El 4 de febrero, la administración Trump presentó discretamente una moción para poner fin a la solicitud de asilo de uno de los innumerables residentes de Minnesota que en todo el estado están siendo blanco de agentes migratorios enmascarados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

En este caso, el objetivo tiene apenas cinco años y es uno de los miles de niños que, con toda probabilidad, fueron sido secuestrados por adultos armados desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump.

La pesadilla de Liam Conejo Ramos comenzó el 20 de enero, cuando agentes de ICE lo agarraron en la entrada de su casa en Columbia Heights, Minnesota. Él y su padre, Adrian Conejo Arias, fueron trasladados en avión más de 2.000 kilómetros hasta el tristemente célebre South Texas Family Residential Center, en Dilley, Texas, donde Liam desarrolló fiebre y tos, según relató su padre. Gracias a una orden judicial que dispuso su liberación, el niño regresó a Minnesota, pero la moción presentada el 4 de febrero por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) implica que quizá no pueda permanecer allí por mucho tiempo. Además de intentar poner fin al asilo de Liam, el DHS solicitó acelerar el proceso de deportación de la familia, según indicó su abogado.

Personas con conciencia de Minneapolis y de todo el país han seguido el calvario de Liam con horror y estupor, especialmente después de que se viralizara una foto en la que aparece con un gorro azul esponjoso mientras un agente federal le sujeta la mochila. Pero la disposición de la administración Trump para perseguir y aterrorizar a miles de niños y a las personas que los cuidan va mucho más allá de este caso.

De hecho, Liam ni siquiera fue el primer estudiante de su distrito escolar en ser detenido ese día: esa misma mañana, agentes enmascarados capturaron a un estudiante de secundaria de diecisiete años cuando se dirigía a sus clases en Columbia Heights. Desde comienzos de año, agentes federales han secuestrado al menos a siete estudiantes del distrito, incluida una niña de diez años y su madre. La superintendenta de Columbia Heights Public Schools, Zena Stenvik, declaró a la prensa que las tácticas de ICE han incluido perseguir autobuses escolares e irrumpir en los campus.

La misma semana en que se llevaron a Liam, agentes federales también secuestraron a dos estudiantes en el cercano distrito escolar de Hopkins y detuvieron a una niña de dos años junto con su padre, antes de trasladarlos en avión a Texas.

Los secuestros de niños no se limitan al área metropolitana de las «Ciudades Gemelas» de Minneapolis y Saint Paul. En septiembre del año pasado, en Chicago, agentes con equipo antidisturbios detuvieron a una niña de cinco años en una lavandería junto a su madre. A fines de mes, cuatro niños ciudadanos estadounidenses fueron retenidos durante varias horas en una redada indiscriminada «estilo invasión» en un edificio de apartamentos en el barrio South Shore de Chicago. Luego, a mediados de enero, Diana Crespo-González, de siete años, fue detenida junto con sus padres en Portland, Oregon, mientras buscaban tratamiento por sus persistentes hemorragias nasales. Como Liam, fue enviada a Dilley y desarrolló fiebre.

Estos casos representan solo una fracción de la cantidad de secuestros de niños que ocurren a nivel nacional. En diciembre, el Marshall Project estimó que más de 3.800 niños ya habían sido detenidos por ICE durante el segundo mandato de Trump, al menos veinte de ellos bebés.

Muchos de estos niños han terminado en Dilley, donde el agua potable es escasa y los detenidos denuncian acceso limitado a atención médica. El día después de la liberación de Liam y su padre, las autoridades informaron dos casos activos de sarampión en el centro. La alumna de segundo grado Crespo-González sigue allí. Ella, junto con casi una docena de otros niños detenidos en Dilley, describió el sufrimiento de su encierro a la periodista Mica Rosenberg, de ProPublica, en un informe reciente. «Desde el momento en que llegues a este centro, lo único que vas a sentir es tristeza y, sobre todo, depresión», escribió la niña.

Mientras tanto, la administración Trump busca cobertura legal para continuar encarcelando niños en condiciones inhabitables. Desde mayo del año pasado, el gobierno litiga en los tribunales para anular el histórico Acuerdo Flores, que estableció estándares —ya frecuentemente vulnerados— para el tratamiento de menores en detención migratoria.

Los detenidos como Liam no son las únicas víctimas jóvenes de la campaña de terror del ICE. Muchos estudiantes están faltando a la escuela porque temen ser scuestrados o para trabajar mientras sus padres indocumentados permanecen escondidos en sus casas para evitar la detención y la deportación. En octubre, en el punto álgido de la «Operación Midway Blitz» en Chicago, Chalkbeat registró una marcada caída en la asistencia escolar, particularmente en zonas con alta población latina o inmigrante. Al mes de asumir, la segunda administración Trump revocó una norma vigente desde hacía quince años que impedía a ICE y al DHS operar en «lugares sensibles» como hospitales, iglesias y escuelas. Ahora, residentes de Chicago organizan «autobuses escolares a pie» y turnos de vigilancia en las esquinas durante los horarios de entrada y salida.

En Minneapolis, el mismo día en que un agente de ICE asesinó a Renée Good, las escuelas públicas cerraron después de que agentes de la Patrulla Fronteriza redujeran a personas en el suelo, esposaran a un trabajador y utilizaran gas pimienta contra manifestantes frente a la escuela secundaria Roosevelt. «Nuestras aulas son espacios sagrados, lugares de refugio y posibilidad», declaró Stacy Davis Gates, presidenta del Sindicato de Maestros de Chicago. «Este gobierno los está profanando».

En continuidad con la larga historia de la administración Trump de separar familias, también están los niños que quedan sin padres como resultado de los operativos migratorios. En septiembre, CNN identificó al menos a un centenar de ellos. Un adolescente de quince años murió de cáncer apenas dos días después de que ICE secuestrara a su madre, Arlit Maria Martinez, cuando se dirigía a trabajar. Johny Merida Aguilara, principal cuidador de su hijo de cinco años con cáncer cerebral, pasó cinco meses en un centro de detención en Pensilvania antes de abandonar su intento de permanecer en Estados Unidos cuando su esposa se quedó sin dinero para pagar alquiler, agua y calefacción. Él y su familia se trasladarán a Bolivia, interrumpiendo el tratamiento del niño en el Hospital Infantil de Philadelphia y obligando a la familia a empezar de nuevo en un país donde el acceso a atención médica de calidad puede resultar difícil.

La más reciente ofensiva migratoria de la administración Trump es un episodio más en la historia, de siglos, de violencia estatal contra niños y familias negras y latinas en este país. Por más que el presidente insista en que sus políticas apuntan a «lo peor de lo peor» —inmigrantes que «odian, roban, asesinan y destruyen todo lo que representa Estados Unidos», como afirmó recientemente en una publicación en redes sociales—, esas afirmaciones se desmoronan frente a la experiencia de niños como Liam, que probablemente arrastrará cicatrices duraderas gracias al régimen de Trump.

El 6 de febrero, un juez concedió a la familia de Liam una prórroga en su caso, rechazando la moción del DHS y otorgándoles más tiempo para fortalecer su solicitud de asilo. Pero mientras la batalla judicial continúa, el niño tiene dificultades para dormir, según contó su padre a Telemundo, por el temor a que su familia vuelva a ser separada.