Hay dos tentaciones simétricas que organizan buena parte del debate de la izquierda sobre las derechas radicales, y las dos son políticamente paralizantes. La primera es la del catastrofismo: entender a las extremas derechas como mareas imparables, como fuerzas telúricas que arrastran todo a su paso y ante las cuales sólo cabe evaluar diversas formas de resignación táctica. La segunda es su espejo: considerarlas apenas como fenómenos transitorios, meros accidente de la historia que se disolverán en el aire tras un par de derrotas. Más allá de la ventaja de su simpleza, lamentablemente ninguna de estas dos hipótesis sirve para pensar lo que verdaderamente está pasando hoy en el mundo.
Esa subestimación tiene una función política precisa. Permite eludir las preguntas más incómodas sobre la propia estrategia, sobre las razones por las que la izquierda y las fuerzas populares perdieron terreno sostenidamente en las últimas décadas, y sobre los dilemas reales que plantea un período defensivo. La derrota de Orbán en Hungría merece ser celebrada, y usada como ocasión para revisar el propio repertorio estratégico, no como coartada para subestimar los riesgos que la extrema derecha sigue planteando.
Lo resultados electorales de los últimos años muestran con creciente claridad algo que resulta incómodo: que estas fuerzas ya son una parte constitutiva de buena parte de los campos políticos occidentales. No constituyen una anomalía coyuntural que espera ser corregida. Como lo demostraron ya más de una vez, son actores con una gran capacidad para incidir en el sentido común, para reorganizar los ejes del debate público y para ganar elecciones. Pero, afortunadamente, también existen pruebas contundentes de que pueden perderlas, como pasó estos días en Hungría. Así que descartemos el optimismo fácil y el pesimismo paralizante para intentar abordar más seriamente la compleja realidad de esta etapa histórica.
El orbanismo como utopía reaccionaria de referencia
Para entender la especificidad de las derechas radicales contemporáneas es necesario partir de su modelo de referencia, que no es el fascismo del siglo pasado sino algo muy distinto: el «régimen híbrido» orbanista, sistematizado y exportado como manual de gobierno para las derechas del mundo. No es casual que Steve Bannon haya descrito a Orbán como «Trump antes que Trump», una frase que captura con precisión la dirección del vector original. Aunque hoy el trumpismo sea el principal eje y referente de la internacional reaccionaria, no es la fuente teórico-práctica de la que se alimentó la extrema derecha global durante casi 30 años, sino la versión americana de un fenómeno previo, que tuvo en Budapest (y no en Washington) su laboratorio de vanguardia.
El Proyecto 2025, elaborado por Heritage Foundation con participación de decenas de organizaciones conservadoras norteamericanas, es la expresión más acabada de esta utopía ultraderechista en suelo estadounidense. Se trata de un programa de transformación institucional que no apunta a destruir a la democracia formal sino a vaciarla de contenido real. Por eso se propone el control del Poder Judicial, el desmantelamiento de la burocracia federal independiente, la colonización de los medios de comunicación y un rediseño del sistema electoral para garantizarle ventajas estructurales al partido gobernante. El modelo inspirador para este proyecto tan explícito y detallado no fueron las dictaduras del siglo XX sino el régimen competitivo-autoritario que Orbán buscó construir desde su inicial elección como primer ministro en 1998. En Hungría, los comicios siguieron manteniendo la periodicidad establecida por el calendario electoral, pero durante años su desarrollo estuvo cada vez más predeterminado por una serie de mecanismos no democráticos desarrollados y aplicados en los gobiernos de Fidesz.
El recorrido de Orbán ilustra impecablemente la lógica de esa acelerada curva de aprendizaje derechista. La derrota de 2002 ante el Partido Socialista húngaro, que condenó a Fidesz a pasar ocho años en la oposición, constituyó una experiencia decisiva, cuya repetición se buscó evitar a toda costa. Por eso, cuando Orbán, en alianza con los democristianos, logró regresar al poder en 2010 —esta vez con una mayoría de dos tercios en el Parlamento que le permitía modificar la Constitución sin necesidad de negociaciones—, procedió a construir un sistema que lo protegiera de los imprevisibles vaivenes del voto. Así comenzó a aplicar un rediseño pionero y sistemático de las instituciones democráticas del país: reforma constitucional, control del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, reconfiguración del mapa electoral, concentración de los medios de comunicación en manos de sus aliados y toda una serie de reformas de la ley electoral que siempre favorecían estructuralmente al partido gobernante. El objetivo no era ya ganar elecciones sino, estando ya en el poder, hacer cada vez más difícil una derrota.
Por eso, el hecho de que el orbanismo haya funcionado durante años (con mayor claridad a partir de 2010) como la utopía política de referencia para toda la extrema derecha global —desde Javier Milei hasta Georgia Meloni, pasando por Vox y los partidos escandinavos— es un dato que define la naturaleza de estos personajes y organizaciones y su particular relación con la democracia. No se trata de fuerzas que quieran volver al pasado sino de organizaciones que tienen un claro proyecto para el futuro: uno en el que la democracia liberal sobreviva apenas como cáscara mientras que el poder real se concentra cada vez más en unas pocas manos.
Derrota necesaria y victoria incompleta
La reciente caída de Orbán ofrece un rico material para pensar la etapa actual en todas sus dimensiones, empezando por lo que tiene de más alentador, es decir, por el hecho de que incluso una derecha radical con más de una década en el poder y todo un resideño institucional a su medida puede ser expulsada del gobierno por la vía democrática. La condición es, claramente, que exista voluntad política real de jugar en las elecciones y de llamar a la participación popular (las del pasado domingo 11 de abril lograron un récord húngaro de participación, con más del 80%), construyendo con inteligencia táctica las condiciones para el triunfo electoral.
La victoria de Péter Magyar y su partido Tisza exigió condiciones por completo extraordinarias. Fue posible por una concentración extraordinaria del voto opositor en una figura única, con la disolución de facto de casi todas las demás fuerzas opositoras en favor del candidato con posibilidades de derrotar a Orbán, pese a su origen en el propio establishment orbanista. Ese escenario casi inimaginable previamente, dice mucho sobre la naturaleza del desafío que representaron estos comicios. Cuando la extrema derecha se consolida en el gobierno y construye sus propias ventajas estructurales, derrotarla electoralmente requiere de la aplicación de tácticas excepcionales, de maniobras que en condiciones normales serían absolutamente cuestionables y que, por supuesto, siempre conllevan riesgos políticos considerables. Se trata de un recurso de emergencia, irreproducible mecánicamente, que acarrea costos significativos.
Y los costos son muy evidentes en el resultado húngaro: los partidos liberales, socialistas y verdes, que contaban con 45 diputados en la conformación previa del Parlamento, los perdieron casi en su totalidad, dejando una cámara conformada sólo por representantes de un muy limitado abanico político que va de la centroderecha a la extrema derecha. La victoria sobre el orbanismo fue, desde este punto de vista, una victoria de la centroderecha liberal sobre la extrema derecha reaccionaria. Nadie podría sostener seriamente que el resultado implica un triunfo de un sector que cuestiona el orden social que instauró el régimen de Orbán durante los últimos 15 años.
La trampa puede repetirse, y es importante tenerlo presente: construir frentes amplísimos para derrotar a la extrema derecha puede terminar vaciando el espacio político de alternativas reales. El reconocimiento de ese riesgo y la condena automática de la táctica son, sin embargo, dos cuestiones bien distintas. Las victorias electorales ante la extrema derecha son cualitativamente distintas de las victorias políticas y sociales; resultan imprescindibles para ganar tiempo, para evitar que el neofascismo se consolide en el poder y se fortalezca hasta propinarnos una derrota catastrófica: un triunfo autoritario de largo alcance que cambie las reglas de juego durante décadas. En ese sentido es que Hungría importa y que la derrota de Orbán —una derrota real, con todos sus límites a la vista— merece ser reconocida como tal. Se trata, además, de la caída de un referente clave de la internacional reaccionaria, que desplegó todas las jugarretas políticas de su amplio e inescrupuloso repertorio: tampoco eso le alcanzó para imponerse. No es un hecho menor.
Las guerras culturales son un accesorio, no el motor
Hay un elemento de la experiencia húngara que conviene desmontar con rigurosidad, sobre todo porque circula como tesis entre sectores de la propia izquierda que internalizaron la lógica del enemigo, el hecho de que la llamada «batalla cultural» sería el factor decisivo para el poder político de turno y que quien controla el relato controla el resultado. Es la tesis que Orbán, Milei y muchos otros vienen promocionando (y aplicando) con distintos énfasis.
La idea es, al mismo tiempo, parcialmente verdadera y completamente engañosa: esa combinación es, precisamente, lo que la hace peligrosa. Su parte de verdad estriba en que las derechas radicales fueron muy eficaces a la hora de instalar narrativas y de redefinir los términos del debate, logrando transformar el «sentido común» de amplias capas de la población (incluso de la más perjudicada por los planes de sus gobiernos). Es una cuestión para nada menor, que no deberíamos ignorar. Como teoría del poder, la tesis es completamente engañosa: la caída de Orbán prueba que ninguna «hegemonía cultural» garantiza inmunidad ni continuidad en el poder cuando el desempeño material del régimen fracasa. El pan puede ser reemplazado por el circo sólo hasta cierto punto. El éxito o el fracaso material de una gestión política sigue siendo definitorio en el mediano plazo. No es indiferente el hecho de que una economía funcione o no, que existan tasas de empleo razonables o que los servicios públicos mínimamente cumplan con su función. Cuando el gobierno es desvergonzadamente corrupto (tendremos que volver sobre este tema, que caracteriza a todas las gestiones de ultraderecha), cuando construye un capitalismo de amigos y familiares de tipo mafioso y cuando no logra que la economía crezca para que la vida de las mayorías sociales mejore, las narrativas comienzan a erosionarse.
Estos factores tienen consecuencias directas para evaluar la extrema derecha latinoamericana. Milei en Argentina, que importó el manual orbanista íntegro, con algunas actualizaciones libertarianas, hoy enfrenta precisamente este problema de aumento de la protesta y el cuestionamiento a su gobierno. Las encuestas lo muestran estancado en su peor momento, el bienestar popular no se recupera al ritmo que las promesas de campaña prometían y el experimento de «batalla cultural» por la hegemonía (que en el caso argentino implica el ataque contra las universidades y las instituciones culturales, la estigmatización permanente a las diversidades sexuales o una brutal reescritura del relato sobre la dictadura militar y los derechos humanos, entre otras cuestiones) empieza a encontrar claras resistencias Afirmar que su gobierno está derrotado sería un error. Lo que sí queda demostrado es que tampoco es invencible. Y si en el corto plazo se desploma, será más por razones materiales impostergables que por una mala gestión de la disputa simbólica.
El mapa global y las fisuras de la internacional reaccionaria
Más allá del indiscutible impacto global de la derrota de Orbán, una lectura política seria también exige resistir la tentación de entender a la extrema derecha global como un bloque monolítico que se mueve en sincronía. El panorama es bastante más heterogéneo, y precisamente en esa heterogeneidad podemos encontrar nuevas brechas.
En Europa, el crecimiento derechista continúa sin pausa, con la AfD consolidando su presencia en Alemania y el Rassemblement national pudiendo llegar al poder en Francia el año próximo. Son datos que no podemos minimizar. Pero algo está cambiando de manera cada vez más visible en la relación entre las derechas radicales europeas y el eje trumpista. El viaje de J.D, Vance a Budapest resultó intrascendente o directamente contraproducente. Meloni, que construyó buena parte de su posicionamiento internacional sobre la alianza con Trump, acaba de ser insultada públicamente por el presidente estadounidense y respondió con dureza (además de aplicar algunos tibios frenos a su alineamiento absoluto con Israel). Las políticas exteriores de Trump —los aranceles, el maltrato permanente a los aliados, las exigencias económicas, los chantajes militares y la subordinación de todo a los intereses de la industria norteamericana— pusieron a las extremas derechas europeas en una posición incómoda frente a sus propios votantes.
En España, Vox paga con resultados electorales inciertos el precio de su alineación trumpista e Israel crece como constante factor de crisis para todas las derechas alineadas con Estados Unidos. Hoy la mayoría de los europeos rechaza la guerra contra Irán, las políticas genocidas en Gaza, el apartheid y la violencia antipalestina en los territorios ocupados. La cuestión palestina, que desde la izquierda moderada algunos consideran como un tema divisivo, en realidad constituye un factor central de desestabilización para las derechas radicales que intentan sostener a Israel como bandera ideológica (con Milei en primer lugar) en un contexto internacional en el que esa bandera quema cada vez más.
El caso de Pedro Sánchez en España se menciona con frecuencia como alternativa en este tipo de debates, y podríamos ver qué lecciones se pueden extraer del allí. Comencemos por el hecho de que su política económica tiene límites estructurales evidentes, su coalición de gobierno es inestable y su posicionamiento sobre Gaza, aunque sin dudas más nítido que el de otros líderes europeos, llega con años de retraso y casi sin traducciones reales en cuanto a la política exterior española. Sánchez no es un modelo ni debiéramos intentar buscar en él una alternativa para los dilemas de los que venimos hablando. Lo que sí muestra es que un posicionamiento fuerte puede mover el amperímetro general, confirmando que los márgenes para la actividad política siguen existiendo y que la polarización no beneficia automáticamente a la derecha cuando el adversario progresista no esquiva temerosamente el conflicto e intenta redefinir los términos del debate.
Más allá de sus límites evidentes, el caso español contrasta de manera notable con la pasividad casi abúlica de otras socialdemocracias europeas, que parecen convencidas de que la moderación permanente es la única estrategia posible, pese a que con esa estrategia no pararon de acumular derrotas. La timidez o ultracorrección política frente a unas extremas derechas sin límites no funciona ni como estrategia defensiva, logrando solo regalar terreno simbólico y validar la narrativa adversaria para terminar compitiendo en el terreno elegido y definido por el enemigo. En ese sentido, España prueba que la confrontación política sirve. Pero una cosa es reivindicar la disposición al conflicto y otra muy distinta es convertir a Sánchez en una referencia estratégica.
En América Latina el cuadro tampoco es uniforme ni tiene una dirección unívoca. La extrema derecha desalojó del poder al MAS en Bolivia, ganó recientemente en Chile y nadie sabe lo que puede pasar en Perú. También aparece como muy competitiva en Brasil, con Flávio Bolsonaro, lo que la confirma como una fuerza con importante capacidad de movilización y de incidencia política en varios países de la región. Pero Milei está estancado en Argentina, y el PT de Lula, con todas sus limitaciones, sigue siendo la fuerza política dominante del país más grande del continente.
Lo que vuelve específica a América Latina en este cuadro global no es solo su heterogeneidad sino su particular densidad histórica. La región fue el primer laboratorio del neoliberalismo (con el experimento chileno de los setenta como punto de partida) y también produjo el primer ciclo de resistencia masiva a ese modelo, a fines de los noventa y principios de los dos mil. Esa acumulación de experiencias le da al campo popular latinoamericano algo que las izquierdas europeas no tienen en la misma medida: una memoria viva de que otro orden es posible, construida no solo sobre la teoría sino a partir de experiencias concretas, con gobiernos que, con todas sus contradicciones, modificaron de manera real las condiciones de vida de millones de personas. Eso es un activo estratégico, aunque también una fuente de ilusiones y de frustraciones que las derechas radicales de la región supieron explotar con eficacia.
Porque las derechas latinoamericanas aprendieron de esas experiencias tanto como las izquierdas, y en algunos casos más rápido. El bolsonarismo, el mileísmo y sus variantes regionales no son simples importaciones del trumpismo sino elaboraciones locales que articulan el manual orbanista con tradiciones políticas y culturales propias, como el evangelismo político, el militarismo latente, el antiperonismo o el antiizquierdismo como identidades negativas de enorme potencia movilizadora. En ese sentido, entender a Milei meramente como un epígono de Trump o de Orbán es subestimar tanto su especificidad como la profundidad de las condiciones que lo hicieron posible.
Aquí conviene volver al inicio de este artículo para enfatizar algo que suele confundirse al calor de los debates: Trump no es el origen del fenómeno global de las derechas radicales sino su versión estadounidense. La extrema derecha mundial vivió su mayor crecimiento justo después de la primera derrota de Trump, a fines de 2020, lo que demuestra que el fenómeno tiene dinámicas que no dependen del destino electoral del trumpismo. Una destitución o derrota definitiva de Trump —que sin dudas celebraríamos como la mayor derrota electoral de este ciclo reaccionario— no modificaría el análisis de fondo. La extrema derecha global no es una extensión del trumpismo, que constituye apenas su expresión estadounidense. Entender correctamente esa dirección causal es clave para no equivocar las conclusiones.
Ganar tiempo no basta, hay que cambiar las relaciones de fuerza
El difícil punto de llegada de este análisis exige mantener en tensión dos afirmaciones que la política más pedestre suele separar. La primera: las victorias electorales ante la extrema derecha son imprescindibles. Sin ellas, estas fuerzas podrían consolidarse en el poder, producir transformaciones institucionales regresivas de larga duración, rediseñar las reglas del juego para garantizar elecciones cada vez menos competitivas y propinarnos una derrota estratégica. Cuando no es posible derrotar estratégicamente al adversario, ganar tiempo se vuelve una necesidad política de primer orden. La segunda afirmación, inseparable de la primera: ganar tiempo no es ganar la partida. Una resolución de largo plazo solo puede derivarse de un cambio profundo en las relaciones de fuerza sociales; un cambio que excede con creces el terreno electoral y que ninguna coalición de gobierno, ninguna victoria simbólica en la confrontación mediática ni los logros de los mejores gobiernos progresistas pueden producir por sí solos.
La construcción de poder popular no puede reducirse a la acumulación electoral ni a la gestión progresista del Estado. Los gobiernos que emergieron del ciclo de movilización latinoamericano de principios de siglo fueron posibles porque existían movimientos previos con capacidad de presión autónoma. Cuando esos movimientos se subordinaron al ciclo gubernamental o fueron absorbidos por él, los gobiernos progresistas quedaron sin el contrapeso que los empujaba hacia adelante y sin el colchón social que los protegía cuando llegaban las crisis. La lección no es nueva, pero parece seguir sin ser procesada del todo.
Históricamente lo único que logró cambiar las relaciones de fuerza en favor de las clases populares fue el ascenso de movimientos de masas, algo que va mucho más allá de las imprescindibles manifestaciones callejeras masivas (que sin un movimiento de fondo suelen apagarse en el corto plazo) y depende de la capacidad para construir visiones de futuro que arraiguen en las masas, logrando instalar la imagen de otra sociedad como un objetivo político posible y alentando el combate por una alternativa real al orden existente.
Los momentos de referencia están a la vista. En América latina de fines de los noventa y principios de los dos mil, el ciclo de movilización contra el neoliberalismo no sólo derrotó a distintos gobiernos, sino que produjo una reconfiguración del imaginario político tan poderosa que abrió la posibilidad de una década posterior de gobiernos progresistas que, con todas sus contradicciones, llevaron adelante una agenda redistributiva real. En 2011, el ciclo global que incluyó fenómenos como la Primavera Árabe, el movimiento de los indignados en Europa y Occupy Wall Street en Estados Unidos no produjo transformaciones políticas inmediatas (y en la mayoría de los casos sus efectos electorales fueron tardíos o nulos), pero reformateó el mapa de lo posible y creó las condiciones para que una generación política nueva emergiera en los años siguientes.
Para desplazar a la extrema derecha del lugar de intérprete del malestar popular, hay que tomarse en serio ese malestar. No como dato sociológico sino como experiencia política legítima que reclama una respuesta estructural. Las derechas radicales prosperaron en buena medida porque fueron las únicas fuerzas dispuestas a nombrar con cierta brutalidad algo que los neoliberalismos progresistas y las izquierdas moderadas llevaban años tratando de suavizar: el hecho de que el orden existente no funciona para la mayoría. Pero además supieron articular una demanda de orden que brotaba con particular intensidad de los propios sectores populares más golpeados, algo que el progresismo tendió sistemáticamente a ignorar o minimizar. Este reclamo no constituye un impulso meramente conservador ni un mero efecto mecánico de la manipulación mediática. Es una respuesta absolutamente comprensible (aunque políticamente peligrosa cuando la monopoliza la derecha) ante la experiencia cotidiana de inseguridad, desprotección e instituciones que no funcionan. Los que más necesitan que el Estado aparezca y que las reglas se cumplan son precisamente quienes más sufren cuando eso no ocurre. Recuperar esa demanda para darle otro contenido, otra dirección y otra propuesta, tal vez sea el desafío político más difícil que enfrenta hoy cualquier alternativa de izquierda. Porque implica disputar un terreno que durante demasiado tiempo se entregó sin pelea.
Los desafíos pueden ser incluso más complejos hoy, contra una derecha que aprendió de las previas experiencias de resistencia popular y viene demostrado una capacidad notable para interpretar el malestar social y reconvertirlo en fuerza política reaccionaria. Ante este escenario, la pregunta estratégica que no podemos eludir es la de cómo construir fuerzas capaces de ofrecer una alternativa real a ese malestar que del que hoy se alimentan las extremas derechas, más allá de la posibilidad de derrotarlas en las urnas. Sin una respuesta contundente y clara a esa pregunta, cada victoria electoral puede constituir apenas un paréntesis antes de un resurgimiento reaccionario recargado o incluso multiplicado, como en el caso de las famosas cabezas de la Hidra de Lerna. No basta con lograr un intervalo si no sabemos qué hacer con ese tiempo precioso.
Está claro que un análisis riguroso de nuestras difíciles realidades no habilita un optimismo excesivo, pero tampoco demuestra que no tengamos más alternativa que la resignación. Tras su discurso de omnipotencia e inevitabilidad, pudimos ver que estas nuevas derechas también sangran. Podemos derrotarlas.
