El martes pasado, la Comisión Europea anunció que abandonará la prohibición prevista para 2035 de los autos nuevos con motor de combustión interna, tras la presión del gobierno alemán y de la industria automotriz. El anuncio llegó apenas unas semanas después de una votación en el Parlamento Europeo que debilitó la agenda climática general que el bloque había adoptado previamente. Pascale Piera, eurodiputada francesa de Rassemblement National, calificó esa votación como el inicio del «desmantelamiento del Pacto Verde».

Este golpe legislativo al paquete normativo aprobado por la Unión Europea en 2020 para hacer frente a la crisis ecológica pasó relativamente desapercibido para la mayoría de los europeos. Esto resulta bastante habitual, dado el carácter técnico de la regulación adoptada y la niebla de opacidad que cubre la mayoría de las decisiones tomadas en Bruselas. Sin embargo, la votación del mes pasado marcó un fuerte retroceso de la agenda verde de la UE, así como la señal más clara hasta ahora de que los partidos tradicionales ya no mantienen un cordón sanitario frente a la extrema derecha. El mayor bloque del Parlamento Europeo, el Partido Popular Europeo (PPE), de centroderecha, negoció los cambios legislativos con grupos parlamentarios de ultraderecha. Estas fuerzas, que van desde Vox en España hasta Konfederacja en Polonia y Alternative für Deutschland, obtuvieron un resultado récord en las elecciones europeas de 2024, asegurándose una cuarta parte de las bancas y aumentando considerablemente su influencia.

La regulación aprobada en noviembre se llamó Directiva Ómnibus. Impulsada por la Comisión Europea presidida por Ursula von der Leyen, busca «simplificar» las obligaciones que el Pacto Verde Europeo impone a las empresas. El objetivo es mejorar la «competitividad y eficiencia europeas», el mantra fundacional de la Unión, que consagra la «competitividad» como principio fundamental en el artículo 3 del Tratado de la UE. La Directiva Ómnibus recorta las obligaciones ambientales de las grandes empresas privadas de dos maneras. En primer lugar, reduce drásticamente el alcance de la Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa, que exige a las empresas publicar informes respaldados por evidencia sobre el impacto social y ambiental de sus actividades. Ahora, solo estarán obligadas a informar las empresas con más de 1750 empleados y una facturación superior a 450 millones de euros, lo que implica que el 92 por ciento de las compañías originalmente alcanzadas queda exento. Además, su entrada en vigencia se postergó hasta 2027.

La Directiva Ómnibus también debilitó la Directiva sobre Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa, con umbrales de aplicación aún más laxos: solo las empresas con más de cinco mil empleados y una facturación superior a 1500 millones de euros están obligadas a prevenir y remediar los impactos ambientales o en derechos humanos derivados de sus actividades. El eurodiputado polaco de ultraderecha Tobiasz Bocheński tenía razón cuando afirmó que el Pacto Verde Europeo «nunca había sufrido un revés tan grave». La alianza entre conservadores y extrema derecha para desmantelar el Pacto Verde se suma a los pasos más silenciosos que la Comisión viene dando desde 2024 para reducir las ambiciones ambientales de la UE.

Un retroceso silencioso

Bruselas también debilitó las medidas contra la deforestación y los requisitos ambientales de la Política Agraria Común (PAC), una política clave que absorbe más del 20 por ciento del presupuesto de la UE. En 2023, la Unión adoptó una ley para combatir la deforestación mediante la prohibición de importar materias primas vinculadas a la destrucción de bosques. Esta regulación, pionera a nivel global, colocaba la protección ambiental por encima del libre comercio, un principio tradicionalmente sagrado para las instituciones europeas. Sin embargo, la presión de la industria y de grupos parlamentarios conservadores retrasó su entrada en vigor hasta este mes, y se adoptó un acuerdo provisional para postergarla un año más. Mientras tanto, la deforestación continúa, agravando las crisis climática y de biodiversidad.

La Comisión Europea de Von der Leyen, de orientación conservadora pero integrada también por socialdemócratas, liberales y un representante húngaro de extrema derecha, impulsa además una flexibilización de los requisitos de sostenibilidad para acceder a los fondos de la PAC. Esta relajación se suma a los cambios aprobados en 2024 en medio de protestas de agricultores en varios países. La principal queja de los productores agrícolas y ganaderos, que bloquearon rutas y protestaron en gran parte de Europa, fue la dificultad para ganarse la vida, en gran medida debido a la competencia desleal habilitada por los acuerdos de libre comercio.

Por ese motivo, las organizaciones agrarias se oponen al acuerdo de libre comercio alcanzado en 2024 entre la UE y el Mercosur, el bloque sudamericano que incluye a Argentina y Brasil. El acuerdo también es rechazado por organizaciones ambientalistas, ya que aumentará las importaciones de carne vacuna y soja hacia Europa, incentivando la deforestación de la Amazonia y perjudicando a los productores europeos, sometidos a regulaciones más estrictas. La Comisión Europea podría haber respondido a las protestas congelando las negociaciones del acuerdo comercial, pero en cambio optó por relajar las normas ambientales que afectan a la agricultura y la ganadería. Después de todo, la competitividad (de las grandes corporaciones, cabe agregar) es un principio fundamental de la Unión; la protección ambiental y la calidad de vida de los agricultores no lo son.

El retroceso ambiental también se volvió evidente, aunque de manera más discreta, en la postura de la UE durante la más reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP30, celebrada el mes pasado en Belém, Brasil. Tradicionalmente, la Unión desempeñó un papel de liderazgo en estas cumbres, presionando a otros países para que adopten objetivos más ambiciosos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Esta ambición se vio facilitada por la enorme capacidad económica del bloque, que permite financiar con mayor facilidad políticas de descarbonización en comparación con países menos desarrollados, y por la deslocalización de gran parte de la industria europea hacia el sudeste asiático, responsable de una porción significativa de la reducción de emisiones domésticas de CO₂ de la UE en las últimas dos décadas. Al mismo tiempo, la defensa europea de grandes metas de reducción contrasta con su débil compromiso para financiar políticas de adaptación y mitigación en el Sur Global. En la COP29 de Bakú, Azerbaiyán, los países más desarrollados ofrecieron apenas 300 mil millones de dólares anuales para 2035, una cifra calificada como «abismalmente insuficiente» por los negociadores del Sur Global.

La delegación de la UE llegó a la COP de Belém con el compromiso de reducir las emisiones europeas de gases de efecto invernadero en un 90 por ciento para 2040. A primera vista, parece una meta ambiciosa, pero los Estados miembro, más divididos que nunca debido a la presencia de gobiernos de extrema derecha escépticos del cambio climático, solo lograron acordar una reducción para 2035 «de entre el 66,25 y el 72,5 por ciento». Además, el 5 por ciento de esa reducción puede lograrse mediante la compra de créditos de emisión a otros países, un mecanismo controvertido que no representa un recorte real de las emisiones de CO₂ y otros gases de las economías europeas. Detrás de la retórica verde que la Comisión mantiene en el escenario internacional se esconde un debilitamiento de las ambiciones climáticas de la UE, ahora acompañado por el desmantelamiento de la regulación ambiental europea.

La extrema derecha no está sola

El pacto del 13 de noviembre entre conservadores europeos y grupos ultranacionalistas fue, con razón, condenado como un precedente peligroso. Por ejemplo, la copresidenta del grupo de los Verdes lo calificó como «una señal de mierda para Europa, para la lucha contra el cambio climático… una muy mala señal para la cooperación en los próximos cuatro años». El Partido Popular Europeo optó por apoyarse en fuerzas más derechistas para aprobar la Directiva Ómnibus, a pesar de que la composición actual del Parlamento Europeo habría permitido una mayoría alternativa, de hecho más tradicional, junto con socialdemócratas, liberales y los propios Verdes, más comprometidos con las políticas climáticas.

Sin embargo, la preocupación por la ruptura del cordón sanitario que hasta ahora limitó el papel directo de la extrema derecha en el gobierno de la UE no debería ocultar una realidad más profunda. Fueron los propios partidos centristas europeos los que comenzaron a desandar elementos clave de la agenda verde, apenas unos años después de que el Pacto Verde Europeo fuera aprobado con entusiasmo. La alianza de conservadores, socialdemócratas y liberales tomó otras decisiones con efectos ecológicos desastrosos, como el acuerdo de libre comercio con el Mercosur o el debilitamiento de los criterios ambientales de la Política Agraria Común.

El entusiasmo que las élites de Bruselas y los líderes de los principales partidos mostraron en 2020 al aprobar el Pacto Verde Europeo se desplazó rápidamente hacia una agenda de carrera armamentista, en el contexto de la invasión rusa a Ucrania y de la creciente hostilidad de Donald Trump hacia la UE. En marzo, la presidenta de la Comisión, Von der Leyen, presentó el «Plan Rearmar Europa», que facilita las inversiones en defensa por parte de los Estados miembro; todos los países de la UE que integran la OTAN, excepto España, se comprometieron a destinar el 5 por ciento de su PBI a defensa para 2035. Este aumento astronómico implicaría un gasto militar adicional de 500 mil millones de euros por año. A modo de comparación: con una inyección de recursos de ese tamaño, la UE podría descarbonizar por completo su sector energético en cinco años, reduciendo drásticamente las emisiones y, de paso, su dependencia de países exportadores de combustibles fósiles. El pasaje del verde al gris de las armas no fue impulsado por la extrema derecha, sino por las élites gobernantes de Europa, tanto en Bruselas como en los principales gobiernos nacionales del continente.

El Pacto Verde Europeo fue concebido principalmente como un vehículo de inversión en el sector privado, sobre todo en energías renovables y vehículos eléctricos. Aunque su objetivo central era impulsar las ganancias corporativas, sí representó un paso importante en la medida en que contribuyó a la descarbonización de las economías europeas y a la reducción de su impacto ambiental. Sin embargo, el retroceso de la regulación ambiental desde 2024, combinado con la nueva carrera armamentista, confirma que esos objetivos climáticos quedan subordinados a la competitividad empresarial. Las inversiones del Pacto Verde siguen en pie, en un intento por disputar el liderazgo de China en las tecnologías necesarias para la transición energética. No obstante, los líderes europeos dejaron en claro que la prioridad actual es el rearme.

Si el Pacto Verde ofrecía una forma de keynesianismo verde, Von der Leyen y los gobiernos europeos encontraron un sustituto en el keynesianismo militar. Esto también ayuda a líderes impopulares como Emmanuel Macron a reforzar su legitimidad mediante una retórica beligerante y llamados a la unidad nacional frente al enemigo ruso. La extrema derecha en ascenso, ferozmente opuesta a la agenda verde, funciona en este sentido como un pretexto conveniente para que las élites europeas recorten políticas ambientales que habían aprobado en respuesta a las movilizaciones ecológicas de fines de la década de 2010.

Sin embargo, esta prioridad de colocar la competitividad empresarial por encima de cualquier preocupación social o ambiental no es exclusiva de la extrema derecha. De hecho, forma parte del ADN constitucional de la Unión Europea. Es el principio que guió durante décadas a la gran coalición de conservadores, liberales y socialdemócratas, con pocas excepciones. La escasa visibilidad mediática de los debates legislativos en Bruselas, a menudo técnicos y alejados de las preocupaciones cotidianas de la población, dificulta que la ciudadanía conozca y responda a este retroceso. Y, sin embargo, el tan criticado déficit democrático de la UE facilita el desmantelamiento silencioso de una agenda verde que hoy resulta más necesaria que nunca.