El 29 de julio, un importante político de Vox, partido de la extrema derecha, flameó una bandera española en la frontera con Gibraltar y llamó a «asfixiar» aquel territorio. Británica desde 1704, la pequeña península está habitada por una comunidad de alrededor de treinta mil personas que reúne a europeos y marroquíes. Su economía está estrechamente vinculada a la población sureña de España: las estadísticas oficiales muestran que entre diez mil y quince mil trabajadores cruzan la frontera cada día para realizar labores en las industrias de la construcción y hotelera de las ciudades vecinas.
Más allá de estos lazos, la extrema derecha española está buscando echar leña al fuego de una antigua «guerra cultural» y explotar las supuestas vacilaciones del gobierno de centroizquierda sobre la cuestión de Gibraltar. Aunque el gobierno actual, en el que confluyeron Pedro Sánchez, del PSOE, y la organización de izquierda Unidas Podemos, promueve la cooperación europea, la derecha está utilizando a Gibraltar como caballito de batalla para fortalecer su audiencia nacionalista.
Es una disputa que la extrema derecha sostiene hace mucho tiempo. Francisco Franco cerró la frontera gibraltareña desde 1969 hasta 1982, con la pretensión de que el bloqueo forzaría el consentimiento de la península frente a la dominación española. Esta política terminó siendo uno de los fracasos más vergonzosos del régimen. Pero lo cierto es que, aun cuando garantizan un tránsito relativamente fluido, las puertas nunca fueron removidas.
La provocación fronteriza de Vox está muy vinculada a la lucha por el legado del franquismo. Mientras Vox recorría los tribunales junto a la prensa, 85 años después de que Franco y sus aliados sumergieron al país en una guerra de tres años, el secretario de Estado de Memoria Democrática destinaba cerca de medio millón de euros a la conmemoración de la guerra civil en la región andaluza, situada al norte de Gibraltar. Esta política está en línea con la ley aprobada por el gobierno ese mismo año, que estipula la distribución de 3 millones de euros en actividades «de búsqueda e identificación de personas desaparecidas durante la guerra civil o durante la represión política subsiguiente».
Los fondos del gobierno nacional de Madrid están dedicados a la «investigación, localización, exhumación y dignificación de las fosas comunes, donde fueron enterradas las víctimas de la represión de la guerra civil y del régimen de Franco». Se supone que Andalucía debe ejecutar el presupuesto en 2021. Pero con el crecimiento electoral de la derecha, es probable que surjan intentos de obstaculizar estas políticas a nivel local.
La mayoría de los ciudadanos de ambos lados de la frontera España-Gibraltar tiene parientes que estuvieron involucrados en uno u otro bando de la guerra civil (y a veces en ambos). No todos tienen la misma certeza sobre el destino de sus parientes, casi siempre asesinados o encarcelados. Durante mucho tiempo se pensó que las fosas comunes de La Línea de la Concepción, emplazada del lado español de la frontera, eran cementerios árabes. Sin embargo, Susi Barranco, exconcejala del PSOE, recuerda que en su familia se decía otra cosa: «Mi abuelo me contó que ahí ejecutaban a los republicanos», víctimas del golpe de Franco. Nunca se supo más nada de esos cuerpos, ni se emprendió ninguna investigación de las fosas comunes».
Barranco tiene confianza y cree que se trata de la punta de un iceberg: «Hace veinte años, encontramos cuerpos hasta en el patio del ayuntamiento. Estoy segura de que aparecerán más».
La extrema derecha en ascenso
El gobierno nacional de PSOE-Podemos fue elegido en noviembre de 2019, en el marco de unos comicios que pusieron fin a cuatro años de estancamiento político. Con una escasa mayoría, heredó la negligencia política de los gobiernos anteriores en cuestiones económicas y sociales: desde el desempleo y la recesión hasta el separatismo y la violencia de género.
En este país ubicado al sudeste de Europa, separado de África del Norte apenas por un viaje de ferry, las injusticias sistémicas tienen raíces mucho más profundas que el neoliberalismo. Además de ser acosado por la crisis del capitalismo posindustrial, que se propaga también en otros países, España todavía no logra exorcizar los fantasmas del franquismo.
Bajo el liderazgo de Pedro Sánchez y como miembro de la coalición con Unidas Podemos, el PSOE parece estar reviviendo luego del colapso que sufrió durante los años 2010. El gobierno cumplió el compromiso de exhumar los restos de Francisco Franco y trasladarlos lejos del Valle de los Caídos, sitio de peregrinación que glorificaba la memoria del dictador fascista. Por medio de la nueva Secretaría de Estado de Memoria Democrática, el primer ministro Sánchez aprobó proyectos para remover las estatuas que deifican a los líderes fascistas, tanto en el continente como en los enclaves coloniales de Marruecos (Ceuta y Melilla).
Con cierta nostalgia por la época dorada del imperialismo, aunque con la mira puesta en las comunidades relegadas por el neoliberalismo, Vox está calcando el libreto de otros populismos de derecha, como el de Trump o el de Matteo Salvini. Vox conquistó bastante apoyo en Andalucía, ciudad que comparte fronteras con Gibraltar. Durante las últimas elecciones regionales, celebradas hace tres años, los partidos de derecha conquistaron en conjunto una mayoría absoluta. Juan Manuel Moreno, actual presidente del gobierno regional, proviene del Partido Popular, organización de centroderecha creada por los aliados de Franco luego de la caída del régimen. En 2018, luego de años definidos por altas tasas de desempleo en la región, el otrora hegemónico PSOE fue desplazado del gobierno por los nacionalistas de extrema derecha agrupados en Vox —que apoyan al gobierno del PP—, y por la derecha más «progresista» de Ciudadanos.
Una fisura monumental
El martes 10 de agosto en Sevilla, capital de la región, se inauguró un monumento dedicado a la memoria de un líder republicano. Blas Infante, conocido como el «padre de Andalucía», fue asesinado por los fascistas ese mismo día en 1936, durante la primera etapa de la guerra civil. En esa época, el homenajeado era una joya política de la región: había dirigido la Junta Liberalista durante la Segunda República Española. Infante (de quien tengo el honor de ser pariente) jugó un rol fundamental en la composición del «himno nacional» de Andalucía y de su bandera.
El monumento, emplazado a pocos metros de donde cayó el héroe, víctima de las balas de un pelotón de fusilamiento, fue rápidamente vandalizado por la derecha. De cara a unas controvertidas elecciones, los tres partidos que disputan el voto reaccionario apuntan a Andalucía y contra Blas Infante.
Un funcionario del PP, sin duda el partido más grande, declaró que el «andalucismo» (identidad regional) promueve la desunión y alimenta los movimientos separatistas que hoy dominan la agenda política española. Un vocero de Ciudadanos —partido supuestamente liberal y cosmopolita— criticó la España «multinivel» que está promoviendo el gobierno al honrar a símbolos del andalucismo como Infante.
Vox, el partido de la extrema derecha, ni siquiera participó de la inauguración del monumento. El partido se dedicó a difundir rumores falsos sobre la supuesta conversión de Infante al Islam (la historia de Andalucía y su identidad están estrechamente vinculadas con el período islámico de Al-Andalus), con el único fin de alimentar una confrontación imaginaria entre árabes y españoles, constitutiva de su ideología reaccionaria.
Estas escenas no son nuevas. Durante el aniversario de la muerte de Infante del año pasado, el partido de extrema derecha también se negó a asistir a los festejos. Su argumento fue que no participaría junto a «socialistas y comunistas en un festival que celebra el nacionalismo andaluz mediante la conmemoración del muladí Blas Infante». Vale aclarar que «Muladí» es una categoría peyorativa utilizada para describir a un español convertido al islamismo. El partido aprovechó entonces para declarar que «Vox es la única organización que resiste a este nacionalismo regional que quiere quebrar la unidad de España».
Exhumar el pasado
Gareth Stockey es especialista en la historia reciente de España. Trabaja en la Universidad de Nottingham. En 2016 participó de un simposio sobre la guerra civil española, organizado por el sindicato gibraltareño Unite. Stockey manifestó su simpatía con las políticas de memoria democrática de la coalición de centroizquierda: «Son buenas noticias, especialmente para los parientes de las víctimas, que todavía buscan algún tipo de explicación de lo que sucedió con sus seres queridos, y también para quienes sobrevivieron a aquellos años traumáticos de la guerra civil».
En realidad, los asesinatos y la represión no comenzaron ni terminaron con la guerra civil. Durante la dictadura franquista, el «terror blanco» asesinó y encarceló a muchísimos disidentes del régimen. Se estima que esa purga se cobró alrededor de 200 000 vidas, entre las que se cuenta las de republicanos, judíos, romaníes y minorías sexuales. Stockey aclaró que Andalucía «sigue siendo una región ampliamente ignorada por los historiadores, lo que tal vez no sea más que un reflejo del desprecio de los políticos y de los medios de comunicación».
Según el historiador, la violencia y la represión contra los grupos posicionados a la izquierda de la dictadura fue «más violenta en el la zona sur», especialmente en las áreas rurales y en los pueblos más pequeños. Durante las últimas décadas, muchas organizaciones de derechos humanos hicieron campañas por el reconocimiento de las víctimas del franquismo y el trauma generacional que provocaron. En las cuatro municipalidades más cercanas a la frontera gibraltareña (La Línea, Algeciras, San Roque y Los Barrios), se estima que los primeros ocho meses de guerra civil se cobraron cerca de 411 víctimas.
«Es muy probable que el número de muertos sea mucho, muchísimo más grande, y tenemos que confiar en que los arqueólogos lograrán aclarar el panorama», dijo Stockey.
También aclaró que el argumento de que la erradicación de la izquierda en manos del régimen fascista fue una reacción a la violencia de los republicanos antifascistas es completamente falso. «Es prácticamente imposible sostener que los asesinatos fueron “represalias” por la violencia republicana. Por ejemplo, en la municipalidad de San Roque, aun si consideramos las investigaciones del gobierno franquista, la izquierda mató solo a seis personas».
Stockey también comentó que la solidaridad transfronteriza fue fundamental para los refugiados republicanos. A pesar de que los sectores vinculados a la élite británica recibieron con los brazos abiertos a Franco y a sus funcionarios, las familias trabajadoras de los pueblos de la frontera sureña apoyaron a los republicanos, aun cuando sabían que así ponían en riesgo las vidas de sus parientes. Contó también que «miles de personas se salvaron cruzando a Gibraltar, o escapando por el norte hacia Málaga». Reconoció que quienes huyeron «temían la represión de las fuerzas franquistas, a partir de lo cual es dado conjeturar que, si no hubiesen logrado salir, la cantidad de muertos en la región hubiera sido mucho más alta».
Entonces, el sufrimiento y la violencia de la región también fueron una oportunidad de fortalecer los lazos de solidaridad. Pero cuando la guerra civil empezó a combatir directamente la cooperación entre militantes y familiares, durante la época en la que Franco cerró la frontera, se perdió una buena parte de esta solidaridad. Aun así, los movimientos de derechos humanos, con el apoyo de la coalición de centroizquierda en el gobierno, están alentando a los ciudadanos locales a que conozcan la verdadera historia de sus familias.
«Fui contactado de la nada por un tipo de Gibraltar que vivía en Londres hace muchos años», recordó Stockey. «Me contó la historia de su abuelo español de La Línea, que había sido ejecutado por los militares en agosto de 1936: “Probablemente nunca encuentren el sitio donde fue enterrado, pero la apertura de las fosas comunes servirá al menos para apaciguar a mucha gente que todavía desconoce el derrotero de sus seres queridos».
