El artículo que sigue es un fragmento de ¿Polarizados o paralizados? Surgimiento y transformaciones del movimiento democrático (Tecnos), de Juan Roch.
Un problema de diseño: participación y deliberación
Una de las respuestas que se ha dado a la paralización democrática se centra en expandir los mecanismos de deliberación y participación en las sociedades actuales. El debate sobre la deliberación y la participación parte de una división fundamental acerca de qué es la democracia.
Algunos defienden que la ciudadanía sí tiene posibilidad de expresar su acuerdo o desacuerdo con ciertas opciones[1] y que sí existen mecanismos adicionales para participar en democracia. Tanto en las elecciones, como en la esfera pública digital, así como a través de mecanismos adicionales como la iniciativa legislativa popular, los ciudadanos pueden tomar parte en el proceso político y expresar o retirar su apoyo a los representantes públicos.
Otros, sin embargo, plantean que se carece de una base normativa clave para la democracia que es la capacidad de deliberación y de participación por parte de la ciudadanía[2]. Las teorías deliberativas sugieren que la legitimidad en la toma de decisiones tiene que ver con la participación activa de los ciudadanos definiendo y discutiendo las cuestiones que están o deben estar en la agenda pública.[3]
Esto no está sucediendo, o no lo suficiente, según los teóricos de la deliberación democrática y el problema se agrava cuando incluimos en la ecuación que los ecosistemas digitales están obstaculizando aún más las precondiciones para la deliberación ciudadana, el debate público y el buen funcionamiento de las instituciones de representación e intermediación.[4] Por lo tanto, una de las soluciones que se plantean desde las teorías deliberativas es transformar, de forma más o menos profunda, el funcionamiento de las instituciones legislativas; así como otras instancias adicionales de deliberación y participación ciudadana que sirven como resorte básico para que las primeras funcionen.
En el fondo, el objetivo es abrir ventanas desde los cuerpos representativos para oxigenar y ampliar el proceso de deliberación política y permitir la participación ciudadana en múltiples niveles. Siguiendo la estela habermasiana, los defensores de una democracia deliberativa pretenden expandir las instancias donde, sobre la base de la igualdad de condiciones y el respeto mutuo, los ciudadanos puedan debatir y decidir sobre los problemas políticos a los que se enfrentan[5].
Por lo tanto, este tipo de agenda política propone generar instancias de deliberación adicionales que acercan la política pública y las instituciones a los ciudadanos. La creación de mini públicos—instancias que sirven para la participación directa de los ciudadanos[6]—y formas nuevas de deliberación tiene por objetivo mejorar tres dimensiones básicas de nuestros sistemas políticos: mejorar la legitimidad de las democracias actuales, facilitar la gobernanza, y finalmente alcanzar unas mayores cotas de justicia.
Se podría decir que la legitimidad y la justicia van de la mano en cuanto que la primera tiene que ver con el grado de consentimiento que la comunidad política manifiesta respecto a las autoridades políticas y la segunda se refiere a cuestiones redistributivas o de reconocimiento. Es decir, la capacidad del sistema para redistribuir de forma equilibrada las condiciones, los recursos y también los resultados y reconocer a personas o grupos sociales que han sido tradicionalmente excluidos de la representación.[7]
De este modo, estos dos objetivos que pueden ir más o menos unidos de forma natural deben ser conjugados con una necesidad de facilitar la gobernanza. En ocasiones, esto lleva a que la justicia y la legitimidad se utilicen de manera instrumental para llevar a cabo de forma más eficaz políticas públicas en una determinada comunidad política. En otras palabras, no hay una mejora sustancial de la justicia y la participación real sino más bien una necesidad de garantizar la legitimidad de los poderes públicos con experimentos participativos
Este impulso deliberativo y de participación ha dado lugar a experimentos concretos con la intención de mejorar, expandir y asegurar la democracia. Por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá se han llevado a cabo varias propuestas de mini públicos deliberativos como por ejemplo en la provincia de British Columbia (Canadá) con la creación de la llamada Citizens’ Assembly on Electoral Reform. Esta Asamblea formada por ciudadanos seleccionados por sorteo de cada uno de los distritos de la provincia realizó una propuesta para cambiar el sistema electoral de cara a uno más proporcional. En Ontario (Canadá) o California (EEUU), y también en Europa (en Irlanda o en Alemania o a nivel de la Unión Europea) se realizaron experimentos similares con un grado de éxito variable, algunos de ellos con resultados decepcionantes como en British Columbia, que no consiguió ser refrendado en referéndum.
Detrás de estos experimentos están organizaciones de la sociedad civil y redes de organizaciones como Democracy R&D[8] que conciben los problemas actuales de la democracia principalmente como un problema de diseño de las formas para hacer política. En esta misma línea, quizá el experimento más sonado de la última década ha sido la Conferencia sobre el Futuro de Europa celebrada entre 2021 y 2022 en la que se incluyeron también paneles ciudadanos deliberativos de los que salieron recomendaciones en este caso para la Comisión y el Consejo Europeo. Igual que en los otros casos, encontramos por un lado visiones positivas de este hecho y también voces críticas que señalan lo limitado de este experimento con un total de 49 propuestas y la invisibilización de conflictos y organizaciones colectivas clave en el marco europeo.[9]
Algunos de estos experimentos han intentado penetrar en el Estado y sus instituciones para democratizarlas. Es decir, en algunos casos el giro deliberativo y participativo de la democracia no ha tenido que ver solo con instancias externas donde se reúnen ciudadanos a formular propuestas, sino que se ha intentado también transformar las lógicas internas de las instituciones, con mayor o menor éxito. Es el caso de los presupuestos participativos que para tener sentido se tienen que apoyar en una amplia e inclusiva red deliberativa. La idea de los presupuestos participativos parte de las experiencias de gobernanza del Partido de los Trabajadores en Brasil a nivel municipal a finales de 1980.
En su expresión más reciente, la ola de movimientos populares antiausteridad en el sur de Europa defendió este tipo de mecanismos para acercar el gobierno de la ciudad a los ciudadanos. Bebiendo de las innovaciones democráticas dentro de estos movimientos sociales, se idearon sofisticados artilugios sociotécnicos que facilitaban la autoorganización democrática. Tanto el gobierno de Manuela Carmena en Madrid entre 2015 y 2019 como el de Ada Colau en Barcelona pusieron en marcha plataformas participativas (Decide Madrid; Decidim.barcelona) en las que se podían realizar consultas y también propuestas para ser incluidas en el presupuesto y en el plan de gobierno.
Estos proyectos despertaron mucho interés, pero lo cierto es que su impacto ha sido limitado y los mismos que impulsaron estas propuestas han tenido que ver como las mismas sobreviven con gobiernos de signo conservador en muchos casos en las ciudades, al menos en el caso de Madrid. Como ellos mismos admiten, los objetivos más ambiciosos de estos proyectos, como alterar los equilibrios de poder y las desigualdades en la ciudad, han caído en saco roto, aunque se han dado también algunos avances positivos según sus impulsores.[10] Las principales limitaciones tuvieron y tienen que ver con el tipo de uso que se hacía de estas plataformas y el bajo perfil al usarlas con un reducido espacio para el debate y el intercambio regular sobre las propuestas y su elaboración y desarrollo.
Los portales de transparencia también han sido una de las herramientas que pretender acercar a la ciudadanía a la gestión de gobierno, así como al funcionamiento de cámaras legislativas. Además de las plataformas participativas adoptadas por algunos gobiernos municipales o regionales que pretenden democratizar la gobernanza, hay otra serie de medidas que pretenden también democratizar la judicatura, los partidos o los sindicatos. La judicatura ha sufrido menores transformaciones en este sentido que otros poderes del Estado, pero también hay varias propuestas que tienen como objetivo democratizarla. Por ejemplo, la idea de constitucionalismo deliberativo pretende incorporar mecanismos más amplios de diálogo inclusivo en las decisiones de los tribunales.[11]
También se ha propuesto, desde el mundo del derecho, ampliar la composición de los tribunales incluyendo ciudadanos que por sorteo son invitados a participar en las deliberaciones y las decisiones. [12] Al nivel de los partidos políticos ya se han mencionado intentos de democratizar sus formas de organización, cuya última oleada se dio en el contexto de los movimientos antiausteridad (2010-2015). Se han intentado poner en marcha mecanismos de primarias y plataformas internas de participación en los partidos como mencionamos en el capítulo 2, que han tenido un similar balance decepcionante.
Democratizar la esfera pública
En algunos casos, como una respuesta a los límites de los mini públicos y los experimentos deliberativos, hay quién plantea que el problema tiene que ver con las dinámicas más amplias de la esfera pública, y el rol de los intermediarios tradicionales (sindicatos, partidos). Los principales problemas que se identifican en este caso y que deben revertirse para proteger o expandir la democracia son la desinformación y la polarización. En el caso de la primera cuestión hay una amplia variedad de enfoques y diagnósticos, pero el enfoque dominante identifica las noticias falsas y la capacidad de las instituciones para reducirlas como una de las principales claves.[13]
La Unión Europea está a la cabeza de este tipo de enfoques que ponen la desinformación en el centro y promueven varias soluciones, entre ellas fortalecer a los medios de comunicación y las agencias de fact-checking o poner en marcha cursos de alfabetización mediática.[14] Gran parte de la literatura académica sobre este tema vincula la desinformación con la polarización, en relación a las cámaras de eco y la circulación de noticias falsas. A modo de solución, están apareciendo innumerables cursos que abogan por ejercicios de despolarización. Por ejemplo, el curso «Innovación política para la despolarización»[15] plantea que, aunque hay consenso respecto a los efectos negativos de la polarización todavía «no contamos con herramientas claras para despolarizar la vida política». A continuación, se explica que el curso tiene como objetivo precisamente «debatir la teoría y práctica de la despolarización afectiva a tres niveles: liderazgo político, sociedad civil y medios de comunicación, e instituciones políticas».
El problema de este enfoque es que como ya señaló hace casi cincuenta años el historiador y sociólogo estadounidense Cristopher Lasch[16] refiriéndose a la comunicación de masas, la persecución de la mentira o la falsedad no aborda el problema de fondo. Este tiene que ver con las formas mismas de circulación mediáticas modernas basadas en la construcción de la credibilidad en la esfera pública. En palabras de Lasch: «El auge de los medios de comunicación torna irrelevantes las categorías de verdad y falsedad. La verdad ha dado paso a la credibilidad; los hechos, a afirmaciones que parecen autorizadas, sin que necesariamente brinden alguna información válida».
Por lo tanto, el problema no consiste solo en detectar la verdad o la falsedad de un enunciado o noticia sino de problematizar también las formas organizadas de producción de credibilidad e ignorancia.[17] Los efectos de verdad no tienen que ver tanto con la validez o consistencia lógica de determinadas afirmaciones, sino con la capacidad de las mismas para forjar el consentimiento.[18]
De nuevo, este tipo de propuestas para despolarizar o luchar contra la desinformación, algunas de ellas interesantes, quizá adolecen de una misma falta. Estas críticas normativas de la esfera pública y la política actual suelen desatender las dimensiones históricas de la democracia que hemos descrito a lo largo de este libro—sobre todo en el capítulo segundo. Definen los estándares normativos democráticos como un tipo de interacción deseable entre individuos, pero desatienden los condicionantes generales de la subjetividad de esos individuos.
Más allá del diseño institucional: el problema del sujeto democrático
En 1927, John Dewey publicó un libro ya clásico (The Public and Its Problems) en el que, en parte, ofrecía una visión alternativa al diagnóstico pesimista del famoso periodista Walter Lippmann en Public Opinion (1922). Este último título tuvo mucho impacto en la sociedad y la política norteamericana de la época. En este libro, Lippmann presentaba argumentos que al lector de este libro le sonarán familiares.
El periodista norteamericano encontraba limitaciones claras en la democracia de su tiempo que tenían que ver con la irracionalidad de los públicos y las visiones distorsionadas y subjetivas que los individuos reproducían acerca de la política y la sociedad. Según Lippmann, esto impedía la expansión de la democracia y el autogobierno y un análisis honesto con nosotros mismos nos llevaría a la siguiente conclusión: asumir que el sistema óptimo es la tecnocracia en la cual unas élites tengan capacidad de maniobra para gestionar y gobernar lo público, es decir, restringir la democracia.
Lippmann plantea que el autogobierno y por lo tanto la expansión de la democracia no es posible debido a la complejidad de la sociedad, y que tampoco es viable consultar a la ciudadanía un creciente número de cuestiones, ya que se vería sacudida por los vientos de la opinión más estridente, con más prominencia en la esfera pública, o bien con mayor poder. Con estos argumentos, Lippmann asume, como hace la narrativa de la polarización, que la composición de este ecosistema político y mediático y la constitución del individuo soberano sacudido por los vientos de opinión mediáticos es natural, eterna y no puede ni debe cambiar.
Dewey, aunque también daba cuenta de los problemas y las limitaciones de los públicos, concluía de una manera más positiva, más expansiva para la democracia. En términos bastante interesantes para el propósito de este libro, Dewey concluía que el problema del «público democrático» era «el descubrimiento y la identificación de sí mismo».[19] Es decir, el filósofo estadounidense planteaba que no estábamos ante una composición invariable de individuos atomizados como votantes soberanos. Por el contrario, la cuestión fundamental que había que abordar para plantearse los retos de la democracia era el autorreconocimiento y la constitución de un sujeto o unos sujetos públicos democráticos. Por lo tanto, otra forma de enfocar la cuestión de la democracia, sus avances y límites, es relacionar las instituciones democráticas con su afuera, explorando qué formas hay de incluir/excluir asuntos políticos en el debate, o reconocer determinados grupos sociales.
En definitiva, sería pertinente articular visiones que se encarguen de unir estos dos mundos: el de la reforma y el diseño institucional junto con la formación del discurso público y los sujetos políticos que son considerados legítimos. Por ejemplo, hace no demasiado tiempo, el demos legítimo no incluía a las mujeres y ello forzó a que de forma organizada buscaran formas de componer esferas públicas alternativas.[20] Hoy en día, todavía existen mecanismos de exclusión que es necesario atender para dar cuenta de la potencia y los límites de determinados diseños institucionales en democracia.
En primer lugar, la desigualdad se ha consolidado como una de las claves que explican una sociedad tensionada lo que se traduce en problemas de coordinación y representación política. Las investigaciones más recientes sobre este tema coinciden en que las sociedades capitalistas avanzadas son en general más desiguales hoy en día y sus sistemas fiscales y de transferencias son menos redistributivos que a principios de la década de 1990.[21] Esto tiene un impacto en la capacidad de expansión democrática, ya que se refleja tanto en la representación descriptiva[22] de las instituciones como en el grado y tipo de participación política.
Por un lado, aquellos sectores más deprimidos socioeconómicamente no logran que sus preferencias políticas cristalicen en la política pública y en comparación, las élites económicas tienen un acceso directo y efectivo a la hora de determinar estas políticas públicas.[23] Por otro lado, varios estudios empíricos muestran que la participación varía en función de los recursos educativos, la complejidad de los procedimientos de participación, los recursos socioeconómicos y el estatus social.[24] Además de la brecha socioeconómica, existen todavía importantes diferencias en relación a la implicación política de determinados grupos sociales como por ejemplo las mujeres.[25] Estas formas de exclusión de la participación política tienen un reflejo a su vez reforzando los déficits de la representación política en tanto que se tiende a reconocer y legislar más en relación a aquellos grupos sociales con la capacidad de influir y participar.
En segundo lugar, como hemos visto en el capítulo segundo, los partidos políticos y otros intermediarios han dejado de servir para compensar esto, integrando y representando a ciudadanos excluidos del proceso político. [26] En tercer lugar, la propia formación de la subjetividad política, a nivel individual y grupal, también es relevante a la hora de analizar el avance o retroceso del movimiento democrático. ¿Qué tipo de concepción del individuo y su participación en los asuntos comunes es dominante? ¿Cómo se articulan el entusiasmo y la desidia en relación a la participación política a través del discurso público?
El metabolismo de nuestra sociedad, desde las concepciones más básicas acerca de quiénes somos, pasando por los modos en los que nos expresamos y concebimos nuestras metas, hasta las formas en las que nos relacionamos con nuestro entorno como seres creadores y productores, debe estar en el centro de este debate. En esta línea, Fernández-Savater plantea que la política trasformadora hoy consiste también en una disputa por «otro tipo de ser humano».[27]
Por lo tanto, el primer paso para plantearse cómo activar el movimiento democrático es analizar los mecanismos de inclusión/exclusión en las instituciones democráticas del estado. Es necesario combinar ambiciosos e innovadores diseños institucionales con una reflexión más global acerca de la concepción de la política y la autopercepción por parte de distintos grupos sociales como sujetos políticos en las democracias contemporáneas.
El estudio del sujeto democrático y su contingencia amplía nuestra mirada sobre las instituciones democráticas, ya que desnaturaliza las formas actuales de participación política y de funcionamiento institucional, así como el supuesto rol que el individuo debe desempeñar en ellas. Las nociones dominantes sobre el «deber ser» de la participación política y el rol del ciudadano en el proceso político que todos en un grado variable interiorizamos, están basadas en equilibrios de poder y desarrollos históricos específicos. Estos pueden ser puestos también bajo la lupa del análisis para así señalar de forma certera posibles alternativas respecto a estas evoluciones.
Con esta perspectiva, la visión sobre las trasformaciones democráticas necesarias puede tomar nuevos rumbos.
Una visión integrada para activar el movimiento democrático
El año 2015 fue un año extraño en la política española. Había un clima de elecciones, de movimiento político y cuando hablabas con vecinos y allegados el primer tema podía ser perfectamente la política, lo que estaba pasando, lo que se respiraba que podía pasar. A finales de ese año, en diciembre, hubo elecciones generales en España y un partido nacido el año anterior, Podemos, obtuvo el 20,68 por ciento de los votos y 69 diputados. Tras fracasar las negociaciones para formar gobierno, se volvieron a convocar elecciones que finalmente se celebraron en junio de 2016. En este caso, aunque el resultado fue muy bueno para esta nueva formación, en coalición ya con Izquierda Unida, se perdieron en torno a un millón de votos por el camino que en 2015 votaron a este espacio conjunto a la izquierda del PSOE. Hasta aquí todo parecería normal y podríamos especular acerca de las múltiples causas que estuvieron detrás de esta pérdida de votos. Sin embargo, la anomalía fundamental sucedía en los despachos y las reuniones entre altos mandos de la policía y dirigentes del Partido Popular durante esas fechas.
Casi diez años después, el 10 de julio de 2024, llegaban a la Audiencia Nacional las pruebas documentales de los espionajes sistemáticos que se realizaron contra dirigentes del partido Podemos.[28] Se demostraban cientos de escuchas presuntamente ilegales realizadas a los 69 diputados del partido y sus confluencias entre 2015 y 2016. Esto coincidió con cantidad de periplos judiciales y noticias en prensa acerca de la supuesta corrupción de algunos de los líderes de la formación morada: problemas con la tributación, cuentas en paraísos fiscales, blanqueo de capitales o delito electoral. Todas estas querellas fueron archivadas, pero en muchos casos la apertura de procedimientos se amparó en informaciones filtradas a los medios de comunicación.
Con la documentación sobre el espionaje realizado entre los años 2015 y 2016, parece quedar demostrado que al menos parte de esas informaciones fueron obtenidas y filtradas por agentes del Estado. Esto es relevante porque muestra cómo partes del aparato del Estado funcionan para preservar un determinado orden social dentro de unos límites. Estos engranajes del Estado permanecen dormidos en periodos de calma social, pero se activan cuando ven peligrar ciertos equilibrios o acuerdos—en el caso español el acuerdo de la transición—acerca de las nuevas y viejas elites que van a gobernar el país. Este caso ejemplifica bien cómo funciona una de las fuerzas dinámicas con las que se tienen que enfrentar el movimiento democrático en su avance: el Estado liberal capitalista.
El Estado liberal es un entramado, incluyendo el Estado ampliado[29], que limita el alcance del movimiento democrático. Con todo, el aparato burocrático opera en contra de los impulsos de disolver las barreras entre la sociedad política y la sociedad civil y potenciar el autogobierno. Por un lado, el Estado liberal tiene una relación de dependencia, aunque no totalmente convergente, con el sistema de acumulación capitalista. El capitalismo es la forma básica de ordenación de la vida y de nuestras condiciones socioeconómicas, en este caso, a través de una valorización perpetua del capital a partir de trabajo asalariado y de la competición en el mercado. El Estado es una composición histórica de un bloque de poder—una comunidad humana diría Weber—cuyo objetivo es garantizar la soberanía, esto es el poder, en un territorio determinado.
En el siglo XXI, cada vez más los complejos estatales se funden con el entramado de grandes compañías del sistema capitalista. Por lo tanto, todo movimiento democrático debe ser ambicioso y estratégico en su relación con el Estado. Esto no supone tener visiones miopes respecto a la destrucción del Estado o la superación de la forma Estado sino ser consciente de la necesidad de crear esferas autónomas de inclusión y participación política ajenas al Estado. La historia de los movimientos de masas democráticos del siglo XX nos da pistas en este sentido, algunas de ellas acerca de las cautelas que siempre deben estar presentes en las grandes organizaciones de masas—véase el debate en torno a Michels en el capítulo 2.
Por lo tanto, pensar la complejidad del Estado y sus mediaciones (en este caso los partidos) en relación al movimiento democrático es uno de los imperativos para esclarecer las instancias de paralización actuales. Si bien el Estado no se puede entender de forma simple como un árbitro neutral de la contienda política, tampoco se le puede entender como una simple instancia pasiva que refleja la lucha entre clases sociales.
Una perspectiva alternativa deberá afirmar, por un lado, la selectividad de los poderes y agentes del Estado como organización que opera en el marco de intereses de una sociedad capitalista y en la que su objetivo último es mantener el statu quo. Por otro lado, se debe tener en cuenta que la mera acentuación del conflicto político, de la polarización social democratizadora, no tiene por qué traducirse de forma mecánica en un cambio democratizador en el Estado.
Ejemplos de esto hay muchos, como la experiencia de la Unidad Popular en Chile (1970-1973) o los fracasos últimos de la actividad dentro del Estado de los partidos llamados de la «nueva izquierda» o «izquierda populista».[30] La reflexión tiene que ampliarse, por lo tanto, para dar cuenta de qué tipo de máquinas organizativas o partidos deben servir como mediadores nuevos para intervenir en el sistema organizador y burocrático del Estado. Los partidos deben pensar activamente su relación con el Estado, evitando una consideración de neutralidad en su relación con el mismo, pero al mismo tiempo rechazando posiciones que desprecian al Estado buscando un empuje repentino y súbito únicamente por parte de la lucha de clases.
Las fases de expansión más claras del movimiento democrático no dependieron únicamente de la movilización social sino sobre todo de la transformación revolucionaria de la institucionalidad y las organizaciones sociales. La irrupción de los partidos de masas y su potencia democrática no dependió exclusivamente del apoyo popular y la lucha de clases sino de la innovación popular para imaginar arreglos institucionales diferentes que recondujeran la reproducción de la vida social por derroteros distintos a los de las sociedades capitalistas.
Hablar de movimiento, más bien de movimientos, no quiere decir, en este caso al menos, apelar a círculos y movimientos minoritarios cerrados sobre sí mismos. Es fácil imaginar por ejemplo como la política extraparlamentaria de ciertas agrupaciones sirve más como «encuentro de iguales» que como «movilización de muchos», lo cual es también un síntoma del mundo en el que vivimos. Aunque no sea malo para nada encontrarse entre iguales, lo que sí que cercena la movilización política es el cierre, cuando el objetivo principal es seguir siendo iguales: seguir siendo obreros, seguir siendo antifascistas, seguir siendo mujeres, seguir siendo punkies.
Pero tener claro esto no nos debe confundir y hacernos creer que debemos pasar al otro extremo, es decir, que la única vía es utilizar la máquina del Estado sin cuestionarla. Tampoco es acertado entender que existe una relación de péndulo entre los movimientos identitarios y el Estado. Es decir, que este es un juego de suma cero en el que solo podemos elegir entre los planteamientos globales del Estado o los particularismos de los movimientos identitarios y que uno y otro se contraponen. Esta es una confusión que se produce al otorgar al Estado, de un modo muy hegeliano, la única capacidad de apelar a lo universal, de crear un horizonte ético para todos.
Esto es un error político grave que la historia que hemos presentado en este libro contradice claramente. La movilización y la radicalización siempre han ido unidas a un alcance político global, universal, a un horizonte ético para todos, creado por todos al calor del movimiento. Y, por otro lado, las agrupaciones pequeñas identitarias y los visionarios estatistas desconectados del movimiento siempre han estado ligados a través de relaciones de dependencia. Lo uno se alimenta de lo otro. El obrerista solo fiel a su identidad necesita a un «visionario Kautsky» que deduce las coyunturas, los movimientos, los momentos clave de la historia, del Estado. El grupo de interés encerrado en sí mismo necesita al reparte-prebendas de turno que maneja los recursos del Estado con mucha soltura.
Por lo tanto, en un extremo del péndulo tenemos a un movimiento complejo democrático que establece horizontes y, en otro, el Estado absorbiendo de forma clientelar toda capacidad de transformación de pequeñas agrupaciones identitarias. El Estado es ineludible, pero la transformación democrática que necesita solo es posible con un horizonte que vaya más allá de él. Lo que se quiere resaltar aquí es que la relación entre movimientos democráticos y Estado es una cuestión estratégica que debe ser abordada como tal. Y, al mismo tiempo, debe formar parte de los debates democráticos que informan la posición de las organizaciones de masas en determinadas coyunturas. Esclarecer la naturaleza del Estado, como hemos intentado hacer un poco más arriba, es uno de los pasos cruciales que todo impulso democrático debe dar como punto de partida.
El capitalismo es otro límite del movimiento democrático ya que expulsa fuera del ámbito de la política la gestión, distribución de recursos y la organización de la vida propiamente. Hoy en día el capitalismo de plataformas es central para organizar la vida socioeconómica de los ciudadanos y el movimiento democrático debe pensarse como una forma dinámica que atraviesa esta máquina del capitalismo de plataformas. La atraviesa y al mismo tiempo plantea nuevas fórmulas para organizar este ecosistema de vida. El paradigma de la plataforma, como explicamos en el capítulo anterior, nos propone, o más bien nos impone, un amplio espacio con una inmensa capacidad de elección a nivel individual. La plataforma es el sitio no solo donde uno se entretiene sino donde se forma una identidad y también se prepara para venderse y obtener rentabilidad en el mercado. Estas tres cosas están inextricablemente ligadas en el paradigma de la plataforma.
Antes de la totalización mediática —especialmente en su última fase de digitalización—, uno se vendía en el mercado laboral pero no era necesario que su identidad y su ocio estuvieran ligados a esta condición laboral. Hoy en día es raro poder diferenciar los tres ámbitos lo que confunde aún más nuestra capacidad para gestionar el tiempo y facilita la producción ideológica de identidades que facilitan el negocio. El capitalismo de plataformas avanza diametralmente opuesto al movimiento democrático que como hemos dicho es un movimiento para incluir en el demos a los sectores excluidos a partir de los cierres del Estado y el mercado[31] y para vincular a los individuos a nivel comunitario.
Pero, ¿cómo se articulan en concreto los grupos sociales?
En cuanto a su articulación más concreta, el movimiento democrático solo puede avanzar tejiendo hilos entre la oferta y la demanda política. En este punto del libro ya es posible intuir que la oferta —como representación política separada de la sociedad civil— y la demanda —como forma de expresión individualizada de preferencias políticas— deben entenderse como formaciones históricas más que como categorías ahistóricas de análisis.
Esta separación entre oferta y demanda política, muy propia de la ciencia política, naturaliza una operación política de separación por un lado de las formas de representación política, y por otro lado de contención de las formas de expresión/participación política—abocadas a demandar, a responder, a reaccionar a una oferta. Como se ha adelantado en algunas partes de este libro, es necesario problematizar esta separación y elevar un poco el nivel de análisis si queremos entender de manera profunda los retos actuales de la democracia.
El movimiento democrático debe pensarse en los hilos que entretejen la oferta y la demanda. Elevar el foco de análisis nos permite percibir cuáles son los hilos que se rompen al separar oferta y demanda en el proceso político y cómo esos hilos pueden ser clave para impulsar el movimiento democrático. Al menos dos hilos hemos adivinado que pueden suturar esa fractura que recluye a la comunidad política en un reducido espacio y la deja sin herramientas. En primer lugar, el proceso de integración del individuo en agrupaciones y asociaciones colectivas que se hacen cargo de los recursos, las condiciones de vida y la identidad (reconocimiento) de sus integrantes. En segundo lugar, que haya canales de incorporación fluida y regular de las personas comunes a los cuerpos de representación, administración y gestión públicas. A distintos niveles, esto puede darse en la judicatura, o en las instancias legislativas.
Respecto al primer hilo, como bien señala E.P. Thompson, los orígenes del movimiento obrero democrático se encuentran en las formas de asociacionismo que servían—con sociedades de socorros mutuos—para hacerse cargo de la interdependencia y las condiciones materiales de aquellas personas y grupos desplazados por el capital. El capital, muy integrado en el Estado y las formas estatales transnacionales, sigue desplazando a grandes grupos de la población, como se ha señalado antes. Pero para entender qué sujetos, sobre todo, tienen potencial para agruparse a partir de sus condiciones materiales, su vulnerabilidad y su interdependencia, tenemos que volver a la idea de democracia limitada planteada por Lessenich[32] e introducida en el capítulo primero.
Hoy en día, en la tercera década del siglo XXI, todavía vivimos sobre los restos de un compromiso de clases que se fraguó después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en Europa y Estados Unidos. Esto hace que, aunque en las democracias avanzadas occidentales haya bolsas de pobreza y exclusión[33], estas todavía estén sostenidas precariamente por distintos mecanismos que cohesionan la sociedad civil: un Estado de bienestar y unos servicios sociales mermados pero que siguen funcionando o un sistema rentista de propiedad inmobiliaria que complementa en muchos casos salarios contenidos.[34]
En estas condiciones, los sectores donde más se exprime y se priva de horizonte vital a la fuerza laboral se localizan en el sur global, así como en poblaciones migrantes, y en general en un porcentaje de la población que, aunque no es mayoritario, vive en el subempleo en las democracias avanzadas. Por otro lado, en estas democracias existe una clase media todavía amplia asentada sobre condiciones materiales que garantizan un cierto horizonte vital a nivel socioeconómico[35].
En relación con esto, el movimiento 15-M en 2011 no fue principalmente un movimiento que exigiese salarios mejores o que se acabase con la pobreza. Fue un movimiento muy centrado en la justicia intergeneracional, que reivindicaba que el horizonte se mantuviese abierto para los hijos de la generación de la transición. También se pedía que se gestionase mejor la crisis y que la corrupción escandalosa terminase. Las demandas económicas, promovidas por las clases medias dirigentes en ese movimiento, consistían sobre todo en una mejor redistribución y posibilidades de desarrollo económico para los jóvenes. Obviamente esto es simplificar el 15 M ya que había grupos que querían “cambiarlo todo” pero aquí me refiero solamente a las demandas del movimiento apoyadas por una gran mayoría en determinadas encuestas de opinión. [36]
Es por ello que, aparte de una nueva «revolución moral» de las clases medias, es decir otro 15-M, el movimiento democrático también necesita una revolución material de las clases proletarizadas y que las dos se puedan mirar a la cara. En el libro Algorithms of Resistance se muestra en varias investigaciones cómo hay formas embrionarias de organización autónoma en el contexto de la economía de las plataformas. Son formas concretas de hacer avanzar el movimiento democrático contra el capitalismo de plataformas resistiendo al algoritmo. Al algoritmo que premia a los trabajadores que no fallan nunca y castiga a los que no están disponibles 24/7, que hace que los memes y el contenido más violento sea viral, que desplaza a aquellos sectores tradicionalmente excluidos.
Por ejemplo, los Raiders en Indonesia (Yakarta) han creado algo parecido a asociaciones de ayuda mutua —las llamadas Casa de los Raiders—para que los trabajadores puedan reposar, tener refrigerio, informarse.[37] Del mismo modo que este tipo de organizaciones autónomas de los trabajadores deben tener una dimensión global— siendo este el modo en que el capitalismo se expande—también deben tener un correlato a nivel nacional. Es decir, las poblaciones no integradas en los sistemas de democracias avanzadas occidentales tienden a autoorganizarse y ser apoyadas por las clases medias en la reclamación de sus comunidades políticas propias y sus derechos laborales y de ciudadanía. Aquellos sectores subempleados en la agricultura, las labores de cuidados, la hostelería o el comercio, muchas veces con una fuerte demarcación de origen o de género, deben servir como sectores punteros en el avance democrático. De hecho, para dar profundidad y alcance a las «reformas» que son necesarias para la expansión de la democracia, estos sectores deben estar a la cabeza y la «revolución moral de las clases medias» debe servir de apoyo. Esto es lo que no pudo darse en el saludable movimiento 15-M.
Tejer el segundo hilo del movimiento democrático implica poner en marcha las prácticas de inclusión y circulación fluida de la representación política para diluir el actual sistema de representación cerrado y tendencialmente oligárquico. En este libro se ha identificado este hilo rastreando en la historia del desbordamiento democrático de los partidos políticos.
Más recientemente, experiencias como el ciclo de ascenso y caída de la nueva izquierda o izquierda populista tras la crisis financiera de 2008 refuerzan la idea de que es un error menospreciar la democracia y encumbrase en una especie de leninismo-gramsciano mal entendido. Las labores y los efectos antropológicos de la democracia deben tener lugar desde el principio de cualquier avance del movimiento democrático. Revitalizar la «cara muerta»[38] de los partidos, del «partido sobre el terreno», sería un primer paso para activar el movimiento democrático.
Siguiendo a Moreno Pestaña[39], las organizaciones políticas mediadoras y las instancias de representación deben introducir principios claros y mecanismos que bloqueen las tendencias oligárquicas en tres dimensiones fundamentales. En primer lugar, respecto a la dimensión del liderazgo político, la democracia siempre genera más costes de transacción que la decisión de un líder aparentemente virtuoso[40]. Sin embargo, esto puede tornarse en contra cuando los costes sociales de un excesivo poder otorgado a un líder —tanto en funciones de representación como de gobierno— tienen consecuencias nefastas para la comunidad política. Por ello, siempre es preferible aumentar un poco los costes de transacción —que a su vez tienen efectos positivos en la conformación de prácticas democráticas— antes que subestimar los costes sociales del hiperliderazgo, y que este acabe definitivamente con el impulso democrático. Los costosos procesos deliberativos ampliados de decisión deben ser un elemento clave de la articulación democrática, aunque como se ha explicado en este capítulo deben ser articulados con otras dimensiones prácticas de movilización ciudadana y autoorganización.
La segunda dimensión se refiere al papel de los técnicos y los expertos. Es preciso partir de la base de que necesitamos conocimiento experto, aun sabiendo que esta afirmación viene frecuentemente envuelta en prejuicios acerca de la imposibilidad de que las personas comunes procesen y gestionen conocimiento político. Los grandes avances tecnológicos, y los conocimientos expertos que tienen la capacidad de sintetizar y extraer conclusiones específicas en un campo concreto son necesarios. Sin embargo, deben ser debidamente compensados e integrados en formas de conocimiento político democráticas. Para ello se deben introducir principios y prácticas democráticas que desmonten o limiten las tendencias tecnocráticas. Por un lado, es posible introducir conocimientos políticos complejos en nuestra biografía educativa y laboral y, por otro, los conocimientos cotidianos más básicos pueden adquirirse con la práctica (aquellos relacionados con la cotidianidad del campo político).[41]
La tercera dimensión que ayuda a comprender posibles maneras de tejer el segundo hilo que activa los movimientos democráticos tiene que ver con la inclusión/exclusión de profesionales en el campo político. El capital educativo, económico y social son claves para facilitar el acceso a grupos de poder en funciones de representación política o de gobierno. Además, relacionado con esto, también hay «efectos de lugar» que explican porque por ejemplo las elites de un partido político en un momento dado pertenecen a un entorno madrileño muy preciso.[42] Por lo tanto, es necesario disponer de mecanismos que cortocircuiten esta forma actual de articulación de las elites políticas.
En esta línea se han evaluado los posibles efectos positivos de mecanismos de sorteo y rotaciones que reduzcan la separación entre el grupo de representantes y el conjunto de los ciudadanos[43]. Este tipo de medidas tiene como objeto revertir un clima en el que reina una subjetividad política paralizada ante las grandes dificultades para discernir cuáles son los asuntos comunes de interés para la discusión colectiva. Una «cancelación del futuro»[44] que dificulta mucho los procesos democráticos de debate y decisión sobre los asuntos comunes. En palabras de Moreno Pestaña, estas tres precauciones y los mecanismos compensatorios de inclusión ciudadana producen un efecto positivo en cadena que se expresa de la siguiente manera: «la eclosión de capacidades intelectuales, la extensión de la libido política hacia las zonas donde abunda la desidia socialmente inducida, y la creación de pasiones militantes no sectarias diseminan y refuerzan la experiencia creadora de la democracia».[45]
Notas
[1] Sobre todo, si se entiende la democracia como un sistema en el que los ciudadanos puede seleccionar y sancionar positiva o negativamente a las elites que les gobiernan, véase por ejemplo Joseph A.Schumpeter (2003[1943]) Capitalism, socialism and democracy. Routledge, London and New York.
[2] Véase Urbinati, Nadia and Warren, Mark E., (2008) The Concept of Representation in Contemporary Democratic Theory. Annual Review of Political Science, Vol. 11, June 2008, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1141438
[3] Paolo Gerbaudo (2022: 133) Theorizing Reactive Democracy The Social Media Public Sphere, Online Crowds and the Plebiscitary Logic of Online Reactions. Democratic Theory, 9(2), 120-138.
[4] Véase Jurgen Habermas, 2022: 146) Reflections and Hypotheses on a Further Structural Transformation of the Political Public Sphere. Theory, Culture & Society, 39(4), 145-171.; Lance Bennett, W. L., & Marianne Kneuer, M. (2024). Communication and democratic erosion: The rise of illiberal public spheres. European Journal of Communication, 39(2), 177-196.
[5] Véase Bächtiger, André, John Dryzek, Jane Mansbridge, and Mark Warren (2018: 2). “Deliberative democracy.” In The Oxford Handbook of Deliberative Democracy, edited by André Bächtiger, John Dryzek, Jane Mansbridge, and Mark Warren. Oxford: Oxford; Hélène Landemore (2020) Open Democracy: Reinventing Popular Rule for the Twenty-First Century. Princeton: Princeton University Press.
[6] Véase Archon Fung (2007). Minipublics: Deliberative Designs and Their Consequences. In: Rosenberg, S.W. (eds) Deliberation, Participation and Democracy. Palgrave Macmillan, London. https://doi.org/10.1057/9780230591080_8
[7] Véase Jane Mansbridge Op.Cit; ; Urbinati & Warren, Op. Cit.
[8] Esta es una red de organizaciones de la sociedad civil que se encargan de promover este tipo de experimentos deliberativos en Europa, EEUU y Canadá: https://democracyrd.org/about/
[9] Véase Álvaro Oleart (2023) Democracy Without Politics in EU Citizen Participation. From European Demoi to Decolonial Multitude. Plgrave McMillan, Cham,Switzerland.
[10] Xabier E. Barandiaran, Antonio Calleja-López, Arnau Monterde y Carol Romero (2024: 119) Decidim, a Technopolitical Network for Participatory Democracy. Philosophy, Practice and Autonomy of a Collective Platform in the Age of Digital Intelligence. Spriger, Cham, Switzerland.
[11] Véase Giuffré, C. Ignacio (2023) El constitucionalismo fuerte en la encrucijada. El constitucionalismo deliberativo como salida. Revista de Derecho Político, ISSN 0211-979X, Nº 118, 2023, págs. 289-314
[12] Véase Luis Lloredo Alix, el artículo del día 24 de enero de 2023 en la revista Contexto “La polvareda constitucional y la necesidad de democratizar el derecho”: https://ctxt.es/es/20230101/Firmas/41913/Luis-Lloredo-Alix-sistema-judicial-renovacion-justicia-derecho-democracia.htm
[13] Véase Mauk, M., & Grömping, M. (2024). Online Disinformation Predicts Inaccurate Beliefs About Election Fairness Among Both Winners and Losers. Comparative Political Studies, 57(6), 965-998. https://doi.org/10.1177/00104140231193008; Bennett, W. Lance, & Kneuer, Marianne (2024), Op. Cit.
[14] Véase Sádaba, Charo & Salaverría, Ramón. (2023). Combatir la desinformación con alfabetización mediática: análisis de las tendencias en la Unión Europea. Revista Latina de Comunicación Social, (81), 1–17. https://doi.org/10.4185/RLCS-2023-1552; Casero-Ripollés, Andreu., Tuñón, Jorge. & Bouza-García, Luis (2023) The European approach to online disinformation: geopolitical and regulatory dissonance. Humanit Soc Sci Commun 10, 657 (2023). https://doi.org/10.1057/s41599-023-02179-8
[15] Véase en su página web: https://cuimpb.cat/es/curso/312-innovacion-politica-despolarizacion
[16] Cristopher Lasch (2023[1979]: 107) La cultura del Narcisismo. La vida en una era de expectativas decrecientes. Capitán Swing, Madrid.
[17] Véase Fernando Broncano, F. (2020) Conocimiento expropiado. Epistemología política en una democracia radical. Akal, Madrid.
[18] Cristopher Lasch., Op. Cit., p. 108
[19] La frase original es “the discovery and identification of itself”, traducción propia, véase en John Dewey (1946[1927]: 185) The Public and its Problems. An Essay in Political Inquiry. Gateway books, Chicago.
[20] Landes, J. (1988) Women and the Public Sphere in the Age of the French Revolution, Ithaca NY: Cornell University Press; Nancy Fraser (1990) “Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy.” Social Text, no. 25/26: 56–80
[21] Lupu N, Pontusson J. The Political Puzzle of Rising Inequality. In: Lupu N, Pontusson J, eds. Unequal Democracies: Public Policy, Responsiveness, and Redistribution in an Era of Rising Economic Inequality. SSRC Anxieties of Democracy. Cambridge University Press; 2023:1-26; Gil Hernandez, C., Salas-Rojo, P., Vidal Lorda, G. and Villani, D., Wealth Inequality and Stratification by Social Classes in 21st-Century Europe, European Commission, 2024, JRC137025.
[22] Jane Mansbridge, Op. Cit.
[23] Gilens, Martin, and Benjamin I. Page. (2014). “Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups, and Average Citizens.” Perspectives on Politics 12(3): 564–81; Mathisen R, Schakel W, Hense S, Elsässer L, Persson M, Pontusson J. (2024) Unequal Responsiveness and Government Partisanship in Northwest Europe. In: Lupu N, Pontusson J, eds. Unequal Democracies: Public Policy, Responsiveness, and Redistribution in an Era of Rising Economic Inequality. SSRC Anxieties of Democracy. Cambridge University Press; pp.: 29-53.
[24] Aina Gallego. 2010. “Understanding Unequal Turnout: Education and Voting in Comparative Perspective.” Electoral Studies 29(2): 239–48; Gallego, Aina. 2015. Unequal Political Participation Worldwide. New York: Cambridge University Press
[25] Krook, M. L., & O’Brien, D. Z. (2010). The Politics of Group Representation: Quotas for Women and Minorities Worldwide. Comparative Politics, 42(3), 253–272; Ferrín, M., Fraile, M., García-Albacete, G. M., & Gómez, R. (2020). The gender gap in political interest revisited. International Political Science Review, 41(4), 473-489.
[26] Aina Gallego, 2015, Op. Cit.
[27] Amador Fernández-Savater (2024) Capitalismo libidinal. Ned Ediciones, Madrid.
[28] Véase artículo de El País del 10 de julio de 2024 con el título “La ‘policía patriótica’ del PP espió a 69 diputados de Podemos a través de las bases de datos de Interior”, https://elpais.com/espana/2024-07-10/la-policia-patriotica-del-pp-espio-a-69-diputados-de-podemos-a-traves-de-las-bases-de-datos-de-interior.html
[29] Antonio Gramsci (1972: 151-61). Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno. Ed. Nueva Visión. Buenos Aires.
[30] Véase el análisis de Martín Mosquera a este respecto en Jacobin, “Luces y sombras de la «vía democrática» al socialismo”, 27 de agosto de 2024, https://jacobinlat.com/2024/08/luces-y-sombras-de-la-via-democratica-al-socialismo-2/.
[31] Véase Stephan Lessenich (2022: 93) Límites de la democracia; La participación como problema de reparto: La Participacion Como Un Problema De Distribucion. Herder Editorial, Barcelona.
[32] Op. Cit.
[33] España es el país de la UE con mayor pobreza infantil según el último informe de UNICEF. Véase el artículo de Agencia EFE del 19 de febrero de 2024 “España es el país de la UE con mayor pobreza infantil”: https://shorturl.at/RSYEw
[34] Emmanuel Rodríguez López (2022: 129-148) El efecto clase media. Crítica y crisis de la paz social. Traficantes de Sueños, Madrid.
[35] Ibid.
[36] Véase el artículo de Europa Press del 6 de junio del 2011 “El 15M tiene el apoyo de más del 80% de los ciudadanos, sobre todo entre la izquierda, pero un 60% cree que no triunfará”:
[37] Tiziano Bonini y Emiliano Treré (2024: 173) Algorithms of Resistance . The Everyday Fight against Platform Power. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts: Véase también James Muldoon (2022) Platform socialism: How to reclaim our digital future from big tech. Pluto Press, London.
[38] Siguiendo el símil de Mair acerca de las tres caras de los partidos políticos que explicamos en el segundo capítulo, el cambio de los partidos políticos con el declive de los partidos de masas consistió en una primacía el partido en el parlamento (party in public office), y el partido en su estructura ejecutiva nacional (party in central office) sobre el partido sobre el terreno (party on the ground). Véase Richard S. Katz y Peter Mair (2014: 349-350) The Evolution of Party Organizations in Europe: The three Faces of Party Organizations, en On parties, party systems and democracy: selected writings of Peter Mair. editado por Ingrid van Biezen, pp.: 349-370, ECPR Press, Essex.
[39] José Luis Moreno Pestaña (2021) Los pocos y los mejores. Localización y crítica del fetichismo político. Akal, Madrid.
[40] Ibid., p. 21-23.
[41] Ibid., p. 25
[42] Ibid., pp. 28-29.
[43] Ibid., p. 31; Véase también Ernesto Ganuza y Hedwig Marzolf (2024) ¿Democracia sin demos? La utopía (sin política) en las sociedades complejas. Las Torres de Lucca: revista internacional de filosofía política, Vol. 13, Nº. 2, 2024, págs. 83-92.
[44] Franco Berardi Bifo (2011: 13) After the Future. AK Press, Edinburgh.
[45] José Luis Moreno Pestaña, Op. Cit., p. 34.
