El 28 de febrero se llevaron a cabo las elecciones municipales y legislativas en El Salvador. Con los resultados oficiales ya computados por el Tribunal Supremo Electoral, el triunfo de Nuevas Ideas, partido del presidente Nayib Bukele, fue contundente. La oposición quedará limitada a tratar de incidir en el plano legislativo. Tras esta victoria, Bukele logró –paradójicamente, por la vía democrática– tener la suficiente fuerza para controlar la mayoría de las instituciones del Estado y avanzar sin frenos en su proyecto: un gobierno con tendencias autocráticas y autoritarias.
Distintas figuras con incidencia en la opinión pública han tratado de explicar el porqué del triunfo de Bukele y Nuevas Ideas. Una de las razones más escuchadas es la de que este triunfo fue posible por el desgaste que los partidos tradicionales (en particular, ARENA y el FMLN) sufrieron en el último tiempo y que se tradujo en un rechazo amplio de parte de la población. No obstante, reducirlo a este solo elemento, aunque sin duda constituye una variable, peca de simplismo y no permite identificar con claridad las características del nuevo bloque de poder, en el que confluyen tanto sectores empresariales emergentes como dirigentes políticos en todos los niveles del territorio y las instituciones.
Aunque la derecha regional pueda encontrarse en un momento de repliegue, varios analistas alertan que Bukele representa una posible punta de lanza de un modelo autoritario que ya cuenta con algunos antecedentes en América Latina. Por cierto, el estilo de Bukele en cuanto al uso de redes sociales y big data no es enteramente novedoso; pero sí lo es la eficacia que ha logrado, transitando en ocasiones entre un populismo digital y un gobierno militarista y autoritario. Entender cuál fue la estrategia que utilizó para llegar al poder, cuáles son las características del bloque que representa y hacia qué tipo de Estado y régimen político camina Bukele representa una tarea urgente para la recomposición de la izquierda salvadoreña.
Crónica de un triunfo anunciado
Bukele, junto a los partidos que forman la alianza progobierno, lograron construir una épica electoral alrededor de dos ideas simples pero efectivas. La primera tiene que ver con el hecho histórico de sacar a «los diputados corruptos» o, lo que se convirtió en un slogan, «los mismos de siempre». La segunda, con la posibilidad de contar con diputados y diputadas que trabajen con el presidente. Visto en esos términos, la elección aparecía parcialmente planteada como una extensión de la presidencial de 2019, su «segunda etapa». Quizás la variable novedosa era que Bukele no intentaba presentarse como un outsider, sino que había logrado posicionarse, en año y medio, como un líder fuerte y popular.
Para consolidar su posición, el presidente salvadoreño sostuvo una política de permanente choque, que tuvo en las redes sociales su principal escenario. La pandemia fue, en buena medida, un impulso para esta táctica. Durante los momentos iniciales de la crisis del COVID-19, la disputa estuvo centrada en la necesidad de que la Asamblea aprobara todo lo que el gobierno pedía, que declarara el Estado de excepción y que le permitiera restringir derechos para garantizar la cuarentena estricta.
Para conseguir el apoyo popular a estas medidas, Bukele construyó una narrativa apocalíptica con una fuerte carga de religiosidad, y apuntó sus críticas a los diputados y diputadas que le cuestionaban. Esta fue quizás su primera victoria: instalar en el sentido común la idea de un «presidente protector» enfrentado a una Asamblea que estaba « contra de la vida».
El abordaje de la pandemia por parte del gobierno tuvo un manejo comunicacional intenso, con permanentes hitos mediáticos y publicitarios, apelando a un estilo catastrofista y en ocasiones hasta de guerra. Dicho sea de paso, esta estrategia recuerda un poco a la guerra psicológica contra Venezuela de los últimos años. Esto no es casualidad: en el núcleo duro de asesores del gobierno hay varios personas vinculadas a la oposición antichavista que han trabajado con políticos como Capriles, Leopoldo López y el propio Juan Guaidó.
Pero a pesar de esta cercanía con la derecha regional (y con el apoyo de la OEA), el gobierno logró consolidar en esta elección un fuerte apoyo en los sectores populares, que se vieron beneficiados por uno de los programas estrella de la gestión: los paquetes alimentarios.
Esta política, que surgió a raíz de la emergencia alimentaria que provocó el COVID-19 y las protestas de banderas blancas, se convirtió en la principal herramienta electoral del gobierno. Tal es así que sus candidatos y candidatas se volcaron a la entrega de estos paquetes. En algunas entregas se incluyó el mensaje «este paquete fue pagado con sus impuestos, no como antes, que se lo robaban». Frente a este escenario, las denuncias de la oposición del uso de fondos públicos para campaña electoral y la falta de transparencia en la adquisición de los paquetes (comprados a una empresa fantasma en Sinaloa, México), tuvo poca importancia para una población que recibía agradecida, y con justa razón, la ayuda del gobierno.
Pero el triunfo de Nuevas Ideas no puede ser adjudicado a aspectos estrictamente racionales. Alrededor de la campaña de Nuevas Ideas hubo, también, un intenso y sofisticado trabajo sobre las emociones de la población. Desde aquellas más nobles, como la esperanza de un cambio, hasta las más viscerales, como el odio profundo que afectó, principalmente, al partido histórico de izquierda, el FMLN.
En términos de recursos, la campaña fue una de las más desiguales de la historia y Nuevas Ideas invirtió más del 70% del total del dinero de la campaña, en parte por el bloqueo de fondos de deuda política al resto de partidos. Pero, ¿quién financió a Nuevas Ideas? La pregunta casi se responde sola, pero muy pocos se la hacen.
El Salvador, en la deriva autoritaria
El triunfo de Nuevas Ideas le permite a Bukele tener control del poder legislativo y avanzar progresivamente sobre otras instituciones, como la Fiscalía General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Corte de Cuentas y un tercio del poder judicial, así como elegir presidente de la Sala de lo Constitucional.
La aritmética legislativa en El Salvador está compuesta por tres mayorías: la mayoría simple, 43 votos; la mayoría calificada, 56 votos, y la mayoría absoluta, 63 votos. Bukele contará con las primeras dos sin necesidad de negociar con la oposición, lo que le permite, además de los aspectos ya mencionados, aprobar préstamos y restringir garantías constitucionales e impulsar una reforma constitucional. En lo que va de democracia en El Salvador, ningún presidente había concentrado tanto poder.
Durante casi dos años de gobierno, Bukele ha ido construyendo un perfil con evidentes tendencias autoritarias. El 9 de febrero de 2020 marcó un antes y un después, luego de que, despojado de su estilo de presidente cool, Bukele entrara a la Asamblea Legislativa rodeado de militares para exigir la aprobación de un préstamo para financiar su política de seguridad. Ya dentro del edificio legislativo, el presidente salvadoreño se puso a rezar y luego, frente a un pequeño grupo de seguidores, aseguró que Dios le había pedido paciencia, y que estaba claro quién tenía el poder.
Desde el 9 de febrero, los ataques a la prensa y organismos de derechos humanos se profundizaron. En el caso de los medios, se enfocó principalmente en periódicos cuya línea está centrada en denunciar la corrupción, específicamente El Faro y Revista Factum, a quienes acusó de intentar desestabilizar como parte de una agenda oscura de George Soros, replicando así el discurso de Donald Trump y otros presidentes de la nueva derecha.
En el caso de los organismos de derechos humanos, Bukele les acusó en reiteradas ocasiones de estar “trabajando para la muerte”, luego de que estos se pronunciaran contra las restricciones en los centros penales y contra las detenciones arbitrarias durante la pandemia. En este último punto, también atacó a la Sala de lo Constitucional, que será sin duda el próximo objetivo a tomar control, por señalar que las restricciones a la libre circulación solo podían venir si se aprobaba en la Asamblea.
Quizás un elemento fundamental a observar es el rol de los militares como sujetos políticos. La Constitución salvadoreña señala que las Fuerzas Armadas son una institución permanente, profesional, apolítica y no deliberante. Quizás uno de los mayores logros de los Acuerdos de Paz fue el desmilitarizar la política. Si bien durante los gobiernos del FMLN la presencia de militares en las calles ya era una realidad (además, duramente criticada), en el último año hemos visto al Ministro de Defensa pedir protagonismo político para el ejército y acusar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de estar preparando un fraude, declaraciones que encendieron las alarmas respecto a la neutralidad de las Fuerzas Armadas en la elección.
Los militares aparecen permanentemente en los spots de gobierno y son ya la institución mejor evaluada. Es tal el nivel de protagonismo, que aparecen antes de policías y docentes en las prioridades de vacunación. Hace unos meses se filtró que el vicepresidente Félix Ulloa, quien impulsa una mesa técnica para modificar la constitución, habría propuesto el servicio militar obligatorio como parte de las reformas, algo que fue desmentido posteriormente. Los militares aparecen en este gobierno como una representación de la más alta moral, y quizás también, como la única alternativa que de momento se ofrece como referencia a las juventudes.
Apenas unos días después de las elecciones, el Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, anunció la negociación de un préstamo por 1300 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. La deuda pública de El Salvador asciende a un 89% del PIB, muy por encima del promedio de la región. El préstamo del FMI se presenta como un salvataje al gobierno y como garante de los inversionistas que ven en éste una oportunidad de avanzar en sus negocios. Entre las recomendaciones que el FMI tiene para el país, se encuentra un aumento de impuestos como el IVA, algo que golpearía a las familias más vulnerables. Lo cierto es que la situación económica en El Salvador es más que compleja, y quedará por ver cómo el gobierno sale de ella ahora que concentra todo ese poder.
La izquierda y los movimientos sociales, la tarea de reconstruir
Si bien el resultado de las elecciones puede ser interpretado como una derrota generalizada del sistema político y democrático heredero de los Acuerdos de Paz, lo cierto es que cuando lo analizamos con detenimiento, para el caso de la izquierda la derrota es todavía más fuerte. El FMLN obtuvo la peor votación en años y quedó con una bancada de apenas 4 diputados y diputadas, que prácticamente lo anula dentro de la Asamblea.
En este escenario, hay quienes señalan que es imposible que dicho partido pueda recuperarse y plantean la necesidad de construir una alternativa. Desde la dirigencia del FMLN aseguran que no puede reducirse al partido a un proyecto electoral, ya que se trata de un proyecto político y social. Por cierto, El Frente tendrá los próximos años para saldar discusiones pendientes respecto al rumbo que deberá tomar. No obstante, los resultados golpearon fuerte y cabe decir que la proscripción y desaparición del FMLN es una aspiración que tanto Bukele como la derecha tradicional comparten.
Agotada la experiencia de dos gobiernos de izquierda, los primeros y únicos en la historia de El Salvador, el movimiento social y popular se enfrenta al desafío de recuperar otras formas de lucha, que incluya la movilización, el trabajo territorial y la denuncia. El escenario plantea, por un lado, la defensa de conquistas populares: dar la discusión y el debate alrededor de temas como las pensiones, el agua y el medio ambiente –esta vez sin interlocutor directo en el Estado– y, por otro, la necesidad de avanzar en el fortalecimiento de los espacios de articulación y el debate político e ideológico dentro de los movimientos.
Para la militancia de izquierda, el escenario se presenta como de repliegue. Es importante reconocer que el triunfo de Bukele denota, por diversas motivaciones, una voluntad del pueblo por un cambio profundo en la política. Esto le da un lugar esencial a la lucha ideológica, desplazada en los últimos años, para dar contenido a esa demanda de cambio. Hasta ahora, el gobierno no ha tenido que tomar posturas en temas relevantes como el agua, las pensiones, la dolarización, el sistema tributario, minería, aborto, etc, sino que se ha dedicado principalmente a sostener el choque con los partidos. Pero ahora, con el control del legislativo, deberá tomar posturas e inevitablemente se desnudaran las contradicciones ideológicas al interior de la alianza gobernante.
Esta lucha ideológica debe darse más allá de las redes, en donde la izquierda va a perder siempre, porque el enemigo nos supera en escala y recursos. Esto no significa abandonar lo digital, pero sí repensar donde se centran los esfuerzos. Es en la interpretación de los mensajes en donde hay mayores posibilidades de disputar: ahí, en cada pasaje, colonia, barrio, lugar de trabajo, aula y, por qué no, grupo de whatsapp. Ahí donde la política tiene su concreción es donde debemos practicar la escucha paciente y el diálogo horizontal.
Está claro que reconstruir una alternativa progresista y de izquierda no parece una tarea fácil a la luz de los últimos resultados. Pero nunca lo fue. Y si algo podemos aprender de la realidad latinoamericana es que la política del show y el pop –como aquella que despliega con talento el presidente cool Bukele– tiene sus límites en la realidad más cotidiana. Si no, que le pregunten a Macri, Trump o Bolsonaro. Se trata de comprender que la disputa sigue abierta y que debe darse en todos los escenarios.
