En una región atravesada por dos proyectos políticos en pugna, por un lado asistimos al avance de extremas derechas que despliegan estrategias de inspiración fascista en todo el continente: desde la administración estadounidense de Donald Trump, empeñada en humillar a los migrantes latinoamericanos y en imponer aranceles al resto del mundo, hasta el reciente triunfo del ultraderechista Daniel Noboa en Ecuador y la continuidad del presidente «libertariano» Javier Milei en Argentina, entre otros ejemplos. Frente a esta ofensiva, se mantiene —con sus tensiones y contradicciones— el impulso de gobiernos progresistas en países como México, Honduras, Uruguay, Panamá, Brasil y Colombia.
Para analizar el caso colombiano, la filósofa argentina Luciana Cadahia dialogó con el economista y dirigente político Daniel Rojas Medellín, nombrado ministro de Educación en julio de 2024, en reemplazo de Aurora Vergara, en el marco de la renovación del gabinete del gobierno del Pacto Histórico que lidera el presidente Gustavo Petro.
LC
En el contexto de la dinámica regional, Colombia tiene una característica importante a resaltar: está saliendo del fascismo en el que empezaron a entrar los otros países. Por eso nos parece que el papel de este país es clave para orientar a la región y ofrecer claves para salir del atolladero. Aquí se está desarmando un entramado fascistoide organizado entre las oligarquías y el crimen organizado. En esa dirección, hay dos ejes sobre los que nos gustaría conversar contigo, dado tu papel en el gobierno: primero como director de la Sociedad de Archivos Especiales (SAE) y luego como Ministro de Educación. Tu trabajo en estas áreas te permitió adentrarte en dos cuestiones que han funcionado como un nudo ciego latinoamericano: Tierra y Educación. Empecemos por lo primero: ¿Por qué es tan importante la reforma agraria que está impulsando el Pacto Histórico? ¿Y por qué esta reforma no solo atiende al problema de la redistribución (clave en el primer ciclo progresista) sino que también apunta a una transformación productiva vinculada al territorio y la transición energética?
DRM
La reforma agraria es una de las apuestas más importantes del programa de gobierno, aunque esto no salga en la prensa ni se haya convertido en objeto del debate público. La transición consiste, básicamente, en superar la etapa de una economía rentista o extractivista, en la cual el papel del Estado es el de simple corrector de fallas de los mercados. Es decir, un estado que, por un lado, opera como rescatista de las corporaciones y que, por otro, es un girador de cheques, tanto a las grandes corporaciones (cuyos mercados son tan frágiles que requieren del rescate institucional) como a la población más pobre para simplemente controlar la línea de la pobreza mediante transferencia monetaria. Esto último tiene una finalidad perversa: este vínculo entre Estado y pobreza funciona como un mecanismo de chantaje político a las poblaciones más pobres del país. Si no cumplís en cada elección con lo que el político de tu territorio te dice que hagas entonces te chantajean con la transferencia monetaria. Por otra parte, se individualiza a la sociedad porque la transferencia es para cada persona, para el cabeza de hogar o para el joven, sin ningún tipo de contraprestación ni, mucho menos, proyectos que tiendan a la generación o reconstrucción de tejido social.
LC
Hasta aquí se ha entendido el diagnóstico del tipo de Estado que ha caracterizado a Colombia y que ha impedido la reforma agraria. ¿En qué consistiría, entonces, esta transición o el nuevo modelo estatal que plantea el Pacto Histórico?
DRM
Se trata de una transición de ese modelo hacia un Estado Productivo en el que el mundo rural y el campo (es decir, el mundo campesino, indígena, negro) tenga un papel ponderante en un país cuyo coeficiente de Gini de propiedad rural da cuenta de la concentración más alta de la región. Algunas fuentes hablan de un Gini rural cercano al 0,9, o sea, muy cercano a la concentración total. Entonces lo que el gobierno ha propuesto en aras de la transformación rural son dos grandes objetivos políticos.
El primero es contribuir a la implementación de la reforma agraria mediante la democratización de la propiedad rural y eso implica, curiosamente, usar mecanismos de mercado que ya están contemplados en la Constitución del 91. El Pacto Histórico cometió un error al nombrar a ministros que no se animaron a aplicar la ley para, por una parte, desconcentrar la tenencia de la tierra y, por otra, deshacer su vínculo con el narcotráfico y el crimen organizado. El recambio de ministros en áreas estratégicas ha permitido saldar ese error e implementar una política estatal muy activa de compra de tierras a grandes latifundistas con el fin de redistribuirlas (o devolverlas) a las poblaciones desplazadas por esos mismos latifundistas. No tenemos que olvidar que Colombia ha sido uno de los países con mayor desplazamiento forzado. Es decir, la guerra y la violencia han funcionado como un plan muy eficaz para despojar de la tierra a las mayorías sociales y concentrarlas en pocas manos, reforzando el modelo rentista de país.
El segundo gran objetivo es no limitarnos a devolverle la tierra a la gente sino contribuir a la formación de un sujeto político en la ruralidad, que sea capaz de protagonizar y también de liderar otro patrón de acumulación para Colombia que ayude, al mismo tiempo, a defender el resto de reformas propuestas por el gobierno en el marco de un proyecto de modernización de la producción agraria y de una agremiación y colectivización. No se trata de crear una perspectiva productiva individualista sino una agremiada y colectiva. Esto supone, entonces, organizar una serie de políticas públicas que vayan orientando un nuevo tejido social para la ruralidad.
LC
¿Eso quiere decir que no se trata solo de devolverle la tierra a la gente sino de pensar en un modelo de asociación que vaya construyendo otro tejido social como contrapeso a la cultura narcoestatal en la ruralidad?
DRM
Exacto. Lo dispuesto con esta reforma agraria se basa en la idea de que no basta incluso con liberar la tierra, incluso no basta con ponerla a producir ni con que exista un sujeto político productivo empoderado y colectivo sino que, además, se requieren mecanismos de crédito y de asociatividad agro comercial de carácter colectivo.
LC
¿Y cómo contrarrestaría esto la lógica de producción neoliberal?
DRM
El punto clave de esta reforma agraria es que se cambian las relaciones entre el Estado y la ciudadanía. Se pasa del chantaje individualizador a un mecanismo de asociación público-popular.
Se abandona la lógica verticalista estatal para pasar a un vínculo de asociatividad, es decir, a una asociación público-popular en la que el Estado y la ciudadanía se unen para generar riqueza. Es un pacto de asociatividad y no un mecanismo de redistribución de la pobreza. No es una ayuda subsidiaria sino una asociación productiva para generar riqueza. No se trata de redistribuir la poca riqueza que haya sino de considerar que tenemos tierra, tenemos montañas, tenemos clima, tenemos agua y tenemos mano de obra campesina, o sea, tenemos todos los factores para producir riqueza en el campo, por lo que el camino es asociarnos para generar esa riqueza. Esa es la clave de un cambio cultural en el país, un cambio de relación entre Estado y ciudadanía mediante el mecanismo de la alianza público-popular.
LC
Para entender mejor la magnitud de este cambio de matriz productiva: ¿Cuántas tierras se le han devuelto a los colombianos con esta estrategia asociativa durante el gobierno del Pacto Histórico?
DRM
Hay que aclarar que la restitución de tierras es el cumplimiento del punto uno del acuerdo de paz entre el Estado y las extintas guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). ¿Por qué se llegó a este acuerdo? Porque había que revertir el siniestro Pacto de Chicoral, firmado en el gobierno de Misael Pastrana, un pacto de élites oligárquicas con el que buscaban hacer una contrarreforma agraria para quitarle la tierra al campesino y concentrarla en pocas manos. A eso hay que sumarle el fenómeno del paramilitarismo, que fue el producto de esa especie de contrarreforma pactada en los años 70.
Mediante el nuevo Pacto firmado en La Habana durante el gobierno del ex presidente Juan Manuel Santos se promete poner fin al Pacto de Chicoral y se acuerda restituir tres millones de hectáreas al campesinado. El problema es que, a pesar de esta promesa, ni Santos ni su sucesor Iván Duque cumplieron con lo pactado. El gobierno del Pacto Histórico es el primero que empieza a cumplirlo. Desde la SAE, por ejemplo, se logró poner una oferta de predios rurales cercana a las 400 mil hectáreas y el gobierno nacional ya se acerca a la cifra de 800 mil, acercándose al primer millón. Insisto en que se trata de un proceso que ha sido saboteado no solamente por las fuerzas políticas enquistadas en la cultura latifundista feudal regresiva sino también por una suerte de financiarización de la tierra que es muy distinta a la cultura latifundista cercana al pensamiento neoliberal citadino (muy bogotano), que tuvo participación dentro del gobierno nacional desde las carteras de Agricultura o Educación organizadas por Alejandro Gaviria. Esto detuvo o ralentizó un proceso que hubiera podido ser mucho más ágil si hubiéramos tenido dentro del gobierno a personas más leales al programa.
LC
¿Eso quiere decir, entonces, que cientos de miles de personas están construyendo ahora mismo este nuevo tejido social asociativo con el Estado en Colombia?
DRM
Exacto.
LC
Recién hablaste de una contrarreforma agraria en la década de 1970 que sentó las bases de una concentración de la tierra y de una expansión del crimen organizado en todo el país. ¿Podríamos hablar, entonces, de una oligarquizacón de la tierra mediante técnicas paramilitares y mediante una expansión del narcotráfico y el crimen organizado? O, para decirlo de otra manera: ¿Se usó la violencia contra el pueblo colombiano como un instrumento para consolidar el modelo rentista de financiarización de la tierra? Me gustaría que ahondara en esto último.
DRM
Claro. Mediante este Pacto de Chicoral, un cierto sector liberal oligárquico, en alianza con los conservadores, destruyó la institucionalidad de la reforma agraria que estaba impulsando el ala más radical del liberalismo en Colombia, en alianza con sectores populares como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). Esta reforma progresista fue aniquilada con un pacto oligárquico y los líderes de la ANUC —quienes estaban concretando el asociacionismo campesino que ahora hemos vuelto a implementar en Colombia— fueron perseguidos y asesinados mientras se desmontaba la institucionalidad de espacios como el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora). A este primer paso rentista se le sumó luego la propuesta del gobierno conservador de Andrés Pastrana para, digamos, volver hacia una acumulación muy concentrada de las tierras, ya no esencialmente con fines productivos sino pensando en lo que el mundo ya empezaba a conocer como neoliberalismo. Es decir, la producción agraria y los commodities agrícolas como subyacentes de los mercados financieros. Entonces, factores como el precio del café se juegan en la bolsa de Londres, por lo que la renta de la tierra pasa a depender de factores exógenos a la producción agrícola como, por ejemplo, las expectativas de valorización. Por eso figuras nefastas de la política colombiana, como los hijos de Álvaro Uribe, compraron vastas extensiones de tierra apostando a que en dos años valgan el doble, el triple o el cuádruple, por una simple expectativa de mercado. En otros casos, se generalizaron como commodities monocultivos extensivos que no sirven para la alimentación sino para la producción de biocombustible. Así se siembra la caña o maíz, que tienen una afectación ambiental en los territorios, no con fines productivos sino meramente rentistas. Y así se crea una oligarquía tremendamente perezosa, ni siquiera capitalista, que se desentiende de la creación de empleo formal y se aboca a un juego rentista que simplemente vive de la tenencia de las grandes extensiones de tierras subsidiadas por los gobiernos.
LC
¿Qué tipo de productividad podría haber en este modelo especulativo de la tierra?
DRM
Es un patrón de acumulación improductivo, que no plantea ningún modelo productivo para el desarrollo del país. Esto es muy importante porque con esta estrategia oligárquica se entra a los mercados para ser competitivos sino que se genera una relación subsidiaria con los gobiernos, sin mucha capacidad para absorber mano de obra. Se trata de un modelo muy intensivo en capital pero poco intensivas en mano de obra, lo que genera una pobreza absoluta en el campo, haciendo de Colombia el país más desigual de la región.
El cambio de modelo que propone el Pacto Histórico, entonces, recoge elementos que no son nuevos. Incluso partimos de la teoría económica clásica que indica que la generación de riqueza está en el trabajo y recogemos la experiencia de asociatividad campesina de la ANUC, pero introduciento elementos del siglo XXI vinculados con las nuevas teconologías y la necesidad de hacer toda esta transición teniendo presente la crisis climática que estamos atravesando.
LC
Si no te he entendido mal, la clave está en pasar de un modelo de financiarización a un modelo de asociatividad, algo que fue obturado por la oligarquía colombiana mediante el narcotráfico, la violencia y el crimen organizado. Y esto implica recoger este legado asociativo previo pero sumándole los avances del siglo XXI. ¿Nos podrías dar algún ejemplo concreto?
DRM
Si miramos el Producto Interno Bruto (PIB) colombiano, atendiendo a una realidad económica global que se ha manifestado en términos de estancamiento, el país está creciendo gracias a esta estrategia asociativa en el agro. Pero voy a dar un ejemplo muy concreto en una zona específica: el Caribe colombiano, donde se hace muy visible la estrategia de la asociatividad, pero también la transición energética. A través de la SAE, la finca que pertenecía a un político de derecha fue devuelta a un campesinado disperso pero con conocimiento de cómo tratar la tierra en ese tipo de territorio. Creamos una escuela agraria que llamamos Manuel Hernández —en honor a un campesino asesinado por su lucha agraria— para volver a construir el tejido social perdido. Gracias a esa experiencia, se unieron los campesinos y le explicaron al Estado cómo usar esa finca, cómo usar el río que allí estaba sin desviarlo ni crear impactos ecológicos, aprovechando las mismas zonas inundadas para cultivar arroz. Se trataba de una técnica anfibia heredada del pueblo zenú, que dio sus frutos a pesar del permanente boicot del ex dueño de la finca.
LC
Ahora me gustaría preguntarte por el otro aspecto que vienes trabajando desde el actual gobierno: la educación. En gran medida porque un cambio de la matriz productiva también exige un cambio del modelo educativo e investigativo. Hasta ahora Colombia tenía su modelo educativo al servicio de un Estado rentista. Así, por ejemplo, se pervirtieron las universidades públicas mediante el ingreso del crimen organizado. Y muchos rectores contribuyeron a este modelo de negocios. Luego, se consolidaron las universidades privadas de dos tipos: para pobres y para ricos. Por un lado, las llamadas «universidad de garaje», como negocio lucrativo que brindaba una educación mediocre a clases medias y sectores populares a cambio de un título; y, por otro, universidades para una élite formada en el extranjero, que funcionaban como usinas ideológicas del modelo rentista, sin ningún plan serio de investigación. ¿Cómo se está revirtiendo hoy este modelo de educación rentista?
DRM
Creo que es el mismo proceso del que hablamos en relación con la reforma agraria. Quien despoja a los campesinos de la tierra y la acumula para instaurar una relación latifundista es quien impone la ideología en el territorio, en la política, en la cultura y, sobre todo, en la educación. Entonces, lo primero que estamos haciendo es crear universidades en los territorios para desconcentrar el modelo educativo e intervenir sobre las lógicas del crimen organizado, dándole a los jóvenes del país que viven en los territorios más peligrosos la oportunidad de una educación superior. Allí donde hubo conflicto armado estamos instalando una universidad. Necesitamos que las mayorías sociales tengan acceso a la educación pública. Y necesitamos que se sumen los hijos de esa ruralidad expandida por todo el país. Lo segundo es entender la transformación tecnológica que está sufriendo el mundo y el papel de la investigación universitaria en todo esto.
LC
Te interrumpo para profundizar sobre el estado de la investigación en Colombia. Uno de los problemas que uno puede observar es que, a diferencia de países como México, Argentina o Chile, donde existen a nivel nacional centros de investigación que forman y sostienen una red de investigadores en activo, interviniendo en el modelo productivo, Colombia no ha podido consolidar un sistema de investigación universitario que aspire a un modelo productivo y que construya un tejido social de investigadores, jactándose en cambio de tener a sus mejores mentes formadas en el extranjero, salvo loables experiencias aisladas. ¿Por qué?
DRM
Así como la producción agrícola requiere del factor clave que es la tierra, por lo que nuestro papel es desconcentrarla y devolverla a la ciudadanía, pasa lo mismo con la educación. La producción de conocimiento requiere de la universidad pública y la universidad pública. Pero la universidad pública está demasiado elitizada y hay que democratizarla. Como ministro, puedo decir que ha habido una gran elitización de la universidad pública, incluso en algunos casos aún más que algunas privadas. Y la primera tarea es, precisamente, que así como se libera la tierra hay que liberar la universidad. Colombia debe volver al concepto universal de la universidad, pero teniendo muy presente la necesidad del diálogo de saberes con los territorios. Por eso mi apuesta como ministro del Pacto Histórico es regionalizar la universidad pública, creando nuevas sedes. Por ejemplo, que en Suárez Cauca, donde la población local jamás se hubiera imaginado una sede universitaria, hoy haya una sede (y no cualquiera, sino una que en términos de estética y de comodidad es una gran sede universitaria, con comodidad y estéticamente bonita, porque lo público no tiene que ser relegado estéticamente), implica un cambio cultural y estético de lo público. Pero también necesitamos que haya tecnología y que haya conectividad, para que entonces en centros universitarios como el de Plateado, donde hay una intervención militar, se garantice también la educación superior mediante modalidad virtual. Necesitamos que la universidad llegue a estos territorios para que la juventud pase de la economía ilegal, alimento del Estado rentista, a la economía asociativa. Hace falta, y en eso estamos, lograr unos sistemas de producción de conocimiento múltiples, con enfoques territoriales que se puedan conectar en una perspectiva de planificación nacional. Y esta es otra palabra que me encanta usar: la planificación popular y pública de la economía, con enfoques territoriales educativos.
LC
¿Qué medidas se han tomado en concreto para ampliar el conocimiento gracias a los desarrollos tecnológicos?
DRM
Entre otras cosas, hemos decidido crear una universidad de Inteligencia Artificial (IA) en Colombia. Entendemos que para los tiempos que se avecinan, un país necesita soberanía tecnológica, por lo que tiene que saber crearla. Más aún, necesitamos que las clases subalternas y la sociedad en general pueda desarrollar su propia visión del mundo, para que pueda crear una nueva cultura que desafíe las imposiciones previas. Pero para eso tienen que aprenderla, entonces ahí nace nuestra obsesión para que las primeras facultades de inteligencia artificial en Colombia sean en la universidad pública, con unos claros lineamientos de, insisto, asociatividad. Y aquí tenemos una ventaja, ya que el mundo juvenil es muy apasionado con el ecosistema digital, algo muy apetecido por la juventud, un sector social que fue determinante para que el Pacto Histórico fuera gobierno, para que Gustavo Petro fuera presidente y Francia Márquez vicepresidente. Esta juventud trae acumulada una rebeldía y, si se quiere, una cultura política transformadora que, combinada con las herramientas tecnológicas y en una nueva asociación entre el Estado y la ciudadanía en alianza público-popular, permitirá desarrollar una inteligencia artificial con perspectiva de clase.
