron «cualquier intento de tomar el poder por la fuerza» e instaron a respetar la Constitución de Níger, mientras que Estados Unidos expresó su profunda preocupación y pidió que se liberara a Bazoum. Incluso el gobierno de Etiopía, al que las organizaciones de derechos humanos acusaron de crímenes de guerra a lo largo de la Guerra de Tigray, dijo que los golpistas estaban «actuando en total traición a su deber republicano». La respuesta de las potencias regionales a esta crisis era, según el recién elegido presidente de Nigeria, Bola Tinubu, una «prueba de fuego para la democracia de África Occidental».
Este golpe es el séptimo que se produce en la región africana del Sahel —que se extiende desde Mauritania, al oeste, hasta Eritrea, al este— desde 2020; recientemente, Malí y Burkina Faso han sufrido tres golpes de Estado en otros tantos años. Este tumulto político amenaza con abrir fisuras en toda la región. Mali y Burkina Faso, ambos Estados actualmente en manos de golpistas, han declarado que responderán a cualquier intento de la CEDEAO (bloque político y económico formado por naciones de África Occidental en su mayoría aliadas de Occidente) o de fuerzas militares exteriores, de restaurar Bazoum con una invasión a gran escala. Mientras que el asediado primer ministro de Níger ha pedido la intervención estadounidense, las juntas de los vecinos Malí y Burkina Faso se han alineado con Rusia desde que asumieron el poder.
Níger era un punto estratégico para las potencias occidentales que combatían los crecientes movimientos yihadistas en el Sahel. Tras las tomas militares de Chad, Malí y Burkina Faso en 2020, Occidente y sus aliados consideraron a Níger parte integrante de su intento de mantener el poder en una región en la que crece el sentimiento prorruso y dominan los grupos islamistas.
El 28 de julio, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, declaró que debía restablecerse el orden constitucional y, al mismo tiempo, Yevgeny Prigozhin, del Grupo Wagner, publicó un mensaje de voz en la aplicación Telegram en el que negaba cualquier implicación en el golpe. Sin embargo, según Reuters, describió los acontecimientos como «un momento de liberación de los colonizadores occidentales que debería haberse producido hace tiempo e hizo lo que parecía un llamamiento a sus combatientes para que ayudaran a mantener el orden».
En Níger viven veintisiete millones de personas, el 40% de las cuales vive en la pobreza extrema y el 50% con alrededor de 2 dólares al día. Con 15.000 millones de dólares, su PIB es menos de una décima parte del de Washington DC, cuya población es de poco más de setecientos mil habitantes. El estado importa casi un tercio de sus alimentos y ocupa el puesto 189 de 191 en el Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con un PIB per cápita de 594,90 dólares, uno de los más bajos de África. En la comunidad mundial de Estados es el que más sufre la desigualdad económica. Como consecuencia, la esperanza de vida media en Níger es de sesenta años, y su edad media es de tan solo quince, lo que lo convierte en el país más joven del mundo.
Desde 1945, y mucho después de que las colonias africanas de Francia obtuvieran la independencia en la década de 1960, Francia instituyó o impuso el franco de África Occidental (CFA) como moneda de sus colonias de África Occidental. La moneda está respaldada por el tesoro francés y vinculada al euro, y se acepta en catorce países miembros, incluidos los tres últimos países que sufrieron un golpe de estado: Mali, Burkina Faso y Níger.
Aunque el franco CFA proporciona cierto orden económico y conveniencia financiera interestatal, su valor, tasa de inflación y volatilidad vienen determinados por el comportamiento de personas que juegan en mercados de un continente completamente distinto. La ausencia de soberanía monetaria en la región limita el tipo de políticas nacionales que pueden aplicar los gobiernos locales. En 2019 la Institución Brookings, un grupo de reflexión conservador, reconoció que, aunque el franco CFA garantizaba la estabilidad de la moneda, limitaba el comercio intrarregional fomentando la aparición de economías dependientes de la exportación de productos primarios y dificultaba el desarrollo de una política industrial independiente.
Níger proporciona el 5% del uranio mundial y ha contribuido a sostener el sector de la energía nuclear de Francia. Los informes han sugerido que el nuevo gobierno de la nación de África Occidental planea prohibir las exportaciones del mineral a Francia, una medida cuya importancia es fácil exagerar en medio del caos consiguiente. Sin embargo, a corto o medio plazo, este cambio, si se produjera, no limitaría significativamente el acceso de Francia al uranio. Australia, Canadá y Kazajstán son tres de los cuatro mayores productores del mineral y cada uno de estos países tiene previsto aumentar su producción para los mercados mundiales. Por tanto, la preocupación de Francia y Occidente por la caída de Níger no puede atribuirse fácilmente a la ansiedad por la escasez de recursos.
Más significativo para comprender la geopolítica de la región es el papel que ha desempeñado Occidente garantizando la seguridad de las naciones del Sahel sin capacidad estatal para hacerlo por sí mismas. Los gobiernos del Sahel han invitado a menudo a Francia para que ayude o refuerce las medidas de seguridad en amplias franjas del país donde la creciente presencia de movimientos yihadistas amenaza la estabilidad del gobierno central. La seguridad francesa a cambio de la lealtad a la CFA es el acuerdo geopolítico tácito en este caso, pero la antigua potencia colonial lleva mucho tiempo sin cumplir su parte del trato y sofocar los disturbios en las regiones remotas del Sahel. Como resultado, los gobiernos caen en golpes de estado y las tropas francesas se ven obligadas a retirarse, como hicieron en Malí y Burkina Faso. Esto hace que las potencias regionales recurran a Rusia y al Grupo Wagner en busca de seguridad.
Si Occidente o sus aliados intervinieran, probablemente entrarían en conflicto con estas fuerzas respaldadas por el Grupo Wagner en Malí y Burkina Faso, abriendo de hecho otro frente en la guerra por delegación con Rusia. Las consecuencias humanitarias de tal intervención serían significativas. Sin duda aumentaría el flujo de refugiados de la región hacia Occidente, exacerbando la política antimigratoria en Europa y proporcionando un pretexto para alianzas desagradables entre Europa y las naciones mediterráneas dispuestas a hacer el trabajo sucio del bloque y detener a las personas que huyen de la pobreza y la guerra.
