La reciente oleada de protestas en Irán constituye uno de los desarrollos más significativos en la historia de la República Islámica. Aunque las autoridades iraníes impusieron un apagón de internet para contener el flujo de información, existen pruebas claras de que las fuerzas de seguridad del Estado mataron a varios miles de personas, una cifra muy superior a las víctimas registradas durante los levantamientos de 2009 o de 2022–23.
Por ahora, Donald Trump se replegó de la posibilidad de ordenar un nuevo ataque estadounidense contra Irán con la esperanza de precipitar la caída del régimen, pero esa postura podría cambiar en las próximas semanas o meses. Para comprender el significado de este último acontecimiento para la política interna iraní y para sus relaciones con Estados Unidos, es necesario situarlo en una perspectiva histórica de largo plazo que se remonta a la revolución de 1979.
La crisis de la embajada
Hace casi medio siglo, el 4 de noviembre de 1979, estudiantes seguidores del líder revolucionario iraní, el ayatolá Ruhollah Jomeini, se hicieron con el control de la embajada de Estados Unidos en Teherán y tomaron como rehenes a su personal, al que liberaron 444 días después, cuando Ronald Reagan asumió la presidencia estadounidense. Jomeini había llegado al poder pocos meses antes como líder indiscutido de un levantamiento popular que derrocó a Mohammad Reza Pahlavi, el sah o rey de Irán, quien había sido instalado en el trono en 1953 mediante un golpe militar orquestado por la CIA.
Sin embargo, a comienzos del invierno de 1979, Washington abandonó su política de apoyo incondicional al sah. El presidente Jimmy Carter instruyó a su embajador en Teherán para que le informara que había llegado el momento de abandonar el trono y salir del país. A las pocas semanas de la partida del sah, la monarquía se desintegró, mientras enviados estadounidenses negociaban en secreto con Jomeini y sus aliados más cercanos en París y Teherán una transferencia ordenada del poder.
En los meses transcurridos entre la proclamación oficial de la República Islámica en marzo de 1979 y la posterior toma de la embajada, las relaciones entre Washington y la naciente república fueron tensas pero cordiales. Bajo la supervisión de Jomeini, el jefe del gobierno provisional, Mehdi Bazargan, y miembros de su equipo mantuvieron en Teherán reuniones clandestinas con diplomáticos estadounidenses.
En esos encuentros se discutió cómo reconstruir las relaciones bilaterales, reestructurar las compras militares de Irán y recuperar el dinero —entre 10.000 y 12.000 millones de dólares— que el sah había depositado en bancos estadounidenses. También existió un intercambio sensible de información de inteligencia sobre la Unión Soviética y otros vecinos de Irán, hasta el punto de que la CIA llegó a informar a sus contactos iraníes sobre movimientos de tropas iraquíes en la frontera del país.
Mientras tanto, una heterogénea coalición de grupos y organizaciones islámicas de izquierda y marxistas ganaba peso político atacando con vehemencia los vínculos abiertos y encubiertos del gobierno provisional con Estados Unidos, a los que denunciaba como una traición al mandato antiimperialista de la revolución. Ese fue el trasfondo volátil de la toma de la embajada en Teherán, un acontecimiento que cambiaría el rumbo y el carácter de la Revolución iraní al enfrentarla con todo el poderío del coloso estadounidense.
La crisis de los rehenes en Irán selló el destino de la presidencia de Jimmy Carter, quien impuso de inmediato sanciones comerciales integrales contra Irán y luego ordenó una fallida operación militar de rescate. Aunque el sah y los activos iraníes congelados no fueron devueltos, la confrontación con Estados Unidos sirvió al objetivo más importante de Jomeini: consolidar su dictadura clerical, marginando a la izquierda y canalizando la movilización popular antiimperialista en lo que denominó una «Segunda Revolución».
Guerra con Irak
A largo plazo, sin embargo, la confrontación de Jomeini con Estados Unidos, calificada como «el antiimperialismo de los necios» por el académico marxista Fred Halliday, tuvo consecuencias desastrosas para Irán. Le granjeó una profunda enemistad por parte del gobierno y la opinión pública estadounidenses, al tiempo que le dio al dictador iraquí Saddam Hussein la oportunidad de invadir una República Islámica aislada a nivel internacional.
La guerra entre Irán e Irak se extendió durante ocho años, de 1980 a 1988, y provocó más de un millón de víctimas, además de un costo superior al billón de dólares. Cuando Irán recuperó los territorios perdidos y pasó a la ofensiva en 1982, Estados Unidos incrementó su apoyo a Irak. Al mismo tiempo, sin embargo, Washington armó en secreto a Teherán (violando la legislación estadounidense), en el marco de un proyecto clandestino cuya revelación casi destruyó la presidencia de Reagan.
Estados Unidos aplicó una política cínica destinada a mantener el equilibrio militar entre ambos adversarios, prolongando la guerra para desgastar tanto a Irán como a Irak. Como lo expresó sin rodeos un agente de la CIA: «Solo queríamos que se hicieran pedazos entre ellos». Israel también intervino siguiendo el mismo manual, armando inicialmente a Irán cuando Irak llevaba la ventaja y alineándose más tarde con la política estadounidense de contención militar de las ofensivas iraníes.
Para 1988, la implicación estadounidense alcanzó el umbral de una intervención militar directa en favor de Irak. El golfo Pérsico fue escenario de la concentración de la mayor flota estadounidense desde la guerra de Vietnam, y los crecientes enfrentamientos con la marina iraní señalaron la disposición de Washington a una guerra total. Cuando finalmente Jomeini aceptó un alto el fuego, en 1988, gobernaba un país devastado y empobrecido, cuya estructura básica de poder y su ideología oficial se mantuvieron en gran medida intactas hasta el presente.
La República Islámica se configuró a partir de su enfrentamiento existencial con Estados Unidos, transformándose en un Estado fortaleza cuyos pilares principales fueron las instituciones de inteligencia y militares. Atribuyó brutalmente toda oposición interna a conspiraciones urdidas en Washington y Tel Aviv, mientras la guerra encubierta y abierta contra Irán por parte de ambos países ayudó a justificar la narrativa paranoica del régimen. La identificación del disenso con la traición tuvo un costo devastador para la sociedad iraní: miles de personas fueron ejecutadas o asesinadas en enfrentamientos callejeros, y decenas de miles padecieron encarcelamiento y torturas durante la primera década de la revolución.
Estado de guerra y bienestar
Sin embargo, el régimen no gobernó únicamente mediante la represión. Una década de revolución y guerra durante los años ochenta exigió políticas sociales y económicas que moldearon a la República Islámica como un «Estado de guerra y bienestar» [Warfare-Welfare State]. Hubo mejoras tangibles en salud, educación, electrificación y transporte, principalmente en las zonas rurales, una política que más tarde profundizaría la estratificación de clase y las demandas de inclusión política.
Mientras tanto, hacia el final de la guerra, el «Estado profundo» represivo y militarizado del régimen controlaba activos mayores que los de los sectores público y privado. La economía iraní pasó a estar dominada por conglomerados paraestatales, principalmente la Guardia Revolucionaria Islámica y unas pocas fundaciones poderosas que operaban bajo la supervisión del ayatolá Alí Jamenei, quien sucedió a Jomeini como líder religioso supremo tras su muerte en 1989 y continúa en ese cargo hasta el presente.
Propietarios o controladores de cientos de empresas, bancos, firmas de inversión e instituciones de bienestar, la Guardia y las fundaciones se adaptaron a décadas de severas sanciones económicas estadounidenses. De manera gradual, ampliaron sus ya opacas operaciones hacia la gestión de una economía en la sombra, experta en transacciones financieras clandestinas por miles de millones de dólares, la creación de empresas fantasma en el exterior, la manipulación cambiaria, el lavado de dinero y la venta encubierta de petróleo.
Así, las sanciones estadounidenses, supuestamente destinadas a debilitar a la República Islámica, contribuyeron a la creación de un poderoso Estado profundo iraní cuyos operadores clave y accionistas, eufemísticamente denominados «mercaderes de las sanciones», obtienen enormes beneficios al eludir el régimen sancionatorio. Al mismo tiempo, la oligarquía gobernante iraní forjó vínculos estructurales con el permanente rearme militar del país, en respuesta a las amenazas y ataques efectivos de Estados Unidos e Israel.
La primera década posterior a Jomeini estuvo marcada por una relativa distensión con Estados Unidos, con la administración Clinton flexibilizando en cierta medida las sanciones comerciales, aunque sin levantarlas por completo. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, la República Islámica se acercó discretamente a Estados Unidos y colaboró con su invasión militar de Afganistán. Teherán también celebró la eliminación de Saddam Hussein en 2003 por parte del presidente George W. Bush y coordinó con la ocupación estadounidense de Irak, donde obtuvo una influencia significativa como benefactor de la mayoría chií del país.
Estos acontecimientos desencadenaron una respuesta concertada de Israel, que llevó adelante una campaña exitosa para colocar a Irán en la cima de la lista del «Eje del Mal» integrado por los enemigos de Estados Unidos, debido al supuesto objetivo de un arsenal nuclear por parte de la República Islámica y a su patrocinio del terrorismo internacional. Si bien Israel y sus aliados en el gobierno estadounidense exageraron enormemente la amenaza militar iraní, la República Islámica impulsaba efectivamente su programa de energía nuclear hasta el umbral que le habría permitido fabricar una bomba.
De manera gradual, desarrolló un programa de misiles balísticos capaz de alcanzar no solo a Israel sino también a Europa, y construyó alianzas militares con el régimen de Bashar al Assad en Siria y con Hezbolá en el Líbano. Aunque Teherán justificó estas iniciativas como una disuasión necesaria frente a la amenaza de una invasión militar estadounidense o israelí, estas decisiones también reforzaron la imagen promovida por Tel Aviv de una República Islámica que exhibía su músculo militar, y potencialmente nuclear, más allá de sus fronteras.
De Obama a Trump
La presión política y económica estadounidense sobre Irán aumentó durante la primera década del nuevo siglo, alcanzando un nuevo pico durante el primer mandato presidencial de Barack Obama. Una vez en el cargo en 2009, Obama llegó en secreto a un acuerdo con Jamenei para resolver las preocupaciones en torno al programa nuclear iraní mediante negociaciones. Sin embargo, antes de que pudieran comenzar las conversaciones oficiales, Irán se vio sacudido por las mayores protestas masivas desde los primeros años de la revolución.
Ese fue el Movimiento Verde del verano de 2009, cuando millones de personas salieron a las calles para denunciar el fraude en las elecciones presidenciales. El régimen reprimió las protestas con violencia, matando a decenas de personas y causando cientos de heridos, aplastando así un movimiento popular que reclamaba un cambio democrático pacífico dentro de los márgenes de la República Islámica. En retrospectiva, la principal lección del Movimiento Verde parece haber sido que una reforma significativa dentro del marco de la República Islámica resultaba imposible. A partir de entonces, las protestas masivas serían espontáneas y sin liderazgo, y exigirían airadamente el derrocamiento del régimen.
Durante su segundo mandato, Obama reanudó las negociaciones con Teherán y en julio de 2015 logró un acuerdo histórico denominado Plan de Acción Integral Conjunto. Según este «acuerdo de Obama», Irán mantendría el enriquecimiento de combustible nuclear estrictamente dentro de los límites para usos pacíficos y permitiría inspecciones completas de sus instalaciones nucleares. A cambio, Estados Unidos, China, Rusia, Francia, el Reino Unido y Alemania se comprometieron a reducir las sanciones comerciales de manera gradual, con la posibilidad de reponerlas en cualquier momento si se comprobaba que la República Islámica incumplía sus obligaciones.
En el contexto de un aumento significativo de los ingresos petroleros de Irán, la reducción de las sanciones tuvo efectos tangibles inmediatos en la economía, que creció en promedio un 10 por ciento en 2016 y 2017. Sin embargo, ese crecimiento económico transitorio no revirtió la tendencia de largo plazo de deterioro del nivel de vida. Entre 2011 y 2019, cerca de diez millones de personas, aproximadamente el 15 por ciento de la población, cayeron en la pobreza.
Hacia fines de 2017, la frustración social acumulada estalló en disturbios violentos. Durante diez días, entre diciembre de 2017 y enero de 2018, se produjeron manifestaciones furiosas en más de cien ciudades. Las protestas se tornaron violentas cuando las multitudes corearon consignas contra el régimen y atacaron bancos, oficinas gubernamentales, comisarías y escuelas religiosas.
Se informó que entre veinticinco y cincuenta personas murieron y que varios cientos resultaron heridas antes de que las protestas fueran sofocadas. La mayoría de los manifestantes provenía de sectores pobres y de la clase media baja. A diferencia de las demandas reformistas del Movimiento Verde de 2009, reclamaban el derrocamiento de la República Islámica.
Elegido para su primer mandato en el contexto de estas protestas, Donald Trump, bajo fuerte presión de Israel, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, retiró a Estados Unidos del acuerdo nuclear de Obama en mayo de 2018. Aunque Irán cumplía plenamente con sus disposiciones, Trump sostuvo que podía forzar un «mejor acuerdo» con Teherán, algo que no ocurrió.
Bajo las sanciones de «máxima presión» impuestas por Trump, la economía iraní se contrajo en más de un 10 por ciento, mientras la pobreza aumentó en una proporción similar. La inflación se descontroló, con precios de los alimentos que subieron un 200 por ciento y costos de atención médica que aumentaron un 125 por ciento. Todos los datos disponibles muestran que, durante la década 2015–2025, el nivel de vida de las clases medias y bajas iraníes cayó de manera significativa.
Mujer, vida, libertad
Décadas de sanciones estadounidenses contribuyeron sin duda al empobrecimiento de los iraníes comunes, aunque no fueron su única causa. Además, lejos de mejorar las perspectivas democráticas de Irán, las sanciones estadounidenses e internacionales las socavan al empujar a la República Islámica a reforzar su mentalidad de Estado sitiado y a volverse aún más represiva.
Mientras tanto, el descontento popular en Irán se intensificó y se volvió más frecuente, con protestas significativas cada dos o tres años durante la última década. En noviembre de 2019, alrededor de doscientos mil manifestantes, en su mayoría de sectores populares, se movilizaron en todo el país tras el aumento de los precios de la energía y el recorte de subsidios a los pobres. Atacaron e incendiaron oficinas gubernamentales y solo fueron contenidos cuando las fuerzas de seguridad desplegaron fuego de ametralladoras, tanques y helicópteros, causando varios cientos de víctimas.
Las protestas masivas estallaron nuevamente en septiembre de 2022 y se prolongaron hasta el invierno de 2023, dejando más de quinientos muertos y 20.000 detenidos. Se trató del levantamiento «Mujer, vida, libertad», que, además de su duración e intensidad excepcionales, presentó rasgos nuevos, como el papel protagónico de las mujeres jóvenes, la unidad entre manifestantes de clase media y trabajadora, y el desplazamiento del epicentro radical hacia las provincias.
Las protestas también fueron completamente seculares y, en ocasiones, anticlericales. Aunque la movilización fue abiertamente antirrégimen, la falta de un liderazgo unificado, de organización y de demandas políticas claras constituyó una debilidad central.
Esto nos lleva al trasfondo inmediato de las protestas de enero de 2026, es decir, a los principales acontecimientos de los últimos tres años. La administración Biden no logró reactivar una versión del acuerdo de Obama, sin duda debido a su alineamiento con Israel, cuyo genocidio del pueblo palestino Joe Biden respaldó plenamente en los planos militar, financiero y diplomático.
Tras responsabilizar a Irán por el ataque de Hamas de octubre de 2023, Israel bombardeó la embajada iraní en Damasco en abril de 2024. Luego de años de abstenerse de una represalia directa frente a los ciberataques israelíes y los asesinatos de científicos y personal militar, la República Islámica respondió finalmente con ataques con misiles y drones contra objetivos militares dentro de Israel. Ambos países estaban ahora en guerra.
En julio de 2024, Israel elevó la apuesta al asesinar en Teherán al líder político de Hamas, Ismail Haniyeh. La respuesta de la República Islámica llegó en octubre, con una andanada de misiles balísticos lanzados contra objetivos israelíes, la mayoría de los cuales fue interceptada por el sistema Cúpula de Hierro de Tel Aviv, la Marina estadounidense y las defensas aéreas jordanas. Más tarde ese mismo mes, Israel respondió con tres oleadas de ataques contra veinte objetivos en Irán, dirigidos contra baterías de defensa aérea y sitios de producción de misiles balísticos. El ataque involucró a más de cien aeronaves israelíes, algunas de las cuales penetraron el espacio aéreo iraní, y todas regresaron a sus bases sin sufrir daños.
Al mismo tiempo, durante 2024, los golpes letales infligidos por Israel contra Hezbolá en el Líbano y Hamas, así como el colapso del régimen de Assad en Siria, quebraron el llamado Eje de la Resistencia, una red de alianzas político-militares que Irán había contribuido a construir alrededor de Israel a un alto costo. Tras perder a sus aliados regionales, la República Islámica quedó mucho más expuesta a ataques militares directos por parte de Israel y de Estados Unidos.
La guerra de los doce días
El equilibrio de fuerzas se inclinó aún más en contra de Irán cuando Trump fue reelegido y le escribió a Jamenei proponiendo negociaciones, una oferta que Teherán aceptó. Trump fijó un plazo de sesenta días para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear. El 13 de junio de 2025, un día después de vencido ese plazo, Israel lanzó una ofensiva masiva de ciberataques y bombardeos aéreos sobre Irán. Atacó sitios militares sensibles e infraestructura nuclear y asesinó a decenas de altos mandos militares y de inteligencia, así como a científicos que trabajaban en el programa nuclear.
Israel también bombardeó objetivos civiles, incluida la infraestructura energética de Irán, hospitales, barrios residenciales y el edificio de la radiodifusión estatal. Del lado iraní se informaron cerca de cinco mil víctimas, con más de mil muertos, entre ellos cientos de civiles. La República Islámica respondió enviando cientos de misiles balísticos y drones hacia Israel, la mayoría de los cuales fueron interceptados, aunque algunos lograron atravesar las defensas israelíes y estadounidenses, impactando en objetivos militares y provocando cientos de víctimas y algunas decenas de muertos, en su mayoría civiles.
El 22 de junio, Estados Unidos se sumó directamente a la guerra, llevando a cabo un bombardeo aéreo de largo alcance altamente complejo, en el que lanzó doce bombas «antibúnker» de treinta mil libras sobre tres sitios nucleares iraníes. Cuando la guerra estadounidense-israelí contra Irán concluyó con un alto el fuego tras doce días, la República Islámica declaró la victoria, aunque en los hechos el régimen había quedado gravemente dañado y perdió rápidamente cualquier simpatía que pudiera haber suscitado entre una población iraní sometida a los bombardeos enemigos.
En el inmediato período posterior a la guerra, proliferaron declaraciones públicas y cartas abiertas que reclamaban un «cambio de paradigma en el sistema de gobierno». Esos pronunciamientos provinieron de académicos, activistas de derechos humanos y de la sociedad civil, abogados, ex presos políticos y presos actuales, sindicalistas, organizaciones de mujeres, grupos étnicos y nacionales reprimidos, y disidentes purgados del propio régimen.
Todos coincidían en varios puntos clave: la liberación de los presos políticos; la libertad para formar partidos y asociaciones; el fin del control estatal de los medios de comunicación; la transferencia al gobierno de los enormes activos económicos controlados por el Líder Supremo y las instituciones no electas; y el cese de la participación de las instituciones militares, principalmente los Guardianes de la Revolución, en los asuntos económicos. Todos los documentos también condenaban el ataque estadounidense-israelí contra Irán y rechazaban la perspectiva de un «cambio de régimen» mediante intervención extranjera o una insurrección violenta.
Esta podría haber sido la oportunidad perfecta para que un régimen acosado por un creciente descontento social, una economía al borde del colapso y poderosos enemigos a las puertas al menos insinuara una apertura hacia algún tipo de cambio estructural pacífico. Pero nada de eso ocurrió. Negándose a asumir responsabilidad por los dilemas extremos del país, Jamenei redobló la apuesta y se limitó a reiterar su gastada retórica de desafío.
El 28 de diciembre estallaron protestas y huelgas en el bazar de Teherán tras una brusca caída del tipo de cambio de la moneda iraní, que lleva años en permanente depreciación. Esto ocurrió en el contexto de una espiral inflacionaria de al menos 40 por ciento, escasez de electricidad, agua y gas, contaminación atmosférica tóxica, deterioro de las condiciones de vida de las clases medias y trabajadoras, y una continuidad de huelgas rotativas de trabajadores, docentes y jubilados.
Represión sin precedentes
Como en ciclos anteriores, las protestas se propagaron e intensificaron rápidamente, involucrando pronto a cientos de miles de personas en todo el país. Imágenes digitales de multitudes enfurecidas se difundieron a nivel global, lo que llevó al gobierno a cerrar internet y aislar al país del resto del mundo, como ya había hecho durante protestas anteriores.
En un primer momento, Jamenei respondió con una combinación de conciliación y amenazas, declarando que el régimen escucharía las «quejas» de la población, pero que no toleraría «disturbios». También afirmó que agentes estadounidenses e israelíes se encontraban entre los manifestantes, intentando empujarlos hacia la confrontación violenta. La cuestión de la violencia se volvió entonces central, ya que la mayoría de las consignas eran inequívocamente antirregimen y muchas reclamaban su derrocamiento. También hubo informes de ataques violentos contra oficinas gubernamentales, mezquitas y personal de seguridad, aunque no estaba claro quiénes eran los responsables.
Mientras tanto, las fuerzas gubernamentales disparaban contra las multitudes, causando primero decenas de víctimas, luego cientos y finalmente miles de muertos. Esta última cifra fue confirmada por el propio Jamenei, quien afirmó que un número no especificado de las víctimas pertenecía a las fuerzas del gobierno. La cifra espeluznante de miles de muertos entre los manifestantes no tiene precedentes incluso según los brutales estándares de la República Islámica.
Otro rasgo inédito de las protestas recientes fue la aparición de consignas a favor de la monarquía como alternativa a la República Islámica. Durante décadas, el monarquismo, encarnado por Reza Pahlavi, hijo del rey depuesto de Irán, fue un fenómeno mayormente limitado a la diáspora iraní, especialmente en Estados Unidos, donde constituye una corriente marginal más que popular. Además, Reza Pahlavi está abiertamente alineado con los sectores más derechistas de Estados Unidos e Israel, representados por Trump y Benjamin Netanyahu.
En los últimos años, su mensaje ganó resonancia dentro de Irán gracias a canales de televisión satelital en lengua persa que son ampliamente considerados financiados por los gobiernos de Arabia Saudita, Israel y Estados Unidos, o por donantes individuales de esos países. Lejos de ser unánimes en las protestas recientes, las consignas monárquicas están vinculadas a la influencia extranjera, especialmente porque Reza Pahlavi defiende abiertamente la intervención estadounidense e israelí en Irán. Saludó el ataque del verano pasado contra su país y favorece claramente el apoyo militar extranjero para derrocar a la República Islámica.
Consignas como «Viva el sah» parecen funcionar más como bofetadas retóricas de enojo contra el régimen actual que como adhesiones programáticas a la monarquía. Sin embargo, el reciente auge del monarquismo, incluso si (y especialmente porque) cuenta con el respaldo de los gobiernos de Estados Unidos e Israel, debe ser tomado en serio y no descartado como una mera ilusión reaccionaria. No existe ninguna alternativa política comparable fuera de Irán, mientras que la República Islámica durante décadas impidió sistemática y violentamente la emergencia de cualquier alternativa dentro del país, incluso entre sus propias facciones reformistas.
Una tarea desalentadora
Aunque las protestas fueron contenidas por la fuerza, persiste el impasse político que la República Islámica le impuso a una sociedad inquieta y ya desesperada. Superar este impasse requiere un cambio político significativo, algo que el régimen se niega categóricamente incluso a considerar. Tampoco las declaraciones de apoyo de Trump a los manifestantes tuvieron un impacto perceptible en el terreno en Irán, salvo en lo que hace a reforzar la mano represiva de un régimen que atribuye las protestas a la intervención estadounidense e israelí.
Mientras tanto, Trump intensifica su retórica contradictoria, insinuando ocasionalmente un cambio de régimen mediante una intervención militar directa de Estados Unidos. Se trataría de una perspectiva sumamente peligrosa, ante la cual la República Islámica podría responder atacando bases y aliados estadounidenses en el Golfo Pérsico, interrumpiendo el flujo global de petróleo y provocando un caos regional.
Existen indicios de que incluso Trump comprende las implicancias imprevisibles de una guerra a gran escala contra Irán, ya que admitió que cualquier alternativa viable a la República Islámica debe surgir desde dentro del país. Al mismo tiempo, delinear los contornos básicos de una hoja de ruta viable para salir del horrible impasse actual sigue siendo la tarea desalentadora del pueblo iraní y de sus aliados internacionales progresistas.
