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El Salvador: Bukele avanza sobre el poder judicial

Nayib Bukele y una nueva élite salvadoreña han tomado el control del Estado con tambores, bota policial y agitando los fantasmas del autoritarismo.

La jornada del primero de mayo, que ya configuraba un día de la clase trabajadora atípico en el contexto de la pandemia, tuvo en El Salvador como trasfondo la llegada de la nueva Asamblea Legislativa, con mayoría de diputados y diputadas de la alianza gubernamental.

Fiel a su estilo comunicacional, Nuevas Ideas, el partido de Nayib Bukele, desplegó toda una estrategia en redes sociales que incluía el cambio en los logos de las alcaldías que pasarían a gobernar desde el sábado con una estética parecida a la que el propio Bukele utilizó en su paso por la alcaldía de San Salvador. En lo que respecta al palacio legislativo, un gesto que anticipaba lo que se venía fue que, en los curules de los diputados y diputadas, únicamente colocaron los nombres propios de quienes pertenecían a la alianza de gobierno, mientras que a los opositores los nombraron con la denominación de su partido.

La primera decisión de la nueva Asamblea fue la de elegir la junta directiva, que pasaría de 11 a 8 diputados y diputadas y que únicamente incluye a las representaciones del oficialismo, específicamente cuatro partidos. Además de Nuevas Ideas, la alianza oficialista sumó los derechistas GANA, PCN (histórico partido de los militares) y la Democracia Cristiana (que ya solo conserva el nombre de lo que alguna vez fue).

La expectativa de cómo se desarrollaría la primera sesión plenaria del nuevo bloque legislativo era grande. Como anticipamos en una nota anterior, el triunfo de Bukele en las pasadas elecciones le permitiría destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, al Fiscal General, al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y a la Corte de Cuentas, entre otros.

Ni lenta ni perezosa, la nueva Asamblea decidió avanzar en tomarse el poder judicial. El argumento fue que durante la pandemia la Sala no había acompañado las medidas del presidente, que incluía la restricción a la circulación mediante decreto presidencial, el encierro en «centros de contención» de personas que violaran la cuarentena y el uso de las fuerzas armadas para restringir la circulación, algo para lo que el ejecutivo no está facultado. La medida, además de no cumplir el debido proceso, se presenta como una suerte de revancha y «limpieza» (como el mismo presidente definió en su cuenta de Twitter) de instituciones que no responden a los intereses «del pueblo».

La acción tuvo el rechazo de buena parte de la sociedad civil organizada. Es que, con el control del poder judicial y la fiscalía, Bukele puede bloquear investigaciones contra su gobierno, en particular aquellas relacionadas con corrupción o violencia de género. También pone en riesgo el desarrollo de juicios históricos, como el de La Masacre de El Mozote, en el cual el presidente ya se había negado a entregar los archivos y en varias ocasiones arremetió contra el juez del caso.

Legalidad y legitimidad

Si bien la nueva Asamblea tiene las facultades legales para realizar las medidas, el gobierno incumplió con el debido proceso. Sobre esto consultamos a Jacobo Cruz, abogado, quien señaló que las fallas al proceso se deben principalmente a tres puntos establecidos en la Constitución salvadoreña. El primero de ellos es que la destitución de magistrados solo puede darse si hay una causa legal previamente establecida, algo que se incumplió; también se negó a los magistrados la posibilidad de defenderse, pues frente a un proceso de destitución la Constitución establece la obligación de crear una audiencia; finalmente, el proceso de «dispensa de trámite», mecanismo utilizado para agilizar una iniciativa de Ley en El Salvador, no fue debidamente documentado, según reglamento de la Asamblea.

Mención especial merece el hecho que, durante el propio sábado, la Policía Nacional Civil entró a las oficinas de la Sala de lo Constitucional, escoltando a los nuevos magistrados elegidos apenas unas horas antes. Esta escena, fuera de toda legalidad y protocolo, fue también una prueba del apoyo de las fuerzas represivas, tanto las formales como las paraestatales, con que cuenta el gobierno. Lo que le da un poder que pocos presidentes tuvieron en las últimas décadas en El Salvador.

Para dispersar las críticas, Bukele utilizó como justificativo el razonamiento de que, al recibir la mayoría en la Asamblea, el pueblo lo había habilitado para realizar esta acción. En varias ocasiones fue el presidente quien se adjudicó la acción pese a que la realizó el órgano legislativo mostrando que, en la actualidad, las leyes en El Salvador son redactadas desde la presidencia. Este razonamiento, sin base legal, tuvo mucha aceptación entre buena parte de la población que ha depositado su confianza en el actual gobierno y que, al menos de momento, no considera un problema que los tres órganos del Estado sean controlados por una misma persona.

Durante la jornada del sábado circuló también que el gobierno se disponía a cambiar al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y a la Corte de Cuentas, algo en lo que parecen, de momento, haberse frenado debido a las presiones internacionales. Durante la jornada del miércoles 5 de mayo, la Asamblea aprobó una Ley que eximía de responsabilidades penales al Ministro de Salud por cualquier compra durante los últimos meses de pandemia. Esto se suma al bloqueo de información de publicidad y limitaciones impuestas de facto al Instituto de Acceso a la Información Pública. En definitiva, Bukele no solo controla las instituciones, sino también la información pública.

Bukele y el populismo pragmático

Las acciones de Bukele durante sus casi dos años de gobierno han estado acompañadas de mucha confusión. ¿Qué proyecto social, económico y de Estado persigue? En principio, pareciera que la alianza de gobierno actual avanza de manera algo inestable y por lo tanto en su interior se dan movimientos que profundizan lo confuso y contradictorio del discurso del presidente. Este escenario de poca consistencia entre el decir y el hacer (cambiando de discurso, en muchas ocasiones, de una semana a la otra o de un tuit a otro) no parece, sin embargo, afectar su popularidad.

Para ganar el apoyo necesario para concentrar poder, Bukele y su equipo comenzaron a construir una épica discursiva alrededor de ideas como la «refundación» de la República, el «poder del pueblo» y hasta citas de Oscar Arnulfo Romero. Un lenguaje que trabaja elementos del marketing político combinado con la estética de los populismos latinoamericanos, tanto de derecha como de izquierda.

En este punto es importante dejar algo en claro: Bukele no es de izquierda ni progresista. Y esto no es una opinión o un análisis; el propio Bukele ha asegurado en diversas ocasiones «no creer» en las ideologías. Pese a ello, también es difícil considerarlo dentro del esquema tradicional de las derechas, al estilo Macri o Piñera. Es, en buena medida, un populismo pragmático. De ahí que en el mismo personaje puedan coexistir, por un lado, la idealización de lo militar, el conservadurismo religioso, el rechazo a las organizaciones de derechos humanos y feministas, los ataques a Venezuela y, por otro, la reivindicación de la salud pública o de la voluntad y el poder popular.

Mayores ingredientes de confusión agrega su tensa relación con el gobierno de Joe Biden. Es un secreto a voces que la administración de Biden mira con desconfianza al joven presidente salvadoreño. De hecho, personajes importantes de su administración, como la subsecretaria para Asuntos del hemisferio occidental, Julie Chung, el secretario de Estado, Antony Blinken, y hasta la propia vicepresidenta, Kamala Harris, se pronunciaron contra la destitución de los magistrados. Y es que Bukele, durante año y medio, entregó su política de pies a cabeza a la administración Trump, apoyándolo en sus políticas migratorias y en votaciones claves como la elección del presidente del BID, Mauricio Claver, o en la condena a Venezuela en la OEA. Desde la Casa Blanca ven al presidente millenial como una amenaza y parecen no querer vincularse con nada que huela a Trump.

En este escenario, un actor que ha entrado en la ecuación es la República Popular de China que, al igual que a otros países, envió vacunas de Sinovac a El Salvador, garantizando así que Bukele pueda presumir de ser el gobierno centroamericano que mayor porcentaje de la población ha vacunado. Paradójicamente, fue durante el último gobierno del FMLN que El Salvador decidió romper relaciones con Taiwán y establecerlas con China, una decisión que fue criticada por la derecha y por el actual presidente.

Aunque todavía es muy pronto para saberlo, todo parece indicar que será China el flotador al que se aferrará Bukele frente una mayor presión estadounidense, sobre todo en lo que refiere a investigaciones por corrupción, en un escenario similar al que vivió Guatemala cuando Jimmy Morales desafió a la ONU y al gobierno estadounidense luego de que la comisión instalada para combatir la corrupción empezara a investigar a su hijo. La diferencia más relevante es la presencia de gigante asiático en la ecuación.

Esta aproximación a China y aumento de la tensión con Estados Unidos ha hecho que algunos sectores del progresismo latinoamericano, poco informados de la coyuntura salvadoreña o sesgados por cálculos geopolíticos, comiencen a dar el beneficio de la duda a Bukele. No obstante, no hay en el actual presidente salvadoreño nada parecido a un progresismo: ni en términos de política redistributiva, ni en una agenda de derechos para las mujeres o la comunidad LGBTIQ+ y mucho menos en relación a perspectivas antiextractivistas y decoloniales.

La sola evocación al poder del pueblo para modificar una Constitución no es indicio de nada, pues un proceso así puede emanar de distintos sectores, desde la de la rebelión en Chile y el proceso de cambio en Bolivia hasta impulsado por JOH en Honduras o Uribe en Colombia. Parafraseando a Gramsci, un gobierno con apoyo popular no es necesariamente un gobierno popular. O, lo que es lo mismo, no todos los populismos son de izquierda, ni todo cambio al interior de la estructura del Estado representa, necesariamente, una extensión de derechos.

Lejos de cualquier ensayo progresista, la realidad es que con lo ocurrido el sábado El Salvador entra en un escenario en que una nueva élite se toma el control del Estado y lo hace con tambores, bota policial y agitando los fantasmas del autoritarismo.

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Publicado en El Salvador, homeIzq and Política

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