Desde que el 28 de abril comenzó el Paro Nacional en Colombia, día tras día nos hemos despertado con nuevas cifras de compañeros y compañeras asesinadas por el Estado. Al momento de escribir esto (17 de mayo de 2021) llevamos aproximadamente 39 asesinatos. Treinta y nueve compañeras y compañeros asesinados en 20 días de protestas. La responsabilidad de los hechos yace en el uso de armas de fuego por parte de la Policía Nacional y en el uso indiscriminado de «armas de letalidad reducida» por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).
Además de ello, crecen las denuncias por delitos de violencia sexual cometidos por agentes del Estado contra mujeres manifestantes; también ha sido recurrente el operar de grupos paramilitares, es decir, personas de civil, custodiadas por la policía, que portan armas de fuego y disparan contra manifestantes desarmados.
Diferentes voces, tanto dentro como fuera de Colombia, se han alzado contra estas atrocidades con frases como: «condenamos la violencia venga desde donde venga», «toda violencia es reprochable» o «entiendan que la violencia solo genera más violencia». Y, cuando estas voces quieren ir desde lo general a lo particular y especificar los actores precisos de la violencia que condenan, la idea favorita reza: «no aceptamos ni los excesos de la policía, ni la violencia vandálica». Los excesos de las fuerzas del Estado de Colombia y los «vándalos» aparecen como protagonistas equivalentes de actos condenables.
Si bien las acciones violentas de los agentes estatales y paraestatales tienen acciones más o menos definidas (homicidios, violaciones, mutilaciones, desapariciones y afectación de terceras personas no involucradas en las protestas), las acciones de los llamados «vándalos» son bastante vagas y oscilan desde rayar una pared o ponerse una capucha hasta saquear comercios, usar armas blancas o explosivos. De ello se desprende que el concepto de «vándalo» reúne, en verdad, dos realidades bastante distintas: a) el accionar político (violencia contra los representantes del Estado) y b) el «usufructo personal» (en especial, las acciones de saqueo). Aunar dos acciones tan diferentes en un mismo término es un sinsentido tan grande que solo se comprende si se lo piensa desde la utilidad política que puede comportar a la parte interesada.
Los «héroes de la patria» y el «monstruo de la guerrilla»
El discurso del Estado ha jugado con la homologación de la acción directa (bloqueos, defensa legítima contra la brutalidad policial, grafitis, etc.) y las acciones de delincuencia común, en particular el robo. Frente a este monstruo vandálico se presenta, indignada con «tanta violencia», la blanca «ciudadanía de bien» que limpia las paredes pintadas, consuela a los pobres policías y recolecta dinero para restaurar la infraestructura vandalizada. Lo curioso es que esta gente no considera violentas a las acciones cometidas por la Policía y el Ejército: para ellos, a lo sumo, son actos de fuerza necesarios para defender la «democracia» y retomar «el orden». Todo aquello que se oponga a esta fuerza legítima y necesaria, según esa gente, es considerado violencia y, por ende, es condenable.
En un primer momento, podría considerarse que este discurso es enarbolado únicamente por las personas contrarias a las protestas. Sin embargo, dentro de la misma protesta surgen también voces que piden «protestar con arte», que recuerdan que «la violencia solo genera más violencia» y que la mejor protesta es la protesta «racional, civilista y pacífica». Esto ha llevado a que las personas que limpian las paredes no solo sean quienes están contra la protesta, sino algunos protestantes que buscan mostrar que en el movimiento hay también «civilidad», que «los buenos son más» y que los que rayan, rompen vidrios y se encapuchan son parte de una minoría «bárbara, atrasada, no civilista, no artística y, en últimas, vándala».
Pero, ¿de dónde viene el temor a aceptar la legitimidad de la acción directa? ¿Por qué el Estado puede matar, violar, desaparecer y mutilar y sus acciones no serán tildadas de «violentas», pero si una joven rompe un vidrio entonces merece «todo el peso de la ley» por su «vandalismo»? Quizás sean muchas las razones. Pero en el contexto preciso de Colombia resalta una: el miedo infundido respecto a las acciones de la guerrilla.
Especialmente desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), los medios de comunicación (tanto la prensa escrita, como la radial y la televisiva) han creado la imagen del «monstruo guerrillero»: un monstruo desbocado, irracional, que no tiene ningún empacho en matar niños, secuestrar jóvenes y obligar a las mujeres a abortar. Todo aquello que no defienda a los «héroes de la patria», es decir, a los soldados y los policías, está apoyando al «monstruo». Y esta partición de aguas va desde el pequeño gesto de irrespetar a un policía por una multa de tránsito, hasta denunciar las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado.
El monstruo de la guerrilla solo puede ser combatido por los héroes de la patria. Estos son héroes civilizadores en constante riesgo por defender la democracia y por retomar el orden. Su accionar se presenta como algo necesario, pues sin ella caeríamos en la anarquía. Su accionar no es violento, no es forzado, pues es necesario, mesurado y ordenado. Si lo cuestionamos, cuestionamos lo más valioso que tiene Colombia: su tradición católica y democrática. Cualquier guiño contra el Ejército es un guiño a favor del monstruo. Así, lo bueno no se presenta como un principio trascendente (por ejemplo, la defensa de la vida), sino como un accionar inmanente del Ejército: algo es bueno en la medida en que es hecho por los militares.
¡Vean qué bonito!
La idea «condeno la violencia venga de donde venga» es apoyada en el sofisma, igualmente efectivo, de «la violencia solo genera más violencia». Lejos de querer refutar esta falsa causalidad con ejemplos históricos (¿qué hubiera dicho Roosevelt si, al atacar la Alemania nazi, alguien le hubiera zampado esa frase?), solo diré que la lógica que le subyace es altamente peligrosa. Lo que nos dice es que, contra cualquier atrocidad que pueda cometer el Estado, no debemos responder, porque esa repuesta generaría «más violencia». Violaciones, asesinatos y mutilaciones han de ser aceptadas como hechos naturales; el orden no se puede discutir, porque está pesando sobre nosotros la espada de una «violencia mayor».
En última instancia, esta frase reconoce la desproporción de las fuerzas estatales, que no dudan en responder una inofensiva patada con dos tiros en la cabeza. Ahora bien, este sofisma nunca es dirigido hacia el Estado. Nunca se dice: «oiga, si usted deja a las personas sin educación, sin comida y sin trabajo, eso generará violencia» u «oiga, si usted reprime con asesinatos una protesta legítima, eso llevará a la gente a defenderse con piedras y barricadas»… No, la advertencia contra la violencia nunca es dirigida al Estado pues, recordemos, según la «gente de bien» el Estado no es violento: el Estado solo es, y actúa necesariamente. Violento solo es el acto disruptivo que va en contra el orden establecido.
¡Vean qué bonito! Un Estado en el que, desde 2016, han asesinado aproximadamente 900 líderes y lideresas sociales, donde el narcotráfico está presente en las venas más íntimas de los tres poderes públicos, en el que las Fuerzas Militares de Colombia tienen encima al menos 6042 «falsos positivos», etcétera, etcétera… Repito: ¡vean qué bonito! Ese Estado ahora resulta que no es violento. Resulta que debemos respetar su orden, que no podemos hacer nada contra él, porque entonces somos desadaptados. Y si somos desadaptados, merecemos morir, porque seríamos elementos nocivos para la sociedad.
Cuando hay alguna voz dentro del establishment que intenta ser sensata, ella busca condenar los «excesos del Estado». Pero no, el problema no son los excesos, sino la esencia del Estado: el problema no son los frutos podridos, sino el tronco y las raíces. Ningún árbol es sano si produce 6042 muertes de personas inocentes solo para conseguir un plato de arroz chino o algunos pocos meses de vacaciones.
Divide y reinarás
Pero dejemos que la oligarquía defienda a la oligarquía. Lo verdaderamente preocupante comienza cuando su discurso es adoptado por sectores que son víctimas de este orden social y económico. En los últimos días, numerosas entrevistas en medios de comunicación muestran diferentes personas —cuidadosamente elegidas— defendiendo el ejercicio «pacífico» de la protesta y recalcando que ellas «sí protestan civilizadamente». Cuando el perfil de la persona entrevistada es un joven estudiante, por ejemplo, los medios mostrarán cómo él «sí puede protestar con arte, de manera creativa, sin destruir nada».
Pero todas estas alocuciones lo único que buscan es reproducir la fisura que tanto conviene al gobierno: la fisura entre héroes y vándalos. En este caso, ¿quiénes son los héroes? Las personas que pudieron ir a una universidad a aprender a tocar un instrumento, la persona del sindicato que tiene un empleo fijo, el estudiante de literatura que lee poemas porque tirar piedras es de «bárbaros», etc. Esta estratificación es sumamente problemática, pues termina justificando la violencia criminal del Estado contra las personas que no son «civilistas» ni «educadas».
Afortunadamente, el Paro Nacional ha logrado agrietar este discurso oficial, debilitando el maniqueísmo que condena a las acciones «vandálicas». Por un lado, en el mismo movimiento se ha visto cómo la defensa de las y los manifestantes, con piedras y escudos improvisados, cuenta con el respaldo popular; ejemplo de esto es el caso de Puerto Resistencia, en Cali, y la conformación de grupos de defensa contra la brutalidad policial, llamados «Primera Línea», en ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Popayán, entre otras. Esta resistencia ha ido perfilando una idea de poder popular y de legítima defensa, mucho más eficaz que todos los esfuerzos de pequeños grupos de izquierda en Colombia que pregonaron por décadas la violencia como medio privilegiado de lucha.
La homologación bajo el concepto «vándalo» de la violencia política y la violencia que busca el usufructo personal es una hábil y planeada jugada del discurso oficial, pues al hacer esto confunde dos realidades diferentes. Por un lado, busca poner en contra diversos sectores de las clases populares (los que marchan y los pequeños comerciantes) al decir: «en las marchas hay personas que vandalizan negocios». Al expresar eso, dicen igualmente: «los marchantes no quieren ningún beneficio para la sociedad, solo camuflan ‘ladrones’ que persiguen el propio beneficio».
Pero claramente ambas violencias son completamente diferentes. La violencia defensiva, de carácter político, busca resistir a una violencia estatal y generar nuevas relaciones de poder en disputa con aquellas que teje el Estado. La violencia defensiva, en las marchas y las barricadas, es una violencia que, usando una expresión de Walter Benjamin en Para una crítica de la violencia, busca ser generadora de derecho alterno o de eliminación de facto del sistema de derecho y, precisamente por ello, es temida por el Estado. La otra violencia, la del saqueo y el robo, no busca generar nuevo derecho en beneficio de las clases populares; por el contrario, tiende a justificar el derecho oligárquico, al brindarle elementos para avalar la supuesta necesidad de más policías y militares en las calles.
Dentro del movimiento popular no podemos asumir esta homologación hilada por el gobierno; los ejercicios legítimos y políticos de la violencia defensiva deben ser diferenciados de manera radical, para defenderlos y reivindicarlos.
«Este sistema no da futuro, pero esta revolución sí»
El movimiento que hoy inunda las calles logró sacudirse el miedo y el fantasma de los «vándalos» y los «guerrilleros» y entendió, desde la propia práctica popular, que la organización desde abajo, la barricada y la capucha no son medios terroristas sino herramientas para resistir —siempre en desventaja— las balas y las bombas del Estado. Esta legitimidad de la defensa popular no se ha ganado ni en academias ni en sindicatos, pues las y los protagonistas de este estallido social son jóvenes sin educación y sin trabajo.
Hoy en día, las calles de Colombia están repletas de juventud. Una juventud que el Estado quiso ignorar y dejar que se perdiese en la drogadicción, las bandas de narcotráfico o grandes grupos ilegales, cerrándole toda posibilidad de vida digna. Sin embargo, la decisión histórica que vemos se ha tomado en las calles no es la salida desesperada del fusil o la navaja, sino la dignidad de la resistencia y la construcción de poder popular. Hagan lo que hagan los jóvenes, ellos siempre serán vistos como «vándalos» por la «gente de bien» que en Cali salió con camisetas blancas a disparar a la Minga indígena.
Y no pudieron escoger mejor palabra, pues ellos, desde el centro de su decadente imperio, ven los movimientos rápidos y creativos de los sectores populares como acciones de los «otros», de los «bárbaros» que amenazan con romper su civilización. Los vándalos fueron originalmente un pueblo germánico, por lo que el uso despectivo de este nombre solo tiene sentido si nos ubicamos desde la perspectiva del imperio. Llamar «vándalos» a quienes protestan denota el miedo con que son vistos desde el poder aquellos a quienes —sin éxito— buscaron condenar al olvido.
En estos días hemos estado sumergidas y sumergidos en una profunda tristeza. Pero esa tristeza viene acompañada de una gran esperanza, de un sueño que tomó manos, ojos y voces y ya no callará más. Las colombianas y los colombianos vivimos profundas tristezas en medio de una alegría activa que no espera cambiar a Colombia porque ya la está cambiando. Que la juventud haya forjado sus propios caminos de protesta, que tenga sus propios territorios liberados y sus propias maneras, constituye ya una enorme victoria y una transformación profunda.
En el sur de Bogotá hay un pequeño y anónimo cartel que dice: «Este sistema no da futuro a las y los jóvenes, pero esta revolución sí». Día a día y calle tras calle salta a nuestros ojos una certeza: la juventud colombiana dejó de esperar. Dejó de mendigar una ayuda futura, para tomar en sus propias manos la construcción de un futuro colectivo. Ese nuevo futuro, forjado desde las clases populares, no sigue las normas de «buen comportamiento» que lo único que buscan es sumisión. Ese nuevo futuro se construye ya no desde la reverencia temerosa a la autoridad, sino desde la solidaridad comunitaria, la creatividad política y la memoria viva de las y los caídos en esta lucha.
