Alrededor de un millón de personas salieron a las calles de Francia el pasado jueves, según cifras de la Confederación General del Trabajo (CGT), para protestar contra el presidente Emmanuel Macron y sus políticas de austeridad. Esta fue la segunda gran movilización en los últimos días, tras el relativo éxito de la convocatoria de huelgas y bloqueos del movimiento Bloquons tout! («¡Bloqueemos todo!») el miércoles 10 de septiembre.

La convocatoria de la movilización de la semana pasada se difundió espontáneamente por Internet, antes de que se organizaran las acciones a través de asambleas populares celebradas en muchas ciudades y pueblos franceses. Bloquons tout! había convocado el bloqueo de las vías de transporte de Francia en protesta contra el presupuesto de austeridad presentado por el entonces primer ministro François Bayrou.

El despliegue policial masivo de la semana pasada (con ochenta mil agentes, una cifra récord) desmanteló los bloqueos, pero más de doscientas mil personas participaron en la movilización, un éxito considerable para un movimiento que hace tan solo unos meses ni siquiera existía. Aunque la convocatoria original fue lanzada por un pequeño grupo nacionalista, este no participó en la organización de las protestas de la semana pasada, en las que la izquierda tuvo el papel más destacado.

Los sindicatos más combativos (la CGT y Solidaires) habían apoyado la convocatoria del 10 de septiembre. Sin embargo, la Intersyndicale, que agrupa a las principales organizaciones de trabajadores, decidió convocar su jornada de movilizaciones para el jueves 18. Para entonces, Bayrou y su presupuesto ya habían sido derrotados en la Asamblea Nacional, se había visto obligado a dimitir y Macron había nombrado a un nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu. Sin embargo, los franceses respondieron al llamamiento de los sindicatos, convencidos de que el nuevo primer ministro no cambiaría nada de las políticas de Macron. De hecho, Lecornu ha comenzado a negociar un nuevo presupuesto basado en el de Bayrou, que preveía recortes de 44.000 millones de euros en el gasto social y un aumento de los fondos para el ejército.

El éxito de las manifestaciones del 18 de septiembre, en las que también participaron activistas de Bloquons tout!, muestra la profundidad del descontento con las políticas de Macron y de la crisis política que azota a Francia desde 2022. Según una encuesta reciente, más de siete de cada diez ciudadanos rechazan el presupuesto de austeridad, y el 64% exige la dimisión de Macron, una situación sin precedentes en una república fuertemente presidencialista, en la que la legitimidad electoral directa del jefe del Estado suele considerarse intocable. La pregunta ahora es hasta dónde puede llegar este ciclo emergente de protestas y cómo podría transformar una situación política hoy bloqueada por la determinación de Macron de aferrarse al poder y sus políticas antiobreras.

¿Un nuevo movimiento social?

La movilización sindical de este jueves fue similar a muchas otras grandes jornadas de protesta recientes en Francia. La participación fue considerable, pero no batió récords: al fin y al cabo, durante el movimiento contra la reforma de las pensiones de 2023, la CGT estimó que hasta 3,5 millones de personas salieron a la calle en un solo día, en la mayor manifestación de la historia de Francia.

La huelga de este jueves perturbó considerablemente el metro de París —con líneas enteras cerradas—, los trenes de cercanías y algunos sectores del sector público, como la educación, con el cierre de escuelas de diversos niveles. Sin embargo, la participación del sector privado fue esporádica. Este es el patrón habitual de las huelgas en Francia: aunque legalmente todos los trabajadores tienen derecho a la huelga, en las empresas privadas son pocos quienes lo ejercen, debido a la presión de los empresarios, la escasa presencia sindical y la débil cultura de lucha obrera en el sector.

La novedad de la movilización del 18 de septiembre, en comparación con el movimiento sobre las jubilaciones de hace dos años y medio, radica en el contexto político actual. Las huelgas de 2023 tuvieron lugar poco después de la reelección de Macron como presidente, cuando aún contaba con el apoyo del mayor grupo de la Asamblea Nacional. Esto le facilitó la aprobación de los recortes de las pensiones, a pesar de la oposición mayoritaria de la población. Ahora, Macron es tan débil como puede serlo un presidente en Francia: solo cuenta con un débil gobierno minoritario y sus primeros ministros son derrocados uno tras otro por un parlamento en el que dominan la extrema derecha y las diversas fuerzas de la izquierda.

Además, está surgiendo una dinámica de retroalimentación entre Bloquons tout! y el movimiento sindical. Los sindicatos —especialmente la CGT, el segundo más grande por número de afiliados y principal punto de referencia en la mayoría de los ciclos de movilización— han aprendido de sus errores con los gilets jaunes («chalecos amarillos», en referencia a su uniforme de protesta de alta visibilidad). Ese movimiento, que surgió espontáneamente en 2018, bloqueó las carreteras francesas fin de semana tras fin de semana durante meses y organizó manifestaciones masivas frente al Palacio del Elíseo, residencia del presidente, y la Asamblea Nacional, desafiando directamente al poder en lugar de respetar las rutas habituales de las marchas sindicales. Se trata de un detalle simbólico, pero que tiene peso en Francia.

Los gilets jaunes lograron obligar a Macron a tomar algunas medidas para mejorar el poder adquisitivo de las clases trabajadoras y medias, un éxito mayor que las pocas concesiones obtenidas por el movimiento sindical contra la reforma de las pensiones de 2023. Pero los sindicatos apenas apoyaron a los gilets jaunes, preocupados por la presencia de elementos de extrema derecha y la falta de control sindical sobre la movilización. Esta vez, la CGT y Solidaires dieron respaldo legal a las huelgas sectoriales del 10 de septiembre y celebraron el éxito del movimiento Bloquons tout!.

En la manifestación sindical de este jueves en París se notó la presencia de los activistas de Bloquons tout!. Junto a los sindicalistas más radicales, exigieron a los líderes sindicales que convocaran una huelga indefinida que ejerciera una presión real sobre el poder económico y político, en lugar de la habitual sucesión de días de huelga y manifestaciones aisladas, una estrategia que fracasó en el movimiento contra la reforma de las pensiones de 2023. Sin embargo, también está claro que no existe un botón rojo que los líderes sindicales puedan pulsar para decretar una huelga general indefinida. De hecho, les resulta difícil incluso convencer a la mayoría de los trabajadores para que se sumen a huelgas de un día.

Es posible que la interacción entre el radicalismo de Bloquons tout! y la capacidad de movilización de los sindicatos, en un clima de crisis del régimen, fomente formas de protesta más masivas y radicales capaces de presionar realmente a Macron. Aunque el 18 de septiembre se produjeron manifestaciones notables en pequeñas ciudades, aún no está claro si el nuevo movimiento será capaz de integrar a los sectores populares de las zonas periurbanas y rurales, que salieron a la calle con los chalecos amarillos, pero que hasta ahora están infrarrepresentados en el actual ciclo de movilizaciones.

Una crisis con resultado incierto

Se espera que el nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu, fracase en su intento de negociar un nuevo presupuesto con los republicanos de derecha y el Partido Socialista de centroizquierda. Si Lecornu también es censurado por la Asamblea Nacional, como lo fueron sus tres predecesores macronistas, el presidente podría verse obligado a convocar otra ronda de elecciones parlamentarias anticipadas.

Las encuestas muestran una situación similar a la observada en las últimas elecciones de este tipo, celebradas en el verano de 2024: el partido de extrema derecha Rassemblement National, de Marine Le Pen, ganaría a menos que los partidos de izquierda se unieran de nuevo, lo que podría permitir a este bando otra victoria. El problema es que las relaciones entre France Insoumise (la principal fuerza de izquierda), por un lado, y los socialistas y los verdes, por otro, están en su punto más bajo.

Mientras Jean-Luc Mélenchon, de France Insoumise, exige la dimisión de Macron como única salida a la crisis, los socialistas y los verdes siguen empeñados en buscar acuerdos imposibles en el Parlamento. Estos partidos están atrapados en una lógica institucional cuyos límites se han hecho evidentes durante el último año: la mayoría de los ciudadanos e incluso de los diputados de la Asamblea Nacional quieren una cosa, pero el Gobierno macronista tiene el poder institucional para hacer lo contrario.

Por eso cada vez son más las voces que hablan de una «crisis de régimen»: la Quinta República altamente presidencialista fundada por Charles de Gaulle está agotada. Macron ha llevado al extremo la lógica política de los últimos presidentes franceses, Nicolas Sarkozy y François Hollande: ambos impusieron reformas neoliberales impopulares (recortes en las pensiones y el gasto público, liberalización laboral) utilizando la deuda pública como excusa, acompañadas de regalos fiscales a los ricos y a las grandes empresas. Ambos, al igual que Macron, lograron impulsar la mayoría de sus reformas a pesar de la oposición mayoritaria de la población, indignada por la explosión de la desigualdad en las últimas décadas.

Solo durante los gobiernos de Macron, los quinientos franceses más ricos han duplicado su riqueza, que ya había crecido bajo la presidencia de Hollande. Crece la sensación de que el sistema político está amañado a favor de las élites y es impermeable a la voluntad popular, lo que se ha traducido en un mayor apoyo al Rassemblement National, principal beneficiario del voto bronca.

Sin embargo, las recientes protestas han logrado centrar el debate político en la justicia fiscal en lugar de en temas de extrema derecha. En los programas de entrevistas, la inmigración y la inseguridad ya no son los temas principales, sustituidos por el debate de propuestas como el «impuesto Zucman», un gravamen del 2% sobre la riqueza de los ultra ricos que afectaría solo a 1800 personas en toda Francia y recaudaría 5000 millones de euros al año. Se trata de una propuesta muy moderada, pero con el poder de poner de relieve el escandaloso nivel que ha alcanzado la desigualdad, alimentada por las políticas de los últimos presidentes. Rassemblement National —que no votó a favor del impuesto Zucman en el Parlamento cuando tuvo la oportunidad— se siente incómodo en el contexto actual, en el que su insistencia en culpar a los migrantes de los problemas del país suena excéntrica.

Las organizaciones políticas y sindicales de la izquierda, junto con las asambleas populares nacidas de Bloquons tout!, se enfrentan al reto de hacer que la mayoría silenciosa de la sociedad francesa pase de la resignación a la rebelión activa. Se trata de la parte de Francia que rechaza a Macron y sus políticas, pero que no confía en la utilidad de las protestas (una creencia comprensible, dado el frustrante historial de los movimientos de protesta de las últimas décadas).

Una ola de movilizaciones reforzada por capas más amplias de la población y métodos de protesta disruptivos —huelgas masivas y prolongadas, bloqueos de rutas de transporte, etc.— aumentaría significativamente la presión sobre Macron. Es poco probable que dimita, ya que parece decidido a aferrarse al poder hasta las elecciones presidenciales de 2027. La esperanza es que la tradición revolucionaria de Francia pueda deparar sorpresas.

Las movilizaciones, como mínimo, colocarán a la izquierda en una posición más favorable para las elecciones de 2027. La victoria de un candidato a la izquierda del Partido Socialista —ya sea Mélenchon u otra persona— probablemente significaría el fin de la Quinta República presidencialista y la convocatoria de una asamblea constituyente. Tal perspectiva abriría de repente todas las posibilidades políticas que han sido cerradas por el gobierno unipersonal de Macron.

Pero para llegar a ello todavía quedan muchas etapas por recorrer. La primera es intensificar las movilizaciones y evitar la victoria electoral del Rassemblement National. Hoy en día, ese riesgo es difícil de descartar.