Hace dos años, entre el 28 de abril y diciembre de 2021, una serie de paros, movilizaciones y protestas daban el puntapié inicial para una nueva era política y social en Colombia. Las horrorosas cifras de violencia demostraron de sobra el accionar violento de la fuerza pública y la decidida complicidad del Ejecutivo contra la población civil. Las cifras hablan por sí solas: hubo 44 asesinatos por parte del ESMAD o la Policía Nacional, 83 víctimas de violencia ocular, 28 víctimas de violencia sexual, 1832 detenciones arbitrarias, entre otras atrocidades.
Aunque los logros obtenidos a partir de aquellas jornadas fueron importantes (sin ir más lejos, la consolidación de un movimiento político popular que soportara electoralmente la posterior victoria de Gustavo Petro y la visibilización mediática del violento proceder policial), todavía quedan varias cuentas pendientes. Entre ellas se pueden mencionar, por ejemplo, la libertad de los más de 140 jóvenes capturados en el estallido, el cumplimiento de los pactos adquiridos con los sectores de base y el esclarecimiento de los asesinatos, lesiones y violaciones de las personas que se manifestaron. Para consolidar lo conquistado y concretar los reclamos que faltan no alcanza con concurrir a las urnas. Igual que fue en su momento, y como será siempre, la participación popular aparece como el núcleo vital de cualquier cambio nacional.
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El pasado miércoles 9 de Agosto en las instalaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica se presentó el libro Estallido Social 2021. Expresiones de vida y resistencias (Bogotá: Siglo y Editorial de la Universidad del Rosario, 2023), una iniciativa de investigadores adscritos al Colectivo La Mariacano en alianza con la Fundación Rosa Luxemburgo. El objetivo principal de la obra consiste en analizar, desde la participación directa de múltiples actores, el origen, devenir y efectos del denominado «estallido social» que sacudió Colombia a lo largo de casi todo el año 2021.
Surgido a partir de la reflexión nacional que suscitaron las intensas y masivas movilizaciones de 2021, los integrantes del Colectivo La Mariacano procuraron tejer una reflexión colectiva junto a jóvenes, mujeres y primeras líneas en terreno alrededor del significado múltiple e histórico de las movilizaciones de aquel año. Fruto de ese trabajo surgieron los nueve capítulos que dan vida al libro, en cuyo índice figuran intelectuales tales como Medófilo Medina y César Giraldo, investigadores como Mauricio Archila y Martha Cecilia García y equipos de investigación como Educapaz y Memoria y Palabra. Desde distintas orillas —el arte, la historia y el género—, sus ensayos plantean una serie de reflexiones que pretenden ir mucho más allá de la sesgada lente de los medios de comunicación tradicionales.
El estallido de los jóvenes
Existe una cuestión recurrente alrededor de las sucesivas movilizaciones que en 2021 conmovieron Colombia: su carácter. Ni paro, ni marcha, ni bloqueo, el «estallido social» se asume con todos sus matices y se reconoce continuador de procesos históricos paralelos sucedidos en otras latitudes, desde Chile de 2019 hasta la Primavera Árabe de 2010.
Un «estallido social» con pleno significado, porque si bien partió de un momento específico (el proyecto de reforma tributaria propuesto por el exministro Alberto Carrasquilla), contenía en su núcleo una larga mecha definida por la historia de injusticias sociales, el alto desempleo nacional, un conflicto armado inagotable, las deudas históricas por las que otros en el pasado habían luchado y que, en el presente, eran adoptadas como una continuidad, una herencia que aparecía encabezada ahora por otros actores, en su mayoría jóvenes marginados surgidos de los barrios populares, con nuevas ideas y estrategias de organización disruptivas en el campo de las luchas sociales en el país. Como señalan Mauricio Archila y Martha Cecilia García en el segundo capítulo,
La realidad en Colombia es que un sector muy grande de las juventudes no había sido muy visible en periodos históricos previos. Es importante diferenciar aquí la movilización del movimiento estudiantil del de las primeras líneas, pues aunque allí también hubiese estudiantes, la presencia de jóvenes adscritos a otros grupos sociales fue mayoritaria. El contexto estructural de América Latina, la represión policial en los barrios populares y la experiencia de la pandemia agravaron las condiciones de vida de estos jóvenes, principalmente en materia de empleo y discriminación social, dando origen así al surgimiento furioso de las «Primeras Líneas» en Colombia
La «gente de bien» del 28A
Una de las novedades mas grandes que presenta la investigación a lo largo de sus páginas es el análisis de aquellas personas y grupos autodenominados «gente de bien», famosos en medio del estallido social por encabezar protestas, disparar armas y atentar contra comunidades indígenas, campesinos y jóvenes en medio de las movilizaciones.
«No soy paramilitar, soy gente de bien», señalaba Andrés Escobar el 31 de mayo de 2021 en una entrevista para Blu Radio, cuatro días después de haber sido grabado disparando un arma contra civiles que protestaban en las calles de Cali. De igual manera, en medio de su precandidatura presidencial por el Centro Democrático, en octubre de 2021 María Fernanda Cabal afirmaba «Estamos claro que somos gente de bien». Así como ellos, infinidad de personas que no necesariamente compartían la misma espacialidad, las mismas perspectivas políticas e incluso los mismos sustratos socioeconómicos salían a identificarse orgullosamente bajo esta adscripción.
«La Gente de bien no es un fenómeno exclusivo de las clases medias altas sino que también ha permeado a otros sectores sociales populares en Cali y en el país» plantea el coordinador del libro, Juan Carlos Celis, en el capítulo que escribe junto a Santiago Garcés. «Esto se da precisamente por un prejuicio arraigado frente a las tomas llevadas a cabo por indígenas entre mayo y junio de 2021, en pleno estallido social», agrega. «Las personas adscritas a la Gente de bien se inscriben en prácticas racistas y coloniales que aún perviven fuertemente en ciudades como Cali», resalta el texto, y concluye que «si a esto le sumamos que durante muchos años, e incluso hoy en día, el paramilitarismo en connivencia con las fuerzas militares controlan el orden público del país (incluyendo el manejo de sectores dentro de la Policía, el Ejército y la Armada), tenemos personas radicalizadas que bebiendo de esto compran armas, matan y atacan a civiles en medio del legitimo derecho a la protesta en el país».
Lecciones para la vida cotidiana
Recientemente, el Instituto Caro y Cuervo presentó una conferencia titulada «Estallido social del 2021 en Colombia: Lenguajes y Literatura» que discurrió alrededor del modo en que el uso de expresiones y palabras entre los jóvenes del estallido social fueron apropiadas en los escenarios de vida cotidiana de la sociedad colombiana. «Parcero», «Candela» o «Estalle» han sido adoptadas cotidianamente hasta el día hoy como resultado de su uso recurrente en el marco del estallido.
Como este, muchos otros aspectos de la vida nacional se vieron impactados o por lo menos trastocados a raíz de lo acontecido en aquellos meses de 2021. Otro de los puntos fuertes del libro es rescatar varias de aquellas situaciones, por lo general pasadas por alto en los relatos tradicionales sobre el proceso. El capítulo ocho, por ejemplo, firmado por el Colectivo Memoria y Palabra, examina como precedentes del estallido las sucesivas discusiones alrededor del uso y apropiación del espacio público y el modo en que sus innumerables estatuas, bustos y demás objetos destinados a construir memoria (una memoria parcial, la del relato oficial) fueron puestos en tela de juicio y reiteradamente derribados, obligando a repensar su simbología entre los ciudadanos.
Igualmente, el estallido confrontó de manera directa el imaginario académico construido alrededor de los jóvenes en los barrios marginales y populares, demostrando su destreza en el conocimiento del funcionamiento del Estado, al cual reconocieron estar adscritos desde la toma directa día a día en las calles. Como señala nuevamente Juan Carlos Celis,
El estallido social del 2021 planteó a su vez un cuestionamiento a las categorías con las que hasta la fecha veníamos trabajando investigadores y académicos en general. Cuando uno habla con los jóvenes de las primeras líneas, ellos juiciosamente ya reconocen la separación de poderes en el Estado y se ven en cargos representativos de poder dentro del mismo por ser partícipes decisivos a través del voto o la veeduría de alguna obra en sus barrios. Es la creación misma de una cultura política nacida desde lo popular que, a diferencia de lo que ha imaginado la academia por años, se ubica con conocimiento de causa dentro del espectro de lo asible, de lo realizable.
Memoria, libertad y justicia
Con la libertad de Andrés Duque y Bremen Hinestroza el pasado 1 de agosto en la ciudad de Popayán se salda una injusta detención de 13 meses tras ser sindicados por la Fiscalía General de la Nación de «actos vandálicos» e «invasión de inmuebles privados» en la zona rural de la capital caucana. Junto a ellos, y bajo distintos supuestos delitos en el marco del paro de 2021, más de 143 jóvenes fueron judicializados, imputados o acusados, según un informe de la misma Fiscalía titulado «Hechos delictivos ocurridos en el marco de la protesta social» entregado a finales de mayo de este año.
Si bien algunos de estos jóvenes detenidos han sido puestos en libertad bajo la figura de «Gestores de Paz», iniciativa impulsada desde el Gobierno Nacional, muchos otros, cercados por los mecanismos legales sesgados de la Fiscalía, siguen viviendo entre celdas y exigiendo bajo protestas, comunicados y hasta huelgas de hambre no solo su libertad sino también condiciones dignas en las cárceles del país.
«El gobierno nacional, más con deseo que con otra cosa, ha querido reconocerle a los jóvenes aun hoy día presos por el estallido social del 2021 la figura de Gestores de Paz; sin embargo, la Fiscalía ha objetado en muchas ocasiones esta iniciativa. Ahora que están tan en boga los nombres de seis integrantes del Estado Mayor Central o Disidencias de “Iván Mordisco” y de incluso el propio Salvatore Mancuso como Gestor de Paz, la pregunta que cabe hacerse aquí es, ¿quiénes más en este país merecen ser nombrados como Gestores de Paz si no son los jóvenes capturados en el estallido social? Son ellos y ellas los verdaderos conocedores de las dinámicas de violencia, vida y disputas en sus territorios. El gobierno tiene que garantizar el derecho a la protesta, consagrado constitucionalmente, alejando las prácticas de criminalización, judicialización y temores que infunden ciertas instituciones en el país», comenta finalmente el Profesor Archila.
Junto a esto se hace igualmente necesario seguir exigiendo justicia por el esclarecimiento del asesinato de Lucas Villa, el montaje judicial sobre Marlene Buitrago, la responsabilidad de la Policía Metropolitana de Cali en los asesinatos de jóvenes en los barrios populares de la ciudad, la desaparición de jóvenes bogotanos en hornos crematorios al sur de la capital, el asesinato de Sebastian Quintero por parte del ESMAD, el abuso sexual policial y posterior muerte de Alison Liseth e infinidad de casos más que dan cuenta de manera sistemática del alto volumen de violencia ejercido por parte de las instituciones en Colombia en contra de su juventud, aquella que seguirá movilizándose por condiciones más dignas para su presente y por un mejor porvenir.
