Desde que Israel comenzó su guerra contra Gaza, se vienen sucediendo las peticiones para que el primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, sea juzgado. Pero gracias al firme apoyo de Estados Unidos y de algunos de sus aliados, parece poco probable que en el corto plazo tenga que responder en La Haya por las acusaciones de genocidio. Sin embargo, esto no le evita tener que defenderse ante un tribunal local. El primer ministro israelí tuvo que pasar varios días ante un tribunal de Tel Aviv donde se lo juzga por corrupción.
Cinco años después de ser acusado, Netanyahu subió al estrado de los testigos y durante horas se vio obligado a responder a preguntas sobre los graves cargos de corrupción que se le imputan. Es la primera vez en la historia de Israel que se juzga a un primer ministro en funciones. El proceso viene polarizando a la opinión pública israelí desde 2019. Durante este período los partidos políticos en parte se definieron por su ubicación a favor o en contra de Netanyahu. En ese contexto, Israel vivió cinco elecciones en tres años y medio, ya que ni Netanyahu ni sus rivales fueron capaces de formar gobiernos de coalición estables.
Tres causas
El juicio se centra en tres causas penales distintas. En la primera, conocida como Caso 1000, Netanyahu está acusado de fraude y abuso de confianza, por presuntamente haber recibido regalos costosos como cigarros, champán y joyas para su esposa, Sara. El valor total de estos regalos ronda los 200.000 dólares. Los generosos benefactores fueron el productor de Hollywood Arnon Milchan —un millonario israelí que reside en Estados Unidos— y el magnate australiano de los medios de comunicación James Packer.
La acusación sostiene que, a cambio de estos regalos, Netanyahu utilizó su condición de primer ministro para ayudar a Milchan con sus intereses empresariales. Entre otras cosas, presionó al Ministerio de Hacienda de Israel para que le concediera exenciones fiscales a Milchan, trató de levantar una normativa gubernamental para que el productor amplíe su control sobre las empresas de televisión israelíes y utilizó su influencia para prorrogar el visado estadounidense del empresario.
El Caso 2000 también incluye cargos de fraude y abuso de confianza. Los fiscales sostienen que Arnon Mozes, propietario de Yedioth Ahronoth, el diario más vendido de Israel, intentó sobornar a Netanyahu. Según las acusaciones, Netanyahu negoció con Mozes una mejor cobertura en el periódico para él y su familia a cambio de promover una legislación que inhibiera la circulación del mayor rival de Yedioth Ahronoth, un diario gratuito.
El Caso 4000, el más grave de los tres, acusa directamente a Netanyahu de soborno. Se alega que el primer ministro le prometió favores regulatorios a Shaul Elovitch, propietario de la empresa de telecomunicaciones Bezeq, a cambio de una cobertura mediática positiva para él y su esposa en el sitio web de noticias Walla, propiedad de Elovitch. El fiscal general calculó que estos negocios ilícitos beneficiaron a Elovitch en quinientos millones de dólares.
Como consecuencia del juicio por corrupción contra Netanyahu, en 2020 estallaron grandes protestas, que continuaron en 2021, denominadas por los medios de comunicación como las «Protestas de Balfour», por la calle Balfour de Jerusalén, donde reside el primer ministro. Estas protestas ayudaron a movilizar a los votantes de centro-izquierda. Esto, junto con su desastrosa mala gestión de la crisis del COVID-19, llevó al primer ministro Netanyahu a perder las elecciones de marzo de 2021.
Un frente impopular
La coalición que surgió en marzo de 2021 era inestable. Apodada el «Gobierno del Cambio», estaba formada por partidos de derecha, centro e izquierda e incluso incluía a la Lista Árabe Unida, que es el ala electoral del Movimiento Árabe e Islámico. El pegamento que mantenía unidos a estos partidos, que discrepaban sobre diversas cuestiones —desde el posible aumento del salario mínimo hasta las eventuales negociaciones con la Autoridad Palestina y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP)—, era su oposición a Netanyahu.
Los partidos de derecha del bloque anti-Netanyahu impusieron una austeridad económica dura e impopular: aumento de la edad de jubilación de las mujeres, suspensión de los subsidios a los trabajadores desempleados, aumento del precio del transporte público y recorte de las ayudas para el cuidado de los niños. Netanyahu —siempre un populista de derecha— empleó la demagogia social mezclada con la incitación racista, afirmando que el gobierno impulsó estas medidas de austeridad para asignar decenas de miles de millones de shekels a la Lista Árabe Unida. Esta presión influyó en varios miembros de derecha de la coalición gobernante, que —también por su arribismo y oportunismo— decidieron desertar al partido de Netanyahu, atraídos por promesas de futuros puestos ministeriales en su próximo gobierno.
Tras el colapso de esta coalición altamente inestable y el regreso de Netanyahu al poder en las elecciones de noviembre de 2022, con una campaña electoral centrada en promesas de aumento del gasto social, ahora preside el gobierno más nacionalista y extremista de la historia de Israel. Una de las primeras políticas anunciadas tras las elecciones por su nuevo armado de extrema derecha fue un plan para reformar el sistema judicial de manera tal que el gobierno tuviera un peso decisivo sobre el Poder Judicial.
Para muchos, esto representa un intento de Netanyahu de inclinar el tablero a su favor, tratando de retrasar o hacer fracasar su juicio por corrupción. Otros señalaron los efectos perjudiciales de esta reforma —«la revisión judicial» o «el golpe judicial», como la denominan sus críticos— sobre los derechos democráticos y las libertades civiles en Israel.
La respuesta fue una gran oleada de protestas —que atrajo a cientos de miles de personas a las calles, semana tras semana, durante casi diez meses— alarmadas por la naturaleza antidemocrática de las reformas propuestas. En su mayor parte, estas manifestaciones fueron lideradas por fuerzas políticas de centro liberal, cuyas críticas a Netanyahu se limitaban a las acusaciones por corrupción y a su vulneración de la independencia del sistema judicial. La mayoría de las fuerzas de la oposición, especialmente las del centro y la derecha moderada, vieron esta protesta masiva como una denuncia contra Netanyahu, pero no contra sus políticas. La continuidad de la ocupación y su austeridad neoliberal quedaron impunes.
Sin embargo, dentro de las llamadas Protestas por la Democracia, también había un ala izquierda. Estos grupos y movimientos subrayaron que combatir eficazmente a la extrema derecha requería abordar la totalidad de su proyecto político, no sólo su intención de desmantelar el sistema judicial. Varios grupos intervinieron en estas protestas masivas, cada uno según su propia línea política y estrategia de comunicación. Sin embargo, a pesar de movilizar a la izquierda activista, estas voces permanecieron en los márgenes de un movimiento de protesta de masas que, por lo general, veía la crítica social más amplia como un obstáculo para conseguir un mayor apoyo público y, en ocasiones, también como una distracción de su objetivo central de equiparar «democracia» con «independencia del poder judicial.»
Tras el 7 de octubre, y la guerra subsiguiente, la revisión judicial pasó a un segundo plano. Las manifestaciones masivas, que solían congregar a grandes multitudes con regularidad, cesaron casi de la noche a la mañana. Ya nadie hablaba del juicio de Netanyahu ni del Poder Judicial, ni la oposición liberal ni el gobierno de extrema derecha, cuyos ministros pasaron ahora a dedicar sus días a formular declaraciones genocidas contra los palestinos. Pasarían meses antes de que los israelíes volvieran a salir en masa a la calle.
Cuando lo hicieron, fue para presionar al gobierno para aceptar un acuerdo sobre los rehenes, que garantizara la devolución con vida de los israelíes que Hamás mantenía cautivos en de la Franja de Gaza. Estas protestas, que representan una especie de continuación de las dos oleadas de protestas anteriores, llevan muchos meses pidiendo también la dimisión de Netanyahu y la convocatoria a elecciones anticipadas.
La exigencia de poner fin a la guerra contra Gaza mediante un acuerdo sobre los rehenes gozaba de un fuerte apoyo entre el 72% de los israelíes. Entre los votantes que apoyan a los partidos alineados con Netanyahu, el 56% respaldaba un acuerdo para detener la guerra a cambio de los rehenes.
Esto refleja el hecho de que el movimiento de protesta de las familias de los rehenes tuvo un éxito increíble a la hora de crear oposición a la guerra entre la opinión pública israelí, siendo mucho más eficaz que los partidos de la oposición oficial, que fueron a remolque de la opinión pública y empezaron a cuestionar públicamente la guerra sólo después de que las encuestas mostraran que una mayoría concluyente quería que llegara a su fin.
Mientras tanto, el movimiento pacifista de Israel siguió movilizándose contra las guerras de Gaza y Líbano, a pesar de la represión policial, pidiendo que se ponga fin a la matanza de palestinos inocentes, se levante el asedio a Gaza y se permita el ingreso de la ayuda humanitaria para luchar contra la catástrofe humanitaria que se está produciendo.
Netanyahu se encuentra ahora en rumbo de colisión con la opinión pública israelí. Su insistencia para continuar con la guerra en Gaza era tanto una expresión de su arraigada creencia en mantener un estado de conflicto permanente, como del hecho de que sus socios de coalición —el Partido del Sionismo Religioso y el Partido del Poder Judío, abiertamente fascista— habían amenzado con retirarle su apoyo si avanzaba con el acuerdo para terminar con la guerra, lo que forzaría la celebración de elecciones anticipadas.
Para Netanyahu, unas elecciones anticipadas significan la ruina, ya que las encuestas muestran sistemáticamente que los partidos que integran actualmente su gobierno de coalición perderán previsiblemente la mayoría en la Knesset, al obtener juntos sólo 51 escaños de los 120 del parlamento. El nuevo gobierno que podría formarse como resultado de esas elecciones será posiblemente una repetición del «Gobierno del Cambio», aunque sigue sin estar claro quiénes serían las fuerzas dominantes en su seno y quién asumirá el papel de primer ministro.
Mientras tanto, los abogados de Netanyahu están ganando tiempo en su juicio por corrupción, intentando aplazar las sesiones del tribunal, alegando sus responsabilidades como primer ministro. Pero si es destituido, se espera que su juicio continúe con fuerza. Por tanto, la perspectiva de ver a Netanyahu entre rejas sigue siendo probable. Si no en La Haya, quizá en Tel Aviv.