Durante su primer discurso en agosto de 2022, el presidente colombiano Gustavo Petro hizo especial hincapié en el medio ambiente, toda una novedad en un país donde la agenda de seguridad ha dominado la conversación política durante décadas. «Solo habrá futuro si equilibramos nuestras vidas y la economía mundial con la naturaleza», expresó en aquella ocasión el exguerrillero reconvertido en presidente.
Un año después, el compromiso de Petro con la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático se ha mantenido firme, aunque también ha tropezado con dificultades. Esos contratiempos dicen mucho de los retos que encuentran los países del Sur Global cuando intentan dejar atrás las industrias extractivas y descarbonizar sus economías.
Barreras al capital fósil
La plataforma electoral de la coalición de izquierda de Petro, el Pacto Histórico, incluía la prohibición del fracking y la suspensión de nuevas exploraciones de gas y petróleo. Las medidas no anulaban los contratos existentes pero suponían un primer paso hacia el cierre de una industria que representa casi la mitad de las exportaciones colombianas. En respuesta, el gigante del gas ExxonMobil abandonó sus operaciones en el país.
«La promesa se ha respetado durante su primer año de gobierno», dijo Tatiana Roa, reconocida ecologista y miembro de la ONG colombiana Censat. Roa cree que «el gobierno no quiere ampliar la frontera petrolera». Sin embargo, el ministro de Energía y Minas, Andrés Camacho, ha suavizado la promesa electoral de Petro, afirmando que «todos los [nuevos] contratos que firmaremos estarán orientados a la transición [verde]». Aunque cita la energía verde, Camacho no excluye por completo los nuevos contratos de exploración.
Estas vacilaciones no sorprenden, teniendo en cuenta que la mayor petrolera colombiana es la parcialmente estatal Ecopetrol. Como subraya Alejandro Mantilla, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia, «detener la exploración haría bajar la cotización en bolsa de Ecopetrol, perjudicando las finanzas del Estado». A pesar de esa amenaza, el ministro Camacho ha dicho que su «intención es reducir la participación de los hidrocarburos», y Petro aclaró la postura del gobierno en la conferencia COP28 sobre cambio climático en Dubai, donde confirmó que «Colombia ha dejado de firmar contratos para la exploración de carbón, petróleo y gas».
Superar la dependencia de los combustibles fósiles también requerirá una profunda transformación —y reducción— del sector minero. En Colombia, la minería industrial suele ser sinónimo de destrucción medioambiental, crimen organizado y asesinato de líderes sociales. La minería ilegal, junto con las drogas, es una de las principales fuentes de ingresos de los grupos armados que aún aterrorizan a amplias zonas del país, a pesar del desarme de la guerrilla de las FARC en 2016.
Según Naciones Unidas, el 98% de los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia ocurren en municipios donde hay producción de drogas o minería ilegal. Por ejemplo, la Comisión de la Verdad de Colombia encontró a la empresa minera internacional AngloGold Ashanti responsable de financiar a grupos paramilitares que asesinaron a campesinos y líderes comunitarios. La misma empresa ha sido acusada de destruir fuentes de agua y desplazar por la fuerza a miles de personas en la región del Cauca. AngloGold Ashanti fue una de las muchas multinacionales que recibieron una calurosa acogida por parte del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), acusado a su vez de vínculos con el paramilitarismo.
La vicepresidenta Francia Márquez es conocida por su lucha contra la minería ilegal. Márquez procede de una familia de campesinos que sigue la tradición de la pequeña minería, menos destructiva que la industrial. Sin embargo, el gobierno en su conjunto debe demostrar que tiene una propuesta nacional para transformar el poderoso sector minero.
El Ejecutivo intentó prohibir la minería a cielo abierto, pero los diputados conservadores eliminaron del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno un artículo que prohibía esta práctica. A pesar de este revés, Petro ha anunciado un nuevo código minero que busca reconocer los derechos de los pequeños mineros que perdieron su protección legal bajo los anteriores gobiernos neoliberales.
Queda por ver si esto será suficiente para transformar el sector minero, que según los estudios es responsable de un aumento de los niveles de pobreza y desigualdad en las regiones donde es más frecuente. Refiriéndose a la minería del carbón, el líder sindical Igor Kareld reconoce que «en algún momento, el carbón debe llegar a su fin, y tenemos que estar preparados para ello. Tenemos que buscar oportunidades laborales en una transición energética y una reconversión productiva». Las energías renovables podrían ser parte de la solución, según los planes de Petro.
Impulsar la energía verde
Alrededor del 70% de la electricidad en Colombia es producida por centrales hidroeléctricas. La segunda fuente clave son los recursos fósiles, y las energías renovables solo desempeñan un papel secundario en la red energética del país. Sin embargo, Colombia tiene una «posición muy favorable» para la energía eólica y solar, dice Germán Corredor, exdirector de la Asociación Colombiana de Energías Renovables: «Tenemos muy buena radiación solar durante todo el año, especialmente en la costa atlántica, y muy buenos vientos».
Una de las mejores zonas para los parques eólicos es la región de La Guajira, en el noreste. Este empobrecido territorio cercano a la frontera con Venezuela está experimentando una «fiebre eólica», con más de sesenta parques eólicos previstos para su futura construcción. El plan, sin embargo, se enfrenta a la oposición de la población local, compuesta en gran parte por el pueblo indígena wayuu.
Los representantes de los residentes wayuu locales afirman que las empresas no les informaron ni consultaron debidamente antes de poner en marcha los proyectos, un requisito establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en la Constitución colombiana. Existen además diferencias de opinión sobre el papel que deben desempeñar los residentes locales en la planificación de tales proyectos, así como sobre la forma en que deben ser compensados por el uso de sus tierras y el impacto negativo que los parques eólicos podrían tener en su economía o en sus actividades espirituales. Los planes de parques eólicos existentes no suministrarían energía a las numerosas aldeas wayuu que carecen de electricidad, una flagrante injusticia que las empresas no pretenden resolver.
Pero las tensiones en torno a los parques eólicos de La Guajira son solo un ejemplo de los retos a los que se enfrenta Petro en la expansión de las energías renovables en Colombia. El caso de La Guajira demuestra que, si no se tienen debidamente en cuenta los intereses de los residentes locales, los proyectos de energías renovables pueden ser tachados con la misma etiqueta de «extractivismo» utilizada para la extracción depredadora de combustibles fósiles.
Con esto en mente, el gobierno de Petro ha aumentado del 1% al 6% la participación en los beneficios que las plantas de energía verde deben destinar a los residentes locales, alterando así las normas favorables a las empresas aprobadas por el gobierno anterior. Además, como explica Roa, el gobierno está intentando aumentar el papel del Estado en el sector eléctrico, actualmente controlado por empresas privadas.
Otra pieza de la estrategia de transición renovable de Colombia son las llamadas comunidades energéticas, asociaciones de usuarios que producen su propia energía verde. Esta propuesta se ha incluido por primera vez en el Plan Nacional de Desarrollo del país, y el ministro Camacho anunció recientemente la primera convocatoria oficial para su creación. Eligió deliberadamente La Guajira para anunciar la nueva política, dirigida a regiones con poblaciones dispersas y empobrecidas.
Para algunos pueblos wayuu —y muchos otros indígenas o afro residentes en todo el país— la propuesta de comunidades energéticas podría ofrecer una alternativa para aquellas zonas que no están conectadas al sistema eléctrico nacional. Aún es pronto para conocer el alcance real de esta política innovadora, cuyos beneficiarios previstos son los colombianos y no las empresas extranjeras, pero es prometedora para una transición energética más justa.
Detener la deforestación en la Amazonia
«¿Qué es más venenoso para la humanidad: la cocaína, el carbón o el petróleo?», preguntó Petro durante su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2022. En un discurso provocador que relacionó el fracaso de la «guerra contra las drogas» con la destrucción de la Amazonia, el nuevo presidente lanzó una propuesta dirigida a los países desarrollados y a las instituciones financieras internacionales: «Reducir nuestra deuda externa para liberar nuestros propios presupuestos, y así llevar a cabo la tarea de salvar a la humanidad y la vida en este planeta». Petro se refería concretamente a la protección de las selvas tropicales, que desempeñan un papel clave en la absorción de carbono y la protección de la biodiversidad.
Petro no está solo en esta demanda: el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, también ha pedido cooperación internacional para frenar la tala de la Amazonia brasileña, que entre 2019 y 2023 sufrió tasas récord de destrucción e incendios bajo el gobierno ultraderechista de Jair Bolsonaro. Ante un grupo de parlamentarios europeos en 2022, Lula pidió la ayuda de la Unión Europea para detener la deforestación y promover actividades económicas alternativas, como industrias farmacéuticas o cosméticas. En Colombia, el Pacto Histórico propuso en su plataforma electoral de 2022 el desarrollo del turismo, la agroecología y el uso de productos forestales no madereros como sustitutos de actividades relacionadas con la deforestación, como la ganadería.
Durante el primer trimestre de 2023, la deforestación se redujo en un 76% en la Amazonia colombiana. Roa considera que esta mejora es consecuencia, entre otras cosas, del cambio en la estrategia contra la deforestación desde la llegada de Petro al poder. Bajo el anterior gobierno de derechas, la principal política de «conservación» era la represión militar de los campesinos que talaban las zonas forestales protegidas de la Amazonia. Como explica Roa, los campesinos a menudo deforestan una zona, la cultivan y más tarde son despojados por grandes terratenientes que compran la tierra o se apoderan de ella por la fuerza, empujando a los campesinos a talar otras zonas forestales a lo largo de una «frontera de la selva tropical» en expansión.
En su lugar, dice Roa, el gobierno de Petro está «llegando a acuerdos con los campesinos para implantar nuevos modelos productivos» que no se traguen la selva. El cambio de política también afecta a la política antidroga del gobierno: el nuevo plan antidroga de Petro propone que los cultivadores de hoja de coca se conviertan en guardabosques, con la misión de proteger la selva.
En agosto de 2023, Petro y Lula se reunieron con los líderes de los otros seis países amazónicos para relanzar la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Los ocho gobiernos sudamericanos acordaron buscar «esquemas innovadores de financiación» para salvaguardar la selva, incluyendo canjes de deuda externa, mientras que Colombia y Brasil dieron un paso más, comprometiéndose a cumplir un objetivo de deforestación cero para 2030.
Lula no siguió la propuesta de Petro de detener la extracción de petróleo y carbón en la región amazónica. Aun así, el lema de Petro de cambiar «deuda por vida» se está abriendo paso poco a poco por todo el Sur Global, aunque no haya recibido el apoyo de ningún país deudor ni de ninguna institución financiera (el Presidente Joe Biden anunció recientemente una donación de 500 millones de dólares al ya existente Fondo Amazónico, pero no ha dicho ni una palabra sobre la condonación de la deuda).
Roa, sin embargo, se muestra escéptica ante la propuesta de Petro. Le preocupa que, en lugar de borrar la deuda externa del país, signifique simplemente cambiarla por protecciones medioambientales. «Estamos atrapados en falsas soluciones: financiarización de la naturaleza y esquemas de compensación», dice Roa, que considera que el esquema propuesto es similar al mercado global de carbono existente.
El régimen de comercio de derechos de emisión permite a las empresas contaminantes compensar sus emisiones con acciones que supuestamente compensan la misma cantidad de emisiones (por ejemplo, contribuir a la protección de una zona forestal en Colombia que de otro modo sería talada). Un estudio reciente concluyó que el volumen de emisiones compensadas mediante mecanismos de mercado es muy inferior al que se pregona.
En cualquier caso, la propuesta de Petro tiene el mérito de introducir la colaboración Norte-Sur en materia de justicia climática en los debates internacionales, exigiendo a los países ricos y a las instituciones financieras internacionales que pongan de su parte para proteger los bosques tropicales de los que depende la salud de la humanidad.
Un modelo global
El lugar central que Petro ha dado al medio ambiente y al cambio climático es una verdadera novedad entre la izquierda latinoamericana. La Marea Rosa, que lideró la región a principios del siglo XXI, se vio impulsada por el alza de los precios de las materias primas y las ganancias que la extracción de recursos dejaba para las políticas sociales progresistas. Justificadamente centrada en el desarrollo económico y la reducción de la pobreza, la descarbonización nunca fue una prioridad absoluta para Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Néstor y Cristina Kirchner o los primeros gobiernos de Lula en Brasil.
El firme compromiso de Petro con una transición verde en Colombia es digno de elogio en un país cuyas exportaciones anuales de petróleo rondan los 10.000 millones de dólares, pero que representa menos del 1% de las emisiones mundiales de CO2. Es cierto que la contribución relativamente baja de Colombia al cambio climático hace más difícil convencer al electorado de la urgencia de descarbonizar la economía nacional. Pero esto no ha impedido al presidente de izquierda tomar medidas sustanciales para reducir la dependencia de los hidrocarburos, transformar el sector minero, promover la energía verde o proteger la Amazonia.
La política verde en el país andino está casada con una ambiciosa agenda social que pretende reducir la desigualdad y los índices de pobreza. Petro ha dejado clara su intención de convertirse en un modelo global con gestos contundentes como el respaldo al Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, promovido por un grupo de Estados cuya existencia se ve amenazada por la subida del nivel del mar.
Sin embargo, la «dependencia del camino» es enorme en un país que durante décadas ha vivido de la extracción y exportación de sus valiosos recursos naturales. Al iniciar la transición verde del país, Petro se enfrenta a los intereses de poderosas élites económicas, bien representadas en el parlamento por varios partidos tradicionales. Sería ingenuo esperar que Colombia sea un país mucho más verde en 2026, cuando termine el mandato del presidente.
Sin embargo, si el gobierno logra cambiar aunque sea ligeramente el rumbo para avanzar hacia una economía más sostenible desde el punto de vista medioambiental, será un ejemplo muy valioso para gobiernos y movimientos sociales de todo el mundo. Si un país en desarrollo como Colombia puede hacerlo, ¿cuál será la excusa para los países del Norte Global?
