Cuando se confirmó la condena del ex presidente Jair Bolsonaro a veintisiete años de prisión, miles de personas salieron a las calles a celebrar en el país más grande de América Latina. El día anterior, 11 de septiembre, fecha asociada en la región con el violento golpe de Estado de 1973 en Chile, el Tribunal Supremo Federal de Brasil dictó una sentencia sin precedentes en la historia moderna del país, en la que no solo se responsabilizaba a Bolsonaro, sino también a aliados clave de las altas esferas de las fuerzas armadas, de planear un golpe de Estado, liderar una conspiración criminal y tramar la abolición violenta del Estado de derecho tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio «Lula» da Silva.
La sentencia fue a la vez un reconocimiento de la gravedad de sus delitos y una señal de que las frágiles instituciones democráticas de Brasil, bajo una enorme presión, aún podían estar a la altura de las circunstancias. El presidente estadounidense Donald Trump respondió: «Es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo. Pero no se salieron con la suya en absoluto».
Por histórico que sea, el veredicto de culpabilidad de Bolsonaro no pone fin de forma clara al largo asalto de la derecha contra la democracia brasileña, que se intensificó tras su elección en 2018. De hecho, Bolsonaro sigue siendo la figura central de la extrema derecha brasileña, a pesar de que tiene prohibido presentarse a las elecciones hasta 2030 y es probable que, de todos modos, siga encarcelado más allá de esa fecha. Su condena no debe entenderse como el final de un drama político, sino como el comienzo de un nuevo capítulo en la lucha de Brasil por acabar con la impunidad y salvaguardar su soberanía.
El insurrecto enfermo
Ya se están realizando esfuerzos para suavizar el golpe de la condena o incluso borrarla por completo. En un Congreso dominado en gran medida por fuerzas conservadoras que son agnósticas —si no abiertamente simpatizantes— respecto de Bolsonaro, hay una amplia base a favor de concederle la amnistía, lo mismo que a quienes participaron en la insurrección de Brasilia del 8 de enero de 2023.
Hugo Motta, presidente de la Cámara de Diputados, estuvo negociando activamente una estrategia legislativa para bloquear una amnistía general, al tiempo que explora una reducción limitada de las penas, que podría beneficiar al expresidente. Según se informa, se está debatiendo un plan para reducir las penas de prisión por delitos contra el orden democrático que hoy son de cuatro a ocho años, a entre dos a seis años, y por intentos de golpe de Estado de los actuales entre cuatro y doce años a entre dos a ocho años, contando solo el delito más grave cuando se aplican múltiples cargos. La propuesta se enfrenta a la resistencia del Gobierno de Lula y de los partidos de centroizquierda, que argumentan que cualquier forma de amnistía es una invitación tácita a futuros atentados contra la democracia. El Senado tampoco parece dispuesto a apoyar la amnistía.
Por su parte, la familia Bolsonaro intensificó su propia contraofensiva discursiva. Durante años, Bolsonaro y sus hijos —todos ellos dedicados a la política electoral— arremetieron contra las instituciones democráticas del Brasil posdictatorial. Si bien es cierto que la Constitución brasileña no siempre se aplicó de manera efectiva, los miembros de la familia Bolsonaro hicieron carrera despreciando sus elementos más progresistas e innovadores.
En los días posteriores a la sentencia, el senador Flávio Bolsonaro, el hijo mayor del expresidente, lanzó un duro ataque contra el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, el ministro que supervisó el procesamiento de su padre, tildándolo de «terrorista». El vitriolo se acompañó inmediatamente de un llamamiento a la clemencia basado en la mala salud del ex presidente. A los pocos días de la condena, Bolsonaro fue hospitalizado con picos de presión arterial, vómitos, neumonía y lesiones cutáneas recurrentes.
Estas hospitalizaciones, frecuentes desde que fue apuñalado durante un acto de campaña en 2018, ponen de relieve cómo el propio cuerpo de Bolsonaro se convirtió en una especie de accesorio político. Para sus seguidores, es una figura perseguida, acosada incluso cuando su salud física se resquebraja; para sus detractores, el momento en que se producen sus episodios médicos tiende a coincidir convenientemente con reveses legales, lo que sugiere una cínica estratagema para retrasar la justicia. En cualquier caso, su estado de salud ya influyó en el debate sobre si cumplirá su condena en prisión o bajo un arresto domiciliario más indulgente. La salud del ex presidente es, por tanto, inseparable de su política: el hombre que se presentaba como un soldado de fuerza inquebrantable ahora invoca su debilidad para pedirle clemencia a los mismos jueces contra los que arremetía.
La democracia brasileña frente a Donald Trump
Las repercusiones de la condena de Bolsonaro no se limitan a Brasilia. Su juicio suscitó un debate sobre la resistencia de las instituciones democráticas y los límites de la responsabilidad de los populistas de derecha en todo el mundo. «Con todos sus defectos, la democracia brasileña es hoy más saludable que la estadounidense», argumentaron Filipe Campante y Steven Levitsky tras el veredicto. «En lugar de socavar los esfuerzos de Brasil por defender su democracia, los estadounidenses deberían aprender de ella», concluyeron.
En línea con el discurso de los elementos más extremistas de la derecha brasileña, el secretario de Estado Marco Rubio desestimó a De Moraes como un «violador de los derechos humanos sancionado». Haciéndose eco de comentarios anteriores de Trump, condenó la sentencia del Tribunal Supremo brasileño como una «caza de brujas» y prometió que Estados Unidos respondería en consecuencia, sin especificar cómo exactamente. Los funcionarios brasileños están a la espera de ver si, cuándo y cómo la administración Trump ampliará su repertorio de tácticas de intimidación y represalias.
En un artículo de opinión publicado en el New York Times tras el veredicto, Lula defendió enérgicamente la democracia y el sistema judicial de Brasil. «Cuando Estados Unidos da la espalda a una relación de más de 200 años, como la que mantiene con Brasil, todos salen perdiendo», insistió, añadiendo que «no hay diferencias ideológicas que deban impedir que dos gobiernos colaboren en ámbitos en los que tienen objetivos comunes».
Una forma de entender el renovado impulso de Lula para establecer un diálogo con Trump es en el contexto de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se celebrará a finales de este mes en la ciudad de Nueva York. Por costumbre, el presidente brasileño siempre habla primero, seguido del jefe del Ejecutivo estadounidense. Esta será la mayor proximidad que Lula y Trump hayan tenido nunca. Si Trump sigue negándose a dialogar con Lula, al menos el presidente brasileño habrá dejado clara ante todos su voluntad de tender la mano.
Mirando hacia 2026
Los intentos de Trump de presionar al Gobierno de Lula le reportaron claros beneficios políticos al veterano estadista brasileño, que experimentó un repunte en las encuestas mientras se prepara para buscar la reelección el año que viene. Sin embargo, no hay garantía de que la continua erosión de la relación bilateral siga redundando en su beneficio. Si aumenta el sufrimiento económico, es muy posible que más brasileños lo culpen a él. Por lo tanto, Lula tiene un incentivo para, al menos, establecer una línea de comunicación abierta.
Los aliados de Bolsonaro miran ansiosos hacia la importante carrera presidencial del próximo año, un proceso que el juicio contra el ex presidente había dejado efectivamente en suspenso. Hay muchos aspirantes a candidatos que buscan su bendición, y todos ellos prometieron ser fieles defensores del bolsonarismo. No todos son especialmente competitivos en las encuestas, pero insistieron, en tono más o menos discreto, en que respaldarían al expresidente si de alguna manera pudiera presentarse a las elecciones. Ahora, el proceso para decidir quién será el nuevo abanderado de la derecha se recrudecerá casi con toda seguridad.
En resumen, la condena de Bolsonaro no pone fin a su influencia política sobre el contingente más ferviente de la derecha brasileña. De hecho, en cierto modo plantea más preguntas que respuestas. ¿Intensificará Trump sus ataques imprudentes? ¿Conseguirán los bolsonaristas del Congreso cambiar el discurso a su favor? ¿Seguirán los votantes oponiéndose a la amnistía? ¿Se mantendrá estable o seguirá mejorando la popularidad de Lula? Aún no se sabe qué rumbo tomará la situación tras el histórico juicio al expresidente y sus cómplices. Será una de las cuestiones políticas centrales del año que viene.
