Como se puede ver en las noticias nocturnas por todas partes, las inundaciones han alcanzado un nivel sin precedentes en todo el mundo. Aunque este aumento generalizado de las catástrofes hídricas es en gran parte producto de la crisis climática, otro factor fundamental que contribuye a las inundaciones extremas (aunque mucho menos discutido) es la manipulación humana del entorno natural, con frecuencia realizada para permitir la cría comercial de ganado.
El río Sinú atraviesa el norte del estado de Córdoba, en Colombia, y ha proporcionado alimentos, agua y transporte a las comunidades locales durante miles de años. Sin embargo, en las últimas décadas, debido a la construcción de represas y al aumento de la población ganadera, ha sido responsable de la inundación de importantes pueblos y ciudades de la región. Como muchos otros grandes ríos de Colombia, el Sinú se encuentra en un estado deplorable: alternativamente seco y desbordado, muy contaminado y con su vida acuática diezmada, a menudo es utilizado como ruta de transporte clandestina para las organizaciones criminales.
Colombia lleva más de cincuenta años en guerra consigo misma, y la extrema violencia que ha vivido el país es en gran parte resultado de las luchas por la tierra, codiciada por sus minerales o por los pastos para el ganado. La tierra equivale a riqueza y poder, pero solo se benefician de ella quienes controlan el agua que la rodea. En consecuencia, ríos como el Sinú, que durante mucho tiempo han servido de sustento a las comunidades circundantes, se han convertido en herramientas —y a veces incluso en armas— en los conflictos armados por la tierra, y han sufrido por ello.
El río como arma
En Colombia existe un movimiento progresista que busca conceder derechos a los ríos como si fueran seres vivos. En 2016, un tribunal superior ordenó al gobierno que protegiera, conservara, mantuviera y restaurara siete ríos de Colombia. Por desgracia, el río Sinú no era uno de ellos.
La mayoría de las principales ciudades y pueblos de Córdoba se fundaron a orillas del río Sinú, donde actualmente reside el 70% de los habitantes del departamento. Nacido en las selvas húmedas tropicales situadas en las montañas del Parque Nacional del Paramillo, el río Sinú corre hacia el norte más de trescientos kilómetros hasta el océano Atlántico. Es el único río de Colombia —y uno de los pocos del mundo— que conecta cuatro biosistemas diferentes (tundra, selvas húmedas, humedales y estuarios).
El Valle del Sinú posee algunas de las tierras más fértiles del país, comparables a las que riegan los ríos Nilo, Tigris y Éufrates. Los habitantes originales de la región, los zenúes, llamaron al río Sinú, que significa «hermosa tierra de agua». Debido a la íntima relación del pueblo zenú con su río, su cultura se ha definido como «anfibia». Más de cien comunidades indígenas se extienden a lo largo del río y dependen de él para alimentarse y comerciar con otros pobladores.
Los zenús, como muchos pueblos indígenas de la región andina, desarrollaron sofisticados sistemas de canales llamados waru waru (los españoles los llamaban camellones) sobre los que construyeron tierras agrícolas elevadas. Este sistema de huertos «flotantes» no solo les permitía cultivar en zonas cercanas al río que a menudo se inundaban, sino que también les ayudaba a paliar los extremos de las estaciones húmedas y secas y a desviar el exceso de agua para evitar inundaciones, ya que los waru waru estaban construidos perpendicularmente al río.
Las numerosas ciénagas que se extienden a lo largo del río Sinú ayudan a mantener el equilibrio tierra-agua y proporcionan mecanismos a prueba de fallos para evitar desastres causados por precipitaciones extremas o sequías. Sin embargo, los waru waru, las ciénagas y el propio río se han convertido en víctimas de prácticas medioambientales destructivas.
Los europeos llegaron por primera vez a Córdoba en busca de metales preciosos. «Pobre Perú si descubren el Sinú» era un famoso dicho español, acuñado para atraer a los europeos a excavar en busca de oro a lo largo del río. Haciendo caso a la llamada, en 1844 se fundó la Compañía del Sinú, de capital europeo, para extraer oro y platino de la zona. Dos días después de que se instalara la pesada maquinaria minera, el río Sinú se desbordó, enterrando inmediatamente y para siempre las máquinas y las perspectivas de negocio de la empresa.
Hoy, son la carne y la leche las que han llevado a los cazadores de beneficios a utilizar la tierra y el agua de forma destructiva y extractiva. En la década de 1920, en los humedales que rodean la bahía donde el Sinú desemboca en el océano Atlántico, los lugareños cultivaban arroz. Cuando los propietarios de las haciendas ganaderas cercanas intentaron expulsarlos de sus tierras para crear pastizales, se produjo un conflicto armado.
Los propietarios de las haciendas, en un intento de cortar el suministro de agua a sus enemigos y aumentar al mismo tiempo sus propias tierras y riquezas, desviaron el río a kilómetros de su cauce original. Desde entonces, el río Sinú no solo ha sido un recurso valioso, sino también un medio para aumentar o disminuir el valor de la tierra y de los animales que pastan en ella, y un arma que se utiliza contra los campesinos locales y los pueblos indígenas.
Cómo destruir un río
Con mucho, la mayor usurpación del agua del río Sinú para fines privados es la presa de Urrá. Propuesta por primera vez por el gobierno colombiano en la década de 1940, la presa fue autorizada en 1974, y el acuerdo para su construcción se concedió al gobierno de la URSS. Tras varios años de retrasos, se propuso un proyecto más ambicioso, que incluía la construcción de una central hidroeléctrica.
El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo se negaron a financiar el proyecto debido a la falta de estudios de impacto ambiental y a las dudas sobre la viabilidad de la construcción, por lo que el gobierno colombiano obtuvo en su lugar financiación de un banco sueco y de una empresa canadiense, con 270 millones de dólares adicionales procedentes de los gobiernos federal y estatal. En 1996, el río Sinú fue desviado de su curso natural a través de dos túneles gigantescos, y se creó un lago artificial inundando más de setenta millones de metros cuadrados de tierra, desplazando a varias comunidades indígenas y a quinientas familias campesinas.
Plagada de retrasos, corrupción y problemas presupuestarios, la presa hidroeléctrica no empezó a funcionar hasta el año 2000. El río Sinú y la región que lo rodea no han vuelto a ser los mismos desde entonces. Además del elevado coste humano del desplazamiento forzoso y del fin del comercio fluvial, la inundación intencionada producida para formar el lago artificial de la represa provocó una deforestación generalizada, aumentó la salinidad del agua del río (al aumentar la afluencia del mar debido al menor volumen de agua dulce) y provocó más erosión, así como la desecación de los humedales circundantes. Varias especies de aves, peces y animales terrestres de las que los lugareños habían dependido para sobrevivir desaparecieron de la región.
Pero la presa fue una bendición para los ganaderos locales que habían promovido el proyecto. El ganado había sido traído al Nuevo Mundo por los españoles, y desde mediados del siglo XIX ha sido la principal fuente de ingresos del departamento de Córdoba. En la actualidad, alrededor del 60% de la tierra de Córdoba se destina a explotaciones ganaderas. Hay aproximadamente dos millones de cabezas de ganado destinadas a la producción de carne vacuna y unas 135.000 a la producción de leche, lo que convierte a Córdoba en el segundo productor de ganado más importante de Colombia y en uno de los mayores exportadores de productos bovinos en todo el mundo.
La conversión a la ganadería trajo consigo una deforestación masiva, y la asignación de vastas zonas a tierras de pastoreo ha provocado la erosión generalizada del suelo, la sedimentación de los ríos y el aumento de las inundaciones. El uso de la tierra de Córdoba —una de las más fértiles del país— para la ganadería significa que la tierra no se utiliza para cultivar productos de consumo humano. En consecuencia, la población indígena, que depende en gran medida de una dieta basada en plantas y no en carne, se ha visto perjudicada.
A medida que los ganaderos de Córdoba acumulaban tierras y riqueza, surgieron grupos guerrilleros de izquierda que robaban ganado y asaltaban y secuestraban a los ganaderos ricos. Para contrarrestar a la guerrilla, doscientos ganaderos de Córdoba se unieron para crear la organización paramilitar de extrema derecha Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Cuando fracasaron las negociaciones para la construcción de la represa entre el gobierno y las comunidades indígenas y campesinas locales, la violencia paramilitar aumentó bruscamente, y las AUC intimidaron o asesinaron a quienes protestaban contra la construcción de la represa.
Las AUC, organizadas y financiadas por los ganaderos, enviaron una carta al Senado y al entonces presidente de Colombia en la que alegaban que la guerrilla estaba obligando a las comunidades indígenas a oponerse a la construcción y acusaban a estas comunidades de apoyar a los rebeldes. Las AUC prometieron que si la construcción de la presa no seguía adelante se verían obligadas a tomar cartas en el asunto. El presidente firmó la licencia para permitir la continuación de las obras cinco días después.
Con la excusa de proteger la represa de los elementos subversivos, el ejército y los grupos paramilitares emprendieron una guerra contra todos los elementos liberales de la región. Las víctimas, entre ellas profesores universitarios, fueron «desaparecidas» para a menudo reaparecer flotando en el río Sinú. Un líder indígena, el más abierto crítico de la represa, fue secuestrado y asesinado en 2001, un año después de que la presa empezara a funcionar, y la violencia en la región aún no ha cesado.
Aunque la finalidad declarada de la presa era la generación de electricidad, su construcción y la inundación de la zona se llevaron a cabo en realidad para permitir a los ganaderos ampliar enormemente sus tierras en la región. Los grupos paramilitares, trabajando conjuntamente con el Ejército —supuestamente luchando contra las guerrillas comunistas— obligaron a muchos campesinos y comunidades indígenas a abandonar sus tierras, que posteriormente fueron arrebatadas por los ganaderos.
La violencia y el acaparamiento de tierras en la región contaron con el apoyo de políticos y jueces cordobeses, muchos de los cuales acabarían más tarde en la cárcel por corrupción y asociación con paramilitares y narcos. Varios de estos políticos también fueron acusados de malversar el dinero del gobierno destinado a la reforestación y de desviar el río Sinú hacia sus propios ranchos, agotando la fuente de agua de las comunidades y provocando la desecación de amplias zonas.
El legado de la presa de Urrá
Aunque se suponía que la presa de Urrá debía controlar las inundaciones, en 2007 se produjeron inundaciones masivas en toda la región, por lo que se añadieron dos metros adicionales al muro de la represa. Sin embargo, las inundaciones hoy son peores que nunca. En 2022, las elevadas precipitaciones provocaron una fuerte subida del agua en la represa que, al liberar el agua para controlar la presión, provocó una de las peores inundaciones. Dejó tierras, casas y ciudades bajo el agua durante meses.
Las graves inundaciones anegaron las ciudades y pueblos situados a lo largo del río Sinú, especialmente los situados junto a las ciénagas que en el pasado habían ayudado a mitigar las inundaciones, y afectaron a más de 5500 familias. Muchos de los pueblos situados junto al río se vieron obligados a construir puentes con tablones y ramas para que la gente pudiera llegar a sus casas, aunque otras familias abandonaron sus hogares durante meses. Las inundaciones que se producen en abril suelen permanecer en las ciudades y pueblos hasta diciembre. Otras inundaciones importantes se produjeron en 1998 y en 2010, pero la de 2022-23 ha sido con diferencia la peor.
Mientras que las precipitaciones cada vez más extremas causadas por la crisis climática mundial afectan al nivel del agua del río y de las ciénagas, las haciendas ganaderas sin árboles con diques alrededor de las zonas de pastoreo hacen que las inundaciones sean mucho peores para los pueblos y ciudades de la región. Las defensas interesadas de los ganaderos locales contra las inundaciones ayudan a proteger sus gigantescos rebaños de ganado pero agravan los problemas de las comunidades indígenas y campesinas.
Las inundaciones ya no son un acontecimiento natural en Córdoba, sino un proceso controlado que afecta selectivamente a las zonas y poblaciones circundantes, favoreciendo a los ricos y a sus vastos ranchos ganaderos al tiempo que socava las condiciones de vida de las poblaciones indígenas y campesinas que durante siglos han habitado la zona. Las inundaciones anormalmente extremas del río Sinú y de otros cursos de agua importantes de todo el país pueden considerarse una manifestación más de la injusticia social que reinó en Colombia durante las últimas décadas.
