Tras la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, TikTok podría quedar prohibida en Estados Unidos, por la negativa de su empresa matriz china, ByteDance, a vender la aplicación de redes sociales a una empresa estadounidense.
En un panorama digital dominado por aplicaciones de redes sociales propiedad de empresas estadounidenses, TikTok es la aplicación de mayor éxito surgida en China. Cuenta con más de 170 millones de usuarios estadounidenses —la mayor parte de la población estadounidense—, en su mayoría jóvenes, y también con un número significativo de empresas que utilizan la aplicación para anunciar sus productos.
Joe Biden había dicho que su administración no tiene previsto aplicar la prohibición durante sus últimos días en la Casa Blanca, y Donald Trump, que había intentado prohibir la aplicación durante su primer mandato, prometió más tarde salvarla (tras acumular unos catorce millones de seguidores en la plataforma). Finalmente la suspensión de la red social duró algo más de un día durante este fin de semana, pero ya volvió a estar accesible.
El tribunal, en su decisión de mantener la Ley de Protección de los Estadounidenses frente a Aplicaciones Controladas por Adversarios Extranjeros, firmada por el Presidente Joe Biden el año pasado, declaró que las preocupaciones de seguridad nacional pesan más que las consecuencias potencialmente perjudiciales para la libertad de expresión. Los jueces se mostraron comprensivos con el argumento del gobierno estadounidense de que, dado que ByteDance es una empresa china, existen riesgos potencialmente graves derivados de la posibilidad de que se le exija compartir datos sobre sus usuarios estadounidenses con el gobierno chino. También hay riesgos, afirman los jueces, de que el gobierno chino pueda influir en la calidad de los contenidos que circulan por la aplicación, en detrimento de los intereses de los ciudadanos estadounidenses.
Pero el hecho de que el Gobierno se haya negado a actuar de manera similar en relación con las aplicaciones de medios sociales de propiedad estadounidense es revelador. Se necesita desesperadamente una regulación para proteger los datos de los estadounidenses y la libertad de expresión en las redes sociales. Si la ley tuviera que ver realmente con la protección de datos o la seguridad nacional, establecería normas para todo el sector, pero el verdadero motivo es preservar el dominio tecnológico de Estados Unidos.
Un marco para el dominio electrónico mundial
Todos hemos aprendido mucho sobre cómo funcionan las aplicaciones de las redes sociales y sus algoritmos en los últimos años, sobre todo desde que salió a la luz el asunto de Cambridge Analytica en 2018. Cambridge Analytica era una consultora política británica de la que se descubrió que había utilizado datos recopilados por Facebook para influir en los votantes de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016, así como en la votación del Brexit en Gran Bretaña ese mismo año. Un cuestionario inocuo presentado a los usuarios de Facebook recopiló subrepticiamente datos personales de sus perfiles, así como de los perfiles de todos sus amigos de Facebook, que luego Cambridge Analytica vendió a la campaña de Trump y a la campaña a favor del Brexit, sin el consentimiento de los usuarios de Facebook a los que se había dirigido. Unos ochenta y siete millones de usuarios de Facebook se vieron afectados.
Hay una razón por la que Meta, la empresa matriz de Facebook, vale hoy más de un billón de dólares. La publicidad en la plataforma se convirtió en una herramienta de alta precisión que puede dirigirse a usuarios con intereses muy particulares en el momento exacto en que necesitan los productos o servicios que se comercializan. Y como demostró el caso Cambridge Analytica, las preferencias políticas tampoco están fuera del alcance de esos algoritmos. El escándalo abrió los ojos a los legisladores del Congreso sobre lo eficaces que pueden ser las aplicaciones de las redes sociales a la hora de influir en los comportamientos de sus usuarios. Esos complejos algoritmos pueden ajustarse de tal manera que promuevan un determinado punto de vista o supriman otro sin que los usuarios tengan la menor pista de que su comportamiento está siendo manipulado de esa manera.
La mayor parte del trabajo de propagación de puntos de vista de un tipo u otro en Internet lo realizan los propios usuarios. Cuando publicamos contenidos, compartimos las publicaciones de otros y comentamos las que nos interesan, proporcionamos a las empresas de redes sociales datos que pueden utilizar para ofrecernos más contenidos o, básicamente, vendérselos a los anunciantes. Ajustando los algoritmos, los administradores pueden controlar la llegada del contenido deseado a grupos específicos de usuarios en función de su información demográfica y de su comportamiento online. Esta es nuestra comprensión rudimentaria de cómo funcionan las cosas en el universo de las redes sociales. Pero aún está por descubrirse la realidad de lo omnipresente que podría ser el control de nuestro comportamiento por parte de estas aplicaciones.
Ya es palpable para los usuarios de X/Twitter que Elon Musk se dedicó a ajustar los algoritmos para propagar sus propias opiniones políticas en esa plataforma desde que la compró hace un par de años. Musk es ahora uno de los principales asesores de Donald Trump y está llamado a desempeñar un papel fundamental en la próxima administración como codirector del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés). Así pues, las fronteras entre el control público y privado de los contenidos que circulan por las principales redes sociales hoy aparecen como más difusas que nunca en los Estados Unidos. La verdad es, sin embargo, que esas líneas nunca estuvieron bien definidas.
En La era del capitalismo de la vigilancia, Shoshana Zuboff describe cómo Bill Clinton y Al Gore, en su libro blanco de 1997 titulado «Un marco para el comercio electrónico global», decidieron en nombre de todos los ciudadanos estadounidenses que la democracia quedaría relegada en favor del control privado de la información en Internet. De hecho, las claves del espacio de información digital que se estaba construyendo online se entregaron a las empresas privadas, a las que se les exigió que pusieran toda esa información a disposición de las agencias de vigilancia estadounidenses que la solicitaran. De este modo, la NSA, el FBI y la CIA tenían acceso a nuestros datos siempre que lo necesitaban.
Zuboff afirma que, en 1986, sólo el 1% de nuestra información vital estaba almacenada digitalmente. En el año 2000, ese porcentaje había aumentado al 25%, y en 2013, el 100% de nuestra información más vital estaba almacenada digitalmente, y las agencias de inteligencia tenían acceso a ella a través de las principales empresas privadas, a las que se les había concedido permiso para recopilarla e incluso venderla. Hoy vivimos en un mundo en el que nuestros teléfonos móviles y nuestros coches y muchos de los electrodomésticos de nuestros hogares y nuestras oficinas recopilan datos sobre nuestros patrones de comportamiento, y las inocuas aplicaciones que utilizamos almacenan esos datos y los ponen a disposición de las partes interesadas a cambio de un precio. Así es como los vendedores telefónicos de los bancos saben cuándo puedes estar buscando un nuevo préstamo y cómo la compañía de seguros sabe estás listo para cambiar des proveedor de seguro de salud.
Todo empezó cuando Google se dio cuenta de que tenía en sus manos lo que Zuboff llama un «excedente de comportamiento», datos cosechados que van más allá de lo necesario para mejorar la calidad de los servicios de la empresa. Luego vino Facebook, que empezó a recopilar nuestros datos con un nivel de detalle aún más íntimo. Estas fueron las primeras empresas tecnológicas que desarrollaron el «poder instrumental», la capacidad de modificar el comportamiento de los usuarios a gran escala sin coacción manifiesta. Utilizaban técnicas basadas en indicios sutiles, como circuitos de retroalimentación y algoritmos de recomendación. A medida que estas empresas tenían más éxito coaccionando a los usuarios con anuncios y contenidos dirigidos, el ecosistema global de las aplicaciones crecía cada vez más. Hoy es más probable que los anunciantes coloquen sus anuncios en Facebook que en la televisión o la radio, porque Internet es el rey.
Lo que tenemos hoy es todo un sistema económico construido sobre este poder instrumental. Si el capitalismo es un sistema construido sobre la producción y venta de mercancías, nuestros datos personales son uno de los más codiciados. Se extraen y refinan como el petróleo, y se han vuelto casi tan valiosos. La capacidad de influir en el comportamiento a una escala tan enorme es codiciada por todo tipo de terceros, en particular las empresas de comercio electrónico y las campañas políticas. Así que el Tribunal Supremo de EE.UU. bien puede tener razones para temer que TikTok pueda conceder a unos pocos poderosos una influencia indebida sobre el comportamiento de muchos ciudadanos estadounidenses, incluso si las afirmaciones de los políticos de que TikTok —una empresa privada— está canalizando los datos de los usuarios al gobierno chino son erróneas. Si los chinos quisieran los datos, podrían comprarlos. Más bien, el Tribunal Supremo decidió que la libertad de expresión de los usuarios estadounidenses de TikTok es un pequeño precio a pagar para proteger la hegemonía tecnológica de Estados Unidos, no los datos o la privacidad de los estadounidenses.
Las ganancias por encima de las personas
Esto se ve corroborado por la asombrosa falta de supervisión gubernamental de las aplicaciones y empresas tecnológicas nacionales. Es evidente que el Tribunal Supremo tiene pocos reparos ante el poder indebido para manipular el comportamiento de los ciudadanos que la política estadounidense le concedió a las empresas, actores privados que no se preocupan por los intereses superiores de sus usuarios más allá de su capacidad para dirigirles anuncios y mensajes políticos.
El American Journal of Epidemiology llevó a cabo un estudio con cinco mil personas en el que se descubrió que un mayor uso de las redes sociales se correlacionaba con descensos autodeclarados de la salud mental y física y de la satisfacción vital. Un informe interno de Facebook reveló que el 64% de las personas que se unieron a grupos extremistas en Facebook lo hicieron porque los algoritmos los guiaron hacia ellos. ¿Qué haría falta para limitar las tendencias antisociales de las redes sociales?
La regulación podría obligar a las empresas de redes sociales a proteger nuestros datos y nuestro derecho a la intimidad, pero las plataformas diseñadas para favorecer la maximización de los beneficios por encima del bienestar humano siempre irán en contra de estos objetivos, ya estén operadas por empresas de Estados Unidos, China o cualquier otro país. La breve prohibición de TikTok demuestra que el gobierno es capaz de intervenir con contundencia. Pero el hecho de que la decisión haya sido motivada por la hegemonía económica de EE.UU., especialmente en un momento en el que los capitalistas tecnológicos y el gobierno de EE.UU. se encuentran imbricados como nunca, indica que no podemos esperar en un futuro cercano una intervención significativa en toda la industria para beneficio de la mayoría.