Un día de julio de 1795, una multitud de mujeres se acercó a un carro de pan en una carretera a las afueras de Delph, cerca de Manchester. Detuvieron el carro y se llevaron los panes que había en él. Su conductor, Richard Broome, probablemente pensó que lo estaban robando, pero luego el pan se vendió a los transeúntes por dos peniques la libra y las ganancias volvieron a sus manos.
Ese suceso, descrito por Edwin Butterworth en sus Historical Sketches of Oldham (1856), fue uno de una serie de disturbios por «fijación de precios» que tuvieron lugar a finales del siglo XVIII y principios del XIX en Inglaterra y Gales. Los historiadores sociales John y Barbara Hammond reconocieron un patrón en todos ellos, que en Delph aparecía con claridad: las manifestantes se apoderaban de los suministros de alimentos, los distribuían por un precio que consideraban justo tanto para los consumidores como para los productores (o propietarios), y devolvían el dinero. A veces eran operaciones sofisticadas. Los Hammond escriben:
En Carlisle, una banda de mujeres acompañadas de niños desfilaron por las calles y, a pesar de las protestas de un magistrado, entraron en varias casas y tiendas, se apoderaron de todo el grano, lo depositaron en el salón público y luego formaron un comité para regular el precio al que debía venderse.
Esa imparcialidad no siempre estuvo presente. Las investigaciones del historiador John Bohstedt sugieren que las agitadoras robaban con la misma frecuencia con la que pagaban, y los ejemplos lo demuestran: en septiembre de 1800, cerca de Wolverhampton, un grupo de mujeres detuvo a un lechero de camino al mercado, le preguntó por sus precios y, al encontrarlos demasiado caros, «inmediatamente lo agarraron y lo embadurnaron por todas partes con su mantequilla y luego lo rodaron por una zanja».
Pero el hecho de que en más de la mitad de los disturbios apareciera la cuestión de los precios justos indica que se estaba poniendo en juego algo más que la satisfacción inmediata de las necesidades. Estas «formas altamente complejas de acción popular directa, disciplinada y con objetivos claros», escribe E. P. Thompson en The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century, también defendían un sistema económico que anteponía la necesidad y la comunidad al beneficio individual en un momento de crisis múltiples, no muy diferente al nuestro.
Descenso y caída abrupta
El hambre estaba muy extendida en Inglaterra y Gales a finales del siglo XVIII. Según Thompson, el año 1795 fue testigo de «una angustia que era verdaderamente dolorosa». Un escritor observó que la subida de precios había «despojado de sus ropas a los [trabajadores], arrancado los zapatos y las medias de sus pies y arrebatado la comida de sus bocas». En algunos casos, la escasez de alimentos vino acompañada de una enfermedad que Thompson asocia con la ictericia resultante de la inanición.
El historiador agrícola Walter Stern escribe que las cifras de mortalidad muestran «un claro pico en la tasa de mortalidad que no se debe a la acción militar directa», lo que refuerza la impresión de «una crisis real». Una de las razones de esta crisis fueron las malas cosechas, que durante un tiempo se convirtieron casi en la norma. Las fuertes lluvias de 1794 y la «infrecuente helada» de enero de 1795 arruinaron las cosechas. Según Stern, la producción de trigo de 1795 ascendió a «15 fanegas por acre en un momento en que 24 se consideraba la media», déficit que hizo que los precios se dispararan.
Pero las malas cosechas no fueron el único factor. Las Enclosure Acts, la primera de las cuales se aprobó en 1604, eliminaron derechos que podrían haber ayudado a la clase trabajadora a sobrellevar la crisis agrícola. Los cercamientos convirtieron los campos antes comunes en propiedad privada, y fusionaron pequeñas propiedades en grandes granjas controladas por terratenientes. Los trabajadores que habían disfrutado de diversos medios de supervivencia —recolectar leña de bosques comunes, criar animales o cosechar allí, «espigar» los restos después de la temporada de cosecha— se convirtieron así en asalariados. «No solo tenían que comprar la comida que antes producían ellos mismos, sino que tenían que comprarla en un mercado en alza», escriben los Hammond. Solo un gran aumento de los salarios podría haber compensado estas pérdidas, pero en lugar de aumentar, los salarios reales en 1795 «habían caído, y mucho».
Los cercamientos fueron un ejemplo de la forma en que el capitalismo naciente estaba cambiando el paisaje de Gran Bretaña y la experiencia de sus residentes. Otro fue la derogación en 1772 de la legislación contra la venta anticipada —interceptar a los vendedores en su camino al mercado y comprar sus existencias—, lo que permitió a los intermediarios, como los comerciantes, los molineros y los panaderos, una creciente influencia sobre los precios de los alimentos.
Si bien la escasez era real, la necesidad se vio agravada por los bajos salarios, la privatización de la tierra y la intromisión en el mercado, factores todos ellos que inflamaron los ánimos sociales. En 1800, cuando la cosecha había mejorado pero el hambre persistía, el ministro de Colne, en Lancashire, escribió al Ministerio del Interior para quejarse de ello:
Creo que tengo la obligación de dar fe de la buena conducta de los trabajadores de esta región. Mientras creyeron que la escasez era real, soportaron sus privaciones con una paciencia y fortaleza casi estoicas. Pero mucho me temo que esta paciencia se agotará pronto si no se produce inmediatamente algún cambio beneficioso en el precio de las provisiones. No estarán dispuestos a morir de hambre en medio de la abundancia y a contemplar en silencio cómo sus opresores se enriquecen con sus entrañas y se alimentan de sus aflicciones.
Para Thompson, la inquietud provenía tanto de la pérdida de lo antiguo como de la llegada de lo nuevo. Lo que el capitalismo primitivo estaba reemplazando, argumenta, era una «visión tradicional consistente de las normas y obligaciones sociales, de las funciones económicas adecuadas de varias partes dentro de la comunidad», que veía a los productores de alimentos «trabajando no para obtener ganancias sino para obtener una asignación justa». Al igual que el ministro de Colne, Thompson sostiene que fue la percepción de esta afrenta a la «economía moral» —más que el simple hecho del hambre— lo que provocó los disturbios. Una cita de un panfleto de 1768, en el que se critica el supuesto derecho de todo agricultor a fijar los precios tan altos como quiera, resume este estado de ánimo:
No puede decirse entonces que sea la libertad de un ciudadano, o de alguien que vive bajo la protección de cualquier comunidad; es más bien la libertad de un salvaje; por lo tanto, quien se aprovecha no merece la protección que el poder de la sociedad brinda.
Amas de casa desesperadas
Los Hammond describen los disturbios resultantes como la «rebelión de las amas de casa», haciendo hincapié en el papel protagónico que desempeñaron las mujeres en su ejecución. Bohstedt sostiene que la composición sexual estaba menos definida de lo que sugiere ese título, pero la presencia femenina fue algo que a sus contemporáneos les pareció que merecía la pena ser señalado: los informes periodísticos enumerados por el profesor de historia Alan Booth describen «un grupo de mujeres descarriadas», «un gran cuerpo de mujeres pobres», «principalmente mujeres y niños», «una pandilla de mujeres tumultuosas», «un gran número de mujeres harapientas» y «mujeres (…) hasta un número de doscientas».
Para el poeta contemporáneo Robert Southey, la razón de la participación de las mujeres era obvia: las mujeres están «más dispuestas a amotinarse; temen menos a la ley, en parte por ignorancia, en parte porque presumen del privilegio de su sexo, y por lo tanto en todos los tumultos públicos son las primeras en la violencia y la ferocidad». Otros han establecido una conexión más convencional entre las mujeres y el hogar y, por lo tanto, la comida; sin embargo, como escribe Bohstedt, las mujeres en esta época también eran a menudo trabajadoras, «socias importantes de los hombres como amas de casa» porque eran «aliadas esenciales como sostén de la familia en la economía doméstica». Como ejemplo cita los informes de cinco mujeres fabricantes de clavos en los disturbios de Black Country en agosto de 1795, que condujeron a una multitud hasta la casa de un tejedor y se llevaron dos tajadas de tocino.
Southey también se equivocó con respecto al «privilegio de [nuestro] sexo»; las mujeres también fueron castigadas. Tras liderar redadas en carros de papas en 1812 y amenazar con hacer lo mismo con los vendedores de mantequilla y leche si se negaban a bajar sus precios, Hannah Smith, de 54 años, de Manchester, fue ahorcada por el delito de robo en carretera, una ofensa más grave que el motín, por un juez que pretendía que su muerte fuera una advertencia de que las mujeres no recibirían un trato especial. En 1795, Margaret Boulker también fue ahorcada por amotinarse en Birmingham, y Emma Birks, de Staffordshire, fue condenada a la horca en 1800, pero en su lugar fue condenada a cadena perpetua.
En otras ocasiones, la respuesta de las autoridades fue más comprensiva. Thompson describe a un magistrado londinense que, en 1795, al llegar al lugar de un motín de Seven Dials y encontrar a una multitud demoliendo la tienda de un panadero acusado de vender pan por debajo del peso, incautó, pesó los panes y los repartió de acuerdo con la gente. En otros casos se reclutó a los magistrados para que ayudaran a los alborotadores supervisando las ventas a precio fijo, controlando el pago y garantizando el cumplimiento.
Thompson escribe que a veces la milicia o las tropas supervisaban las ventas forzadas «a punta de bayoneta», «con sus oficiales mirando firmemente hacia otro lado». La disposición de los oficiales a «mirar hacia otro lado» respalda la teoría de Thompson de que los alborotadores actuaban de acuerdo con un sistema de creencias en declive pero aún potente. Las soluciones sugeridas por las clases altas, sin embargo, se centraron en paliar en lugar de prevenir la nueva normalidad: aumentaron los esfuerzos filantrópicos, animaron a los pobres a cambiar sus dietas e introdujeron el sistema Speenhamland, que daba a las familias pobres subsidios ajustados al precio del pan.
El diputado liberal Samuel Whitbread hizo una propuesta más radical en 1795, que reiteró en 1800. Crítico con las respuestas filantrópicas (la caridad tenía «efectos perversos» porque socavaba la independencia, «una consideración tan valiosa para el trabajador como para el hombre de alto rango») y con la noción de que los salarios justos serían un resultado natural del libre mercado («el trabajo encontró su nivel mediante las combinaciones [sindicatos]» que se habían considerado «un mal tan grande» que se había aprobado una legislación en su contra), Whitbread propuso un salario mínimo. Sin embargo, el primer ministro William Pitt se opuso a sus esfuerzos y buscó mejoras en las Leyes de Pobres, mejoras que también fueron abandonadas más tarde.
La iglesia, por su parte, solo ofreció instrucciones para el arrepentimiento. Después de una ruptura de las negociaciones entre mujeres amotinadas y magistrados en Rochdale en agosto de 1795, los voluntarios cargaron con bayonetas y dispararon contra la multitud, matando a dos personas e incrementando la ira pública. Más tarde surgió un verso popular que condenaba el fracaso de las autoridades religiosas a la hora de ponerse del lado de los necesitados contra el hambre y la represión: «En 1795 hubo escasez de pan / Y la gente clamaba por pan / El pastor principal del rebaño / Los alimenta con plomo».
Memoria moral
Los disturbios por la fijación de precios desaparecieron hacia mediados del siglo XIX. El hambre continuó, pero la aceleración de la revolución industrial desplazó a un gran número de personas de las aldeas y ciudades comerciales, donde la fijación de precios había tenido éxito, a las ciudades en auge. Allí, sin los estrechos lazos comunitarios de los que dependía la acción disciplinada, los disturbios fueron superados por otras formas de organización, incluidas las sociedades políticas (algunas de las cuales habían sido influenciadas por los disturbios) y, más tarde, el movimiento sindical. «Las mujeres continuaron con sus exigencias», escribe Bohstedt, «pero lo hacían como ciudadanas de una política comunitaria cuya eficacia decayó a medida que crecía la alienación entre las élites y las masas».
Hoy en día vivimos con esa misma alienación. En el Reino Unido, alrededor de 9,3 millones de personas —una de cada siete— padecen hambre, mientras que los supermercados y otros establecimientos que venden productos de primera necesidad (combustible, agua, alojamiento) siguen obteniendo enormes beneficios. Las ocasionales menciones a los controles de precios y alquileres en los últimos años se han desvanecido, mientras que una creciente extrema derecha está dispuesta a dirigir la ira resultante hacia objetivos que no tienen poder sobre el precio del pan.
Thompson escribe que resulta difícil, con un intervalo de dos siglos, imaginar el mundo que implican estos disturbios: uno en el que lucrar con una crisis era considerado «antinatural», y en el que el sentido común sostenía que «en tiempos de escasez, los precios de los productos básicos debían mantenerse en sus niveles habituales, aunque hubiera menos para todos». Pero solo esa clase de imaginación puede ofrecer soluciones reales y dar forma positiva a la ruptura que debe surgir de las condiciones materiales presentes. Parece que, tarde o temprano, la ruptura es inevitable y solo puede postergarse durante un tiempo limitado. «Cuando el pan es caro», señala Thompson, «los pobres no se pasan a la torta».
