¿Recuerdan el horrible trato que el gobierno de Estados Unidos da a los migrantes? Durante unos cuatro años, ningún tema fue más importante. Los «niños en jaulas» y otras monstruosidades, que fueron ampliamente y a menudo incorrectamente presentadas como innovaciones de Donald Trump, sirvieron como forraje perpetuo para las noticias. Eran un presagio del incipiente fascismo estadounidense, marcaban al propio Trump como un futuro dictador fascista y constituían uno de los tres o cuatro principales ultrajes utilizados por los partidarios demócratas para subrayar la urgencia moral de votar a Joe Biden sin importar más nada.
Pues bien, Biden ya es presidente desde hace casi diez meses. Veamos cómo le ha ido en el tema.
En abril analicé los movimientos de Biden en materia de inmigración y descubrí que, después de sus primeros cien días críticos, había continuado más o menos la política de inmigración de Trump con algunos de sus bordes más toscos suavizados. El veto racista a los musulmanes había desaparecido, se había restablecido la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), Biden estaba reuniendo a las familias migrantes separadas y había derogado la norma de «carga pública» para los titulares de la green card.
Pero su administración también había mantenido en vigor la orden ilegal del Título 42 de Trump para expulsar sumariamente a los migrantes (con un retoque significativo pero limitado), su rescisión de la política de Trump de Permanecer en México estaba llena de agujeros y era lenta de rectificar, los niños seguían siendo mantenidos en las famosas jaulas, las familias seguían siendo separadas en la frontera y la gente seguía siendo deportada injustamente.
Eso fue hace siete meses. ¿Cómo han cambiado las cosas desde entonces?
Nueva normalidad
Por desgracia, para todos los que esperaban que Biden cumpliera su promesa de restaurar la mítica normalidad anterior a Trump, las cosas han continuado en gran medida en la misma dirección en materia de inmigración. Se dice que Biden teme la reacción política de alejarse de las políticas de Trump, por lo que ha mantenido el Título 42 en su lugar, renovándolo en agosto y defendiendo activamente su muy dudosa legalidad en los tribunales. Y digo muy dudosa porque al permitir que las autoridades simplemente expulsen sin el debido proceso a cualquier persona que aparezca en la frontera —aparentemente para proteger la salud pública, evitando que estos migrantes lleguen y propaguen el coronavirus en el país— les están negando el derecho de asilo, una violación inequívoca de la ley de inmigración estadounidense.
El Título 42 puede haber sido una idea del supremacista blanco y actual asesor de Trump, Stephen Miller, pero ahora es la política de Biden. Las estadísticas oficiales del CBP muestran que de los 1,24 millones de personas expulsadas a través del Título 42 desde marzo de 2020, cuando Trump lo puso en marcha, hasta septiembre de 2021, la gran mayoría (más de 793 mil) fue expulsada a partir de febrero de 2021, el primer mes completo de Biden como presidente.
Muchas veces, estos migrantes simplemente intentan cruzar de nuevo y luego son expulsados de nuevo, lo que en parte explica que estas cifras sean tan altas. Pero en muchos casos, la administración los está enviando a ellos o a sus hijos a la muerte o a una violencia indescriptible. A finales de octubre, Human Rights First descubrió que, desde que Biden asumió el cargo, se habían producido al menos 7647 casos de ataques, secuestros, robos, violaciones y otros crímenes contra personas que habían sido expulsadas en virtud de la orden.
La política irrumpió en la conciencia pública este mes de septiembre, cuando Biden la utilizó para ocuparse de miles de inmigrantes haitianos. Su administración expulsó a casi cuatro mil personas a Haití en solo nueve días, casi la mitad de ellas familias, muchas de las cuales habían estado viviendo en varios países sudamericanos los años anteriores y cuyos hijos habían nacido en esas naciones en lugar del país al que ahora eran enviados.
Las imágenes y el vídeo de los agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), con sombreros de vaquero, montando a caballo hacia los migrantes haitianos y azotándolos claramente con sus riendas se hicieron virales, generando rápidamente una metacontroversia en la derecha, con los conservadores alegando que los agentes nunca habían tenido látigos reales y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, diciendo que Biden pensaba que la imagen era «horrorosa» e insistiendo en que «no representa a la administración de Biden y Harris». La Casa Blanca prohibió rápidamente el uso de caballos en la zona y siguió expulsando a miles de haitianos.
El descontento con esta política no ha dejado de aumentar. En septiembre, el enviado especial de Estados Unidos a Haití dimitió, diciendo que «no se le asociaría con la decisión inhumana y contraproducente de Estados Unidos de deportar a miles de refugiados haitianos e inmigrantes ilegales a Haití», señalando la incapacidad del «colapsado» gobierno haitiano «de proporcionar seguridad o servicios básicos». Poco después le siguió el asesor del Departamento de Estado Harold Koh, que calificó de «ilegal» e «inhumano» el uso del Título 42 por parte del gobierno, alegando que «existen alternativas legales y más humanas». Fuera del gobierno, más de un centenar de organizaciones que trabajan con migrantes y ciento cincuenta organizaciones católicas han pedido al presidente que ponga fin a la orden.
La permanencia en México sigue vigente
Otro gran punto de discordia con los grupos de defensa de los inmigrantes ha sido la mencionada política de Permanencia en México, también conocida con el término orwelliano de Protocolos de Protección a los Migrantes (MPP). En este caso, la administración se vio obstaculizada por las impugnaciones legales a sus esfuerzos, y los tribunales le ordenaron restablecer la política en agosto, aunque los defensores de la inmigración e incluso los asesores demócratas han insistido durante mucho tiempo en que la administración tiene soluciones.
Con los MPP, los solicitantes de asilo no esperan a ser procesados desde la seguridad de Estados Unidos. En su lugar, son enviados de vuelta a México para esperar el resultado de su caso, donde son vulnerables a las fuerzas de seguridad del país, a los cárteles y a otros criminales o, en muchos casos, son enviados de vuelta a la misma fuente de peligro de la que buscaban asilo en primer lugar. El coste humano de esta política ha sido similar al del Título 42: en agosto, Human Rights First había documentado al menos 6356 casos de secuestros, agresiones sexuales y otros actos de violencia contra las personas enviadas a México en virtud de esta política.
La frustración acabó por desbordarse el mes pasado, después de que una presentación nocturna de la administración revelara que se estaba preparando para restablecer el programa en noviembre. Ello provocó que decenas de defensores de la inmigración organizaran un abandono virtual de los funcionarios de Biden en señal de protesta, quejándose de «tener que sacar cuchillos metafóricos de nuestra espalda» y de que fueron «embaucados al pensar que esta iba a ser la mejor opción», cuando «en realidad es peor».
Contradicciones
Biden ha decepcionado a los defensores de los inmigrantes de otras maneras menos notorias. Una combinación de la prohibición de visados para inmigrantes de Trump, la pandemia, los arcaicos sistemas de tramitación de Estados Unidos y la incapacidad de su administración para rectificar todo esto significa que permitió que al menos 100 000 plazas de employer-based green card (tarjetas verdes basadas en el empleador) quedaran sin utilizar, en lo que el libertario David Bier, del Instituto Cato, llamó «uno de los mayores recortes a la inmigración legal en la historia de Estados Unidos».
Por un lado, la administración ha empezado a revisar y revertir muy lentamente algunas deportaciones muy concretas ordenadas bajo el mandato de Trump y ha ampliado el Estatus de Protección Temporal a miles de inmigrantes que temen correr peligro si regresan a sus países de origen. Por otro lado, Biden ha acelerado la deportación de familias solicitantes de asilo, alcanzando un ritmo aún más rápido que el de Trump. Y al nombrar nuevos jueces de inmigración, ha recurrido únicamente a fiscales, militares y funcionarios de inmigración.
Las detenciones de inmigrantes indocumentados han caído a la cifra más baja en una década, y Biden ha puesto límites tanto a los lugares en los que los agentes pueden realizar detenciones como a qué tipo de inmigrantes se dirigen. Sin embargo, también ha defendido en los tribunales numerosas políticas restrictivas de Trump, cuyo objetivo es reducir el número de inmigrantes documentados que entran por rutas legales, y su administración está creando una célula de recogida de información para identificar y vigilar los grandes movimientos de inmigrantes que llegan desde el sur de la frontera.
Mientras tanto, las condiciones de detención que provocaron tanta indignación bajo el mandato de Trump continúan: un informe de Amnistía Internacional EE. UU. publicado en junio determinó que la administración sigue confiando en una política general de detención masiva para quienes aparecen en la frontera, política en la que los migrantes son mantenidos en condiciones miserables y abusivas. Esto incluye a los «niños en jaulas», que en su día fueron un símbolo de las brutales políticas de Trump. El grupo de defensa de los inmigrantes RAICES (el Centro de Refugiados e Inmigrantes para la Educación y los Servicios Legales) encontró «niños mantenidos en habitaciones similares a jaulas» por un contratista en una instalación de Pecos, Texas, solo una de las muchas formas de maltrato que llevaron al presidente del grupo a llamarlo «entre los más duros y restrictivos de cualquier instalación de ORR [Oficina de Reasentamiento de Refugiados] o ICE [Inmigración y Aduanas] que he visitado en mi carrera».
A veces, Biden parece no ser consciente de las políticas de su propia administración. Cuando se le preguntó sobre las noticias de que el gobierno estaba buscando pagar 450 000 dólares a las familias migrantes cuyos hijos habían sido robados por Trump, Biden calificó los informes de «basura» e insistió: «Eso no va a suceder». El editor ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles especuló que Biden no había sido informado, y un día después la Casa Blanca dio marcha atrás.
Emular a Trump no ha dado todavía muchos beneficios políticos. El enfoque de Biden es regularmente atacado por la derecha nativista como una política de «fronteras abiertas». Incluso Henry Cuellar, un demócrata de Texas, denunció a mediados de año que «la visión más de “fronteras abiertas” está ganando en la Casa Blanca».
Un espejismo fronterizo
El historial de inmigración de Biden como presidente es una historia familiar de retroceso liberal que avanza hacia los objetivos de la extrema derecha. Aunque ha revertido algunas de las medidas más escandalosas de Trump y ha realizado algunos pequeños pero significativos ajustes en la maquinaria de deportación del país, el régimen que Trump remodeló a su imagen y semejanza sigue en gran medida vigente, y Biden incluso ha superado a su predecesor en algunos aspectos.
El mayor cambio es que, aunque los defensores de la inmigración, cada vez más desilusionados, mantienen su presión sobre el gobierno, la furia de veinticuatro horas al día de muchos sectores liberales contra lo que una vez fue la parte más controvertida de la agenda de Trump en gran medida se ha disipado. Las cosas han vuelto a ser como eran bajo Barack Obama, con los liberales y los conservadores invertidos emocionalmente en la misma imagen ficticia de un presidente demócrata que ayudaron a crear conjuntamente: un líder audazmente proinmigrante, incluso radical, que está abriendo las puertas de la nación a todos los que vienen.
Sin pasearse él mismo montado a caballo vigilando la frontera —e incluso haciéndolo— es dudoso que Biden pueda convencer a la extrema derecha. Queda por ver cuánto tiempo podrán los votantes demócratas seguir mintiéndose a sí mismos.
