La Cámara Legislativa del Distrito Federal ha creado una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) con el objetivo de identificar las razones que llevaron a las trágicas y criminales escenas del 8 de enero de 2023, así como a los responsables. Ese día, por primera vez en 62 años, cientos de activistas de Bolsonaro consiguieron romper las líneas de contención de la Policía Militar del Distrito Federal e invadir y vandalizar la sede de los tres poderes del Estado en Brasilia.
La última vez que se había invadido un palacio presidencial en Brasil había sido en 1938: el responsable en aquel momento fue el movimiento Integralista, de inspiración fascista, durante el gobierno de Vargas. Los acontecimientos que condujeron al 8 de enero demuestran que formaba parte de un complot mucho más amplio y peligroso que ha puesto en muy alto riesgo la estabilidad democrática de nuestro país.
El retorno de la extrema derecha en la crisis del neoliberalismo
En primer lugar, es crucial comprender que lo ocurrido en Brasil forma parte de un contexto global de regresión democrática. Tras un largo y consistente periodo de expansión democrática liberal en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, las políticas neoliberales de finales del siglo pasado exacerbaron las contradicciones entre democracia y derechos humanos y sociales. La crisis de 2008 fue la gota que colmó el vaso y provocó revueltas en diversas partes del mundo. A partir de entonces, movimientos antagónicos se disputaron un espacio: por un lado, los movimientos luchaban por mantener, recuperar y ampliar derechos frente al sistema que se percibía como la razón de su insatisfacción; por otro, los movimientos utilizaban la retórica antisistema para eliminar más derechos y mantener los privilegios de la élite política y económica.
En Brasil, este fenómeno estuvo representado por Jair Bolsonaro, una figura con una larga carrera en los escalafones inferiores de la política nacional, pero que consiguió galvanizar un amplio apoyo a su agenda contra las minorías, los extranjeros, las poblaciones periféricas, los negros, las mujeres y los trabajadores. Siguiendo la tendencia mundial de regresión democrática, su estrategia no se limitó a seguir el libro de jugadas clásico de los golpes de Estado que han manchado la historia latinoamericana con cañones en las calles y el cierre de los parlamentos. Implicaba una combinación de ataques a las instituciones democráticas y estatales.
En el periodo de al menos dos años que precedió a las elecciones de 2022, Bolsonaro atacó a las instituciones poniendo en duda la seguridad de las urnas electrónicas, las mismas urnas que lo eligieron para la Presidencia de la República y para sus sucesivos mandatos como Diputado Federal. Movilizó a su base política en manifestaciones, marchas y caravanas, oponiéndose a las elecciones, al Tribunal Superior Electoral (TSE) y al Supremo Tribunal Federal (STF) en particular. Como dijeron varias veces al CPI los participantes en el delito de intento de abolición violenta del estado democrático de derecho, si no hubiera sido por el reiterado intento de Bolsonaro de movilizar a su base contra las elecciones, los ataques del día 8 no habrían ocurrido.
Pero no fue solo en su antagonismo hacia las instituciones que Bolsonaro contribuyó a los atentados del 8 de enero. A través de diversas políticas dirigidas a las Fuerzas Armadas (FFAA) y a la Policía Militar (PM), el presidente pretendía usurpar la institucionalidad de los militares brasileños para cooptarlos para sus propios fines políticos. Su objetivo era someter a las instituciones del Estado, que tienen el monopolio del uso legítimo de la fuerza, al uso ilegítimo de un proyecto político contra la Constitución y, en última instancia, contra la población brasileña.
Así fue como, tras las elecciones, con la derrota de Bolsonaro en las urnas, parte de su base política convulsionó e interrumpió violentamente las carreteras y, posteriormente, montó campamentos frente a cuarteles del ejército pidiendo una intervención militar para impedir la legítima toma de posesión del gobierno electo. Bolsonaro permaneció en silencio durante todo este periodo, sin reconocer el resultado de las urnas, pero permitiendo teorías conspirativas sobre una posible intervención militar para mantenerlo en el poder. Los mensajes de los asesores directos del presidente muestran que hubo intentos de conseguir apoyo para este golpe militar a la antigua usanza, pero no tuvieron éxito.
Golpe militar
A pesar de ello, parte del ejército se mostró evidentemente complaciente con los campamentos golpistas frente a los cuarteles. En Brasilia, incluso después de que la PGR ordenara que se impidieran delitos como las manifestaciones en defensa de la intervención militar, el Mando Militar del Planalto hizo caso omiso de estas manifestaciones, dio cobijo y, en la práctica, ayudó a organizar el campamento golpista, llegando incluso a solicitar autorización al Gobierno del Distrito Federal para traer un coche de sonido para uso de los golpistas.
Incluso después del 12 de diciembre, cuando los habitantes del campamento golpista frente al cuartel prendieron fuego a la región central de la Capital Federal, y del 24 de diciembre, cuando otros acampados planearon y prepararon un atentado terrorista en vísperas de Navidad en el aeropuerto de Brasilia, el campamento permaneció intacto. Al menos dos veces la PM-DF organizó una operación para desmovilizar el campamento, pero en ambas ocasiones el Mando Militar de Planalto lo impidió con poca antelación.
Durante este periodo, el gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, tomó la decisión de nombrar al entonces ministro de Justicia del gobierno de Bolsonaro, Anderson Torres, para ocupar el cargo de secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, cargo que ya había ocupado anteriormente. A pesar de las expresiones públicas de preocupación de las autoridades federales, que plantearon dudas sobre la elección de una persona tan directamente asociada a una figura política con claras inclinaciones antidemocráticas como Bolsonaro para desempeñar tal función en la capital del país durante el mandato de su oponente político —el vencedor en las elecciones generales, Luis Inácio Lula da Silva— Ibaneis Rocha optó por mantener su decisión de nombrarlo para la Secretaría de Seguridad Pública.
A pesar de la tranquilidad con que transcurrió la toma de posesión presidencial el 1º de enero, el campamento permaneció inerte frente a la sede, a pocos kilómetros de la explanada de los ministerios, donde ya estaba instalado el nuevo gobierno elegido democráticamente. Por eso no sorprendió que el campamento fuera identificado como punto de encuentro de manifestaciones que señalaban la intención de «arrebatar el poder al pueblo», con la clara intención de deponer al gobierno elegido.
No hubo bloqueo de inteligencia
Las autoridades de la PM-DF informaron de su preocupación por los riesgos de la manifestación en una reunión con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). La propia SSP elaboró un informe en el que preveía el riesgo de invasión de edificios públicos y la presencia de personas armadas. El día anterior a la manifestación, el 7 de septiembre, el Director General de la Policía Federal se reunió con el jefe de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal —Anderson Torres se encontraba de vacaciones en el extranjero— para expresarle su preocupación por la manifestación y pedirle que se cerrara la explanada, por considerar que se trataba de una manifestación explícitamente ilegal, ya que en ella se pedía un golpe de Estado.
La SSP no solo no adaptó el Plan Operativo Integrado a la información que demostraba que la situación había empeorado, sino que ni siquiera publicó el Protocolo Táctico Integrado para Manifestaciones. Por su parte, la Dirección de Operaciones de la PM-DF no elaboró un Plan de Operaciones, tal y como prevén los protocolos del gobierno del Distrito Federal para las manifestaciones. Posteriormente, se identificó a altos cargos de la PM-DF compartiendo noticias falsas sobre los comicios, el proceso electoral y adhiriéndose a las tesis golpistas de Bolsonaro.
El 8 de enero, los manifestantes descendieron escoltados por la PM-DF y se encontraron con muchas menos tropas de las que se habrían dispuesto para una manifestación de ese tamaño. Atravesaron fácilmente la primera línea de registro, a la entrada de la Explanada de los Ministerios, y después rompieron la primera línea de contención frente al Ministerio de Justicia. Después se retiró parte del Batallón de Choque que había impedido a los manifestantes llegar al Tribunal Supremo, lo que facilitó la actuación de los criminales.
Lo que vimos el día 8 fue una articulación entre un grupo antidemocrático que se apoderó de las instituciones democráticas, equipó y cooptó a las fuerzas militares, movilizó a una base radicalizada y saboteó las operaciones de seguridad para provocar el caos e intentar forzar una intervención militar que les ayudara a tomar el poder en Brasil. Lo que les impidió triunfar fue la firme actuación de una parte de las instituciones democráticas que se negaron a ceder a la cooptación y a las presiones, el clima internacional desfavorable para un golpe de Estado y la incompetencia de los golpistas, que tenían fuerza suficiente para causar daños en la sede de las instituciones, pero no para abolir su significado e importancia para la sociedad brasileña.
Los responsables deben pagar por este intento de golpe de estado fallido para que no se olvide y para que nunca vuelva a ocurrir algo así en la capital de nuestra nación. En la tarde del primero de enero de 2023, siete días antes de los hechos aquí investigados, una multitud tomó la plaza de los tres poderes y la explanada de los ministerios y coreó al unísono: «¡No a la amnistía!». Que se oiga.
