El presidente colombiano Iván Duque ha aprovechado la COP26 para cultivar su imagen de líder «verde». Varios gobiernos del Norte global y parte de los medios de comunicación lo han presentado a menudo como un faro de moralidad en América Latina, en marcado contraste con gobiernos como el de Brasil. Pero Duque tiene mucho más en común con sus homólogos autoritarios de lo que le gustaría admitir.
A pesar de las credenciales ecológicas de Duque, en el año 2020, bajo su mandato, fueron asesinados sesenta y cinco activistas medioambientales. Y de marzo de 2020 a abril de 2021 fueron asesinados veintidós sindicalistas, lo que convierte a Colombia en el país más letal del mundo para ser sindicalista, activista de derechos humanos o defensor del medio ambiente.
La situación de los excombatientes de las FARC es aún más extrema, con más de 296 personas asesinadas desde su incorporación a la vida civil. De hecho, casi mil activistas han sido asesinados en los últimos cuatro años, una media de más de cuatro por semana.
En 2016, el proceso de paz colombiano contó con el apoyo de sindicatos colombianos e internacionales. Justice for Colombia, una campaña sindical británica e irlandesa, fue crucial para apoyarlo, organizando intercambios entre políticos norirlandeses que participaron en el Good Friday Agreement (Acuerdo de Viernes Santo) y negociadores colombianos.
Las condiciones para la paz
En 1985, durante un intento anterior de poner fin al conflicto armado, miles de activistas de la izquierda colombiana y exguerrilleros organizados en el Partido Unión Patriótica fueron exterminados en un prolongado episodio de violencia paramilitar respaldado por el Estado: un genocidio político.
Colombia suele ser elogiada como una de las democracias más antiguas de América Latina. Pero, como demuestra la masacre de la Unión Patriótica, su sistema democrático se construyó sobre la base de una persecución violenta a la oposición organizada.
El acuerdo de paz de 2016 propone reformas democráticas fundamentales que abrirían la puerta a una amplia participación, pero la escalada de violencia por motivos políticos que está teniendo lugar en Colombia hoy en día deja al descubierto el fracaso del gobierno a la hora de actuar en la reforma democrática exigida por los acuerdos.
Otra parte importante del acuerdo es la reforma rural integral, que aborda la problemática de la concentración de la propiedad de la tierra y los enormes niveles de desigualdad que han impulsado el conflicto desde el principio. También en este caso el gobierno colombiano está incumpliendo sus obligaciones. El presidente Iván Duque está comprometido con un acuerdo económico firmemente neoliberal, lo que hace que los elementos de reforma estructural de los acuerdos corran el riesgo de convertirse en letra muerta.
A pesar de la retórica triunfalista y del lavado de cara, incluso las obligaciones del Estado de desmantelar a los paramilitares de derecha, que actúan a plena luz del día, y de financiar la sustitución de cultivos sostenibles para apoyar a los agricultores que abandonan el cultivo de coca se han quedado dramáticamente cortos.
Mientras que las FARC han actuado con honestidad, entregando las armas y sometiéndose al proceso de justicia transicional, el Estado colombiano no ha cumplido de forma coherente o completa muchos de sus compromisos más importantes.
Una oportunidad para la democracia
La continua exclusión democrática y la tenaz oposición al proceso de paz por parte de la extrema derecha culminaron con la elección de un gobierno decidido a ignorar, impedir o incluso revertir los avances de los acuerdos de paz. La comunidad internacional ha celebrado la entrega de las armas por parte de las FARC, un paso importante, pero la ausencia de conflicto abierto no significa automáticamente la consecución de una paz sostenible. Para que el proceso de paz tenga éxito, deben abordarse las causas profundas del conflicto.
El acuerdo de paz tiene un potencial de transformación democrática. Los capítulos que abordan las causas profundas del conflicto —la desigualdad, sobre todo en las zonas rurales, y la falta de espacio político para una oposición organizada de izquierdas o progresista— son las partes que más ha incumplido el gobierno.
Pero, a pesar de los numerosos contratiempos, el acuerdo no ha fracasado todavía y la esperanza de una paz duradera sigue viva, como demuestran los esfuerzos de miles de colombianos que trabajan a diario para conseguirla. Se han conseguido importantes logros en el proceso de verdad y justicia, situando a las víctimas del conflicto en el centro del mismo, a pesar de la oposición del gobierno de Duque al innovador sistema.
El acuerdo de paz también ha abierto un espacio para la participación política, el debate en las esferas institucionales e incluso la protesta, como demuestran las masivas manifestaciones nacionales que tuvieron lugar desde abril de 2021. Miles de personas se manifestaron durante meses a pesar de la brutal respuesta policial, que se saldó con la muerte de 44 manifestantes.
El acuerdo ha abierto un nuevo contexto político en el que la condena general de la oposición de izquierdas como «terrorista» ya no es aceptable ni creíble. Una exigencia clave de los movimientos sociales y los sindicatos es la plena aplicación de las reformas estructurales, facetas centrales del acuerdo.
La solidaridad es fundamental
Es hora de que el mundo entero rodee de solidaridad al pueblo colombiano, escudriñando al gobierno de Iván Duque con la misma intensidad con que se ha hecho con el régimen de Jair Bolsonaro en Brasil.
En las elecciones colombianas de 2018 se registró la mayor participación de la historia reciente de las fuerzas progresistas y prodemocráticas. El próximo gran reto serán las elecciones parlamentarias de marzo de 2022 y las presidenciales de mayo. Esta es una oportunidad para que todas las fuerzas de izquierda, progresistas y prodemocráticas derroten a la ultraderecha y le den al pueblo colombiano la oportunidad histórica de atacar las causas hondas del conflicto. La comunidad internacional debe ser firme en su apoyo a unas elecciones limpias, libres y justas, incluyendo el envío de observadores electorales.
A través del trabajo de solidaridad internacional y de las campañas, los sindicatos han dado la voz de alarma sobre la fragilidad del proceso de paz colombiano. El gobierno de extrema derecha de Iván Duque debe ser condenado firmemente y la solidaridad con el pueblo colombiano debe ser global.
