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Brigadas médicas atendiendo a los heridos cerca de la primera línea contra la policía. Hoy han debido cambiar su rol, dedicándose a educar a la población y atender casos de COVID-19. (Foto: Reflexión y liberación)

Revuelta social y pandemia

El 2020 chileno se debatió entre el giro autoritario del gobierno de Sebastián Piñera para controlar la profunda crisis política, su manejo errático ante la pandemia del COVID-19 y el debate constitucional. La lección que arroja un año sumamente convulso es simple y, no por repetida, menos verídica: «solo el pueblo salvará al pueblo».

Serie: Dossier Chile

Fuera de México y Argentina, los países que lideran los números de casos activos de COVID-19 en la región cuentan con gobiernos neoliberales. Tales son los casos de Colombia, Brasil, Perú y Chile que, con modificaciones, se han ido alternando los primeros lugares desde el inicio de la pandemia.

Sin embargo, el caso de Chile llama la atención: el gobierno ha invocado, en reiteradas ocasiones, el Estado de Excepción Constitucional para restringir el desplazamiento de las personas. Resulta llamativo, en ese sentido, que después de casi once meses consecutivos de toque de queda y restricciones al desplazamiento y luego del confinamiento más extenso a nivel mundial de su capital, el país supere los 500 mil contagios y registre entre 15 mil y 19 mil muertos (el segundo país con la tasa de mortalidad más alta por millón de habitantes).

La ineficiencia de tales medidas para detener el avance de la pandemia, junto con la ausencia de medidas complementarias –que apunten no solo a limitar la movilidad, sino también a paliar la crisis económica— de alivio para la población conducen a pensar que la pandemia le vino a Piñera como anillo al dedo: una ocasión ideal para implementar medidas restrictivas y coartar libertades individuales bajo el pretexto del «cuidado de la salud».

Una tormenta perfecta: entre la crisis social y la sanitaria

Chile tiene una larga tradición en la privatización de sus servicios básicos en la que destaca la década del 80, durante la dictadura de Augusto Pinochet, cuando se desmantelaron los servicios sociales. El reconocimiento de tal situación fue el elemento estructural detrás de las protestas contra el alza del pasaje de metro durante el año 2019, protestas que derivaron en manifestaciones y actos de desobediencia civil (particularmente, por medio de evasiones masivas en el transporte público).

Con el pasar de las semanas, la consigna «no son 30 pesos, son 30 años» dio paso a demandas por mejores pensiones, salud y la renacionalización de los recursos naturales, desembocando todas, finalmente, en el reclamo por el cambio de la Constitución, cuya última versión data de 1980, y consagra el derecho privado sobre los derechos sociales, restando protagonismo al Estado en áreas sensibles y prioritarias.

Si bien el llamado «estallido social» intentó ser encauzado mediante la convocatoria al plebiscito constitucional, lo cierto es que no interrumpió las protestas (ni la violenta represión contra ellas). Para el mes de marzo, con ocasión de la conmemoración del día internacional de la mujer trabajadora, el país fue testigo de la mayor marcha de la historia: más de 2 millones de personas se movilizaron en Santiago, y un número similar a lo largo del país.

No obstante, con la llegada de la pandemia, el gobierno declaró el «Estado de Catástrofe» y el tablero político sufrió una modificación importante. A la búsqueda de una salida a la crisis social y política arrastrada desde 2019 se sumaba, ahora, la contención –o al menos la administración— de una crisis sanitaria inminente.

«Acuerdo por la paz», represión y giro autoritario

El llamado «Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución» del 15 de noviembre de 2019 fue firmado por un amplio abanico de partidos políticos (de los que solo se excluyeron el Partido Comunista de Chile y el Partido Humanista). Contemplaba una agenda constitucional que preveía el llamado a un plebiscito en abril de 2020, luego trasladado a la fecha del 25 de octubre de 2020. En los planes del gobierno seguramente este «Acuerdo» representaba la oportunidad de canalizar el conflicto social hacia vías institucionales. Pero eso no sucedió: la movilización popular, lejos de aplacarse, tomó nuevo impulso.

Paradójicamente, el «Acuerdo por la paz» fue de la mano de un recrudecimiento de la represión por parte de las fuerzas policiales. La mayor parte de los atropellos y violaciones a los derechos humanos, incluso, sucedieron después de su firma. El mismo viernes 15 de noviembre, una multitud de manifestantes desbordó las calles nuevamente. La respuesta por parte del gobierno fue la represión, que terminó con el saldo de un fallecido en plena Plaza de la Dignidad, espacio simbólico de reunión y conmemoración para las y los residentes de la ciudad de Santiago. Abel Acuña, de 27 años, falleció por no logró ser rescatado por las y los brigadistas, constantemente atacados por carros hidrantes que les impidieron acercarse.

De esta forma, los meses posteriores a la firma del «Acuerdo» probaron ser igualmente dramáticos. Hubo más de 30 fallecidos a manos de agentes del Estado, más de 500 personas con mutilación ocular, 10 mil detenciones, 2500 personas en prisión preventiva a la espera de juicio («los presos de la revuelta») y cientos de querellas contra la policía por abuso, violaciones, encubrimiento y asesinatos. El último caso fue el del joven Aníbal Villarroel, de 29 años, quien fue asesinado por un escopetazo por parte de Carabineros estando desarmado.

Medidas sanitarias para enfrentar la crisis: cuarentenas «dinámicas» y plan «paso a paso»

El manejo de la crisis sanitaria podría haber representado una oportunidad para habilitar una línea de crédito hacia el gobierno actual que remonte su alicaída popularidad. Eso, si se manejaba bien. Pero no fue el caso. La incompetencia de los Ministros y la improvisación y falta de legitimidad del gobierno terminaron por dilapidar el poco capital político que quedaba y Piñera, intentando ampararse en el discurso de protección ante la pandemia, echó mano a la fuerza militar como medio para controlar a la ciudadanía.

Dentro de las medidas estrictamente sanitarias, se cuentan las siguientes:

Exámenes «masivos»: Implementación de tests de detección temprana, supuestamente, a gran escala. Sin embargo, hacia el mes de mayo, Chile ya aparecía como uno de los países con menos aplicación de dichos exámenes, con cerca de 8,1 tests por cada mil habitantes.

Cuarentenas «dinámicas»: Medidas de cuarentena sectoriales, de acuerdo a la evolución de las cifras de contagios y fallecidos. Pero debido a la demora e ineficiencia en la entrega de resultados, así como a la baja coordinación entre los servicios de salud, resultaron siempre tardías: llegaban alrededor de dos semanas después de haber ocurrido los contagios.

Plan «paso a paso»: Desconfinamiento parcial de comunas con alta tasa de contagios. El plan contempla permisos para asistir a trabajar sin restricciones, aunque sigue rigiendo el toque de queda desde las 23 horas y no se permiten actividades al aire libre durante los fines de semana en algunos sectores. Así, existe libertad para el trabajo pero no para la reunión. Todo, vale recordar, bajo estrictos controles militares y policiales en diversos espacios públicos.

Las consecuencias de dichas medidas han derivado en distintos peaks de contagio desde el comienzo de la pandemia, que las autoridades se han mostrado incapaces de contener debido al tiempo transcurrido entre la sintomatología y las medidas correspondientes. Ejemplo de ello fue el sorpresivo aumento de casos a solo dos meses de llegada la pandemia (en mayo de 2020). Hacia junio, los casos comenzaron a contabilizarse de a 5000 diarios, gatillando la salida del ahora exministro de salud, Dr. Jaime Mañalich.

En un país que, a duras penas, podía alcanzar la capacidad de 1500 ventiladores entre el sistema público y el privado, cifras como aquellas significaron un punto de inflexión. Cuando el número de contagios superó los 30 mil casos activos, la compleja situación de la «última cama disponible» se tornó realidad, y los cuerpos médicos debieron comenzar con el temido «elegir a quién salvar». El rechazo de la opinión pública al privilegio de la economía sobre la salud no se hizo esperar.

Respuesta popular: «solo el pueblo salvará al pueblo»

A la ineficiencia del gobierno (tanto para resolver la crisis sanitaria como la anterior crisis política) el pueblo le opuso solidaridad y cooperación. Las asambleas territoriales nacidas durante la revuelta de octubre de 2019, los medios alternativos de comunicación y los equipos de técnicos y profesionales asumieron el rol de educar comunitariamente a la población.

Las principales acciones han consistido en llevar a cabo ollas comunes (comedores comunitarios que hasta cuentan con la modalidad de «delivery») anunciadas por medio de redes sociales y radios locales, aunque prima el «de boca en boca» entre las y los vecinos del barrio. También se han impulsado campañas online para difundir medidas de cuidado ante el avance de la pandemia, que han sido de gran ayuda y popularidad. Desde información médica hasta lugares de acopio de alimentos, pasando por la difusión acerca del acceso a procedimientos específicos (tales como asesoría legal) o espacios de compra-venta de artículos e insumos sanitarios.

Una de las iniciativas más contundente fue la elaboración de insumos como alcohol gel y mascarillas (tapabocas), llevando los productos a poblaciones periféricas y difundiendo las diversas técnicas para su utilización por las redes sociales. Así, mientras las autoridades ministeriales perdían tiempo dudando sobre la conveniencia del uso de la mascarilla como elemento protector, la población ya tenía sus medios de protección al día y se encontraba utilizándolos desde finales de abril.

Cambio de roles

Resulta difícil imaginar tal grado de organización para enfrentar la pandemia sin la existencia de las experiencias previas nacidas al calor del «estallido» del 18 de octubre. Las asambleas territoriales, las brigadas de salud o la articulación entre medios de prensa independientes fueron todos aprendizajes populares de la revuelta que se pusieron en práctica nuevamente.

De hecho, fueron los equipos de salud surgidos de la asistencia a los manifestantes los que, ante la pandemia, cumplieron la labor de capacitación y en medidas de cuidado colectivo, al margen de las políticas gubernamentales. Hoy en día, estos actores se han apostado en las barriadas y poblaciones para realizar capacitaciones en la contención de la crisis sanitaria. La «primera línea» de la pandemia.

Las asambleas territoriales han estado a cargo de las llamadas «ollas comunes». Se ocuparon de llevar alimento a una parte importante de la población que vio disminuidos sus ingresos luego de que distintas empresas se acogieran a las leyes gubernamentales que permitían mantener contratados a sus trabajadores sin pagar los salarios. Los medios independientes, finalmente, han difundido las ollas comunes y diversos emprendimientos locales además de viralizar talleres e información para la contención de la pandemia.

Resurgimiento de la protesta social y plebiscito

Ya entrado el segundo semestre de 2020, el gobierno –empecinado en volver a echar a funcionar la economía— levantó las restricciones de compra en el comercio, abrió bares y restaurantes, centros comerciales y algunos parques públicos. Todo ello, a pesar de que el país registra más de 1400 contagios diarios (superando los 500 mil contagios totales) y que las cifras de fallecidos oscilan entre los 14 mil y 19 mil, dependiendo de las distintas fuentes «oficiales».

Pero la población había dejado atrás el miedo, y mediante la misma autoorganización aprendida durante los días más duros de la pandemia, comenzó a congregarse nuevamente en las plazas centrales de las ciudades, especialmente de su capital Santiago. El primer día de protesta espontánea coincidió con el aniversario del golpe de Estado, viernes 11 de septiembre.

Durante el mes de octubre, todos los viernes las calles de la capital se han visto colmadas. La represión, tanto en términos de contingentes policiales como de los métodos utilizados para la «dispersión», fue brutal. Así, el viernes 2 de octubre será recordado como el día en que un policía empujó a un joven a las riberas del río Mapocho, justificando su accionar con el pretexto de que «habría estado lanzando piedras a la fuerzas policiales». Las imágenes dieron la vuelta al mundo y concitaron la ira de la ciudadanía, doblando el número de manifestantes el viernes siguiente, el lunes 12 de octubre (festivo), el viernes 16 (dos días antes del aniversario del estallido) y el domingo 18, cuando se conmemoró un año de las masivas evasiones que dieron curso a la revuelta social.

Esta seguidilla de manifestaciones, autoconvocadas y espontáneas, fueron el preámbulo de la votación en el plebiscito del 25 de octubre. La opción del «apruebo» (cambiar la Constitución) alcanzó el 79% de las preferencias, dejando en claro que la gran mayoría del electorado ubicaba en la Constitución pinochetista parte importante de la responsabilidad por la situación de carencias que atraviesa el país.

Salida a la crisis: cooptación de la protesta o apertura política

El país aun está bajo toque de queda. Cerca de 20 mil militares se encuentran desplegados a lo largo del territorio. Por otro lado, existen muchas personas que miran con escepticismo la herramienta constitucional, por cuanto su génesis, calendario y proceso en general se encuentra regido por el «Acuerdo» señalado, sin espacio para independientes ni pueblos indígenas y con quórums supramayoritarios (cada artículo debe ser aprobado, al menos, por dos tercios de los constituyentes). Y, si bien la opción del Apruebo triunfó de manera aplastante, la participación electoral mantuvo sus cifras habituales en las últimas décadas, superando apenas el 50% del total del padrón.

El proceso actual no está exento de los riesgos de la cooptación del movimiento y sus demandas. Ya ha ocurrido antes, con la salida «pactada» a la Dictadura pinochetista y la consolidación del modelo neoliberal durante los años 90 (tiempo en que gobernó la antigua alianza de centro denominada «Concertación de Partidos por la Democracia»).

Para evitar esto, no queda otra alternativa más que redoblar los esfuerzos y seguir luchando. En medio de la profunda crisis social, política y sanitaria que atravesamos, de cara al calendario electoral de abril de 2021, que elegirá a los constituyentes, se imponen dos objetivos: el primero, ineludible, radica en extremar las medidas individuales y colectivas para detener el avance de la pandemia, que a la fecha de hoy aun se encuentra fuera de control. Esto supone estrictas medidas de higiene y seguridad, tanto en las poblaciones como a la hora de asistir a concentraciones.

El segundo consiste en continuar las movilizaciones sociales, concentraciones masivas y actividades locales, fundamentales para apuntalar el proceso constitucional. Junto con ello, no se debe perder de vista el reclamo por justicia y verdad para los casos de las personas mutiladas, vejadas y asesinadas durante la revuelta social, y el de libertad para las más de 2500 personas que se encuentran en «prisión preventiva» a la espera de juicio.

Solo en la medida en que el conocimiento y la experiencia popular del último período sigan interviniendo en la agenda política, proyectando las demandas sociales y su cumplimiento, abogando por justicia y verdad, la salud y la vida de la población chilena serán realmente salvaguardadas.

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