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La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, saluda a sus simpatizantes en Buenos Aires momentos antes de que un hombre le apuntara con un arma. (Foto: Tomás Cuesta)

Argentina en la era de la «normalidad patológica»

El intento de asesinato de la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, esclarece varios aspectos de la fisonomía de la ultraderecha en el país. ¿Qué hacer ahora?

El pasado jueves 1º de septiembre la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, sufrió un intento de magnicidio. Un atacante de la extrema derecha, que tiene tatuada una Cruz de Hierro en la mano y un Sol Negro en el brazo —dos símbolos directamente ligados con el nazismo alemán—, intentó dispararle con un arma de fuego en el rostro a menos de diez centímetros.

Que Argentina se encuentra en una espiral de derechización es algo de lo que no hay dudas. Que desde la apertura de la crisis económica, social y política en 2018 ha emergido un nuevo discurso reaccionario que puso al país a tono con las tendencias globales del ultraderechismo, tampoco. La inserción de la ultraderecha en el sistema institucional ha afectado el discurso de todo el sistema político y ha permitido la proliferación de ideologías reaccionarias y conservadoras dentro de la sociedad en su conjunto.

El atentado sobre la vicepresidenta deja una serie de certezas y plantea varios interrogantes acerca del impacto integral, político y social, de la ultraderecha en el país.

La ultraderecha es un fenómeno dual que crece en bloque

La ultraderecha actual —es decir, la corriente ideológica que se opone a algunos de los elementos centrales de la democracia liberal y que busca limitar el ejercicio de la soberanía popular— comprende dos fenómenos analíticamente diferenciables, pero que a su vez deben ser atendidos como parte de uno mismo.

Por un lado tenemos la derecha radical, que participa en elecciones y acepta las reglas del juego democrático, en un abanico que va desde Patricia Bullrich a Javier Milei. Por otro existe una extrema derecha compuesta por los grupos, personas y referentes que se oponen frontalmente a la soberanía popular como base de la democracia y al orden político en general, como son los referentes del Centro Cultural Kyle Rittenhouse en La Plata, el grupo neonazi Bandera Negra de Mar del Plata, el Partido Renacer —del también neonazi Carlos Pampillón— o la manosphere argentina en las redes sociales, principalmente en Twitter y Reddit.

Estas categorías (la macrocategoría de ultraderecha y las subcategorías de derecha radical y extrema derecha), popularizadas por el politólogo neerlandés Cas Mudde, tienen la virtud de ofrecer un marco analítico general al fenómeno múltiple del radicalismo de derechas. Pero mientras que los análisis más populares proponen entender la relación entre la derecha radical y la extrema derecha en tanto juego de suma cero —la derecha radical crece a costa de la marginalización de la extrema derecha—, aquí, en cambio, proponemos pensar que ambas variantes crecen a la par. Efectivamente, la derecha radical y la extrema derecha son fenómenos diferenciables; pero se encuentran vinculados de forma estructural.

Un ejemplo: en los Estados Unidos, el liderazgo de derecha radical que ejercía Donald Trump celebró su despedida de la Casa Blanca con una revuelta de la extrema derecha, que ocupó el Capitolio estadounidense con el objetivo de desconocer el resultado de las elecciones. La derecha radical fue directamente asistida por la extrema derecha, mimetizándose. Así, somos testigos ahora de una nueva espiral de radicalización del ultraderechismo dentro del Partido Republicano.

Esto ocurre debido a que la implantación y popularización de los discursos de la derecha radical —que la sociedad está en decadencia, que la democracia se encuentra pervertida, etc.— se materializa de forma más cabal con el pase a la acción que la extrema derecha efectiviza como su misión mesiánica. Ese es el contexto en el que debemos situar el atentado contra Cristina Fernández, desarmando cualquier intento de presentar a su agresor como «lobo solitario» o como un demente aislado que tomó una decisión irracional.

Que la derecha radical crezca y que ello, consecuentemente, implique algún grado de profundización de su adecuación programática —el caso de Marine Le Pen en las últimas elecciones francesas puede ser ilustrativo— significa también la construcción de una ventana de oportunidad para la consolidación de la extrema derecha (como lo ilustra la emergencia de Eric Zemmour, para seguir con el caso francés). Esa dinámica explica la conformación de grupos que, a pesar de que puedan ser apologistas de la derecha radical, no se identifican integralmente con ella. Las pintadas a favor de Milei en el Centro Cultural Kyle Rittenhouse —donde se encontró luego de su allanamiento una granada de mortero—, en la ciudad de La Plata, son una prueba de este fenómeno, de una extrema derecha que se imbrica con la derecha radical.  

Argentina entró en la fase de la «normalidad patológica»

La espectacular forma en la que la sociedad argentina descubrió a principios de septiembre el peso real de la ultraderecha en la sociedad muestra que la democracia ha pasado de una fase de «patología normal» hacia otra de «normalidad patológica». La tesis de la «patología normal» afirma que en todo sistema democrático existe un pequeño núcleo que se opone radicalmente a él y asume formas ideológicas nostálgicas de los autoritarismos de derecha. La defensa de la dictadura militar argentina, marginal en la sociedad argentina, es un ejemplo claro.

La tesis de la «normalidad patológica», en cambio, nos dice que la ultraderecha no es una reminiscencia de un pasado superado —el fascismo histórico— sino una realidad actual. Es decir, una tendencia ideológica adecuada a las condiciones actuales del capitalismo y una forma discursiva contemporánea de dominación política. La «normalidad patológica» señala que los opositores a los elementos que aseguran la democracia, como el pluralismo, son populares dentro del sistema democrático y de la sociedad regida por reglas y prácticas democráticas.

Decir que atravesamos un momento de «normalidad patológica» significa decir que la ultraderecha no es un elemento exógeno a la democracia. Es asumir la incómoda verdad de que la ultraderecha expresa una radicalización de tendencias ya presentes dentro de la sociedad y del sistema político. Ni exógeno ni exótico, el ultraderechismo siempre estuvo presente como un elemento internalizado y metamorfoseado de la democracia. Su expansión, consolidación y autonomización define su actual estadio histórico.

Llegados hasta aquí hace falta aclarar un punto importante: si hablamos de ultraderecha y presentamos su popularización como parte de un proceso de transfiguración del sistema democrático —de una patología normal hacia una normalidad patológica— es porque rechazamos entender al fascismo como un fenómeno contemporáneo. El fascismo es un fenómeno histórico que tiene una cronología clara (1919-1945) y que ha sido superado debido a su derrota paradigmática total, completa e incontestable en la Segunda Guerra Mundial. Esto significa que, a pesar del crecimiento sostenido de la ultraderecha en la sociedad, no hay peligro de fascistización. Sin ir más lejos, Jair Bolsonaro ha llegado al poder en Brasil y Donald Trump en los Estados Unidos, pero ni Brasil ni los Estados Unidos se han fascistizado.

El antikirchnerismo es el núcleo ideológico del ultraderechismo

Para el ultraderechismo actual, tanto para la derecha radical como para la extrema derecha, el antikichnerismo es su elemento galvanizante. Desde diputados nacionales hasta tuiteros anónimos, la búsqueda de erradicar al kirchnerismo es ubicua. Esto tiene sentido: el kirchnerismo es hoy la identidad popular más amplia del país. Y es esa cualidad la que lo sitúa en el centro del discurso de la ultraderecha.

Visto en retrospectiva, queda claro que las derechas recogieron el guante de la oposición radical al kirchnerismo en una espiral que comenzó, al menos, luego de la reelección de CFK en 2011, cuando su figura se mostró como electoralmente incontestable (esa oposición, inicialmente institucional, abrió camino al surgimiento de formas no institucionales también). Vale recordar que fue ese el momento en que emergieron teorías conspirativas sobre la muerte de Néstor Kirchner —repetidas incluso en uno de los programas más vistos de la televisión abierta de ese momento, Almorzando con Mirtha Legrand— y cuando emergieron discursos insultantes sobre Cristina Fernández (el principal conductor televisivo de la oposición de ese momento, Jorge Lanata, dijo que Cristina Fernández era una «pobre vieja enferma»).

La oposición radical al kirchnerismo fue recogida por la derecha neoliberal como base para su campaña en las elecciones de 2015 y, desde 2021, constituye una de las estructuras centrales del discurso ultraderechista, convirtiéndose con el tiempo en un discurso de odio. Javier Milei, sin ir más lejos, intenta polarizar día tras día con la propia Cristina Fernández (es usual verlo compartir en sus redes dudosas encuestas en las que supera en intención de voto a CFK—).

El intento de magnicidio contra Cristina Fernández, así, puede ser visto como la conclusión lógica de este proceso de oposición al kirchnerismo en su forma más extrema: la violencia política.

¿Es posible un «cordón sanitario»?

El crecimiento de la ultraderecha en la Argentina, inserta de diversas formas en el sistema político desde 2021 (de Javier Milei a Amalia Granata, de Ricardo López Murphy a José Luis Espert), demuestra que la ultraderecha ha roto su cerco. Su discurso es repetido y ampliado noche tras noche en los canales de televisión y defendido por referentes políticos ambiciosos.

Frente a la consolidación de la ultraderecha, aislarla de las instituciones es siempre la opción más atractiva. El problema es que en Argentina la ultraderecha ha adquirido una multiplicidad de rostros llamativa. No solo es claramente dominante en La Libertad Avanza (Javier Milei), Avanza Libertad (José Luis Espert) y el Partido NOS (Juan José Gómez Centurión) y sus partidos satélites en un gran número de provincias, sino que también está presente en los otros dos grandes partidos de las derechas argentinas: preside el Partido Propuesta Republicana (PRO) mediante Patricia Bullrich, tiene una corriente interna todavía más ligada al ultraderechismo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (con Ricardo López Murphy y el resto de Republicanos Unidos) y una rama en pleno giro programático en la Unión Cívica Radical, de la mano del diputado nacional Martín Tetaz, quién negó que el intento de asesinato sea un acto de violencia política.

Este escenario de presencia de la ultraderecha entre los principales partidos tanto de la derecha liberal como conservadora hace que su exclusión institucional no sea una opción. La construcción de cordones sanitarios contra la ultraderecha suele necesitar de una relativa unidad de esos sectores: por ejemplo, el establecimiento de un cordón sanitario contra Alternativa por Alemania se constituyó a raíz de un sólido consenso dentro de la derecha ordoliberal/conservadora —la CDU de Merkel— en no establecer ninguna instancia de diálogo y cooperación. En contraste con la situación argentina, los abrazos entre la presidenta del PRO y el principal referente de la ultraderecha echan por tierra cualquier intención de emular a los alemanes. La dispersión de la ultraderecha en el sistema político, de esta manera, pone un signo de interrogación sobre la capacidad real de utilizar esa estrategia de contención. De todos modos, tampoco el establecimiento de cordones sanitarios nos asegura nada. Porque, ¿ha frenado a la ultraderecha estadounidense vetar a Donald Trump de Twitter y Facebook? Los resultados están a la vista. 

Por otro lado, también es útil señalar que agitar el fantasma del fascismo sin un contextualización sociohistórica acerca de las condiciones básicas para su (re)emergencia en pleno siglo XXI tampoco suele dar mucho rédito. Primero, la derecha radical reniega públicamente de cualquier operación discursiva que la vincule con las experiencias del fascismo histórico e inclusive con la extrema derecha actual (el comunicado de La Libertad Avanza negando relación alguna con el Centro Kyle Rittenhouse es un buen ejemplo: allí se compara al fascismo y al comunismo como dos ideologías colectivistas). Segundo, si analizamos una experiencia más que reciente, cuando Pablo Iglesias intentó presentar las elecciones regionales de la Comunidad Autónoma de Madrid en las que competía contra una candidata de derecha radical como una «lucha antifascista», el resultado fue sencillamente desastroso.

¿Podemos «desderechizar» a la Argentina?

Si las condiciones para aplicar un cordón sanitario son claramente desfavorables, surge entonces otro interrogante: ¿estamos condenados al crecimiento del ultraderechismo? La respuesta, que debe ser clara y contundente, es que no. Sin cordón sanitario a la vista, la principal estrategia de lucha contra la ultraderecha radica, primero, en identificar los espacios de influencia en los que el discurso ultraderechista se ha inmiscuido dentro de la sociedad en general.

En el caso argentino, por ejemplo, la implementación de la austeridad como única estrategia de gestión de la crisis económica es, sin dudas, una forma de legitimar el principal discurso ultraderechista del país, que ha emergido mediante la disputa de la agenda económica. La expansión del discurso ortodoxo y la derechización del gobierno del Frente de Todos, expresado de forma sustancial en la centralidad de Sergio Massa en su nuevo rol de ministro de Economía, no cataliza la agenda de la derecha radical sino que la promueve. Por otro lado, el corrimiento a la derecha del resto del espectro político obliga a la izquierda realmente existente (el FIT-U y poco más) a adoptar una posición defensiva en la que el planteamiento de una alternativa «popular» se muestra como un grito mudo en medio del desierto.

La situación obliga, entonces, a la conformación de espacios de contacto, diálogo y coordinación de agendas entre todas las organizaciones que ven en la ultraderecha una amenaza integral para la democracia. Los ataques antisemitas contra locales partidarios del Frente de Izquierda y el pedido de un diputado de ultraderecha de ejecutar a la vicepresidenta deberían ser suficientes para establecer algún tipo de espacio de coordinación entre las fuerzas a las que la ultraderecha identifica como enemigas para entablar, aunque sea, un diálogo mínimo.

Por último, es necesario señalar que el surgimiento y la expansión del ultraderechismo en la Argentina no es un fenómeno monocausal. La radicalización derechista tiene diferentes clivajes en el barrio de Recoleta y en la periferia de Quilmes. Un joven pauperizado del conurbano es atraído por el discurso ultraderechista de una forma diferente que una persona que vive en un barrio cerrado y que asiste a un colegio privado de élite. En Francia, un votante de Le Pen puede ser un extrabajador industrial cuya fábrica fue deslocalizada hacia el sudeste asiático, dejándolo sin empleo, como también un habitante de París cooptado por teorías conspirativas que aseguran que la raza blanca europea está queriendo ser reemplazada con migración africana. La diversidad de posiciones de quienes apoyan al ultraderechismo obliga a multiplicar las estrategias para combatir la radicalización de derechas.

En última instancia, el atentado contra Cristina Kirchner demuestra que uno de los peligros de no captar en toda su dimensión el dilema social y político que la ultraderecha supone es caer de un día para el otro en una espiral de violencia difícil de desandar. ¿Qué hubiera pasado si el atacante tenía éxito? Seguramente, entre sus múltiples y lúgubres efectos, hubiera apuntalado a más de una forma de radicalismo derechista. Ese escenario, de momento, se ha evitado; pero nada asegura que no ocurra otra vez.

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