El artículo que sigue forma parte de un dossier dedicado a Colombia que coordinamos desde Jacobin en el marco de la consulta popular impulsada por el gobierno del Pacto Histórico.
El neoliberalismo en Colombia ha tenido un impacto trágico y contundente en el mundo laboral, de ahí que la convocatoria plebiscitaria propuesta por el gobierno de Gustavo Petro apuntara a estimular una discusión que evidencie el valor estratégico que tiene el trabajo en la construcción de una democracia popular y en la preservación de la vida de amplias poblaciones. La historia reciente de Colombia nos muestra también que la movilización popular es el camino más eficaz para vencer los obstáculos e impedimentos colocados por la oposición neoliberal contra los avances propuestos y la mejor garantía para asegurar la continuidad de cualquier conquista democrática que se logre a mediano y largo plazo.
La tragedia laboral y la falta de garantías para los trabajadores ha sido más devastadora en una buena parte del país donde se impusieron modelos interno-coloniales, apoyados casi siempre en la racialización de sus habitantes; esto ha sucedido en regiones como el Pacífico, donde la marginación territorial y las diversas expresiones de racismo contra poblaciones afrodescendientes e indígenas impactaron de manera extraordinaria en el mundo del trabajo.
En el Pacífico colombiano, la consolidación de un mundo laboral desregulado y violento se apoyó en un Estado con una presencia negativa en el territorio, es decir, un Estado cuya función principal fue la de garantizar los intereses extraterritoriales de grupos extractivistas nacionales o trasnacionales. Esta estatalidad negativa se reforzó desde el inicio del Plan Colombia, cuando los poderes extraterritoriales aprovecharon las ventanas abiertas por la Constitución de 1991 para la implementación de radicales medidas privatizadoras. La estatalidad negativa se manifiesta tanto por medio de la ausencia deliberada de cualquier institucionalidad, lo que deja a los actores locales totalmente a merced de poderosos grupos que actúan con independencia e impunidad, como por una presencia parcial del Estado, casi siempre reducida a los aparatos militares y policiales que actúan en favor de los intereses extraterritoriales. En cualquier caso, esta ausencia o presencia parcial se ejerce en contra de las poblaciones locales y a favor de los intereses de poderosos grupos extraterritoriales que actúan a nivel local o regional.
En los contextos neocoloniales reactivados durante el neoliberalismo, el mundo del trabajo se desarrolla bajo condiciones que buscan garantizar los niveles máximos de exacción a las poblaciones y regiones locales, mediante mecanismos que van desde la precarización laboral hasta la eliminación total de derechos. En el Pacífico colombiano el boom de la cocaína, también muestra que la radicalidad del despojo depende del carácter legal o ilegal de los productos extraídos.
En los inicios del siglo XXI, el Pacífico colombiano vivió diversas situaciones que permitieron la creación de una necroeconomía que garantizó la entrada de Colombia a la globalización y una movilización desmesurada de capitales, a costa de la vida y el despojo de las poblaciones empobrecidas y racializadas. Entre estas situaciones se cuentan la privatización de los puertos que, como en el caso del de Buenaventura, permitió la remodelación y la construcción de una infraestructura portuaria necesaria para la entrada de productos manufacturados y la salida de productos primarios legales e ilegales; la implementación del Plan Colombia, que transformó la vida de las poblaciones afrodescendientes cuyos territorios fueron ocupados por mercaderes de la cocaína mientras se imponía una retórica multiculturalista que concebía a las poblaciones racializadas como «otredades culturales» (lo cual dio más elementos al Estado para desentenderse de su obligación de garante de derechos y profundizó su presencia negativa); y el fortalecimiento de un modelo extractivista que profundizó la separación entre el espacio urbano y el espacio rural mediante la creación de una infraestructura urbana dedicada exclusivamente al asimétrico comercio internacional, mientras que el espacio rural, habitado significativamente por poblaciones afrodescendientes, se convirtió en un sitio de lavado de activos mediante inversiones en grandes extensiones de tierra para monocultivos como la palma africana. Estos proyectos se sustentan en el genocidio y el despojo de poblaciones afrodescendientes.
La historia social del puerto de Buenaventura es aleccionadora: el puerto perteneció al Estado hasta que la Constitución de 1991 creó las condiciones para una privatización que ocurriría casi de inmediato. Al menos desde la década de los cincuenta, la existencia de un puerto público en la ciudad homónima había permitido la creación de una clase media, mayoritariamente negra y con significativa presencia económica y política; pero a partir de la creación del puerto «se consolidó una clase media bonaverense que empezó a ocupar cargos políticos en la administración local y cargos directivos en la empresa pública» (como se plantea en el informe del Centro Nacional de la Memoria Histórica Buenaventura: Un puerto sin comunidad). Al respecto Fernando Urrea plantea (en un artículo de 2011):
Los hijos e hijas de los trabajadores (…) sindicalizados con un régimen convencional avanzado en el contexto de una empresa (…) del sector público, fueron financiados (…) a lo largo de sus estudios secundarios y luego universitarios. Esto favoreció la aparición de profesionales en varias disciplinas que fueron a hacer sus estudios universitarios en Cali y Bogotá y otras ciudades del país; incluso algunos llegan a realizar estudios de posgrado en el exterior. Una parte de estos profesionales migran a Cali y Bogotá y otros se establecen en Buenaventura con una alta incidencia en el ingreso a cargos públicos por elección popular, y más tarde, otros ingresarán a cargos de dirección en la empresa.
A partir de 1959, el puerto de Buenaventura se afilió a la poderosa organización nacional Colpuertos, que aglutinaba a los puertos de Colombia, así como a la Federación Nacional de Trabajadores Portuarios (Fedepuertos), que en la década de 1970 llegaría a ser una de las principales organizaciones sindicales de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), como explican Nayibe Jiménez Pérez y Wilson Delgado Moreno en un artículo de 2008. Sin embargo, durante los años ochenta, la corrupción penetró al puerto y los sindicatos, dándole pretextos a César Gaviria para implementar la privatización.
La Constitución de 1991 condujo a la privatización del puerto en 1994, consolidada durante la implementación del Plan Colombia, junto al extractivismo primario y la violencia racializada. La privatización se acompañó de un sistema de subcontrataciones y se creó una planta de trabajadores y operarios desvinculados de las Sociedades Portuarias a pesar de trabajar más de una jornada completa. Se marginó a los técnicos y operarios locales y se llevó adelante una drástica reducción de la mano de obra: entre 1990 y 2008, el número de trabajadores pasó 10.000 a 3.500, de los cuales sólo 200 pertenecían a la Sociedad Portuaria de Buenaventura y tenían contrato indefinido. Jiménez y Delgado explican que en ese contexto el salario disminuyó cerca de 3,5 veces y que “10 años después (de la liquidación de Colpuertos) los trabajadores percibían ingresos muy inferiores a pesar del incremento en el Índice de Precios al Consumidor”.
Citando una entrevista realizada para su estudio, los autores también señalan que estas transformaciones laborales vinieron acompañadas de la destrucción de la organización sindical y de la creación de unas condiciones en las que
«una persona trabaja 16, 17 y hasta 18 horas seguidas, el salario no está regulado, no hay un estatuto que regule las condiciones de trabajo, los trabajadores adicionales no tienen seguridad social, aunque han intentado defender este derecho ante las autoridades portuarias, de Buenaventura y el Ministerio de la Protección Social. El operador paga lo que quiere pagar y el trabajador debe someterse a ello para no perder su empleo».
Así se potenció el puerto de Buenaventura y se insertó en la economía globalizada, a costa de la muerte y el desplazamiento de la población negra.
Mediante la privatización, el empresario Óscar Isaza (cercano al gobierno de Gaviria, sobre quien cayeron acusaciones de vínculos con el narcotráfico) creó junto a un grupo de socios la Sociedad Portuaria para luego fundar en el año 2000 el Grupo Empresarial del Pacífico y en el 2003 la Terminal de Contenedores de Buenaventura (TCBuen), en sociedad con un conglomerado catalán. Actualmente lidera la construcción de Puerto Antioquia, «que prevé dinamizar las exportaciones del centro del país», según la revista Forbes.
El megaproyecto portuario se consolidó en medio del terror impuesto contra las poblaciones afrodescendientes durante el Plan Colombia. Al inicio del plan, ocurrieron en Buenaventura una serie de masacres urbanas y rurales acompañadas por despojos y desplazamientos funcionales a la expansión de los proyectos portuarios y a la inversión de monocultivos para el lavado de activos. Entre el 2000 y el 2004, mediante masacres lideradas por el Bloque Calima, el poder político y económico de la región Pacífico Medio y de Buenaventura quedó en manos del narcotráfico y de la mafia: los territorios rurales fueron cercados y acosados (como lo evidenció la masacre del Consejo Comunitario del Río Naya, en abril del 2001), mientras que en el espacio urbano este tipo de ataques permitieron el despojo del territorio del Bajo Calima. Allí sería construido el puerto intermodal de agua dulce, con inversión de International Container Terminal Services Inc. (ICTSI), de Filipinas y PSA de Singapur. «De igual manera, luego de la masacre de los 12 jóvenes de Punta del Este, en abril de 2005, entró en funcionamiento la Terminal de Contenedores de Buenaventura TCBUEN con inversión de Óscar Isaza (…) junto a los españoles del Grupo marítimo Barcelona TCB» (como se detalla en un artículo publicado en Alliance for Global Justice).
En el 2014, este puerto se había convertido en uno de los más apetecidos negocios tanto para las élites colombianas como para inversores globales, tras haberse convertido en vía de salida de más del 60% del total de exportaciones de Colombia y del 80% del café del país. La Sociedad Portuaria terminaría controlada por las familias Parody Decheona, Paz Bautista (propietaria del grupo empresarial Harinera del Valle), por el grupo Comercializadora Internacional de Azucares y Mieles S.A. (CIAMSA, formado por los 12 ingenios azucareros más grandes del Valle del Cauca) y por el propio Isaza.
Otra muestra de este proceso de desregulación neoliberal del trabajo se encuentra en la jerarquizada y racializada pirámide construida por el mercado de la cocaína: en un valioso informe referido al año 2009, Naciones Unidas describe detalladamente las abismales diferencias en la distribución de las ganancias del negocio de la cocaína, en una pirámide en cuya base están los campesinos productores primarios de la hoja de la coca y los microtraficantes, seguidos por los grandes exportadores, los distribuidores y los transportistas, que en su vértice ubica a todo el sistema financiero que, mediante paraísos fiscales o por la corrupción de las unidades dedicadas a investigar el lavado de dinero, permite que el grueso de los capitales derivados del tráfico se legitimen en el sistema capitalista.
El vértice del sistema financiero, encargado del lavado de activos, está ubicado principalmente en el norte global —Europa, los Estados Unidos y, en menor grado, el Caribe— y protegido por el sigilo. Mientras que los grandes traficantes y transportistas llegan a lavar hasta el 80 % de sus ganancias, sólo el 0.2 % de ese monto de capital es confiscado y congelado. En la base de la pirámide está un subproletariado racializado, con ingresos por debajo de los mínimos nacionales, conformado por microtraficantes que en su mayoría son jóvenes, atrapados en ciclos de violencia y expectativas de vida limitadas que con frecuencia les impide incluso llegar a la adultez, o campesinos cuyas tierras y cultivos son sometidos a permanente asedio militar, paramilitar y de las guerrillas, así como a campañas masivas e inútiles de fumigación.
Esperemos que el llamado del gobierno del presidente Petro a una consulta sobre el tema laboral constituya una oportunidad para discutir de manera amplia los contenidos de sus propuestas y los modelos en disputa, sobre todo si en gran parte del territorio nacional la dignificación del trabajo no es sólo implica sólo una dignificación sino la preservación misma de la vida.
