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Manifestantes colman las calles de Bogotá en el marco de las protestas del paro nacional. (Foto: AFP)

Colombia tiene una oportunidad histórica

UNA ENTREVISTA CON

En medio de sabotajes y amenazas, el candidato de izquierda Gustavo Petro lidera la carrera presidencial en Colombia. Su victoria sería una hazaña sin precedentes para el campo progresista en el segundo país más poblado de Sudamérica.

Entrevista por
Hugo Albuquerque
[1]Hugo Albuquerque es editor de Jacobin Brasil, redactor de Autonomia Literária, licenciado en Derecho por la PUC-SP, abogado y director del Instituto para la Humanidad, los Derechos y la Democracia … Continue reading

El 29 de mayo las colombianas y los colombianos acudirán a las urnas para la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Gustavo Petro, el candidato de la izquierda, lidera indiscutiblemente los sondeos de opinión. Es la prueba de que las cosas han cambiado mucho (y pueden cambiar aún más). 

Colombia soportó décadas de una guerra civil que generó millones de refugiados y también sirvió de base para una persecución que impidió a la izquierda concurrir a las elecciones. Sin embargo, los Acuerdos de Paz de 2016 cambiaron definitivamente el equilibrio de poder en el segundo país más grande de Sudamérica, ampliando los horizontes de la izquierda y los movimientos sociales. 

En 2018, el mundo fue testigo de la sorprendente llegada a la segunda vuelta electoral de Gustavo Petro, un exguerrillero vinculado al ala progresista de la Iglesia católica. Ahora, en 2022, se habla de su posible victoria, lo que podría acabar con la hegemonía oligárquica más exitosa de América Latina, cuya duración se remonta a los tiempos coloniales.

La izquierda llega más fuerte que nunca a la contienda. Se trata, de todas maneras, de un escenario muy difícil, marcado por las constantes intervenciones del presidente ultraconservador Iván Duque a favor de su candidato, Federico «Fico» Gutiérrez. Además, asistimos a intervenciones ilegales de los fiscales, a amenazas del comandante de las Fuerzas Armadas e incluso a la revelación de planes paramilitares para asesinar a Petro.

La historia colombiana a menudo vuelve más reales que mágicos los escenarios descritos por Gabriel García Márquez. Hugo Albuquerque, de Jacobin Brasil conversó con el analista político colombiano Sebastián Ronderos para entender los enigmas de este país hermano tan cercano y, a la vez, tan distante y singular.

 

HA

Gustavo Petro lidera las encuestas para las elecciones presidenciales colombianas, con posibilidades reales de ganar en la primera vuelta, y sin duda favorito si la contienda pasa a una segunda ronda. ¿Cuál es tu análisis sobre Petro y su movimiento político?

SR

Gustavo Petro es un intelectual y antiguo miembro del movimiento guerrillero M-19. Fue parlamentario de oposición al expresidente y líder de la derecha, Álvaro Uribe. Entre 2012 y 2015 fue alcalde de Bogotá, y contó con un amplio apoyo popular. Es precisamente a partir de estas experiencias que Petro se ha cultivado como la mayor figura de oposición al uribismo, construyendo las bases para consolidar un proyecto político de alcance nacional. Las dinámicas de la historia colombiana pueden ayudarnos a entender la naturaleza del petrismo como fenómeno político.

Entre algunos de los elementos centrales de la política nacional está la cuestión de la tierra, el gran motor de las numerosas guerras civiles colombianas desde el siglo XIX. Las élites terratenientes se convierten en predominantes en un proceso de desplazamiento, expropiación y acumulación de tierras productivas. Esto es fundamental para la intermediación —casi una simbiosis— entre narcotraficantes, generales y políticos a finales del siglo XX, que constituyen un verdadero dispositivo en aras de mantener y reestructurar los intereses de las clases dominantes.

El segundo elemento que destaco es la cuestión del liberalismo colombiano, un espacio político extremadamente ambiguo, aunque es el ámbito por el que pasan institucionalmente las demandas populares. Podemos destacar, por ejemplo, el primer intento de imponer impuestos a los grandes propietarios de tierras productivas en la Revolución de marzo de Alfonso López Pumarejo (presidente entre 1934 y 1938), luego el intento de reforma agraria de Alberto Lleras Camargo (presidente dos veces entre 1945 y 1946 y luego entre 1958 y 1962) o el discurso antielitista y popular del líder político Jorge Eliécer Gaitán, quien, cabe destacar, tuvo una gran influencia en figuras que ampliaron los horizontes del socialismo en América Latina, como Fidel Castro.

Fidel, entonces un estudiante de 21 años, se reuniría con Gaitán la misma tarde de su asesinato en 1948 en Bogotá. El futuro líder cubano había venido a Colombia para una reunión de estudiantes que se oponía a la IX Conferencia Panamericana, celebrada en Bogotá, donde se sentaron las bases de la futura Organización de Estados Americanos (OEA). Fidel participó en la resistencia popular que siguió al asesinato de Gaitán, permaneciendo en Colombia durante un tiempo y resistiendo de forma armada a la expansión de la agenda conservadora, como relata García Márquez. El liberalismo popular colombiano constituye una pieza clave en la historia del socialismo regional.

Pero la fracción elitista del liberalismo también es fundamental para entender las rearticulaciones de la agenda de las élites. Primero en la asimilación de la agenda neoliberal, ampliada desde el gobierno de César Gaviria tras la desmovilización del M-19 en los años 90, hasta el gobierno de Uribe, que es el primer gobierno colombiano impulsado por el Partido Liberal pero al mismo tiempo apoyado casi absolutamente por el Partido Conservador.

El petrismo, entonces, aparece como un rescate del clamor del liberalismo popular y plebeyo: el liberalismo de la reforma agraria, de la revolución productiva, de la mitigación de la desigualdad en el ámbito rural y urbano… se vuelca a la modernización democrática y productiva de Colombia en oposición al gran latifundio improductivo alineado con el narcotráfico, ahora visiblemente representado en el uribismo.

En interconexión con los aportes históricos del liberalismo popular y agrario, Petro afirma su movimiento político articulando nuevos sentimientos y demandas que han comenzado a surgir en torno a los Acuerdos de Paz: la agenda LGBTQ+, el movimiento feminista, los campesinos, los indígenas, los jóvenes precarios que trabajan como repartidores de Rappi… en definitiva, los mismos actores que, en su mayoría, salieron a la calle con sus familias en las movilizaciones de los últimos años contra Iván Duque, y que hoy se afirman como sujetos políticos centrales en la dinámica sociopolítica colombiana.

El petrismo conecta la relación entre la tierra y el trabajo con una conciencia ecológica, llevando el cambio climático al centro de su agenda de desarrollo productivo, distanciándose de la explotación de los recursos fósiles. Considera, pues, que el proyecto de modernización es ineludible, pero que no puede seguir atravesado por la dependencia de las exportaciones de materias primas y la destrucción del medio ambiente provocada por los grandes latifundios improductivos y extractivos.

 

HA

¿Cómo evalúas la suspensión de la gira de Petro por el eje cafetero a partir de la revelación de un plan para asesinarlo?

SR

El asesinato de líderes políticos en Brasil es motivo de conmoción social y también de amplia sorpresa. En Colombia, en cambio, es una práctica cruel que forma parte del funcionamiento normal de la democracia formal. Esto se sostiene precisamente por los violentos mecanismos estructurales de la política colombiana. La cancelación de la visita de Gustavo Petro al llamado eje cafetero, que hace parte de la región antioqueña, se explica por la fuerte presencia del uribismo (y, junto a él, la sangrienta articulación de sectores de la policía, el Ejército y grandes terratenientes vinculados al paramilitarismo).

Estos sectores crearon organizaciones como La Cordillera, a la que la campaña de Petro señaló como autora del plan de asesinato en su contra. Esta organización también es responsable del asesinato del joven líder estudiantil Lucas Villa, quien fue asesinado en la ciudad de Pereira el 5 de mayo de 2021 durante una protesta pacífica. Esto demuestra que las estructuras criminales que sustentaron el uribismo están atentas, alertas y activadas por si fracasan en un fraude electoral: el asesinato del candidato de la izquierda colombiana es una posibilidad que está sobre la mesa.

Gustavo Petro en un acto de campaña en Cúcuta, con chaleco antibalas y escudo blindado. (Foto EFE)

 

HA

El comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia escribió un hilo de Twitter en el que atacó a Petro. Hechos similares han ocurrido en Brasil. Sin embargo, aunque Colombia ha vivido décadas de guerra civil, nunca ha tenido una dictadura. ¿A qué piensas que se debe esto?

SR

El golpe en Colombia siempre ha sido comandado por las élites utilizando elementos militares, pero manteniendo las apariencias democráticas y electorales. Existen algunos eventos golpistas, que son movimientos de aislamiento o asesinato de figuras centrales o de boicot por parte de sectores estratégicos para desestabilizar económicamente o causar impactos sociales para sabotear liderazgos y gobiernos progresistas, o nacional-desarrollistas, entre otros. 

Sin embargo, pocas veces en la historia reciente de Colombia hemos visto una intervención tan directa de los militares y la burocracia en las elecciones como la actual. El actual presidente de la República, Iván Duque, tiene ya tres denuncias formales por intervención ilegal en el proceso electoral, todas ellas para favorecer a su candidato presidencial, Federico «Fico» Gutiérrez, exalcalde de Medellín.

Asimismo, el Ministro de Defensa y el Fiscal General también interfirieron en las elecciones, atacando a Petro. Fue en este contexto que se produjo el ataque, vía Twitter, del comandante del Ejército, Eduardo Henrique Zapatero, contra Gustavo Petro. Zapatero respondía a un discurso público de Petro, en el que denunciaba la evidente, notoria y probada relación de los generales del Ejército con el narcotráfico.

Esta intervención directa puede considerarse un síntoma de un momento especial en la política colombiana, y es producto de la larga relación simbiótica entre narcotraficantes, generales y políticos. Esta simbiosis es fundamental para entender el mantenimiento de las relaciones de dominación territorial por parte de las élites nacionales y las mafias regionales, y se vincula con la expansión del narcotráfico en Colombia en los años 1980-1990.

Cabe destacar que los paramilitares en Colombia no son necesariamente milicias como las que vemos en Brasil. Son o se articulan como estructuras paraestatales, ejércitos mercenarios a tiempo completo. Mientras tanto, los milicianos son en su mayoría miembros oficiales de los cuerpos de seguridad del Estado, que durante el día actúan como oficiales y por la noche como milicianos.

Con el auge del narcotráfico surgen burguesías regionales alineadas con este fenómeno que se fortalecen junto a estas élites terratenientes, estructurando ejércitos mercenarios que se consolidan con los llamados paramilitares —y es aquí donde la figura de los generales se ha convertido en una intermediación central entre estas estructuras y los partidos políticos bajo control de las élites—.

Como efecto, aquellos intentos que parecían consolidar una fuerza electoral que pudiera superar el dinero del narcotráfico y el fraude, fueron en su mayoría disipados por los asesinatos llevados a cabo por las grandes estructuras criminales.

En los años 80 asistimos al exterminio de la Unión Patriótica (UP), un partido político de sectores de la izquierda que intentaba competir electoralmente contra las élites. Más de 6000 representantes fueron asesinados, entre ellos Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, candidatos presidenciales por la UP. También fueron asesinados el excomandante del M-19 Carlos Pizarro Leongómez y el líder liberal Luis Carlos Galán, ambos candidatos a las elecciones de 1990.

Hoy, con el insólito escenario electoral, tras una amplia victoria del Pacto Histórico, que consolida por primera vez una mayoría progresista en el Congreso, estas grandes estructuras militares estatales y paraestatales están entrando en pánico porque ven en peligro su dominio regional y, en el caso de las élites, su mando nacional.

La reacción del general Zapatero contra el Petro es solo un síntoma de lo que se está consolidando en el subsuelo de la política colombiana. Los aparatos criminales surgidos de la alianza entre las élites a nivel nacional y las narcoburguesías regionales han operado como un mecanismo para mantener el poder armado criminal, que de esta manera puede prescindir de las dictaduras militares, manteniendo una apariencia democrática.

Pero estas estructuras, hoy en día, están empezando a cambiar, y los sectores militaristas alineados con el paramilitarismo se están volviendo más agresivos, lo que presagia un retorno sangriento de la violencia política contra los movimientos de izquierda presenciada en la década de 1980-1990.

 

HA

Entonces, ¿es posible un golpe de Estado en Colombia antes de las elecciones o después de ellas?

MR 

Todas las elecciones colombianas tienen un mayor o menor nivel de fraude electoral. Colombia no dispone hoy de un software que digitalice completamente el recuento de votos. Inicialmente, el voto se hace manualmente en papel y luego se lleva de los colegios electorales para unificarlos. El fraude se produce en el proceso de recuento de los votos en los colegios electorales, por parte de testigos comprados con dinero del narcotráfico. Todo este aparato es el que se puede movilizar contra Gustavo Petro y, de manera secundaria, a favor del candidato del uribismo, Federico Gutiérrez.

El ADN institucional en Colombia está históricamente estructurado en torno a los intereses de los grupos y élites criollas que se han beneficiado de las dinámicas poscoloniales, de las disputas coloniales. Tal es el caso de gran parte de las élites a nivel regional, que varios historiadores remontan incluso a la famosa disputa entre Bolívar y Santander. Un ejemplo de ello es la Guerra de los Mil Días, de 1899 a 1902, en la que, debido a las acusaciones sobre la forma fraudulenta en que los líderes conservadores se aferraban al poder político, estalló una guerra civil en la que murieron más de 100 000 personas, lo que, en la densidad de población de la época, equivalía más o menos al 3,5% de la población.

Y en este proceso de victoria, exterminio y rearticulación, Estados Unidos siempre ha estado presente. Cabe recordar que fue precisamente a partir de 1903 cuando Panamá se independizó del territorio colombiano, a partir de la intervención de Estados Unidos en su interés por desarrollar el Canal de Panamá.

Existieron algunos casos de intentos de golpes de Estado en sentido estricto, pero el fraude electoral es el mecanismo por excelencia con el que las élites consiguen frustrar las ambiciones políticas populares. En un segundo momento aparece el exterminio físico como límite a la posibilidad de incorporar a la disputa política institucional discursos y actores opuestos a los intereses históricos de ciertos sectores de las élites.

Cabe destacar que en las últimas elecciones legislativas, en marzo, hubo curiosamente más de 20 mil mesas de votación en las que no se registró un solo voto para el Pacto Histórico, el partido de Gustavo Petro. Solo tras una auditoría fue posible recuperar 400 000 votos que no se incorporaron al proceso electoral, con lo que se obtuvieron tres escaños más en el Senado de los dieciséis que ya se habían anunciado oficialmente. Así que eso presagia la gran maquinaria y la cantidad de dinero que se destina al fraude electoral como principal hipótesis en la hoja de ruta para impedir un gobierno de Petro.

Creo que la estrategia de destrucción física provendría sin duda de aquellos elementos militaristas mucho más alineados con el uribismo y el paramilitarismo. Se trata de las estructuras llamadas paramilitares —que hoy controlan buena parte de la producción de cocaína en el país en territorios que fueron abandonados por la guerrilla a partir de su desmovilización por los Acuerdos de Paz—, que ya se ha manifestado por el asesinato selectivo de líderes regionales.

Ahora, a partir de la incorporación institucional de nuevos actores a los sectores progresistas en la plataforma del Pacto Histórico se da una situación inédita. Internamente, en las instituciones hay una nueva forma de entender lo que deben ser las relaciones político sociales. Incluso dentro del Ejército se expresan algunas tensiones que oponen a los grandes generales, alineados con el narcotráfico, y a los numerosos soldados que están siendo asesinados, ya no directamente en su conflicto contra las FARC, sino por los propios narcotraficantes aliados de los generales.

Así, mucho más que un golpe de Estado, el interés primordial de la derecha pasa por la reactivación de la guerra civil. El propio Iván Duque está saboteando los acuerdos de paz, promoviendo la expansión de las disidencias de las FARC. Esto serviría como reactivador de los elementos sobre los que se ha sustentado el uribismo. 

 

HA

¿Qué significa la posibilidad de un gobierno de izquierdas en Colombia para la relación con Estados Unidos y Sudamérica?

MR 

Colombia ha sido un importante centro de articulación de los intereses estadounidenses en Sudamérica y el Caribe. Esto se debe a las características geopolíticas del país, que conecta Sudamérica con Centroamérica y el Caribe, con salida también al Pacífico. Es un espacio privilegiado para la interconexión de toda esta gran región.

El país fue siempre un gran desbaratador de todos los intentos de integración regional, y no podemos dejar de destacar la centralidad de la figura de Uribe, que logró constituir un consenso nacional interno más estable que el del PT en Brasil. Esto demuestra la astucia y la talla política de la figura de Álvaro Uribe Vélez. Uribe, para traducirlo a términos brasileños, es una especie de Bolsonaro con las habilidades políticas de Lula.

Nunca se ha permitido que Colombia experimentara una apertura democrática que le permita tener gobiernos socialistas, o incluso democráticos. Esta elección sería la primera vez que las élites tradicionales tendrían que pasar el testigo de la hegemonía (aunque Álvaro Uribe Vélez, personalmente, no provenga precisamente de ellas).

Vale la pena recordar que buena parte de las operaciones de espionaje denunciadas por WikiLeaks contra el gobierno de Dilma vinieron de Colombia, de las oficinas centrales de Estados Unidos en Colombia. Lo mismo ocurre con las operaciones de desestabilización regional, como el envío de paramilitares para realizar atentados en Venezuela o la presencia de exmilitares colombianos participando en el asesinato de Jovenel Moïse, expresidente de Haití.

Un gobierno progresista en Colombia, por tanto, permitiría reestructurar la correlación de fuerzas de América Latina con Estados Unidos. Esto podría dar aliento a un realineamiento político-ideológico en el Pacífico y también a la reestructuración de las fuerzas progresistas andinas y en el Atlántico. 

 

HA

¿Qué capacidad tiene el uribismo para sabotear un nuevo gobierno?

SR 

El uribismo está siendo ampliamente contestado. Las condiciones que lo sustentaban han sido desplazadas. Por un lado, por la pluralidad política urbana expresada desde las negociaciones de paz entre el gobierno de Santos y las FARC y, por otro, por el fin de la bonanza carbonera y petrolera con la que contó el uribismo durante dos décadas.

Ahora las bases criminales del uribismo están más vivas que nunca, y se expresan en la expansión de los paramilitares y los narcotraficantes, que se han apoderado de regiones donde las FARC tenían presencia, aumentando su capilaridad regional. También hay amplios recursos provenientes principalmente del narcotráfico, que crece exponencialmente y se articula de manera orgánica con la expansión de los cárteles en México.

Todos estos recursos se están poniendo al servicio del fraude electoral. También se utilizarán para otros tipos de sabotaje, como los asesinatos y las operaciones de desestabilización. Las bases para todo esto residen en la actuación de los representantes de la narcoburguesía regional, organizados en entidades como la Federación de Ganaderos. Estas son las bases sociales del uribismo, que aparecen como las grandes ausentes en esta coyuntura pero que pueden resurgir para frenar a Petro.

 

HA

Sin el proceso de paz colombiano, aunque se aplique a trompicones, ¿sería posible pensar este escenario, en el que la izquierda es capaz de disputar unas elecciones presidenciales?

SR 

El Proceso de Paz es el gran acontecimiento que desmonta las bases ideológicas del uribismo. Antes existía la construcción de un enemigo interno, el fantasma del comunismo, rebautizado en los años 2000 como «narcoterrorismo», que durante muchos años sostuvo el gasto excesivo en defensa, justificó las masacres y posibilitó la narrativa de una guerra civil presentada como «necesaria».

Son varios los fundamentos ideológicos e imaginarios aprovechados por el uribismo desde hace casi dos décadas. Sin embargo, fueron desafiados con la aparición de nuevas informaciones, nuevas narrativas y nuevos actores, entre los que se cuenta la guerrilla. Para muchos completamente invisibles, imaginados como los peores monstruos, desde que empezaron a tener voz pudieron dejar en claro que el gran enemigo del pueblo colombiano no es la guerrilla, no es el comunismo, no es la insurgencia, sino la gran desigualdad del país que sostiene el dominio y el privilegio de las clases dominantes. 

Fue al calor del conflicto que el uribismo aprovechó para desarrollar una agenda económica profundamente regresiva en relación a los grandes sectores de la sociedad. Y en cuanto a los Acuerdos de Paz, es curiosa la centralidad de una figura tan clásica de las élites tradicionales como el expresidente Juan Manuel Santos, miembro de la que quizá sea la familia más poderosa del país en términos políticos. Actuó para poner fin a la articulación de las élites tradicionales con las narcoburguesías emergentes comandadas por Uribe, lo que hace evidente el desgaste del pacto entre las élites de nivel nacional y las narcoburguesías regionales, clave para mantener su mando nacional.

Santos actuó para reconstituir el control del poder político por parte de las élites más tradicionales, que empezaron a sentirse incómodas debido a este vínculo directo con los paramilitares, y que estaban impulsando una agenda, por ejemplo, de despenalización de las drogas e incluso de legalización de la marihuana, como está ocurriendo en Estados Unidos. 

Así que una nueva agenda que sería menos criminal es precisamente lo que habilita la posibilidad de la presidencia de Gustavo Petro, en su capacidad de negociar con ciertos sectores tradicionales de las élites que se han ido distanciando de Uribe desde 2016. Sin el Proceso de Paz es difícil imaginar a un actor como Petro disputando, con posibilidades reales, la papeleta electoral.

 

HA

En un escenario mundial tan convulso como el actual, en el que la economía global se presenta adversa para los países latinoamericanos, ¿qué capacidad tendría un posible gobierno de Petro para afrontar los problemas sin perder el apoyo popular?

SR 

La situación colombiana es dramática. En las manifestaciones contra el gobierno de Duque asistimos a un carácter insurreccional, con una impugnación del legado histórico autoritario neoliberal muy similar a la situación chilena, pero en un contexto de profunda precariedad y miseria. La crisis alimentaria, tal y como la describe la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), tiene tres puntos agudos en América Latina y el Caribe: Colombia, Honduras y Haití.

Esto potencia la crisis orgánica del uribismo, pero no solo: otros sectores de las élites tradicionales tampoco han sido capaces de articular proyectos políticos en la disputa por el liderazgo nacional. Ese fue el caso especialmente de Juan Manuel Santos, quien ha contribuido a la crisis social que, en este momento, solo fortalece el apoyo popular a Gustavo Petro. 

Las grandes apuestas del petrismo están ligadas, por un lado, a la reactivación de las ramas productivas, a una industrialización de todo lo que se ha desestructurado en los últimos años a partir de la dependencia extractiva iniciada por Andrés Pastrana, seguida y ampliada por Uribe y luego acelerada por Juan Manuel Santos, pero también en relación con el turismo. El extractivismo está en el centro de la crisis de la soberanía alimentaria, no solo en Colombia sino en toda América Latina. Colombia protegió los paraísos naturales durante el conflicto armado, que no eran aptos para el turismo debido a la violencia. El gran reto es rehabilitar un ecoturismo que permita aprovechar el que hoy es el segundo país con mayor biodiversidad per cápita del mundo después de Brasil, en un intento de combinar soberanía territorial, empoderamiento comunitario y desarrollo ecológico. 

La apuesta de Petro es aumentar el poder adquisitivo real de los ciudadanos y reforzar así el apoyo popular a este proyecto de transición ecológica, que implica dejar de depender del petróleo y del carbón. Si el futuro trazado por este camino nos presenta horizontes socialistas, en un país como Colombia, es difícil de decir. Lo que sí se puede decir es que la capacidad de Petro para enfrentar una situación poco amigable en la economía global está muy ligada a este momento de profunda necesidad, de precariedad, en el que se encuentra la mayoría del pueblo colombiano.

Las condiciones que permitan, sin embargo, habilitar realmente un proceso lúcido y consensuado de nuevas relaciones colectivas, en la conformación de un horizonte alternativo a la expansión del capital improductivo, dependerán profundamente de la suerte de los demás países de la región: me refiero a los procesos electorales que siguen, entre los cuales el más cercano y el más importante es, sin duda, el brasileño.

Colombia será la antesala de lo que puede llegar a confluir en Brasil, país con el que, por cierto, compartimos una parte importante de la mayor selva del planeta, y desde el que deberíamos empezar a pensar en la transición hacia un futuro irremediablemente ambientalista y popular.

Notas

Notas
1 Hugo Albuquerque es editor de Jacobin Brasil, redactor de Autonomia Literária, licenciado en Derecho por la PUC-SP, abogado y director del Instituto para la Humanidad, los Derechos y la Democracia (IHUDD).
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