La reducida participación ciudadana en la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial —con 12,896,190 de votantes, equivalente a un 12.97% del electorado—, no deja lugar para discursos triunfalistas. Pero es un modesto triunfo que, sin embargo, tiene enormes implicaciones políticas.
Significa, en primer lugar, que el llamado Movimiento de la IV Transformación, le ha arrebatado el control del Poder Judicial a la derecha, lo mismo que el Poder Legislativo. Un triunfo en toda la línea del progresismo mexicano en contra de los partidos del viejo régimen. Un nuevo régimen político se ha establecido en México con sus propias características y contradicciones.
La disputa por el Poder Judicial surgió, como en otros países de América Latina, cuando el gobierno progresista de Andrés Manuel López Obrador se vio impedido de impulsar su programa de reformas ante los embates de los grupos de la derecha y de empresarios que utilizaron al Poder Judicial como trinchera para impedirlas.
Lejos de retroceder, Obrador emprendió un ofensiva mediática en contra de connotados jueces corruptos y propuso una reforma que tenía por objeto la remoción de todos los juzgadores y su reemplazo por medio del voto popular. Democratizar al Poder Judicial era un imperativo para poder gobernar y evitar la amenaza de nuevos juicios de desafuero (impeachment) o golpes blandos (lawfare). Ahora ese peligro se ha conjurado.
Lamentablemente, para impulsar esta reforma, López Obrador jamás tomó en cuenta la opinión de los trabajadores de base del Poder Judicial, en donde no todos eran corruptos o integrantes de los grupos familiares que lo dominaban, para respetar sus derechos laborales y elaborar una propuesta de cómo reformar a este poder de la mejor manera posible. Su intransigencia ocasionó una huelga que duró cerca de cuatro meses.
Existen diversas razones que explican la baja participación electoral. El abierto boicot de los partidos de la derecha, el fuerte abstencionismo que existe en México (aún en las elecciones presidenciales se abstiene cerca del 40% de la población) y que hubo mucho menos casillas que en otros procesos electorales. Sin embargo todo ello no explica la enorme distancia entre el 60% de la votación obtenida por Claudia Sheinbaum y el 80% de aceptación que aún mantiene. La razón más importante fue la absurda complejidad del proceso electoral, en donde millones de ciudadanos no sabían ni cómo ni por quién votar, ello inhibió su participación. Se tuvo que elegir entre decenas de candidatos, divididos entre mujeres y hombres, a los puestos de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los tribunales judicial y electoral, de magistrados en diferentes materias y jueces de distrito. Lo razonable hubiera sido elegir primero a los jueces federales y, posteriormente, a los locales en base a su pertenencia distrital y no por medio de sorteos. Además hubo muchas otras fallas, como no tomar en cuenta los méritos académicos y experiencia de los postulantes, su derechos de antigüedad en vez de una patética «insaculación» y un sinnúmero de obstáculos para realizar las campañas.
De última hora, conscientes de todos estos problemas, el partido en el poder recurrió a la distribución de «acordeones» (papeles doblados con los nombres de los candidatos del oficialismo) para orientar la votación ciudadana. Un triste recurso para asegurar su triunfo.
En su oportunidad, diversos observadores advertimos que el proceso adolecía de todas estas fallas y que se corría el riesgo de una baja participación y, por la tanto, de una posible deslegitimación, pero no se nos tomó en cuenta. Afortunadamente el resultado obtenido no fue tan malo, lo que aunado al descrédito de la derecha, lo hace irreversible.
No obstante, la elección del indígena mixteco, Hugo Aguilar Ortiz, como nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un viento saludable, no solo por su origen étnico sino por su trayectoria de luchador social.
Se ha elegido un nuevo Poder Judicial con integrantes ajenos a las mafias que lo corroían y es de esperar que se reparen todos los agravios cometidos, se amplíen los causes de una justicia conforme a derecho y que no se subordine ni al poder económico ni al nuevo poder político. Corresponderá al pueblo de México estar alerta y vigilante para que ello ocurra.
