Alrededor de las 9:30 de la noche del 14 de marzo de 2018, en el centro de Río de Janeiro, un Chevrolet Cobalt plateado se acercó al automóvil en el que viajaban la concejala Marielle Franco, su chofer Anderson Gomes y su asesora de prensa. Franco acababa de terminar de moderar una mesa redonda sobre mujeres negras y cambio estructural y se dirigía a su casa, cuando el vehículo se puso a su altura y un asesino empuñando una subametralladora disparó una precisa ráfaga de trece tiros, alcanzando a Franco y a Gomes en múltiples ocasiones y matándolos antes de alejarse a toda velocidad.
En una ciudad acostumbrada a la violencia pública, la naturaleza del crimen fue, para muchos, inmediatamente clara: no se trataba de un robo ni de un ajuste de cuentas fallido, sino de un asesinato político. Franco, que tenía treinta y ocho años al momento de su muerte, se había convertido en una de las figuras más destacadas del concejo municipal, en representación del Partido Socialismo y Libertad (PSOL). Izquierdista declarada y defensora de los residentes negros, LGBTQ y de las favelas, presidía la Comisión de Defensa de la Mujer de la ciudad y desempeñaba un papel importante en el monitoreo y la denuncia de los violentos operativos policiales, muchos de ellos ordenados por el gobierno estatal de derecha. Había crecido en la empobrecida favela de Maré, hija de padres que habían llegado a la ciudad con muy poco y la instaron a esforzarse. Comenzó a trabajar a los once años para ayudar a sostener a su familia y más tarde obtuvo una beca para estudiar en la universidad, donde escribió sobre las políticas de seguridad del Estado.
Así como el ascenso de Franco encarnaba la promesa de la democracia brasileña, su muerte expuso sus límites. La mataron porque se había convertido en una de las opositoras más visibles a las milicias de Río y en una de las defensoras más enérgicas de los residentes de las favelas privados de derechos. Más que el contrabando de armas, los asesinatos por encargo o incluso el narcotráfico, las milicias —mafias paramilitares de derecha compuestas en gran parte por ex militares y policías que decían combatir el crimen— obtenían enormes ganancias a través de la usurpación ilegal de tierras y el desarrollo inmobiliario en las favelas de Río. Antes de su elección, Franco había trabajado con el diputado estatal Marcelo Freixo en una comisión parlamentaria de investigación sobre las milicias, que derivó en la imputación de milicianos y políticos vinculados a ellas. Franco representaba todo lo que la derecha detestaba. En tanto socialista incansable dispuesta a exponer a funcionarios corruptos, constituía una amenaza material genuina.
«Marielle era una mujer negra y pobre que estaba desafiando los intereses de las milicias. ¿Qué mensaje más contundente se podría enviar?», preguntó el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes cuando la larga investigación por el crimen llegó a su conclusión el pasado 25 de febrero. El fallo del tribunal le impuso condenas de setenta y seis años de prisión a los hermanos Brazão, políticos de nivel estatal que habían ordenado los asesinatos, además de la condena anterior a los dos ex policías que los ejecutaron.
El caso tardó tanto en resolverse en parte porque funcionarios vinculados a las milicias en los más altos escalones del poder, envalentonados durante el mandato del ahora encarcelado presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro —quien se negó a condenar el asesinato y cuya familia mantiene vínculos con las milicias— trabajaron para obstaculizarlo. La conspiración para obstruir la justicia se extendía profundamente en el propio Estado. La destrucción de pruebas y la desviación de pistas fueron dirigidas, según se demostró posteriormente, por Rivaldo Barbosa, entonces jefe de policía de Río, quien recibió una condena de dieciocho años.
Tras su asesinato, «¿Quién ordenó el crimen de Marielle?» se convirtió en un grito de lucha en Brasil y en todo el mundo. La respuesta, obtenida finalmente de boca de uno de los asesinos gracias a un acuerdo de colaboración, reveló mucho más que la depravación de los hermanos Brazão. Dejó al descubierto una red clandestina y coordinada de influyentes políticos de derecha, policías y paramilitares, no muy diferente de la conspiración para derrocar al gobierno que más tarde llevaría al encarcelamiento de Bolsonaro. A medida que la extrema derecha se consolida en el poder y amenaza las instituciones democráticas en todo el mundo, el asesinato de Franco debe ser una advertencia inequívoca: la violencia política que acecha justo detrás de la retórica de extrema derecha debe tomarse en serio.
Aunque el camino hacia la justicia fue tortuoso y lleno de obstáculos, la investigación federal y la resolución del caso por parte de la Corte Suprema, pese a la feroz resistencia de la derecha, también demostraron que las instituciones brasileñas siguen siendo capaces de defender la democracia. «Hoy la justicia de Brasil honró la memoria de Marielle y Anderson», dijo Anielle Franco, hermana de Marielle y ministra de Igualdad Racial en el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. «Brasil comienza un nuevo capítulo histórico en la lucha contra la violencia política basada en el género y la raza. La impunidad no puede ser parte de nuestra democracia».
