«¿Este sería también su plan para Alemania, Sr. Weber? ¿Devolver a las calles y plazas de Berlín los nombres de los dirigentes del Tercer Reich?». Esta fue la pregunta que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dirigió recientemente al político alemán de centroderecha Manfred Weber, jefe del grupo más numeroso del Parlamento Europeo. Sánchez se dirigía a los parlamentarios de la UE en Estrasburgo, Francia, poco después de su reelección por el Congreso de España el mes pasado, tras unas elecciones generales muy reñidas en las que la extrema derecha parecía cerca de alcanzar el gobierno por primera vez desde la muerte de Francisco Franco.
En aquel acalorado debate en el Parlamento Europeo, el democristiano Weber criticó duramente a Sánchez por negociar el apoyo de los partidos independentistas catalanes para seguir siendo presidente del gobierno. A cambio de sus votos en el Congreso, el Partido Socialista de Sánchez ofreció una ley de amnistía para quienes participaron en el fallido intento independentista catalán de 2017. Weber reprochó a Sánchez que descartara la opción de llegar a un acuerdo con el derechista Partido Popular (PP).
De hecho, el PP conservador había obtenido el mayor porcentaje de votos en las elecciones generales de julio de 2023, pero no pudo alcanzar la mayoría parlamentaria ni siquiera con el apoyo del partido de extrema derecha Vox. Los pactos entre estos dos partidos se habían generalizado tras las elecciones autonómicas y locales del pasado mayo en toda España, en las que el PP obtuvo importantes avances, pero a menudo no consiguió mayorías absolutas. En estos casos, Vox votó a favor de los candidatos del PP tras llegar a acuerdos que a veces incluían un lugar para esta fuerza nacionalista española dentro de los distintos gobiernos regionales y locales.
Esto fue lo que impulsó a Sánchez a ofrecer a los parlamentarios europeos una visión general de las políticas aplicadas por estas coaliciones de derechas. Sánchez preguntó a Weber si era consciente de que los gobiernos que cuentan con el apoyo de Vox están recuperando nombres de calles asociados a figuras destacadas de la dictadura franquista, que gobernó España de 1939 a 1975. En este contexto, Sánchez preguntó a Weber si le parecería bien que se conmemorara a personalidades del Tercer Reich en los nombres de las calles de su país.
El partido predecesor del PP, Alianza Popular, fue fundado tras la muerte del dictador por Manuel Fraga, ministro de varios gobiernos franquistas. La línea argumental tradicional del partido de derechas es que el legado de la dictadura se superó con las primeras elecciones democráticas de 1977 y la aprobación de la Constitución vigente en 1978, que representaron una forma de reconciliación nacional.
Vox ha sido menos circunspecto en sus opiniones sobre el pasado franquista. Aunque no defiende abiertamente la dictadura de Franco, las banderas franquistas son una imagen frecuente en los mítines del partido. Más reveladoras fueron las palabras del líder de Vox, Santiago Abascal, en septiembre de 2020. Afirmó que el gabinete de amplia izquierda encabezado por el socialista Sánchez en coalición con el izquierdista Unidos Podemos era «el peor gobierno español de los últimos 80 años», es decir, desde antes de que se instaurara el régimen franquista.
Matilde Eiroa San Francisco, profesora de Historia en la Universidad Carlos III de Madrid, me dice que las diferencias entre el PP y Vox sobre el franquismo son más una cuestión de matices que de esencia. Explica que ambos partidos entienden la II República (1931-36), el primer periodo democrático de la historia de España, y la posterior Guerra Civil (1936-39) desde sus propios sesgos históricos.
En esencia, sostienen que la izquierda es la culpable de todos los periodos negativos y violentos de la historia moderna de España, una visión que durante mucho tiempo sirvió de justificación al franquismo y que el propio régimen propagó. Tanto el PP como Vox son también conscientes de que estudiar y discutir el periodo de la dictadura «arroja mala luz sobre importantes grupos sociales que están en los orígenes de la actual derecha y extrema derecha políticas», añade Eiroa San Francisco.
Pacto de olvido
La transición española de finales de la década de 1970 a un sistema democrático se basó en la ficción consensuada de que la historia de España empezaba de nuevo tras la muerte de Franco. Los que se habían beneficiado del franquismo se contentaban con lavar su pasado antidemocrático, mientras que los que habían sufrido la dictadura o el exilio eran demasiado conscientes de la fragilidad de la nueva democracia como para exigir una ruptura limpia con el pasado.
Este silencio colectivo, a menudo conocido como Pacto del Olvido, se institucionalizó en la Ley de Amnistía de 1977. La decisión de garantizar la impunidad legal a los responsables de los crímenes del régimen abrió la puerta a la consolidación de un nuevo orden democrático. Sin embargo, el precio a pagar fue muy alto, ya que las víctimas de las fuerzas franquistas durante la Guerra Civil y la dictadura nunca vieron a sus opresores rendir cuentas de sus crímenes ante un tribunal.
El poder del Pacto del Olvido quedó patente cuando el Partido Socialista dirigido por Felipe González ganó las elecciones en 1982, volviendo al gobierno nacional por primera vez en más de cuatro décadas. El último presidente del gobierno socialista, Juan Negrín, había muerto en el exilio tras huir de las tropas franquistas, pero González, que permaneció en el poder hasta 1996, dejó intacto el pasado. No fue hasta el gobierno del presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, formado en 2004 tras dos gobiernos consecutivos del PP, cuando España inició los primeros intentos de abordar el periodo de la Guerra Civil y el franquismo.
A pesar de la oposición del PP, en 2007 el Congreso español aprobó la Ley de Memoria Histórica, que declaraba ilegítimos los juicios políticos llevados a cabo por tribunales franquistas y ordenaba la retirada de símbolos y nombres de calles relacionados con el periodo del régimen. Además, establecía que el Estado financiaría la excavación de las fosas comunes en las que decenas de miles de republicanos habían sido enterrados durante y después de la Guerra Civil, sin sepultura propia y sin conocimiento de sus familias.
Los limitadísimos avances de la Ley de Memoria Histórica se detuvieron después de que el líder del PP, Mariano Rajoy, se convirtiera en presidente del gobierno en 2011. Durante sus siete años en el poder, el gobierno de Rajoy no derogó la Ley de Memoria Histórica, pero sí la privó de fondos públicos, lo que en última instancia tuvo un efecto similar. Los fondos públicos se habían dedicado a la excavación de fosas comunes, exposiciones, documentales y congresos. Estas actividades apenas pudieron sobrevivir gracias a premios internacionales y donaciones privadas.
Tras el regreso de los socialistas al gobierno nacional en 2018, el nuevo gabinete dirigido por Sánchez procedió a exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos. Se trata de un conocido lugar monumental del triunfalismo franquista a las afueras de Madrid, donde más de treinta mil republicanos fueron enterrados sin tumbas adecuadas y sin el conocimiento de sus familias.
En 2022, el gobierno presidido por Sánchez aprobó la Ley de Memoria Democrática, un paso más con respecto a las medidas de 2007. En virtud de la nueva legislación, el Estado asume la responsabilidad de identificar y dar una sepultura digna a los republicanos que fueron enterrados en fosas comunes. La nueva ley también reconoce un abanico más amplio de víctimas del conflicto de 1936-39 y de la dictadura. Tanto el PP como Vox se opusieron a esta legislación.
Retroceder en el tiempo
Aun así, la propia Ley de Memoria Democrática tiene importantes límites. El principal, que se deriva en gran medida de la Ley de Amnistía de 1977, es que sigue siendo muy difícil llevar ante los tribunales a los responsables de los crímenes del franquismo. También es importante tener en cuenta que, debido al sistema político relativamente descentralizado de España, los distintos gobiernos regionales desempeñan un papel importante en la aplicación de las leyes de memoria histórica. Esto ha dado margen a los parlamentos regionales de Cataluña y el País Vasco, objetivos especiales de la represión franquista, para aprobar una legislación de este tipo especialmente ambiciosa.
Sin embargo, en el contexto político que siguió al avance de la derecha en las elecciones autonómicas y locales de mayo de 2023, los amplios poderes de los parlamentos regionales en materia de políticas de memoria histórica han tenido un efecto muy diferente. En regiones como Aragón o Extremadura, el PP y Vox establecieron gobiernos de coalición. En otras, como Cantabria o Baleares, los dos partidos acordaron que el PP gobernara en solitario, pero a condición de que aplicara algunas de las medidas defendidas por la extrema derecha. En estas regiones en las que Vox es decisivo, la extrema derecha ha exigido sistemáticamente que no se aplique ninguna de las medidas establecidas por la Ley de Memoria Democrática y que se borre la legislación autonómica basada en la antigua Ley de Memoria Histórica.
El caso de Baleares es paradigmático del poder de la extrema derecha para remodelar las leyes de memoria histórica incluso desde fuera de los altos cargos. Antes de las elecciones autonómicas de mayo de 2023, los socialistas habían ocupado aquí la presidencia durante unos ocho años, en dos coaliciones diferentes con partidos de izquierda. A diferencia de lo ocurrido a nivel nacional y en muchos parlamentos autonómicos, el PP de Baleares votó a favor de la Ley autonómica de Memoria Histórica en 2018. Pero a raíz del acuerdo político entre los partidos de derechas que dio al PP la presidencia de Baleares en el verano de 2023, el PP anunció que derogaría la Ley de Memoria Histórica del Parlamento regional de 2018.
Maria Antònia Oliver París, presidenta de la Asociación de la Memoria de Mallorca, me cuenta que el actual gobierno del PP en Baleares ha mantenido a oscuras a su asociación. Ha continuado el programa que heredó del gobierno anterior para abrir fosas comunes e identificar a las víctimas de la represión franquista durante la Guerra Civil y sus secuelas. Pero lo ha hecho con importantes retrasos y secretismo.
Esto contrasta con la política del gobierno anterior, que ella consideraba un éxito debido a la constante comunicación entre el gobierno regional y las organizaciones de la sociedad civil que abogan por la memoria histórica. Oliver París firma que «la memoria tiene que ser pública, formar parte de la sociedad, difundirse y promoverse». En cambio, con el gobierno actual «las víctimas del franquismo y sus familiares son utilizados como moneda de cambio» para apaciguar a la extrema derecha.
La situación en Baleares tras la votación de mayo de 2023, como en muchas otras regiones y ciudades donde gobierna el PP y Vox desempeña un papel clave, sigue siendo paradójica. Aunque limitada en aspectos importantes, la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022 es la ley nacional más ambiciosa jamás aprobada para abordar las casi cuatro décadas de represión franquista. Sin embargo, como señala la historiadora Eiroa San Francisco, es posible que la Ley de Memoria Democrática «quede reducida a la nada en aquellas regiones donde el Partido Popular y Vox participan en el gobierno».
Si algo nos ha demostrado la historia reciente de España es que los derechos sociales y los avances hacia una conversación más sana sobre el pasado franquista nunca son permanentes. Cualquier avance para arrojar luz sobre la dictadura corre siempre el riesgo de ser anulado mientras amplios sectores de la sociedad española insistan en que es mejor dejar el pasado en paz.
