Las redadas masivas de deportación de Donald Trump que comenzaron la semana pasada tenían como objetivo mostrar al país que está avanzando agresivamente en una de sus promesas clave de campaña y enviar una sacudida de terror a las comunidades de inmigrantes. Pero también están mostrando algo más: que el plan es una amenaza directa y grave para los ciudadanos estadounidenses comunes y sus derechos constitucionales básicos.
Esto se debe a que, en el transcurso de las redadas de personas sospechosas de ser indocumentadas, los agentes federales acaban inevitablemente por detener, encarcelar e incluso deportar a ciudadanos estadounidenses, lo cual es ilegal según la legislación estadounidense. Las cifras a lo largo de los años son impactantes.
Según la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), entre 2015 y marzo de 2020, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a 674 personas que podrían haber sido ciudadanas estadounidenses, detuvo a 121 de ellas y «trasladó» o deportó a setenta. Entre 2007 y 2015, el número de estadounidenses detenidos por las autoridades de inmigración fue de más de 1500. Jacqueline Stevens, politóloga e investigadora de la Universidad Northwestern, hizo los cálculos y descubrió que, entre 2003 y 2010, más de 20 000 ciudadanos estadounidenses fueron detenidos o deportados.
Davino Watson, un jamaicano que obtuvo la ciudadanía a través de su padre naturalizado, estuvo encarcelado durante tres años y medio después de que un agente del ICE confundiera el nombre de su padre con el de otro hombre no ciudadano. Pero, incluso luego de darse cuenta de su error, el ICE se negó a liberarlo y siguió intentando deportarlo, inventando una laguna en la ley jamaiquina que, según ellos, significaba que no era un ciudadano de verdad.
El ICE ignoró también las protestas de otro hombre al que arrestó, Brian Bukle, que había tenido la ciudadanía durante cincuenta años y había llegado al país desde las Islas Vírgenes Británicas a la edad de dos años. Se negó, además, a hablar con el hermano de Bukle, que se comunicó para confirmar el estatus de Brian. Bukle solo se salvó de la deportación cuando pudo ponerse en contacto con un abogado de inmigración cerca del final de su terrible experiencia de treinta y seis días.
Lorenza Palma, que había vivido toda su vida en Estados Unidos y cuyo abuelo había nacido en suelo estadounidense, fue retenida por orden de los funcionarios de inmigración durante un año y medio, incluso después de haber entregado a las autoridades de inmigración el certificado de nacimiento de su abuelo semanas antes. A pesar de que un juez le ordenó buscar el certificado de nacimiento, el abogado de ICE que llevaba su caso dijo que nunca lo encontró; el juez entonces tuvo que ordenarle que buscara en su maletín en medio de la audiencia, salvando a Palma de la deportación en el último minuto.
Existen ciertos elementos comunes a estas y otras historias: a menudo fue una simple «falta humana» lo que trastornó la vida de ciudadanos erradamente señalados para la deportación. Y una vez dentro del sistema de deportación, prácticamente no tenían derechos ni vías de apelación que se dieran por sentadas en el sistema de justicia estadounidense; los agentes del ICE ignoraban habitualmente sus protestas y no solo no investigaban sus reclamaciones «con cuidado y celeridad», como exige la ley, sino que en varios casos directamente se negaban a hacerlo.
Estas son solo algunas gotas en un océano de historias similares. Y puede que haya muchas más por venir, ya que dos semanas después, las redadas de inmigración de Trump ya han llevado a los agentes del ICE a arrestar, detener e interrogar a varios ciudadanos estadounidenses.
Entre ellos se encuentra el veterano detenido durante una redada sin orden judicial en su trabajo en Nueva Jersey la semana pasada, y la familia puertorriqueña de tres personas (un niño pequeño, su madre y su abuelo) detenida en Milwaukee después de que se les oyera hablar en español mientras hacían las compras. Tras su liberación, fueron obligados por el ICE a encontrar por su cuenta el camino de vuelta desde el centro al que habían sido llevados.
«Somos muy conscientes de que no solo irán por los inmigrantes, sino también por las personas de color, a las que someterán a un perfil racial», afirma Murad Awawdeh, presidente y director ejecutivo de la New York Immigration Coalition.
Más de una docena de indígenas estadounidenses han sido detenidos, interrogados y retenidos por agentes de ICE durante la última semana, lo que ha llevado a las autoridades de las comunidades a instar a la gente a informar a sus hijos sobre la situación, mantener las puertas cerradas y tomar otras medidas de protección si el ICE llama a la puerta, así como a llevar consigo su prueba de ciudadanía y otros documentos de identidad. Pero ni siquiera eso es suficiente: algunos de los detenidos informan de que los agentes de ICE, que no están familiarizados con los documentos de identidad de las comunidades, simplemente los descartaron como prueba de ciudadanía.
Incluso siendo una persona conservadora, que considera la frontera como un tema prioritario, no debería naturalizarse el hecho de que el gobierno envíe a miles de agentes armados a violar los derechos básicos de los ciudadanos, infringiendo la ley y creando un clima de miedo que lleva a los propios estadounidenses a cargar sus documentos de ciudadanía toda vez que salen de su casa.
Más allá de las evidentes cuestiones morales y prácticas del plan de deportación masiva de Donald Trump, esta es la parte de la que no se ha hablado lo suficiente: las redadas y detenciones de inmigrantes a gran escala, junto con la elaboración de perfiles raciales que —según se informa— están utilizando los agentes federales, no solo afectan negativamente a los migrantes, sino que también amenazan a los ciudadanos estadounidenses, aumentando drásticamente el riesgo de que sean encarcelados por error y expulsados de su propio país. «Cuando se violan los derechos constitucionales de alguien, todos nuestros derechos constitucionales están en peligro», afirma Awawdeh.
El riesgo se ha elevado aún más con el anuncio de Trump de que está construyendo un centro de detención para 30 000 personas en la bahía de Guantánamo, lo que plantea la pregunta: ¿cuánto tiempo pasará antes de que el programa de deportación masiva envíe a ciudadanos estadounidenses a los infames e ilegales calabozos de tortura de esa base naval? Hay que tener en cuenta que el gobierno de Estados Unidos ha argumentado expresamente que puede retener a un ciudadano estadounidense sin cargos durante el tiempo que quiera si lo considera un «combatiente enemigo», un hecho especialmente ominoso cuando Trump y sus aliados están reformulando la migración como una «invasión» e invocando poderes de guerra para abordarla.
El hecho de que muchos de los ciudadanos deportados en el pasado estuvieran cumpliendo condenas no debería tranquilizar a nadie. Los estadounidenses son detenidos todos los días por una variedad de delitos no violentos, desde robo hasta conducir en estado de ebriedad y participar en protestas, lo que podría ponerlos a merced de algún error burocrático. Uno de cada tres estadounidenses tiene antecedentes penales, casi tantos como los que tienen títulos universitarios, y algunos puntos de su historial penal, sin importar cuán antiguos sean, pueden convertirlos en candidatos a la deportación.
«Las leyes y reglamentos de deportación vigentes desde finales de la década de 1980 han impuesto la detención y deportación de cientos de miles de personas encarceladas cada año sin abogados o, en muchos casos, sin audiencias administrativas», escribió Stevens en 2011. «Sería realmente impactante que esto no diera lugar a la deportación de ciudadanos estadounidenses».
Como resultado, bien podríamos recordar las redadas de Trump como algo más que un ataque a los migrantes que intentan construir una vida mejor. Puede que las recordemos como un ataque a los derechos básicos de los ciudadanos estadounidenses y al propio concepto de ciudadanía.