El presidente colombiano, Gustavo Petro, acaba de declarar un mes de emergencia económica, social y medioambiental en la región colombiana de La Guajira. Al declarar la situación de emergencia, el presidente, que pasó una semana en la región para agilizar los trámites y garantizar la aplicación de las medidas de emergencia, pudo aprobar una serie de leyes, incluido un paquete de inversiones muy necesarias en educación, sanidad, turismo y suministro de agua en la región.
La Guajira es una vasta región desértica situada en el extremo noreste de Colombia. Es una de las principales fuentes de energía de Colombia, sede de una multimillonaria industria de minería del carbón y un lugar privilegiado para nuevos parques eólicos. La región también alberga la mayor reserva indígena del país, la reserva Wayúu.
Históricamente, los gobiernos colombianos han dejado vía libre para que las grandes empresas energéticas nacionales y multinacionales extrajeran recursos de la región sin distribuir nada entre los wayúu, que han sufrido un grave abandono. Una nueva iniciativa del gobierno del Pacto Histórico pretende rectificar esta situación, dedicando recursos al desarrollo de energías renovables de forma que se redistribuya más equitativamente la riqueza entre los habitantes de la zona.
El saqueo de La Guajira
Las comunidades wayúu, que representan una quinta parte de la población indígena del país, están diseminadas por el desierto, con pequeñas agrupaciones de viviendas (conocidas como rancherías) que nuclean a diferentes familias y clanes. Los wayúu se encuentran entre las comunidades más marginadas de Colombia y carecen de acceso a la mayoría de los servicios básicos. Aproximadamente un tercio de la población wayúu vive en la pobreza —una cuarta parte en la pobreza extrema—, mientras que más de uno de cada cuatro niños wayúu menores de cinco años sufre desnutrición y un bebé muere cada semana.
La Guajira es la zona más seca de Colombia. La temporada de lluvias dura solo de septiembre a octubre, apenas lo suficiente para cultivar maíz pero en modo alguno para satisfacer las necesidades de agua potable de las comunidades locales. Además de los rudimentarios dispositivos de recogida de lluvia, la única fuente de agua para las comunidades situadas en el corazón del desierto de La Guajira son los pozos. Y, en muchos casos, los pozos de agua son básicamente agujeros en el suelo, algunos situados bajo cauces secos. Los problemas de escasez y salinización son comunes, y la gente debe transportar el agua grandes distancias hasta sus hogares (las motocicletas son el único transporte mecanizado dentro del desierto).
El agua es la sustancia más preciada en La Guajira, y también la más escasa. Cuando escasea el agua dentro de la región, las plantas de tratamiento de agua privadas de los pueblos y ciudades de la periferia del desierto abastecen a las comunidades wayúu de los alrededores. Pero este agua tratada es cara, y no todas las comunidades pueden permitirse comprarla o pagar su transporte. Por si fuera poco, los camiones utilizados para transportar el agua desde las ciudades a las comunidades situadas a lo largo de la carretera que se extiende desde el sur de La Guajira hasta la costa, en el norte, no pueden adentrarse en las comunidades del desierto porque no hay carreteras adecuadas, por lo que estas comunidades deben sobrevivir por su cuenta.
Debido al aumento de las temperaturas y al cambio climático, la falta de agua potable de las fuentes subterráneas podría crear en el futuro una grave crisis humanitaria y expulsar a comunidades enteras de sus tierras ancestrales (la falta de agua ha sido durante mucho tiempo una de las principales causas de los desplazamientos a los centros urbanos). El Pacto por la Transición Energética Justa del gobierno de Petro busca dar prioridad al agua para consumo humano sobre la utilizada para el riego de cultivos o la minería. Y, por increíble que suene, este orden de prioridades es algo inédito en la historia del país.
Desde la conquista española, el Norte Global ha amasado fortunas extrayendo metales preciosos y minerales de La Guajira mientras las comunidades indígenas locales viven en la pobreza. Esta larga historia de extractivismo ha generado un desarrollo extremadamente desigual en la región, en la que coexisten dos mundos radicalmente distintos. Una única mina, El Cerrejón, ha generado miles de millones de dólares extrayendo y exportando carbón para empresas multinacionales durante décadas, mientras que la población local ha tenido que subsistir con el mínimo de recursos en medio del desierto.
Aparte de algunas donaciones, la comunidad local recibe escasos beneficios de la mina de carbón del Cerrejón, una de las mayores minas de carbón a cielo abierto del mundo, propiedad de una de las mayores empresas mundiales de recursos y explotada por ella. En un principio, la mina del Cerrejón era propiedad mayoritaria de ExxonMobil, que la explotó y vendió sus acciones a Glencore en 2002 por un valor declarado de 600 millones de dólares. La extracción de carbón en el Cerrejón comenzó en 1984 (ese año se exportó un millón de toneladas) y actualmente exporta treinta y dos millones de toneladas anuales.
El Cerrejón emplea a tres mil trabajadores a tiempo completo, casi ninguno de la comunidad wayúu. La empresa está equipada con una gigantesca flota de transporte terrestre que incluye 250 camiones gigantes, muchos de los cuales pueden transportar 350 toneladas de carbón cada uno, y tiene su propio aeropuerto privado y pista de aterrizaje. Posee un tren eléctrico privado de más de cien vagones que transporta el carbón casi cien millas entre la mina del Cerrejón, en la Baja Guajira, y Puerto Bolívar, un puerto privado y cerrado situado en la costa norte y desde el que el carbón se envía a Europa (Colombia es el mayor proveedor de Alemania), Asia y Estados Unidos.
El Cerrejón es el mayor terrateniente de La Guajira, con gigantescas parcelas repartidas por todo el territorio wayúu. Para construir las minas de carbón del Cerrejón, la ciudad portuaria y la autopista y el ferrocarril que las conectan, cientos de familias wayúu fueron expulsadas de sus tierras. Los anteriores gobiernos de Colombia legalizaron estos masivos acaparamientos de tierras para la empresa.
Para construir y explotar las minas de carbón, más de cincuenta masas de agua, incluido el caudaloso río Ranchería, han sido desviadas de su cauce natural por medio de represas, que o bien son de uso exclusivo de la empresa carbonera o bien han sido destruidas por la contaminación. En gran parte, es este robo y destrucción de estas fuentes de agua por parte de la mina de carbón del Cerrejón lo que ha hundido a las comunidades wayúu de La Guajira en la pobreza y ha hecho que la vida allí sea tan precaria.
Las líneas férreas de suministro de carbón dividen el desierto de La Guajira de la costa, interrumpiendo así las rutas de caza y las migraciones de los animales. Tras largas protestas, la comunidad wayúu recibió finalmente una indemnización de la empresa del carbón por las cabras, caballos y seres humanos que murieron a causa de los trenes casi silenciosos de la empresa o de los camiones gigantes de la carretera, pero las quejas de las comunidades son mucho más profundas que eso.
Contraataque
En junio de 2020, la comunidad wayúu solicitó al relator especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos y el medio ambiente que investigara la mina del Cerrejón por violaciones del medio ambiente y de los derechos humanos. En septiembre de 2020, varios expertos independientes en derechos humanos de la ONU pidieron que se detuvieran todas las operaciones mineras, citando los graves daños al medio ambiente y los efectos negativos sobre la salud y otros derechos de los pueblos indígenas que viven en la zona, pero las autoridades colombianas no hicieron nada al respecto.
Durante siglos, las comunidades indígenas locales han tenido poca o ninguna voz en los asuntos que afectan a su sustento y supervivencia. Desde que el Estado concedió por primera vez una licencia al Cerrejón en 1976, la empresa ha negociado y tratado todos los asuntos legales directamente con el gobierno colombiano, sin ninguna aportación ni beneficio para los wayúu, una situación que ha provocado una corrupción y un conflicto generalizados en las comunidades.
El cambio de Colombia hacia las energías renovables es una oportunidad para romper con la larga historia de extracción, explotación y corrupción de la industria minera del carbón en la región. En toda Sudamérica, el desierto de La Guajira es el mejor emplazamiento para la energía eólica, con una constante de nueve metros por segundo a ochenta metros de altura, y el potencial para generar dieciocho gigavatios de electricidad (el resto del país suministra treinta gigavatios), lo que ha convertido a la región en un punto caliente para las industrias de energía verde. Sin embargo, la electricidad generada en la reserva de La Guajira en los últimos años no ha llegado a las comunidades locales.
Más del 96% de Colombia tiene acceso a la electricidad, pero en las regiones rurales de La Guajira, donde se encuentran la mayoría de los aerogeneradores, esa cifra no llega al 5%. Aunque los aerogeneradores son mucho menos agresivos para el medio ambiente que las fuentes tradicionales de energía, lo cierto es que han acabado con aves y murciélagos, afectando al ecosistema de la región. Y es que las industrias de energía verde propiedad de corporaciones europeas o estadounidenses, a pesar de lo que digan, siguen siendo extractivas: solo se preocupan por los beneficios que pueden extraer de la región y se muestran escasamente dispuestas a compartir la riqueza, contratar o negociar con las comunidades indígenas locales.
Para rectificar esta situación, el gobierno de Gustavo Petro ha creado el Pacto por la Transición Energética Justa, un abandono del carbón y otros minerales extractivos en favor de energías renovables que beneficien a las comunidades locales. El pacto es el resultado de negociaciones entre el gobierno, doce empresas energéticas privadas y los líderes de más de doscientas comunidades wayúu. Creará casi cien nuevos proyectos de energía renovable, incluidos cincuenta y tres parques de generación eólica y once de energía solar. También instalará cincuenta millas de cables para distribuir energía por toda La Guajira. Además, el Estado proporcionará paneles solares y baterías a las comunidades. Como parte del pacto, todas las licencias concedidas a las empresas estarán sujetas al escrutinio de las comunidades wayúu, que tendrán voz y obtendrán una parte de los beneficios económicos derivados de la generación de energía en su desierto.
Tanto la promoción por parte del gobierno de las energías renovables como su compromiso de dar prioridad al uso del agua de la región para el consumo humano tienen como objetivo disminuir los daños de la minería del carbón en la región. Si el pacto de Petro tiene éxito, comenzará a corregirse una injusticia histórica y las comunidades indígenas locales tendrán por fin la oportunidad de disfrutar de la riqueza y el bienestar que les proporciona su propio territorio.
