Cuando a principios de año estalló una huelga nacional en Colombia que sacó a miles de personas a las calles para protestar contra el modelo social y económico del país, las imágenes y los vídeos dieron la vuelta al mundo. Sin embargo, las causas fundamentales de las protestas fueron menos discutidas en los medios de comunicación internacionales. Las reivindicaciones de los manifestantes para detener las reformas del gobierno que destruyen las pensiones y el sistema de salud pública y aumentan los impuestos para la clase trabajadora eran en realidad bastante modestas, dado que Colombia tiene algunas de las mayores desigualdades económicas y sociales de toda América, y también algunos de los mayores niveles de violencia (incluida la violencia patrocinada por el Estado).
Colombia lleva más de cincuenta años en guerra consigo misma. El gobierno ha luchado contra las guerrillas mientras ignoraba (o incluso ayudaba) a las organizaciones criminales fuertemente armadas que producen y distribuyen cocaína y también aterrorizan a las comunidades marginales en un intento de apropiarse de sus tierras. La violencia de estos grupos armados ha producido uno de los mayores números de refugiados internos del mundo. En las últimas décadas, Cali, la tercera ciudad más grande del país y el centro de producción de cocaína, ha absorbido un gran número de estas personas desplazadas, en su mayoría de ascendencia afrocolombiana o indígena, exacerbando los niveles ya extremos de pobreza, desigualdad y delincuencia que existen en la ciudad.
Arquitectura de la desigualdad
La arquitectura de Cali tiene sus raíces en la profunda desigualdad de la ciudad. Allí, el estatus social de una familia se mide a menudo por la altura de su casa. Por ello, los caleños tienden a amontonar cubos de ladrillo y cemento uno encima de otro, sin tener en cuenta los riesgos de los terremotos o de un diseño defectuoso. Cada piso que se añade es un peldaño más en la escala social, que vale cualquier posible riesgo de seguridad.
Siguiendo a sus homólogos estadounidenses, los condominios de gran altura siguen siendo el sueño de las clases medias colombianas y proliferan por toda Cali. Su construcción conlleva la eliminación de la naturaleza, especialmente en las estribaciones de la cordillera de los Andes que recorren el oeste de la ciudad. Aunque estas exuberantes y verdes colinas, que dan a la ciudad su belleza, suelen estar protegidas, promotores inmobiliarios sin escrúpulos se saltan las restricciones burocráticas para construir allí condominios cerrados de gran altura, profanando el paisaje.
Al mismo tiempo, las favelas se han extendido verticalmente en muchas colinas que rodean la ciudad, creando monstruos arquitectónicos y condiciones sociales insalubres, precarias y violentas.
Club Colombia
En los años setenta, el sur de Cali, especialmente barrios como Ciudad Jardín, agraciados por la presencia de amplias avenidas, grandes parques y grandes casas modeladas según el modelo de los suburbios estadounidenses, se convirtieron en las zonas residenciales más codiciadas, lejos de la plaga urbana de los barrios superpoblados, congestionados y plagados de delincuencia de las zonas bajas de la ciudad. Sin embargo, la arquitectura de estos barrios exclusivos, diseñada para defenderse de las clases bajas (vallas eléctricas, puertas altas y puestos de seguridad), es inevitablemente fea.
La arquitectura en Cali se sobrealimentó a partir de los años 70, cuando los miles de millones de dólares de beneficios de la cocaína del Cártel de Cali cayeron como la nieve sobre la ciudad. En los años 80, en el apogeo del Cártel de Cali, los reyes de la cocaína invadieron exclusivos barrios residenciales, como Ciudad Jardín, en el sur de la ciudad, comprando lujosas casas o construyendo mansiones al lado. Estas construcciones destacaban por la cantidad de columnas clásicas, fabulosas piscinas interiores y exteriores, y suelos, paredes y techos de mármol importado, brillantes símbolos de riqueza y éxito que bien merecían el riesgo de ser encarcelados.
Aunque los nuevos ricos suelen volcar el dinero en sus casas para presumir de su recién adquirido estatus, en Cali estas lujosas viviendas se han ocultado en su mayoría tras altos muros fortificados. Incluso las paredes internas de las propias casas eran más gruesas para permitir pasillos ocultos y cajas fuertes para guardar oro, joyas, dinero en efectivo y cocaína (según cuenta la leyenda, muchos de los trabajadores contratados para construir estos espacios secretos fueron asesinados antes de que pudieran dar la información a las autoridades).
Gastar inmensas sumas de dinero en el sector inmobiliario y de la construcción no solo era una forma rápida de ascender en la escala social, sino también la mejor manera de blanquear los beneficios ilegales. Gran parte del dinero que se blanqueaba se movía por la ciudad mediante una flota de vehículos blindados registrados a nombre de una empresa de transporte de fondos de propiedad legal del cártel de Cali. Más que transportar dinero sucio, estos bloqueos casi impenetrables sobre ruedas eran la forma perfecta de introducir y sacar de la ciudad grandes cargamentos de cocaína y armas.
A pesar de estar entre los habitantes más ricos de la ciudad y ser propietarios de equipos de fútbol, un banco y una cadena de farmacias, los capos del Cártel de Cali tenían prohibido el acceso al círculo más alto de la sociedad caleña, en concreto al Club Colombia, un club social de élite que acoge a la crème de la crème de la ciudad. Fundado en 1930 e inspirado en el Jockey Club de Bogotá, el Club Colombia cuenta con una membresía que proviene de las familias europeas originales de la ciudad, incluidos los propietarios de las plantaciones de azúcar y de la industria (el cártel del otro polvo blanco) que aún controlan la mayor parte de la economía formal y la cultura de Cali.
Molestos por el rechazo de la alta sociedad, los jefes del Cártel de Cali se adelantaron y construyeron una copia exacta del Club Colombia, en tiempo récord y con un presupuesto ilimitado, que pasó a conocerse como el Búnker del Cártel de Cali. Además de varias casas familiares (donde vivían los miembros armados del Cártel), el edificio principal era una estructura de piedra de cincuenta metros de altura con ventanas a prueba de balas, un helipuerto en su tejado y un aparcamiento subterráneo para veinte coches con túneles secretos (uno de los cuales conducía a un lago en un parque cercano). Todo el complejo estaba rodeado por un muro exterior de seis metros de altura vigilado por cámaras de circuito cerrado.
Con la caída del Cártel de Cali y el encarcelamiento de los capos, el gobierno se encontró con la propiedad de más de mil casas, apartamentos, terrenos y fincas gigantes en Cali y sus alrededores confiscados a los narcos, incluido el Búnker del Cártel de Cali. Veinticinco de estas propiedades en Cali están actualmente a la venta. Las propiedades confiscadas, sin embargo, no son una inversión muy atractiva. La mayoría de los edificios están ya decrépitos gracias al abandono de muchos años, mientras que otros han sido invadidos y utilizados como viviendas o negocios (incluso las propiedades que están en buen estado no atraen a los compradores cuando se subastan a precios de ganga, ya que los posibles compradores temen que los antiguos propietarios, muchos de los cuales están cumpliendo largas condenas en cárceles estadounidenses o colombianas, regresen algún día y exijan que se les devuelvan las escrituras).
El Centro Nacional de Estupefacientes (DNE), encargado durante décadas de administrar todas las propiedades confiscadas a los narcos, resultó ser en sí mismo una organización criminal. Decenas de funcionarios públicos, entre ellos exdirectores de la DNE y congresistas, se quedaron con un centenar de propiedades fuera de la lista para su propio beneficio, cobrando alquileres mínimos o firmando escrituras a cambio de cuantiosos sobornos, que luego invirtieron en casas de lujo en Miami y Cartagena. La DNE fue finalmente cerrada en 2014, y sus exdirectores y varios congresistas encarcelados por corrupción.
Cultura del búnker
Hay otros búnkeres que definen el paisaje urbano de Cali. Los edificios de la administración pública, los juzgados, las cárceles, las comisarías y las bases militares, es decir, toda la arquitectura social de la detención y el encarcelamiento en la ciudad, están modelados como búnkeres fortificados. Escondidos detrás de altos muros protegidos por torretas, camuflados para integrarse en la expansión de la ciudad cuando se ven desde el aire, estos fortines de cemento son menos brutalistas que brutales.
De hecho, de todas las estructuras arquitectónicas, estos búnkeres urbanos son quizás los más feos, diseñados para infundir terror en los corazones de los ciudadanos, conscientes de los muchos miles de personas inocentes que «desaparecen» al interior de estas estructuras para no volver a ser vistas. Estos búnkeres, sin embargo, son quizás una forma más honesta de arquitectura; diseñar nuevos edificios gubernamentales coloridos y brillantes para la tortura del Estado sería realmente horrible.
En Cali hay dos Palacios de Justicia donde el gobierno castiga a los delincuentes de la ciudad. El más antiguo y grandioso, también conocido como Palacio Nacional, una construcción de cinco pisos diseñada en estilo Luis XVI en 1928 por el arquitecto belga Joseph Maertens, con majestuosos balcones y cúpulas de bronce en el techo, es uno de los edificios más emblemáticos y elegantes de Cali. El Búnker de Justicia, un monolito de hormigón de trece plantas construido en la década de 1980 con minúsculas ventanas encajadas en un bloque de cemento, no se parece en nada a una cárcel.
Está previsto construir un monolítico Búnker de Justicia 2 en el terreno arrasado de lo que hasta hace poco era el barrio obrero de El Calvario, poblado por modestas casas colombianas con colores pastel desvaídos y detalles art decó en funcionales construcciones de cajas de zapatos. Gracias al total abandono del gobierno, en las últimas dos décadas el barrio se ha deteriorado hasta convertirse en un importante centro de distribución de drogas. Los traficantes de basuco, la forma más barata y adictiva de la cocaína, se hicieron con varios edificios abandonados y los fortificaron, sellando las ventanas y las puertas.
El abandono a largo plazo y la destrucción final de este tradicional barrio obrero forman parte de un proceso continuo de aburguesamiento en Cali. El Calvario acabó siendo demolido por completo en 2019 (un gigantesco búnker de basuco fue el último edificio que quedó en pie) para hacer sitio a un futuro centro comercial de lujo y condominios. En Colombia, la «renovación urbana» es el equivalente arquitectónico de la limpieza social, por la que barrios enteros de clase trabajadora fueron barridos.
Arquitectura ofensiva
Parte de la fea arquitectura de Cali ha sido objeto de violentas críticas. En 2007, la principal estación de policía del centro de la ciudad fue volada en pedazos por un coche bomba, atribuido a un grupo de guerrilla urbana. Un agente de policía murió y cuarenta y dos resultaron heridos por la explosión. Desde entonces, un tanque gigante aparcado en la calle de acceso a la comisaría del centro de la ciudad se ha convertido en parte de la antiarquitectura de la ciudad. En 2008, el Búnker de Justicia fue sacudido por un coche bomba atribuido a la guerrilla izquierdista, dejando cuatro muertos y veintiséis heridos. Durante las protestas del paro nacional de este año, varios edificios gubernamentales fueron atacados y muchas comisarías fueron vandalizadas e incendiadas.
Durante las dictaduras militares de Chile y Argentina, empresas como Ford permitieron a la policía nacional y a los militares crear centros de detención clandestinos dentro de sus fábricas, que sirvieron de base para torturar y asesinar a dirigentes sindicales y activistas estudiantiles. En la actualidad, la policía de Cali ha creado espacios ad hoc similares para detener ilegalmente a cientos de manifestantes acorralados durante las protestas pacíficas. En el lujoso centro comercial El Éxito, el aparcamiento, prohibido a la prensa y a los observadores de derechos humanos, estaba lleno de casquillos de bala y tenía manchas de sangre en la pared.
Los centros comerciales en general pueden ser vistos como puestos de avanzada militarizados de la economía formal de Estados Unidos, blocaos fortificados en los que se venden productos importados a precios elevados con los beneficios expatriados, lo que por supuesto es parte de la razón por la que la economía colombiana va tan mal. El hecho de que muchos de estos exclusivos centros comerciales que venden productos importados de EE. UU. fueran objeto de vandalismo durante las protestas indica algo de la consideración que tienen los lugareños sobre ellos.
Más que una mera crítica, el vandalismo de los edificios gubernamentales y los centros comerciales de Cali, especialmente durante el paro nacional, son protestas contra las desigualdades sociales, la corrupción y la violencia patrocinada por el Estado que tiene lugar entre las paredes de estos edificios. En Cali, los crímenes de la arquitectura son los que se cometen no contra el buen gusto, sino contra la naturaleza, las comunidades marginadas y la clase trabajadora.
