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El presidente Luiz Inacio Lula Da Silva durante la primera reunión ministerial de su gobierno, el pasado 6 de enero. (Imagen Ricardo Stuckert/PR, vía Wikimedia Commons)

Una presidencia de alto riesgo

UNA ENTREVISTA CON
Traducción: Rolando Prats

Entrevista a Janette Habel, politóloga y activista política francesa, sobre el complejo escenario actual en Brasil. La especialista en temas latinoamericanos aborda aspectos cruciales de esta nueva situación y los debates estratégicos que implica.

Entrevista de
Mathieu Dargel

Entrevista originalmente publicada en La gauche écosocialiste el 23 de noviembre de 2022. Se publica ahora en versión ampliada y actualizada en exclusiva para Jacobin América Latina. Janette Habel, politóloga y activista política francesa, es especialista en temas latinoamericanos. Enseña en el Instituto de Altos Estudios sobre América Latina (IHEAL) de la Universidad Sorbonne Nouvelle (París III). Integra el Parlamento de la Nueva Unión Popular Ecológica y Social (NUPES), fuerza mayoritaria de la izquierda radical en la Asamblea Nacional de Francia.

La victoria de Lula en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas trajo un enorme alivio a todas las fuerzas progresistas de Brasil y de América Latina. Con ella se ponía freno al avance de las fuerzas de extrema derecha en todo el mundo. Pero esa victoria, lograda por un estrecho margen tras una campaña de una extrema violencia, encubre no pocas contradicciones y no pocos peligros. Para hacerse una idea exacta de esas contradicciones y esos peligros, hay que empezar por recordar que Brasil es un país de 215 millones de habitantes y que la extensión de su territorio equivale a 17 veces la de Francia. La crisis sanitaria se ha saldado en Brasil con la muerte de más de 700.000 personas. Por otro lado, sus desigualdades sociales son tan formidables que más de 62 millones de brasileños viven por debajo del umbral de la pobreza. En la Amazonia, la política de deforestación de más de 40.000 kilómetros cuadrados llevada a cabo por Bolsonaro ha empeorado la situación de los pueblos indígenas.

Ese contexto nos permite comprender los resultados electorales. Si bien Lula emergió victorioso, con el 50,9 % de los votos, no hay que olvidar que en la segunda vuelta obtuvo solamente 3 millones de votos más que en la primera, al tiempo que Bolsonaro sumaba a su cuenta 7 millones de votos. El Partido de los Trabajadores (PT) está en minoría en la Cámara de Diputados, donde la bancada bolsonarista todavía dispone de 190 del total de 513 escaños, al tiempo que el 53 % de los escaños están en manos de partidos de derecha. A nivel federal, además, los tres estados industriales más grandes —Río, Sao Paulo y Minas Gerais—, con una población total combinada de más de 80 millones de habitantes, eligieron a gobernadores de derecha.

Por si fuera poco, tras varias semanas de silencio, el 21 de noviembre Bolsonaro terminó por impugnar oficialmente los resultados de las elecciones, alegando el presunto mal funcionamiento de varios miles de máquinas electrónicas de votación. Tras ese anuncio, sus partidarios reanudaron de inmediato los bloqueos de carreteras y exhortaron a la insurrección delante de los cuarteles.

A continuación, Janette Habel aborda aspectos cruciales de esta nueva situación y los consiguientes debates estratégicos en torno a la misma, que son de la mayor importancia para todas las fuerzas de izquierda hoy en día.

 

MD:

¿Qué análisis haces de la ofensiva de los bolsonaristas una semana después de la investidura de Lula?

JH:

La extrema derecha se encuentra al acecho. El margen tan estrecho de diferencia en los resultados de las elecciones —el 50,9 % de los votos para Lula y el 49,1 % para Bolsonaro tras una campaña electoral marcada por la violencia— ha servido de aliento para que los bolsonaristas intentaran perpetrar un golpe de Estado. La sociedad brasileña está polarizada, por lo que la euforia que marcó la toma de posesión de Lula resultó falsamente tranquilizadora. Contrariamente a las esperanzas de los partidarios de Lula de que se había dado una vuelta de página, de que el bolsonarismo era cosa del pasado, el asalto en masa a las sedes principales del poder —el Congreso, el Tribunal Supremo, el Palacio Presidencial— demuestra a las claras que no es así. Estamos ante acontecimientos extremadamente preocupantes. Desde entonces, se ha detenido a 1.500 partidarios de Bolsonaro y se suspendió temporalmente de su cargo a Ibaneis Rocha, Gobernador de Brasilia. Se han desmantelado los campamentos erigidos frente a los cuarteles, pero ¿qué hay con la gente que los levantó y con el apoyo policial y militar que recibieron? Existen pruebas de la complicidad de la Policía Militar con los bolsonaristas. Los manifestantes lograron ocupar los edificios de las principales instituciones del país sin que los agentes de policía presentes intervinieran, algunos de los cuales incluso se sumaron a los manifestantes. La pasividad de los militares se hizo notar de manera especial. Los centros de poder son establecimientos de seguridad nacional y se encuentran bajo protección militar. Sin embargo, sus instalaciones permanecieron ocupadas durante horas sin que intervinieran las fuerzas del orden. El intento de golpe reveló la amplitud del apoyo y de los vínculos con que Bolsonaro cuenta en la policía y el ejército. Redes construidas gracias a los privilegios y a la impunidad de que gozaron esos cuerpos durante el mandato del ex Presidente.

Bolsonaro no es un payaso, es un político de extrema derecha que, como Presidente, puso en práctica una brutal agenda de desmantelamiento social y represión y que llegó al extremo de elogiar en la Asamblea Nacional las supuestas hazañas del coronel que había participado en las sesiones de tortura de Dilma Rousseff[1]. A menudo, los medios de comunicación internacionales se han centrado en la crudeza del personaje, en sus provocaciones y en su falta de cultura, pero lo esencial no reside ahí.

En ese contexto, no resulta difícil anticipar que el nuevo mandato de Lula será más complejo y arduo. En primer lugar, como consecuencia del cambio de situación económica entre la anterior presidencia de Lula y la actual coyuntura. Durante sus dos primeros mandatos, Lula se benefició de una situación económica excepcional, gracias al auge de los precios de las materias primas, lo que le permitió poner en marcha reformas sociales, como la «bolsa familia», que redundaron en una mejoría notable de la situación de los más pobres. Se pudo entonces sacar provecho de esa coyuntura económica favorable y se logró una importante reducción de la pobreza. No eran reformas estructurales, sino en lo fundamental «transferencias sociales condicionadas», como las llama el Banco Mundial, es decir, transferencias financieras que se hacían a través de tarjetas de crédito, sujetas a condiciones, entre ellas que las familias hicieran vacunar a sus hijos o que éstos fueran a la escuela. Lo cual no dejó de generar efectos positivos, pero a su vez no implicó convulsiones de envergadura en la economía brasileña, ni siquiera modificaciones sustanciales en la correlación de fuerzas entre las clases dirigentes y las clases trabajadoras. Hoy en día, después de la pandemia, la situación económica es mucho más desfavorable, por lo que será mucho más difícil llevar a cabo las reformas sociales previstas por Lula.

MD:

¿Qué papel desempeñó la gestión de la pandemia?

JH:

La pandemia en Brasil ha sido uno de los peores desastres humanitarios de que hayamos sido testigos a escala mundial. Por esa causa han muerto más de 700.000 personas y se calcula que la mitad de ellas podrían haberse salvado. Bolsonaro se pronunció no solamente contra la vacunación, sino también contra cualquier otra medida dirigida a contener la pandemia. Para comprender lo ocurrido, es menester recordar que en Brasil, como en la mayoría de los países de América Latina, la economía informal, la economía «gris», ocupa a más de la mitad de la población activa. En otras palabras, más de la mitad de la población activa no se beneficia de protección social alguna contra el desempleo ni de un sistema de seguridad social. Para ellos, el hecho de poder seguir trabajando significa, simple y llanamente, poder sobrevivir y alimentar a sus hijos, entre otras cosas. En este caso, a ojos de algunos de los más pobres, la política de Bolsonaro no era una política criminal, sino una política que les permitía salvaguardar sus condiciones de existencia, lo cual explica el apoyo que Bolsonaro recibió de muchos brasileños, incluidos algunos de los más pobres.

MD:

¿Tuvo en ello algún peso el saldo de los años Dilma?

JH:

El saldo de esos años comenzó a percibirse como negativo a partir de 2013. Tras la crisis de 2008 se produjo un retroceso económico y en 2013 comenzaron a emerger importantes movimientos sociales en favor de la preservación del poder adquisitivo de los salarios frente a la inflación, en particular una gran huelga de maestros y profesores y empleados públicos que exigían aumentos salariales. Dilma Rousseff trató de hacer frente de la mejor manera a ese movimiento pero no pudo satisfacer sus demandas, a la vez que cedió a las demandas de funcionarios que exigían una serie de beneficios. De modo que el saldo general del PT, que había llegado a ser muy positivo tras los dos mandatos de Lula —según las encuestas, gozaba entonces de un 80 % de aprobación—, sufrió un deterioro. La derecha puso en marcha entonces una campaña mediática de una brutalidad increíble en torno a la cuestión de la corrupción del PT y de sus dirigentes. Ese elemento del saldo pasó entonces a un primer plano, pues a menudo eran ciertos los escándalos revelados sobre el PT y, con toda seguridad, de una envergadura mucho mayor que los relacionados con el propio Lula.

En el complicadísimo sistema electoral brasileño, el PT incurrió en la práctica de comprar votos en el Congreso para hacer que se aprobaran leyes y obtener mayorías en el Parlamento y de financiar a diputados, algunos de ellos del llamado «centro» —es decir, en Brasil, aquellos diputados que carecen de afiliación estable—, mediante pagos mensuales, conocidos como «mensalao». Ese instrumento de corrupción de funcionarios electos terminó por atrapar al propio PT y a algunos de sus funcionarios electos y gobernadores, lo que en sentido general empañó considerablemente su prestigio. Añádase que la multinacional de obras públicas Odebrecht, involucrada en esos escándalos, se vio a su vez implicada en toda una serie de malversaciones.

MD:

Tiene lugar entonces la operación Lava Jato…

JH:

En ese momento la derecha se dio cuenta de lo mucho que podía ganar con esas acusaciones. Se lanzó entonces una gigantesca campaña mediática, por iniciativa del juez Sergio Moro —quien después se convertiría en Ministro de Justicia del Gobierno de Bolsonaro—, por medio de la cual se acusaba de corrupción al PT, a Lula y a Dilma Rousseff. Esa campaña tuvo un eco considerable entre la población, pues se llegaron a probar algunas de las revelaciones. Las más dudosas eran las que tenían como blanco directo a Lula en cuanto Presidente del PT. A la larga, Lula pasaría 580 días en prisión, después de que se destituyera a Dilma Rousseff a través de un golpe de Estado institucional y se la reemplazara por su vicepresidente, Michel Temer. La operación Lava Jato provocó un viraje en la opinión pública y acarreó consecuencias de gran envergadura en el plano político y social.

Existe en Brasil un racismo estructural heredado del pasado esclavista. Recordemos que la esclavitud no se abolió hasta 1888. Actualmente, cerca del 55 % de la población es negra o mestiza. Se trata de un asunto muy delicado y Lula adoptó medidas de discriminación positiva al fomentar el acceso de jóvenes discriminados a las universidades [2]. Pero con la recesión económica, el racismo ha vuelto a proliferar y a manifestarse en la sociedad brasileña. A ello hay que añadir los avances espectaculares logrados por los evangélicos. Hasta hace poco, Brasil era uno de los bastiones del catolicismo en ese continente católico que es América Latina. Sin embargo, entre las poblaciones más pobres —negras o mestizas— con frecuencia el catolicismo lo encarnaban sacerdotes blancos y conservadores, con la excepción de las comunidades eclesiales de base impulsadas por la teología de la liberación, muchos de cuyos sectores reivindicaban el marxismo. Teología de la liberación firmemente combatida y condenada por el Vaticano, que excomulgó a algunos de sus sacerdotes. Es, por tanto, en ese vacío que, aprovechando el rechazo que suscitaba el catolicismo más apegado a sus tradiciones, prosperaron los evangélicos, secta protestante proveniente de Estados Unidos. Entre los evangélicos, que según cálculos constituirían un tercio o más de la población, particularmente entre los pobres, hay una proporción significativa de negros. Los evangélicos han conseguido influir en algunos sectores de las clases trabajadoras, y ello al servicio de políticas reaccionarias, oponiéndose al aborto, favoreciendo a los más ricos, celebrando el éxito individual, en consonancia con los principios de la economía neoliberal. Con el apoyo de los sectores de extrema derecha, que a su vez apoyan plenamente a Bolsonaro. Todo lo cual forma un haz muy importante de explicaciones, al que podemos añadir el hecho de que en términos de una perspectiva socialista, o al menos democrática, lo que está ocurriendo en Venezuela o en Cuba repercute de manera negativa. Este cuadro general explica la elección de Bolsonaro en 2018 y la prolongación de su influencia. De manera muy hábil, Bolsonaro nombró entonces como Ministro de Justicia a Sergio Moro, tras lo cual, a los ojos de algunos, gracias a una campaña en los medios de comunicación dominantes, el Gobierno de Bolsonaro podía a veces aparentar ser menos corrupto que los que lo precedieron.

MD:

Pero la realidad era muy diferente, ¿no es cierto?

JH:

Bolsonaro priorizó los intereses de la agroindustria de principio a fin, la deforestación de la Amazonia —en más de 40.000 kilómetros cuadrados— y el cultivo de la soya e hizo caso omiso de todas las disposiciones destinadas a proteger a la Amazonia y a sus poblaciones indígenas. En el plano institucional, amplió considerablemente los poderes del ejército. Tras el fin de la dictadura militar (1964-1985), los privilegios del ejército no se vieron cuestionados o ni siquiera mermaron bajo los gobiernos de Lula y de Dilma, pero se vieron considerablemente reforzados por Bolsonaro, que consolidó así su base social, lo cual explica el apoyo de algunos militares a la insurrección. En definitiva, todos esos factores, por no hablar de la desestructuración social en marcha en las favelas, dan cuenta de la altísima puntuación lograda por Bolsonaro en las elecciones de 2022. En la actualidad, 66 millones de brasileños viven por debajo del umbral de la pobreza. Si observamos la situación en las favelas, lo que más salta a la vista es la penetración de las drogas, la delincuencia, la inseguridad, la pobreza extrema agravada por la pandemia. Para cuando se celebraron las más recientes elecciones, ya Bolsonaro había suprimido todas las conquistas sociales, al tiempo que había aumentado los poderes de la policía, cuyas intervenciones crean situaciones traumáticas y difíciles de controlar. Sin embargo, hay que añadir que durante los dos últimos meses de la campaña electoral, Bolsonaro desbloqueó una serie de nuevas ayudas temporales, entre las que se encontraban asignaciones financieras para los sectores más desfavorecidos, con el fin de comprar el voto popular.

Esa situación generó un sentimiento de inseguridad entre las clases medias, una exigencia de orden y protección, que Bolsonaro logró instrumentalizar a la perfección.

MD:

¿Y en el plano económico?

JH:

La agroindustria, los banqueros, los empresarios, los grandes comerciantes y el ejército apoyan a Bolsonaro. La burguesía industrial presenta un cuadro más heterogéneo, pues para algunos de sus sectores era fundamental que se pusiera freno a la cada vez más criticada presidencia de Bolsonaro, habida cuenta del aislamiento de Brasil en la escena internacional.

MD:

¿Era previsible el intento de golpe de Estado?.

JH:

Recordemos que ni Bolsonaro ni los bolsonaristas han reconocido la victoria de Lula. Inmediatamente después de conocerse los resultados, se produjeron disturbios y se bloquearon carreteras y vías de acceso a las principales ciudades, incluso por parte de la policía. Se escucharon exhortaciones a que los militares abandonaran los cuarteles. Pero entre aquellos que habían apoyado a Bolsonaro, como el Gobernador de Sao Paulo, la idea de un golpe de Estado parecía descartada. Dos factores contribuían a ello: una parte de las clases dominantes se oponía al caos que comenzaba a emerger. Y a nivel internacional, el Presidente Biden había reconocido inmediatamente la elección de Lula, lo que había sido una señal muy importante para el ejército brasileño. Tampoco olvidemos que los líderes europeos acudieron al rescate, como también lo hizo Xi Jinping, o incluso Vladimir Putin… Todo ello aparentaba ser un elemento muy importante de disuasión. De cara al futuro, el golpe militar «tradicional» no parecía una opción. Se subestimaba así el potencial de movilización popular del que gozan los bolsonaristas y las conexiones políticas que tienen en el Congreso y en las legislaturas estatales. Cabe recordar que los resultados de las elecciones parlamentarias y de gobernadores no le dan a Lula una mayoría, ni siquiera en algunos de los estados más importantes del Sur, como Río, Sao Paulo, Minas Gerais, sin que debamos olvidar a la Policía Militar y al ejército.

A la hora de gobernar, Lula tendrá que hacer frente a numerosos obstáculos. Durante la campaña, Lula se alió con partidos de la derecha tradicional y escogió como candidato a vicepresidente a Geraldo Alckmin, figura política de centro-derecha que fuera su oponente en las elecciones presidenciales de 2006. Para la segunda vuelta de las elecciones, se le sumó la candidata que había quedado en tercer lugar en la primera vuelta, Simone Tebet, vinculada a los intereses de la agroindustria (y quien en su momento votó por la destitución de Dilma Rousseff). Añádase a ello que Carlos Favaro, ex Presidente de la Asociación de Productores de Soya y Maíz de Mato Grosso, ha sido nombrado Ministro de Agricultura.

Por consiguiente, Lula se verá obligado a negociar permanentemente con esos aliados. Ya antes de su investidura, Lula había ofrecido garantías al ejército y se había pronunciado contra el aborto, en un intento por neutralizar en parte la influencia de los evangélicos. En el plano social los dos meses de transición antes de que asumiera el cargo resultaron complejos. Lula ha asumido compromisos con las minorías y los pueblos indígenas y, en lo que respecta a la Amazonia, esos compromisos son contrarios a los intereses de la agroindustria, además de haber nombrado Ministra de Medio Ambiente a la activista Marina Silva. En un discurso pronunciado a principios de noviembre, Lula dio a conocer su intención de no respetar el límite máximo de gastos públicos consagrado en la Constitución, lo que desencadenó de inmediato una caída de la bolsa y del real, la moneda brasileña, frente al dólar. La propuesta de Lula se veía justificada por la necesidad de elevar los mínimos sociales frente a la inflación, pero fue tachada de demagógica por el influyente diario Folha de S. Paulo y criticada por sus propios aliados. También tuvo que negociar un acuerdo con antiguos aliados de Bolsonaro para obtener una prórroga presupuestaria que permitiera consignar a los más pobres una ayuda por valor de 600 reales (unos 120 euros). Si Lula da marcha atrás, es probable que la decepción de la izquierda alimente el desafío de la derecha.

MD:

Más concretamente, ¿cuál es la base social de Lula?

JH:

El viejo Partido de los Trabajadores ha perdido buena parte de su prestigio. Pero los funcionarios, los maestros y profesores, los trabajadores en general, toda una parte de la base popular brasileña se movilizó en favor de Lula. Lo determinante fue el voto «contra» Bolsonaro. Todavía no conocemos las proporciones de ese voto negativo en el seno de la clase obrera, el campesinado y el sector informal. No hay garantías de que las exhortaciones de Lula a la unidad nacional basten para contener a la extrema derecha.

MD:

¿Cuál es la posición de la izquierda y del Partido Socialismo y Libertad?

JH:

El Partido Socialismo y Libertad (PSOL), que es un partido importante, nace de una escisión de izquierda dentro del PT. Cuenta con diputados y son numerosos sus puntos de apoyo en los municipios. Se calcula que ascienden a 300.000 sus seguidores y a unos 50.000 sus militantes. En él coexisten varias corrientes y antes de las elecciones tuvieron lugar en sus filas animados debates. ¿Se debía, como era habitual, presentar a un candidato del PSOL en la primera vuelta o, en cambio, exhortar directamente a que se votara por Lula? El resultado electoral, el estrecho margen que separó a Lula de su adversario, confirmó la decisión adoptada de llamar a que se votara por Lula en la primera vuelta con el fin de derrotar a Bolsonaro. Pero el PSOL sigue estando dividido. Para algunos militantes, una vez derrotada la candidatura «neofascista» (el término es debatible) de Bolsonaro, el problema es asegurar la independencia del PSOL y mantener una postura crítica frente a Lula y sus aliados de derecha, sobre todo su vicepresidente, Alckmin. Mas allá del alivio que significó la victoria de Lula, el PSOL ha mostrado una actitud de discrecionalidad cautelosa y expectante ante el gobierno constituido por Lula. Actitud que alimenta las críticas en el seno del partido de quienes no deseaban apoyar a Lula desde la primera vuelta y piensan que ahora una parte de la dirección del partido no tiene una visión suficientemente crítica de la situación. Algunos se preguntan por el peso que tendrá el PT en una coalición de gobierno heterogénea que comprende a más de 10 partidos políticos, todo un abanico que va desde la derecha hasta la izquierda radical. El debate en torno al grado de apoyo que se pueda ofrecer al Gobierno de Lula recuerda los que tuvieron lugar en el seno del Bloco de Esquerda [3] en Portugal, si bien los contextos respectivos son bien diferentes.

En el plano regional, la victoria de Gustavo Petro en Colombia y la de Gabriel Boric en Chile y el retorno de las fuerzas de izquierda en América Latina ofrecen a Lula cierto margen de maniobra. La idea, promovida por los presidentes de México y Colombia, de un acercamiento continental que incluya también a Venezuela y a algunos países de Centroamérica y el Caribe (y, por tanto, a Cuba) marcha en esa dirección. Lula se ha pronunciado siempre a favor de una integración latinoamericana que preserve la independencia del subcontinente con respecto a Washington. Su presidencia podría contribuir a ese objetivo. A condición de que sus oponentes le den suficiente tiempo y de que el ejército permanezca acantonado en sus cuarteles. El espectro de Salvador Allende sigue rondando a América Latina.

 

Notas

[1] Véase Marcelo Silva de Souza, «Bolsonaro elogia a militar que ordenó torturas en Brasil», AP, 8 de agosto de 2019.

[2] Yo misma participé en el jurado que evaluó una tesis defendida por una estudiante que se había beneficiado de esas medidas de discriminación positiva, en la Universidad Estatal de Río de Janeiro.

[3] Partido de izquierda radical portuguesa, fundado en 1999. Actualmente cuenta con 5 de un total de 230 escaños en el órgano legislativo de Portugal (Asamblea de la República). [Nota del T.]

 

Cierre

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