¿Cómo pensar a Carlos Saúl Menem? ¿Como la marca de la corrupción cleptocrática? ¿Como el jefe de una banda mafiosa? ¿Cómo pensar el menemismo? ¿Como síntesis privilegiada de los vientos tras la caída del Muro de Berlín? ¿Como inevitable consecuencia de la globalización posterior a 1989?
Si algo produjo el menemismo en la Argentina fueron cataratas de lugares comunes, trivialidad enajenada por la estabilización de la derrota del campo popular y la falta de horizonte nacional del bloque de clases dominantes, sin que las clases subalternas arrimaran otro abordaje.
El menemismo, esa es nuestra tesis, constituye el programa de una clase dominante que ya no es una clase dirigente; consiste en la sustitución de un proyecto colectivo por la naturalización de la decadencia ininterrumpida. Naturalización que opera a través de la reproducción ampliada de una mayoría amorfa de ciudadanxs, requerida para el sometimiento automático al dictat del mercado mundial. Ese programa consigue que tal mayoría renuncie a la política como herramienta de transformación compartida. Es decir, la política queda reducida a la administración de lo dado, a la lógica de los gerentes.
Ahora bien, ¿es Menem el factor determinante de lo menemista? La pregunta arroja dos respuestas, ambas inadecuadas. Ni bien ensayamos el sí, la desproporción salta a la vista y, por tanto, acomoda la otra posibilidad. Ni bien respondemos «no», Menem queda inmediatamente exculpado. La pregunta está atrapada en una telaraña que no permite delimitar su propio campo problemático, por tanto no sabe –no puede saber– si son o no las clases dirigentes las que determinan las ideas rectoras de una época.
¿Las clases dirigentes de cual época? ¿De todas las épocas?
¿De qué geografía histórica? ¿De todas?
Este modo de formular preguntas no organiza ninguna investigación. Por ese camino, el problema queda congelado; una falsa pregunta clausura toda respuesta que abandone la mera descripción. Todo queda reducido a una fiesta en el country con pizza y champaña, con algún asesinato familiar sin esclarecer.
El menemismo fue (¿fue?) un sistema político sin alternativa interna. Todo el orden político quedaba cooptado, y se votara como se votara, los electos hacían lo mismo con los mismos funcionarios. Esa notable rigidez estructural paradójicamente contó con un vasto sistema de alianzas elásticamente engarzadas: hubo menemismo explicito y también vergonzante en ámbitos insospechados de menemismo explícito. Esto continúa hoy: el menemismo vive como programa sin programa del partido del Estado, es la marcha sonámbula de una sociedad que no se dirige a ninguna parte, sometida a los gélidos vientos del mercado mundial, al saqueo sistemático del trabajo y la producción nacional.
Las dos presidencias de Menem constituyen el momento en que la clase dominante perdió todo punto de referencias autónomas y, desde entonces, es un simple catalizador de las brisas y no una clase dirigente. Pero ese no es un punto de partida. Es una decisión política que empezó a tomarse en 1975 mediante el Rodrigazo, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, con la participación directa de los interesados. Los defensores del Plan Gelbard arrumbaron definitivamente ese proyecto; y de una propuesta limitadamente nacional, pasaron a otra que facilitaba la transformación de sus activos en capital financiero. Como parte de esa operación radicaron activos líquidos en el sistema financiero internacional. De esa fenomenal transferencia de activos surge la deuda externa.
Entonces, el interrogante acerca de la incidencia de las clases dirigentes para determinar las ideas rectoras de una época podría reformularse así: ¿cómo se constituye el menemismo? Y comenzar a responderse diciendo que es francamente difícil que un presidente pueda ser determinante en la construcción de condiciones previas a su acceso al poder, al tiempo que se vuelve relativamente determinante en la orientación de su propia acción política.
Carlos Menem, desde las palancas de comando de la política nacional, desde el poder ejecutivo, arrastró al legislativo mientras que reorganizaba la cúspide del judicial: la Corte que convalidaba todo por mayoría automática. El gobierno contó, además, con irrestricto respaldo parlamentario –durante los primeros meses de su primer gobierno– de la Unión Cívica Radical. En el primer tramo, el alfonsinismo cristalizado y el menemismo todavía gaseoso cogobernaron. Y no fue la única vez. La reforma constitucional de 1994 fue el otro momento de convergencia decisiva.
La brutalidad menemista agravaba ad infinitum todos los problemas materiales y políticos de la sociedad argentina y, por cierto, resultaba evitable. Una cosa era la incorporación de la sociedad argentina al nuevo ciclo del mercado mundial (esa era la novedad histórica que aportaba la caída del Muro de Berlín en el año 89) y otra muy distinta la forma en que se produjo esa incorporación por parte del gobierno de Menem.
Aun los críticos más tenues, los que solo objetan la «forma» menemista de las privatizaciones y no reconocen la insensatez sistémica de prorrogar indefinidamente la convertibilidad, se dan claramente cuenta de que el damero de posibilidades era mucho más amplio. Dicho al galope: esa «forma» –al menos– fue una decisión directa del doctor Menem; sobredeterminada, eso sí, por la nueva relación de fuerzas ideológicas, políticas y sociales a partir de la derrota mundial del socialismo real.
No bastó la dictadura burguesa terrorista de 1976 para la liquidación definitiva de todos los proyectos construidos a partir de la crisis del 30. El menemismo expresó, además, la derrota mundial de los trabajadores frente al arrollador avance del capital globalizado. Tanto el radicalismo de Yrigoyen como el movimiento encabezado por Juan Domingo Perón acompañaron, en sus arranques, ciclos expansivos de los movimientos populares. El menemismo, no.
Este apretado hilván conceptual (del Plan Gelbard al Rodrigazo, del Rodrigazo al proyecto de José Alfredo Martínez de Hoz, y de Martínez de Hoz a Menem) permite entender el entramado de un sistema de decisiones que en su estructura básica no se ha modificado. Esa continuidad sobrevive y conduce, a través del programa de la Convertibilidad, a la catástrofe de 2001.
La brutalidad de la crisis de 2001 en la Argentina –impensable sin la gestión de Menem y el corolario que le imprimió De la Rúa– impuso un obligado ciclo de recomposición (2002–2015) en el que los buenos precios agrarios internacionales facilitaron un triple «milagro»: conformar reservas de libre disponibilidad en el Banco Central, pagar la deuda externa defaulteada y permitir, durante un cierto tiempo, la libre circulación de capitales. Sin modificar la matriz productiva ni la distribución del ingreso, fue posible mejorar el consumo popular incrementando la actividad económica. Dicho con sencillez: el 23% de 100 no difiere estructuralmente del 23% de 1000, pero el hecho de que haya 10 veces más para repartir modifica sustantivamente la cuenta.
Con el arribo de Mauricio Macri, el ciclo de saqueo volvió a intensificarse. Desfinanciar el Estado y solventar el gasto corriente con endeudamiento externo fueron las líneas rectoras de la «nueva» política económica. De ahí surge la amenaza del default (imposibilidad de pagar los títulos de deuda) y la posible hiperinflación.
Un país con un tambaleante sistema de precios, casi sin moneda y con las reservas en el Banco Central al borde de la extinción: con ese cuadro de situación ocupa la presidencia Alberto Fernández. Entonces estalló la pandemia, que no es otra cosa que la forma que asume la nueva crisis general del capitalismo; ya no se trata de las debilidades de la periferia, sino de la inviabilidad de una lógica productiva que pone al borde de la extinción a la historia humana. En ese punto estamos, con todo ese pasado a cuestas.
