Lo primero les resultará familiar. Luego de unas elecciones en las que el recuento de una cantidad desproporcionada de votos liberales enviados por correo hizo desaparecer la ventaja inicial de Trump y dejó a su contrincante, Joe Biden, en el primer puesto, Trump hizo justo lo que muchos habían predicho que haría: se negó a admitir la derrota, alegó fraude y otros chanchullos y dedicó las semanas siguientes a atizar la locura de sus simpatizantes. Esto terminó, según su propio deseo y el de sus aliados, con una multitud enardecida –entre la que había agentes policiales y militares– que tomó el Capitolio de EE. UU., ostensiblemente con el objetivo de detener la validación oficial del resultado y mantener a Trump en el poder. En el proceso, dañaron el edificio sagrado, asustaron a los legisladores y tal vez mataron a un oficial de policía (las otras cuatro personas que murieron eran parte de la revuelta). Pero dado que aparentemente ni siquiera los mismos participantes sabían lo que querían, la medida fracasó y Biden se convirtió en presidente.
Rebobinemos catorce meses hasta llegar a los acontecimientos de Bolivia. Luego de unas elecciones en las que el recuento tardío de los votos provenientes de las zonas rurales y de las tierras altas acrecentó la ventaja inicial del presidente de izquierda Evo Morales hasta superar el umbral para evitar la segunda vuelta, la oposición de derecha se negó a admitir la derrota, alegó fraude y otros chanchullos y dedicó las semanas siguientes a atizar la locura de sus simpatizantes. Esto terminó con multitudes enardecidas en todo el país que, con el apoyo de la policía, atacaron a los políticos del Movimiento al Socialismo, prendieron fuego las urnas afuera de las sedes designadas para el escrutinio e incluso irrumpieron en la casa de Evo Morales, saquearon e incendiaron edificios y dejaron al menos una decena de muertos. Una vez sembrada la inestabilidad política, los militares bolivianos presionaron a Morales a dimitir, mientras Jeanine Áñez, fundamentalista cristiana de extrema derecha, se declaraba a sí misma presidenta interina de manera ilegal en un Senado que carecía del quórum constitucionalmente necesario.
A pesar de las semejanzas, e independientemente de que las consecuencias fueron mucho peores en Bolivia, los medios estadounidenses cubrieron los dos acontecimientos de formas muy distintas. Mientras que el éxito de la extrema derecha boliviana al anular la elección y derrocar a un gobierno democrático despertó un amplio sentimiento de aprobación, que abarcó desde la celebración de algunos hasta el cauteloso optimismo de otros –sin contar la espeluznante alabanza a la «victoria de la democracia»–, Trump y el Partido Republicano, luego de copiar casi al pie de la letra el mismo libreto, inspiraron en esos mismos sectores semanas de pánico y denuncias feroces.
La divergencia se prolonga hasta la actualidad. La presión de las masas forzó al gobierno golpista de Áñez –que rápida y violentamente dejó caer su mano dura sobre aquellos que protestaron y persiguió a disidentes y oponentes políticos– a realizar las elecciones que estaba retrasando y que llevaron al MAS de nuevo al poder y a ella a la cárcel por el rol que desempeñó en el golpe. Del mismo modo en que la prensa le levantó los pulgares al aplastamiento de la democracia en Bolivia antes de escandalizarse durante semanas cuando la derecha intentó hacer lo mismo en el Capitolio de EE. UU., la respuesta frente al arresto de Áñez revela una posición que solo puede ser definida como una asombrosa falta de conciencia o una hipocresía descarada.
Tomemos al Washington Post. «El gobierno boliviano toma un rumbo ilegal. Su democracia debe ser preservada», se leía en el titular de una editorial reciente que acusaba al presidente Luis Arce de ejercer un «estilo de liderazgo unilateral y vengativo». Colocando la palabra «golpe» entre unas escépticas comillas, reconocía la «violencia a veces mortífera» que Áñez impulsó contra de los simpatizantes del MAS cuando fue presidenta, pero concluía que Bolivia asumía nuevamente un «rumbo ilegal» al arrestarla, rumbo que «presagia más caos, si no la guerra civil y la dictadura abierta».
Pero cuando se trataba Trump, el Post parecía defender el mismo tipo de rumbo ilegal. Una selección de titulares del Washington Post tras la revuelta: «Trump puede y debe ser procesado»; «Procesar a Trump por la revuelta del Capitolio será difícil, pero no imposible»; «Procesar a Trump es más necesario que nunca».
En el último se leía: «Si el Senado no revoca su cargo, debería bastar una condena. Trump debe ser declarado culpable».
Es difícil entender por qué la revuelta incitada por Trump debería inspirar más repugnancia que la que dirigió la derecha boliviana, que fue mucho más violenta y destructiva.
Un artículo de George Conway, cofundador de Lincoln Project, reconoció el riesgo de iniciar un ciclo de venganzas políticas, pero concluyó que «conferirles a los expresidentes una inmunidad absoluta frente a cualquier proceso también socavaría el Estado de derecho». Y, a pesar de que el consejo editorial nunca iría tan lejos, apenas un día después del incidente hizo un llamamiento a utilizar al 25a Enmienda para sacar inmediatamente a Trump del gobierno, y afirmó que había dejado de ser apto para el cargo luego de incitar a una multitud violenta a «asaltar el Capitolio de EE. UU.».
Es difícil entender por qué la revuelta incitada por Trump debería inspirar más repugnancia que la que dirigió la derecha boliviana, que fue mucho más violenta y destructiva.
Mientras el consejo editorial repetía los argumentos de la derecha boliviana, insistiendo en la evidencia del fraude y caracterizando la anulación de las elecciones como un «rechazo masivo del pueblo boliviano en las calles», al diario no le faltaban palabras estridentes y coloridas para los manifestantes de derecha que intentaron anular las elecciones en su propio país: una «banda sediciosa», el «ataque mortífero de una multitud descontrolada», un «golpe de Estado fallido», un «asedio», un «golpe contra la democracia mundial» y, por supuesto, una «insurrección». El que actuaran bajo la «creencia equivocada» de que la «transferencia pacífica del poder» corría peligro, «no justifica el ataque al símbolo de nuestra democracia, la destrucción sin sentido de la propiedad pública y privada y la absoluta falta de respeto que mostraron frente a la ley y a los cuerpos policiales», se leía en una columna de opinión.
Tampoco temieron utilizar malas palabras, a pesar de que, al contrario de lo que sucedió en Bolivia, los militares no estuvieron involucrados. «Fuimos testigos de un intento de golpe de Estado», decía otra columna de opinión. Sin embargo, en términos generales, el diario se refirió al incidente con la fórmula del «autogolpe» o citó a los críticos de Trump para denunciar lo ocurrido.
La situación no fue distinta en el New York Times, que centró su informe sobre el arresto de Áñez alrededor de su propia denuncia de «persecución política». Definiendo a Morales como un líder «divisivo» (etiqueta que, si se tiene en cuenta la polarización reinante en el país, podría aplicársele a cualquier presidente estadounidense), el Times señaló que individuos anónimos habían «acusado a su gobierno de intentar falsear las elecciones» y sugirió que Arce estaba utilizando el Poder Judicial en contra de sus oponentes.
El Times probablemente no dirigiría la misma acusación a su propio consejo editorial. No obstante, inmediatamente después de la revuelta, declaró que Trump y sus simpatizantes debían ser «responsabilizados» por medio de un «impeachment o de un proceso penal» por toda la violencia que se desató ese día. Otro artículo, que esta vez no integraba ninguna columna de opinión, sugería que Trump debería ser acusado, aun si aceptaba que era probable que esto no sucediera. En otra parte, el diario repasaba fragmentos de entrevistas con los que al menos aprobaban tácitamente a los fiscales que buscaban tirarle encima a Trump algunos cargos penales por sus acciones.
A pesar de que el Times fue un poco más lejos que el Post –«muchos dijeron que se trataba de un golpe», afirmó luego del arresto de Áñez– su descripción de los acontecimientos de Bolivia nunca alcanzó la misma claridad moral ni el tratamiento apocalíptico que adoptaron los debates sobre las acciones equivalentes de Trump. El diario definió la revuelta de Trump de distintas maneras, entre las cuales cabe mencionar el «intento de golpe al estilo estadounidense», un «ataque», un «asedio», un «desmadre», e incluso una «guerra».
En contraste con la cobertura «imparcial» de las falsas acusaciones de fraude en las elecciones de Bolivia, cuando abordaron el mismo tipo de acusaciones fundadas sobre una diferencia finísima de votos, los miembros del consejo editorial no dudaron ni por un momento al decidir de qué lado estaba la verdad. Trump, sus aliados y los medios de derecha agitaron una campaña «para anular los resultados de unas elecciones libres y justas», escribieron, campaña que «involucró una cortina de mentiras sobre la integridad del proceso electoral» e incitó a una «multitud furiosa», todo lo cual se convirtió en «un asalto sin precedentes al Estado de derecho» y «un crimen tan descarado que es necesario exigir que los responsables rindan cuentas de la forma más radical».
Hasta el liberal Guardian entró en escena. Un artículo sobre el arresto de Áñez, titulado «Un ciclo de represalias lleva a la expresidenta de Bolivia del palacio al calabozo», citó a dos críticos de su arresto para definirlo como un «acontecimiento alarmante en un país profundamente dividido». A pesar de que el Guardian –hay que darle crédito– se refirió abiertamente a los hechos de noviembre de 2019 como un «golpe», cometió algunos errores curiosos al informar sobre sus consecuencias: los izquierdistas dicen que el golpe forzó la salida de Morales y el gobierno del MAS afirma que fue el golpe lo que llevó a Áñez al poder. En otra parte, el diario califica el arresto de la expresidenta de facto como parte de un «castigo a la oposición».
Estas eran descripciones muy opacas de una trayectoria que el mismo diario supo denunciar hace tiempo en relación con Trump, en algunos casos mucho antes de los acontecimientos del Capitolio. Un artículo de fines de diciembre parecía despreciar la idea de librar a un presidente de la responsabilidad por sus crímenes para satisfacer el interés de «sanar las heridas nacionales». Un artículo posterior, del columnista Robert Reich, exigía que Trump, uno de sus hijos y Rudy Giuliani fuesen arrestados y procesados por la revuelta del Capitolio y que se les prohibiera a muchos de sus aliados participar de nuevas elecciones. Tampoco acusaba el diario a los demócratas ni a otros antagonistas de Trump de incurrir en una política de «represalias» en los numerosos artículos que cubrían las posiblesperspectivas de que el anterior presidente enfrentara cargos penales.
Una de las fuentes del Guardian para criticar el arresto fue Human Rights Watch, que luego alertó sobre la «justicia vengativa» en una publicación propia. Hay que darle crédito a la organización de derechos humanos porque también criticó al gobierno de Áñez por muchas de sus medidas antidemocráticas. Pero en una publicación de febrero de 2021 titulada «El impeachment no es suficiente», declaró que «las autoridades federales y estatales tienen la obligación de dirigir investigaciones criminales exhaustivas y efectivas» contra Trump y otras actividades que atentan contra la democracia y «garantizar que los responsables rindan cuentas por ellas». ¿Por qué, entonces, el gobierno boliviano no tiene derecho a hacer lo mismo?
Hay un aspecto común en todo esto que merece una mención especial. Tanto el Post, el Times, el Guardian, e incluso Human Rights Watch le dieron crédito a la acusación de que los votos de Morales eran resultado de algún tipo de fraude. Se apoyaron en general sobre las denuncias derechistas de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuya afirmación de que hubo evidentes «manipulaciones» fue clave para deslegitimar la victoria de Morales y exasperar a sus oponentes. El hecho de que el director de la OEA es un aliado conservador de los Estados Unidos cuyo desempeño en la organización fue criticado por otros países latinoamericanos es algo que no se menciona.
Tampoco se les informa a los lectores que muchos estudios diferentes, algunos reproducidos en las páginas de estos mismos diarios, demostraron que la acusación de fraude es un disparate. Tal como señalaron los autores de un estudio de junio de 2020, no es solo que la afirmación de un «incremento masivo e inexplicable» de votos a favor de Morales en la que se basó la OEA daba cuenta de un error propio –porque, de forma vergonzante, había clasificado las marcas horarias del conteo de votos alfabéticamente y no cronológicamente–, sino que la forma en la que mejoró su margen de votos estaba completamente de acuerdo con el hecho de que las boletas que llegaron más tarde provenían de sus bastiones electorales, algo no muy distinto de lo que sucedió en las elecciones de EE. UU., en donde las últimas boletas hicieron que Biden se pusiera a la cabeza luego de varios días de intensa espera.
«Los investigadores comprenden por qué los últimos votos escrutados se dirigen de manera desproporcionada a favor de los demócratas en los Estados Unidos: los votantes jóvenes y no blancos son más proclives a emitir boletas provisionales y por correo, que en general se cuentan luego del día de las elecciones», escribieron entonces los autores. «Mientras los políticos y los comentaristas suelen apuntar al giro azul como evidencia de fraude, los académicos consideran que es predecible».
En otras palabras, aun después de la vergonzosa conducta poselectoral de Trump y del Partido Republicano que tanto los horrorizó –y a la que se refirieron como un crimen grave que podría requerir un proceso penal– estos diarios utilizan exactamente el mismo razonamiento de Trump y del Partido Republicano para seguir promoviendo cargos infundados de fraude en un país completamente diferente. Más absurdo todavía es que lo hagan mientras argumentan que –en Bolivia, no en Estados Unidos– procesar a una presidenta de extrema derecha que anuló la democracia mediante un golpe de Estado representa un alarmante atentado contra la democracia. ¿Qué se puede responder a esto?
Cuando comenzó el período Trump había expectativas de que, a medida que la prensa se volviera más combativa, estaría más dispuesta a llamar a las cosas por su nombre y menos dispuesta a regodearse en una objetividad fingida, dado que el discurso político había sufrido un vuelco importante. En cambio, todavía lidiamos con una casta política que se pasó cuatro años tratando de entender que Trump era malo y por qué. Nada más.
